Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, a la obtención de una respuesta formal y pronta; y, a la igualdad; puesto que, a través de notas de 2, 11 y 24 de mayo de 2023, dirigidas al Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, solicitaron copias legalizadas de normativa, informe técnico legal, y dictamen de autorizaciones de paradas y rutas; sin embargo, sus solicitudes no fueron respondidas hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
de admisibilidad de la acción de amparo III.1. Requisitos constitucional: Legitimación activa
En el art. 129.I de la CPE, se instituye que: “La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. De la misma forma, el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con relación a la legitimación activa, prevé que esta acción de defensa podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 187 a 193 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, debiendo al efecto observarse los criterios desarrollados, respecto al acceso a la información de interés público, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho a la igualdad y en relación a Cristian Miguel Arce Ponce.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0177/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57402-2023-115-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 187 a 193 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Antonio Laime Salazar, Vladimir Villarroel Salazar y Noé Godoy Rojas en representación legal de la Asociación de Transporte Mixto Especial Punateños contra Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde y Presidente; Wilfredo Torrico Torrico, Fredy Camacho Rodríguez, Ariel Franz Saavedra Muñoz, Jorge Alegre Marcus, Wilfredo Vidal Milán, Cristian Miguel Arce Ponce y Víctor Velásquez Oropeza, todos de la Directiva del Comité de Autotransporte del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Punata del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 31 de mayo y 7 de junio, ambos de 2023, cursantes de fs. 49 a 54 y 81 a 85 vta. respectivamente, la parte accionante, a través de sus representantes, manifestaron lo siguiente:
Por memorial de 2 de mayo de 2023, solicitaron fotocopias legalizadas de la normativa, informe técnico legal, y dictamen de autorizaciones de paradas y rutas del transporte público ante el Alcalde y Presidente de Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba; al no obtener respuesta, presentaron un segundo memorial ante el Alcalde y Presidente del referido Comité el 11 del mismo mes y año; y, ante una segunda omisión de respuesta, reiteraron su solicitud a través de un tercer memorial dirigido a los prenombrados el 24 de igual mes y año, sin haber obtenido una respuesta clara, concisa, escrita y fundamentada a ninguno de los señalados memoriales hasta la fecha, ya sea de manera positiva o negativa, como lo establece la jurisprudencia constitucional.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la petición, a la obtención de una respuesta formal y pronta; y, a la igualdad, citando al efecto los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que los demandados emitan una respuesta formal, escrita, motivada y fundamentada a sus solicitudes.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 179 a 186, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, reiteró in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías manifestó que: a) Respecto a la observación de los demandados, tienen poder amplio, bastante y suficiente para interponer la presente acción tutelar; b) Transcurrieron dieciséis días desde la presentación del primer memorial; y, c) Hasta la fecha -se entiende de la audiencia de acción de amparo constitucional- no tienen respuesta a los memoriales, sea de manera positiva o negativa.
Wilfredo Torrico Torrico y Jorge Alegre Marcus, integrantes de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 103 a 106 vta., y en audiencia de garantías, solicitaron se deniegue la tutela impetrada refiriendo que: 1) Los solicitantes de tutela interpusieron la presente acción de amparo constitucional en representación de la Asociación de Transporte Mixto Especial Punateños; por lo que, de acuerdo al art. 33.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debieron de presentar la documentación que acredite su personería como requisito de admisibilidad, instrumento que no fue presentado; y, 2) El Testimonio de Poder 301/2023 de 9 de mayo, es insuficiente para acreditar la legitimidad activa a los fines de la presente acción tutelar; puesto que, no es específico, especial y bastante; en ese entendido, los representantes no pueden ir más allá de lo que se ha prescrito en el mandato, incumpliendo el principio de legalidad.
Jaime Esteban Zeballos Vargas, Wilfredo Vidal Milán, y Víctor Velásquez Oropeza, integrantes de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 128 a 130 vta., y en audiencia de garantías, mediante su abogado, solicitaron la denegatoria de tutela, manifestando que: i) La acción de amparo constitucional está regida bajo el principio de subsidiariedad; por lo que, la parte accionante debió agotar previamente los mecanismos intraprocesales; ii) La parte impetrante de tutela conoce los tiempos en los que se realizan las reuniones ordinarias del señalado Comité; y, iii) La acción tutelar no cumplió con los requisitos establecidos en el art. 33 del CPCo y tenían conocimiento que ya no formaban parte de dicho Comité; además, la respuesta ya fue otorgada el 12 de junio de 2023, en un tiempo razonable.
