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SCP 0177/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58015-2023-117-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia “PRONTA Y SIN DILACIONES”; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Juez demandado por decreto de 21 de agosto de 2023 señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 del citado mes y año, desarrollada de horas 9:00 a 11:30, concluyendo con el rechazo de la solicitud; al finalizar, interpuso recurso de apelación incidental y pidió la remisión del cuaderno testimonial dentro de las veinticuatro horas, conforme al art. 251 CPP -modificado por la ley 1173-, lo que fue dispuesto por el Juez demandado; sin embargo, el prenombrado y la Secretaria codemandada omitieron remitir el cuaderno testimonial y realizar el sorteo correspondiente, generando dilación indebida y vulnerando su derecho a que su recurso sea conocido por el Tribunal de alzada;

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0177/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58015-2023-117-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 07/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabio Denar Valdez Alarcon en representación sin mandato de Edwin Alvarado Vigabriel contra Erik Rolando Copa Calcina, Juez; y, Ana Cristina Orihuela Fernández, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 a 12, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue imputado por el delito de violencia familiar y/o doméstica, conforme al art. 272 bis del Código Penal (CP). En ese marco, mediante decreto de 21 de agosto de 2023, Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -ahora demandado-, señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 23 del citado mes y año, a horas 9:00, misma que se desarrolló hasta horas 11:30, concluyendo con el rechazo de dicha solicitud. Al finalizar la audiencia, interpuso oralmente recurso de apelación incidental, solicitando la remisión del cuaderno testimonial ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro de las veinticuatro horas previstas por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; en ese entendido, el Juez demandado dispuso dicha remisión conforme a la norma.

Sin embargo, el Juez demandado y Ana Cristina Orihuela Fernández, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -ahora codemandada-, no remitieron el cuaderno testimonial ni realizaron el sorteo de la apelación incidental, generando dilación indebida y vulnerando su derecho a que su recurso sea conocido por un tribunal superior. Además, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, no constaban ni el acta ni la resolución correspondiente.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia “PRONTA Y SIN DILACIONES”; y, al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Que el Juez demandado y la Secretaria codemandada remitan en original las actuaciones procesales ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el mismo día de su legal notificación; y, b) Imponer el pago de costas procesales, de conformidad con lo previsto por el art. 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en relación con su art. 39, en razón de la dilación indebida generada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante asistió a la audiencia de garantías sin su abogado, indicando que no tiene “nada que decir” ante la concesión de la palabra por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Llallagua del departamento de Potosí.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Erik Rolando Copa Calcina, Juez; y, Ana Cristina Orihuela Fernández, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 25 y vta., sostuvieron que: 1) El 23 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, iniciando a horas 9:00 y concluyendo a horas 11:25, por lo que, se desarrolló durante más de dos horas; lo cual permite comprender la extensión del tiempo para la transcripción del acta; 2) Ese día no se contó con energía eléctrica, lo que constituyó una causa de fuerza mayor que impidió el uso normal de los equipos informáticos para la transcripción; 3) Pese a dicha eventualidad, se culminó la transcripción del acta y la elaboración del testimonio del recurso de apelación incidental; además, el sorteo por el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se realizó el 23 del citado mes y año, a horas 18:55, asignándose la causa a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; por lo que, se cumplió con la tramitación antes de las veinticuatro horas estipuladas por norma; 4) Debido a que el despacho judicial a su cargo se encuentra en una provincia ubicada a aproximadamente cinco horas de la ciudad de Potosí, el servicio de courier tenía un horario limitado de recepción de sobres y envíos; 5) El 24 de agosto de 2023, a horas 9:50, se remitió el sobre correspondiente, según acredita el recibo del servicio courier, incluso antes de la presentación de esta acción de libertad; por otro lado, no existió ningún apersonamiento para consultar sobre la remisión del recurso de apelación incidental y la presente acción tutelar planteó sin una verificación previa; y, 6) Durante esa semana celebraron diversas audiencias, según decretos de señalamiento adjuntos; no obstante, se dio prioridad a la tramitación de la apelación presentada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La audiencia de cesación de la detención preventiva concluyó el 23 de agosto de 2023, a horas 11:25, momento en el cual, la solicitud fue rechazada y las partes quedaron notificadas a corte abierta; en consecuencia, el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP -modificado por la Ley 1173- comenzó a computarse desde esa fecha y hora; ii) Se constató que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la referida localidad y departamento, sorteó la causa a través del SIREJ la referida fecha, a horas 18:55 y que el expediente fue remitido al Tribunal de alzada mediante courier el 24 del citado mes y año, a horas 9:50, extremo corroborado tanto por la guía de envío como por la certificación emitida por la Secretaria codemandada; iii) Conforme al cómputo establecido en los arts. 130 y 251 del CPP, el plazo para remitir los actuados vencía a horas 11:25 de la mencionada fecha; en este entendido, se verificó que tanto el sorteo como la remisión del expediente se efectuaron dentro del término legal, incluso con una anticipación de una hora y treinta y cinco minutos antes del vencimiento del plazo; y, iv) En mérito a estos antecedentes, no existió demora excesiva ni injustificada por parte del Juez demandado o de la Secretaría codemandada, por lo que, no se configuró dilación indebida en la tramitación del recurso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante requerimiento de imputación formal de 29 de mayo de 2023, presentada el 31 de igual mes y año, Wilson Luis Condori Soto, Fiscal de Materia, imputó formalmente a Edwin Alvarado Vigabriel -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP (fs. 2 a 7 vta.). II.2. Por decreto 21 de agosto de 2023, Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -hoy demandado- señaló audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva realizada por el accionante, para el 23 de agosto de 2023, a horas 09:00 (fs. 8). II.3. Consta carátula de reparto del SIREJ de 23 de agosto de 2023, por la cual, el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí sorteó la causa, el referido día a horas 18:55, resultando asignada la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 20). II.4. Cursa la constancia de courier de 24 de agosto de 2023, mediante la cual el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, remitió el expediente del recurso de apelación incidental al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a horas 9:50 (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia “PRONTA Y SIN DILACIONES”; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Juez demandado por decreto de 21 de agosto de 2023 señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 del citado mes y año, desarrollada de horas 9:00 a 11:30, concluyendo con el rechazo de la solicitud; al finalizar, interpuso recurso de apelación incidental y pidió la remisión del cuaderno testimonial dentro de las veinticuatro horas, conforme al art. 251 CPP -modificado por la ley 1173-, lo que fue dispuesto por el Juez demandado; sin embargo, el prenombrado y la Secretaria codemandada omitieron remitir el cuaderno testimonial y realizar el sorteo correspondiente, generando dilación indebida y vulnerando su derecho a que su recurso sea conocido por el Tribunal de alzada;