Cristian Miguel Arce Ponce, ex integrante de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que la parte accionante reconoció que la presente acción tutelar no debió de haber sido interpuesta contra su persona, porque ya no forma parte del referido Comité; por lo que, la acción tutelar es improcedente en su contra por falta de legitimación pasiva.
Ariel Franz Saavedra Muñoz y Fredy Camacho Rodríguez, integrantes de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, en audiencia de la presente acción tutelar, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada señalando que la parte accionante obvió lo establecido en la jurisprudencia constitucional respecto a los tres requisitos para solicitar la petición vía constitucional, siendo que incluso debió de esperar el efecto del silencio administrativo, porque esta solicitud estaba bajo procedimientos administrativos.
El Juez Público Civil y Comercial, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 187 a 193 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada responda formalmente a la parte accionante en un plazo no mayor a diez días, de manera motivada, ya sea de forma positiva o negativa; y, denegó la tutela impetrada respecto a Cristian Miguel Arce Ponce, con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto a la legitimidad activa cuestionada por la parte demandada, por Testimonio de Poder 301/2023, se acreditó la facultad suficiente para interponer la presente acción tutelar; b) Sobre la legitimidad pasiva, se evidencia que Wilfredo Torrico Torrico, Jorge Alegre Marcus y Cristian Miguel Arce Ponce ya no son parte de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba; sin embargo, esto se hizo conocer por documentos adjuntos posteriormente a la interposición de la presente acción de defensa; en ese entendido, los dos primeros fueron cambiados de cargo de manera posterior a la presentación de la acción tutelar, por lo que tienen legitimidad pasiva; en cambio, el tercero no tiene legitimidad pasiva ya que fue removido previamente a la presentación de esta acción de defensa; c) Con relación a la subsidiariedad cuestionada, los demandados no probaron que existan otras vías aptas, oportunas e idóneas ante el referido Comité para emitir una respuesta; en consecuencia, existe una excepción a la subsidiariedad, siendo que concurren los presupuestos establecidos por la Jurisprudencia constitucional para que dicha jurisdicción entre a valorar el fondo del asunto; d) Son evidentes la peticiones realizadas por la parte accionante, y que hasta la fecha de la interposición de la presente acción tutelar, estas no fueron respondidas, ya sea de manera positiva o negativa; y, e) Si bien los demandados adjuntaron una presunta respuesta realizada el 12 de junio de 2023, esta fue posterior; además, no fue motivada; puesto que, solo se limitó a referir que la solicitud no es atendible; por consiguiente, fue lesionado el derecho a la petición de la parte accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales presentados el 2, 11 y 24 de mayo de 2023, Vladimir Villarroel Salazar, José Antonio Laime Salazar y Noe Godoy Rojas, en representación de la Asociación de Transporte Mixto Especial Punateños -ahora accionantes- solicitaron al Alcalde y Presidente del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba -hoy demandado- lo siguiente: "...que el Comité de Transporte [les] franquee fotocopias legalizadas de la Normativa, Dictamen, etc.etc. incluyendo informes técnicos, legales por medio de la cual AUTORIZAN PARADAS Y RUTAS..." (sic), respecto a diferentes asociaciones, sindicatos y cooperativas de transporte; consignando que conocerán providencias en "...Ventanilla Única de su despacho, wasap 71438879, correo electrónico rodriguezrodriguezjuanisasac@gmail.com..." (sic [fs. 27 a 35 vta.]).
II.2. Cursa Nota CITE G.A.M.P. 0659/2023 de 9 de junio, suscrita por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del GAM de Punata, en su calidad de Presidente del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, con la referencia "Respuesta a solicitud de Fotocopias Legalizadas y su reiterativa" (sic), dirigida a Vladimir Villarroel Salazar, José Antonio Laime Salazar y Noe Godoy Rojas, representantes de la "ASOCIACIÓN ESPECIAL PUNATEÑOS" -ahora accionantes-, señalando que: "...el Comité de autotransporte en reunión ordinaria de fecha 01 de junio del presente, determina responder a su petición manifestando que no es procedente atender su solicitud; toda vez que, la documentación requerida es netamente de interés legítimo de las Instituciones descritas en su solicitud. Por lo que para su procedencia deberá acudir a la autoridad llamada por ley el cual deberá ser mediante disposición expresa, esto en previsión de Artículo 16 y 18-II de la Ley 2341" (sic [fs. 109]).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, a la obtención de una respuesta formal y pronta; y, a la igualdad; puesto que, a través de notas de 2, 11 y 24 de mayo de 2023, dirigidas al Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, solicitaron copias legalizadas de normativa, informe técnico legal, y dictamen de autorizaciones de paradas y rutas; sin embargo, sus solicitudes no fueron respondidas hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
de admisibilidad de la acción de amparo III.1. Requisitos constitucional: Legitimación activa
En el art. 129.I de la CPE, se instituye que: “La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. De la misma forma, el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con relación a la legitimación activa, prevé que esta acción de defensa podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”.
La exigencia señalada en los artículos precedentemente citados, referente a la presentación del “poder suficiente” para actuar en representación del agraviado dentro de un amparo constitucional, establece como requisito la acreditación de la personería del accionante, pues con ella se demuestra la legitimación activa de la persona natural o jurídica, en cuanto a titular de derechos. Así, esta acción constitucional debe interponerse por la persona agraviada o afectada que demuestra tener interés directo sobre el asunto y sobre quien recaerán las consecuencias jurídicas, de lo que se concluye que el requisito esencial para la presentación de esta garantía jurisdiccional es avalar la personería del impetrante de tutela; es decir, quien plantea la acción, debe demostrar esa capacidad procesal para promover e invocar la justicia constitucional. Dicha línea de razonamiento, asumida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, determina que la legitimación activa para interponer una acción de amparo constitucional con la finalidad de obtener protección de derechos o garantías fundamentales, la ostenta el titular del derecho o garantía presuntamente conculcado; o, en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial; y, en el caso de personas jurídicas, además del poder específico, bastante y suficiente para acreditar la representación legal, se deben acompañar otros requisitos inherentes a la existencia de la persona jurídica, como son el acta de constitución de la sociedad, la acreditación de su personalidad jurídica, la nómina de socios, su inscripción en el Registro pertinente, Estatutos y Reglamentos, según corresponda a la naturaleza de la parte peticionante de tutela. Así se pronunció también la SCP 0260/2012 de 29 de mayo, que con relación a una acción de amparo constitucional presentada por una persona jurídica, refirió: “Respecto a las personas jurídicas, la presente acción constitucional debe interponerse por quien acredite su calidad de representante legal. En ese sentido, la línea jurisprudencial sentada por el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0022/2003-R de 8 de enero, reiterada -entre otras- por las SSCC 1758/2011-R, 0833/2011-R y 2683/2010-R, señaló: ‘…En el caso de las personas jurídicas, (…) el recurrente, que es quien demanda en su representación, debió acreditar su condición de legítimo representante adjuntando el poder correspondiente, en el que debía constar inexcusablemente el acta de constitución de la sociedad, la nómina de socios, su inscripción al Registro de Comercio, su personería jurídica y sus Reglamentos. Sin embargo, no procedió de esa manera, pues se presentó con una escritura de modificación en la que aparece como Cogerente, con facultades generales de representación, documentación insuficiente para los fines de este recurso, por lo que claramente se establece que el recurrente carece de legitimación activa para plantear el presente amparo al no haber acreditado debidamente su personería, lo que determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto. La omisión referida debió ser observada por el Tribunal de amparo a tiempo de admitir el recurso…’. La jurisprudencia citada precedentemente, es aplicable a las entidades colectivas de derecho; es decir, a una persona colectiva con personalidad jurídica; en consecuencia, con todos los requisitos inherentes a un ente de derecho” (las negrillas nos corresponden).
El art. 128 de la CPE establece que: "La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley"; por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina lo siguiente: "La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados a serlo".