además, hasta la presentación de esta acción tutelar, no constaban el acta ni la resolución. Ante ello, las autoridades demandadas señalan que: a) La audiencia de cesación de la detención preventiva del 23 de agosto de 2023 duró más de dos horas; b) Ese día hubo un corte de energía eléctrica que dificultó la transcripción; pese a ello, se concluyó el acta y se elaboró el testimonio de apelación incidental; además, el sorteo mediante el SIREJ se realizó la misma fecha a horas 18:55, dentro del plazo de veinticuatro horas; y, c) El Juzgado de la causa se encuentra ubicado en provincia, con servicio de courier con horario limitado; empero, el 24 del citado mes y año, a horas 9:50, se remitió la apelación, antes de la interposición de la presente acción de defensa, sin que la parte hubiera verificado previamente el envío. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes, se tiene que Edwin Alvarado Vigabriel -ahora accionante- fue imputado por el delito de violencia familiar y/o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP (Conclusión II.1). Posteriormente, dentro del referido proceso, mediante decreto de 21 de agosto de 2023, Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -ahora demandado-, señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, para el 23 del citado mes y año, a horas 9:00 (Conclusión II.2). La audiencia se desarrolló hasta horas 11:30, concluyendo con el rechazo de dicha solicitud; además, al finalizar la misma, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental de manera oral, solicitando que el cuaderno sea remitido dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP -modificado por la Ley 1173- ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Sin embargo -según el peticionante de tutela-, pese a haberse dispuesto dicha remisión, el Juez demandado y la Secretaria codemandada no enviaron oportunamente el cuaderno ni realizaron el sorteo y la distribución de la causa, generando una presunta dilación indebida. Por su parte, del expediente constitucional, se advierte la carátula de reparto del SIREJ de 23 de agosto de 2023, mediante la cual el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí sorteó la causa, a horas 18:55, resultando asignada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (Conclusión II.3). Además, cursa la constancia de courier de 24 del mencionado mes y año, por la cual, dicho Juzgado remitió el expediente relativo al recurso de apelación incidental al referido Tribunal Departamental, a horas 9:50 (Conclusión II.4).

Respecto al Juez demandado En ese orden, de los actuados que obran en el proceso constitucional, particularmente la constancia de courier de 24 de agosto de 2023, emitida a horas 9:50, se advierte que el cuaderno fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí al día siguiente de celebrada la audiencia, dentro de un plazo razonable y verificable documentalmente. Es así que, al momento de la interposición de la presente acción de libertad, presentada el mismo día, a horas 11:25, el acto cuestionado -la supuesta omisión de remisión del expediente- ya había sido ejecutada, cumpliéndose materialmente el acto reclamado. Así, la presunta amenaza o vulneración alegada había cesado, no persistía, ni generaba consecuencias lesivas actuales. En tal sentido, conforme los Fundamentos Jurídicos III.2 del presente fallo constitucional, se configura la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, al haberse producido la restitución del derecho supuestamente conculcado. Si el acto ya fue realizado y la situación denunciada desapareció, resulta jurídicamente improcedente que esta jurisdicción constitucional se pronuncie sobre el fondo, puesto que, cualquier tutela que pudiera concederse se tornaría inoficiosa, innecesaria e ineficaz.

Por tanto, al configurarse la pérdida del objeto procesal, inhibiéndose esta jurisdicción de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación a la Secretaria codemandada

En cuanto al comportamiento de la Secretaria codemandada y al eventual acto vulneratorio en el que hubiera podido incurrir, corresponde aplicar el entendimiento sentado por la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que precisó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos, por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”. A la luz de este criterio, se advierte que el accionante contaba con vías específicas e inmediatas para denunciar la dilación o el perjuicio que alega, pudiendo acudir ante la autoridad judicial superior para solicitar las medidas correctivas correspondientes. Al no haber activado dichos mecanismos previos, no se cumple con el requisito de subsidiariedad establecido por la jurisprudencia constitucional. Por ello, corresponde denegar la tutela respecto a la Secretaria codemandada, al no haberse demostrado que las vías ordinarias disponibles resultaron insuficientes para restablecer los derechos supuestamente vulnerados. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0177_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 55f2442de30c0197cdec0064f16c81a27e7d0ed5d0244376e18937cd554cff7a

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