En ese marco normativo, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre desarrolló subreglas para determinar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, en caso de que: "...1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de asunto porque la parte no ha utilizado un planteado recurso alguno, así: a) cuando en legal no se planteó un recurso o medio de utilizó un medio de defensa previsto en el autoridades judiciales o administrativas pudieron posibilidad de pronunciarse, porque la parte defensa, así: a) cuando se planteó el recurso que se daría en casos de planteamientos b) cuando se utilizó un medio de defensa defensa de un derecho, pero en su trámite el al momento de la interposición y tramitación resolución. Ambos casos, se excluyen de la subsidiaridad, que se da cuando la restricción o y garantías constitucionales denunciadas, e irreparable, en cuya situación y de manera tutela demandada, aún existan otros medios pendientes de resolución".
La SCP 0408/2024-52 de 19 de julio, sobre el derecho de acceso a la información pública y su relación con el derecho a la petición estableció: "La doctrina establece que las solicitudes deben estar dirigidas a obtener información pública, entendida por Ernesto Villanueva como El conjunto de datos y hechos ordenados que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática. En ese sentido, la información pública tiene una doble perspectiva, pues opera como un 'deber del Estado de dar a conocer a la sociedad sus propias decisiones y derecho de los ciudadanos a acceder a dicha información pública (las negrillas corresponden al texto original). El derecho de acceso a la información pública, en relación al Estado Democrático de Derecho, implica: 1) El ejercicio de la ciudadanía, al ser un medio por el cual la ciudadanía puede ejercer otros derechos fundamentales; 2) Contrapeso al ejercicio de poder pues implica un método de vigilancia de la ciudadanía para controlar el límite de poder, evitando así los excesos; 3) Participación activa de las políticas públicas al incrementar la capacidad de la gente para participar de manera informada en la demanda de políticas públicas que estén más acordes a sus prioridades y necesidades; 4) Su ejercicio es inherente a los Gobiernos Democráticos por lo que su fundamento no solo es constitucional, sino también democrático; y, 5) Sus límites son excepciones provenientes del principio de legalidad y del fundamento constitucional; por lo que, su restricción debe contener en si una causa legitima. En ese entendido, también es necesario que el acceso a la información pública sea oportuno, porque de esta manera permite a los ciudadanos el poder ejercer el fin que buscan tras cada requerimiento, es decir, que debe proporcionarse en el momento adecuado y útil para el interesado, esto implica que la información sea accesible y relevante para el contexto actual, permitiendo, de esta manera, que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, participar en el debate público y sobre todo, ejercer sus derechos de manera efectiva; por lo que, la oportunidad contiene un valor instrumental en sí misma que permite la materialización de la pretensión fundada en derecho. Finalmente, como se observa y establece del art. 109.II de la CPE, se tiene que la regulación del derecho de acceso a la información pública requiere de regulación legal; en este sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile estableció: " En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término, deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas'. Al respecto la Corte ha enfatizado que (...) En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldria a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general..." (las negrillas son añadidas). Además, existe una necesidad imperiosa de que el Estado Plurinacional de Bolivia implemente una ley de acceso a la información pública, así también lo entendió la Organización de los Estados Americanos, que, a través de varias Resoluciones y Programas, considera que el acceso a la información es esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos democráticos, siendo que incluso desarrolló la "Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública" aprobada en Asamblea General el 21 de octubre de 2020, como un insumo para los Estados miembros que aún no cuenten con una disposición especifica que regule el acceso a la información pública.
Dentro del presente caso los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la petición, a la obtención de una respuesta formal y pronta; puesto que, a través de notas de 2, 11 y 24 de mayo de 2023, dirigidas al Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, solicitaron copias legalizadas de normativa, informe técnico legal, y dictamen de autorizaciones de paradas y rutas; sin embargo, sus solicitudes no fueron respondidas hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; por tal motivo, solicitaron se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que los demandados emitan una respuesta formal, escrita, motivada y fundamentada a sus solicitudes. Antes de ingresar al examen de fondo, este Tribunal debe evaluar de manera sucesiva el cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad relativos a la legitimación activa y al principio de subsidiaridad; los cuales, fueron cuestionados por la parte demandada en su informe escrito y en audiencia. Con relación a la legitimación activa, la Directiva del Comité de Autotransporte ahora demandado argumenta que los impetrantes de tutela carecen de legitimación activa porque no acreditaron debidamente su personería y porque el Testimonio de Poder 301/2023, se limita a "trámites de parada"; por lo que, habrían excedido las facultades conferidas por la asamblea de socios. Al respecto, aplicando el estándar del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se evidencia que la parte solicitante de tutela demostró plenamente su capacidad procesal. En obrados corre el Testimonio de Poder Notarial 301/2023, que faculta expresamente a los representantes para "PLANTEAR LOS RECURSOS DE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL... en especial contra el Comité de Transporte de Punata" (sic). Asimismo, dicho instrumento acompaña la documentación institucional de la Asociación (Acta de Fundación, reconocimiento de personalidad jurídica, Estatutos y Reglamentos). Respecto al supuesto exceso del mandato, la solicitud de copias de normativas e informes técnicos de rutas y paradas es una actuación instrumental directamente vinculada a los intereses colectivos de la Asociación. Al haberse acreditado el poder específico y la existencia legal de la persona colectiva, se concluye que los accionantes ostentan plena legitimación activa. Con relación al principio de subsidiaridad y el plazo razonable, los demandados alegan la improcedencia del amparo constitucional argumentando que: 1) Los memoriales se presentaron con intervalos muy breves (dieciseis días en total), lo que no constituye un plazo razonable; debido a que, el Comité sesiona mensualmente; 2) El art. 71.I.g del DS 27113, establece un plazo supletorio de veinte días para decisiones de fondo que no estaba vencido; y, 3) Frente a la Nota CITE G.A.M.P. 0659/2023, se debieron agotar los recursos de revocatoria y jerárquico. Conforme a las subreglas del Fundamento Jurídico III.2, las objeciones de la parte demandada carecen de sustento jurídico por tres razones: Primero: La solicitud de copias legalizadas de normativas e informes técnico-legales existentes constituye una petición de acceso a la información de carácter inmediato, que no equivale a un trámite impugnativo complejo ni a una "decisión sobre el fondo" regulada por el art. 71 del DS 27113. Por tanto, la persistencia de una falta de respuesta fáctica ante tres solicitudes sucesivas es lo que genera la necesidad de acudir a la vía constitucional, sin que la modalidad de reuniones mensuales del Comité sea un argumento válido para declarar la improcedencia por subsidiaridad. Segundo: No se puede exigir el agotamiento de recursos de revocatoria o jerárquico; puesto que, no existe en el ordenamiento interno del referido Comité de Autotransporte un medio específico e idóneo diseñado para impugnar el silencio o la omisión de respuesta de sus autoridades. Tercero: La Nota CITE G.A.M.P. 0659/2023, de rechazo fue emitida y notificada el 12 de junio del mismo año, de forma posterior a la interposición de esta acción tutelar (31 de mayo de 2023). Al ser una respuesta extemporánea y una simple nota administrativa (no una resolución definitiva), no era susceptible de impugnación formal mediante recursos de alzada. En consecuencia, al comprobarse que para la restitución del derecho reclamado no concurren mecanismos de impugnación específicos ni vías idóneas en el ordenamiento interno del Comité de Autotransporte, se concluye que la parte impetrante de tutela cumplió con el principio de subsidiaridad, correspondiendo ingresar de forma directa al análisis de fondo de la problemática.
De los antecedentes del expediente constitucional, se evidencia que, el 2, 11 y 24 de mayo todos de 2023, José Antonio Laime Salazar, Vladimir Villarroel Salazar y Noe Godoy Rojas en representación de la Asociación de Transporte Mixto Especial Punateños -ahora accionantes- presentaron memoriales de solicitud de copias legalizadas de: i) Normativa aplicable; ii) Informe técnico legal; y, iii) Dictamen sobre autorizaciones de paradas y rutas; dirigidos al Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba (Conclusión II.1); y que, tales requerimientos fueron rechazados mediante Nota CITE G.A.M.P. 0659/2023, bajo el argumento de que "...la documentación requerida es netamente de interés legítimo de las Instituciones descritas..." (sic [Conclusión II.2]). Conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el acceso a la información pública y el derecho a la petición -establecidos por el art. 24 de la CPE- imponen a las autoridades el deber de entregar información pública de manera oportuna y mediante respuesta fundada, bajo el principio de máxima divulgación, y con restricciones únicamente previstas por ley y expresamente motivadas. Aplicando estos parámetros: Naturaleza pública e interés general del objeto pedido: La normativa municipal, los informes técnico-legales y los dictámenes sobre autorizaciones de paradas y rutas son decisiones y actuaciones administrativas vinculadas a la gestión del transporte. Por su incidencia general en la movilidad y en la organización del servicio, su contenido es objetivamente de interés público; por ende, no se exige acreditar "interés legítimo particular para acceder a ellos. Respuesta sin base legal de reserva ni motivación suficiente: El oficio de rechazo no identifica ninguna norma legal que establezca reserva o restricción aplicable al caso ni explica por qué la documentación solicitada se encontraría legalmente vedada; ya que, solo hace mención a los arts. 16 y 18.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señalando que debe acudirse a la autoridad llamada por ley; no obstante, lo que establecen dichos preceptos normativos, tiene un sentido totalmente opuesto a lo aludido en la nota de respuesta; dado que, el art. 18 de la LPA determina que las personas tienen derecho a acceder a la información de la administración pública, y que toda limitación y reserva a la información debe ser específica y regulada; por lo que, lo argumentado por la parte demandada viene a ser un contrasentido a lo establecido por la referida Ley. En ese entendido, la invocación genérica de "interés legítimo" y de los referidos preceptos normativos contenidos en la norma administrativa, no satisfacen el deber de fundamentación exigible para limitar el acceso a la información y desconocen el principio de máxima divulgación; es decir, que la falta de base legal expresa y de motivación concreta en la respuesta negativa de los demandados vulnera el art. 24 de la CPE -petición y respuesta pronta y formal- y el derecho de acceso a la información pública. Oportunidad del acceso: El Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional exige que el acceso sea oportuno para permitir el ejercicio efectivo de otros derechos; por consiguiente, la negativa lisa y llana frustra esa finalidad, máxime considerando que la parte accionante proporcionó canales de notificación (Conclusión II.1). Igualdad en el acceso: Subordinar la entrega a un supuesto "Interés legítimo" institucional introduce una distinción irrazonable en un derecho universal, contrario al criterio de publicidad de la función administrativa. En suma, las solicitudes versaron sobre materia pública, y la negativa del municipio, mediante Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del GAM de Punata del departamento de Cochabamba -hoy demandado-, en su calidad de Presidente del Comité de Autotransporte, careció de base legal y de motivación suficiente. Por lo que, se constata la vulneración del derecho a la petición (respuesta pronta y fundada) y del derecho de acceso a la información pública; en ese entendido, corresponde conceder la tutela solicitada. En cuanto al derecho a la igualdad, la parte accionante, se limitó a citar Jurisprudencia, sin mencionar como se habría vulnerado dicho derecho; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada al respecto. Respecto a Cristian Miguel Arce Ponce -hoy codemandado-, el mismo, en audiencia de garantías constitucionales, refirió que antes de la interposición de la presente acción tutelar dejó de ser parte de la Directiva del Comité de Autotransporte del GAM de Punata del departamento de Cochabamba; por lo que, carecería de legitimidad pasiva; aspecto que, no fue controvertido por el impetrante de tutela, en ese entendido, el mencionado codemandado, al no ser ya parte de dicha Directiva, no posee legitimidad pasiva en el presente caso, de acuerdo a lo establecido en la SC 0691/2001-R de 9 de julio; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto al referido. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 187 a 193 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Punata del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, debiendo al efecto observarse los criterios desarrollados, respecto al acceso a la información de interés público, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho a la igualdad y en relación a Cristian Miguel Arce Ponce. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 Por citar algunas, las SSCC 0763/2011-R, 0833/2011-R, 1758/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0260/2012, 030/20120534/2015-S2, entre muchas otras.
2 SCP 1507/2014 de 16 de julio, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1772/2014, 0504/2015-S1, 0292/2016-S2, 0220/2017-S3, por mencionar algunas.
3 Con similar razonamiento, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0976/2016-S2, 1049/2017-S2, 0645/2017-S2, entre otras.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0177_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 180660eb157e691223082129e41ce6f861f2378f1d2abd702628519adb6dda81
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