B.IA.LEGAL

SCP 0177/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48216-2022-97-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la Jueza de la causa mediante Auto Interlocutorio 090/2022 de 17 de mayo, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los presupuestos de los arts. 233.1 y 2 y 234.7, ambos del CPP, omitiendo aplicar el art. 232.3 del mismo Código adjetivo penal, decisión que al no haber considerado la improcedencia de la medida extrema al mediar una enfermedad terminal, fue objeto de apelación incidental por su parte; instancia en la cual, el Vocal -ahora demandado-, emitió el Auto de Vista 104/2022 de igual mes y año, confirmándolo, omitiendo pronunciarse sobre el motivo de la apelación referido a la aplicación del precitado art. 232 del CPP; empero, manteniendo incólume el riesgo procesal determinado en la resolución impugnada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 136 a 141, dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la improcedencia de la detención preventiva prevista en el art. 232.3 del CCP y del riesgo procesal del art. 234.7 de mismo Código adjetivo penal; 2° DENEGAR respecto a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Beni; y, 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 104/2022 de 24 de mayo, emitido por el Vocal demandado, quien deberá dictar uno nuevo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin costas ni costos por ser excusable.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad
  2. III.2. De la fundamentación de las decisiones, como elemento esencial del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0177/2024-S3 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48216-2022-97-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 05/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 136 a 141, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Orlando Aramayo Chávez en representación sin mandato de Freddy Daleney Escalante contra Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia de la Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, Celina Morochi Mamani, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2022, cursante de fs. 1 y 63 a 67, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y portación o porte ilícito de armas, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Beni -hoy accionada- dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los presupuestos de los arts. 233.1 y 2; y, 234.7, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), omitiendo aplicar el art. 232.3 del mismo Código, decisión que al no haber considerado la improcedencia de la medida extrema al mediar una enfermedad terminal, fue objeto de recurso de apelación incidental por su parte; instancia en la cual, el Vocal -ahora accionado-, emitió el Auto de Vista 104/2022 de 24 de mayo, confirmándola, omitiendo pronunciarse sobre el motivo de la apelación referida a la aplicación del precitado art. 232 del CPP; empero, manteniendo incólume el riesgo procesal determinado en la resolución impugnada. Refirió que, la Jueza de la causa a pesar de la documentación presentada que acreditaba que padecía de cáncer que es incurable, concluyó en la inexistencia de dicha enfermedad oncológica en grado terminal, sin fundamentación alguna ni ponderar los elementos probatorios aportados; puesto que, si bien se logró combatirla o frenarla para prolongarle más tiempo de vida, para ese objeto, está sujeto a condiciones de salubridad debido a que su inmunidad se encuentra deprimida por otra enfermedad como es la diabetes, aspectos no ponderados por la Juzgadora en su cabal dimensión, que comprometen inclusive su vida y determina la improcedencia de su detención preventiva como lo dispone el art. 232.3 del Código adjetivo penal, norma que fue el motivo de recurso de apelación que planteó y sobre el que omitió pronunciarse el Vocal accionado, quien actuó de la misma manera respecto a la impugnación del riesgo procesal de ser un peligro para la sociedad contenido en el art. 234.7 del CPP, que fue establecido por la Jueza quo con base en subjetividades por haberse encontrado sustancias controladas y armas en su propiedad, y confirmado en alzada argumentando una supuesta vulnerabilidad de la niñez y juventud, sin considerar la documental presentada con antecedentes, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, citando al efecto los arts. 13.1, 21.7, 22, 23.I y III, 24, 73.I, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se restituya su derecho a la libertad; b) Se anule el Auto de Vista 104/2022 de 24 de mayo y Auto Interlocutorio 090/2022 de 17 de mayo; y, c) Se determine responsabilidad civil y penal, con costos y costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 132 a 135, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; ampliando que: 1) Con referencia al informe de la Jueza demandada, quien manifestó que esa instancia y el juez ad quem, velaron y protegieron sus derechos y garantías y que su pretensión a través de esta acción tutelar sería que la jurisdicción constitucional actúe como otra instancia más; no es evidente, como lo ha demostrado por los elementos de prueba que presentó, que los demandados lesionaron sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa y a la salud; 2) Tampoco es cierto que pidieron la aplicación del art. 232.3 del CPP; puesto que ello, se encuentra plasmado en el acta de audiencia, además de haber presentado los certificados médicos de la enfermedad que padece, carnet de quimioterapia, otra documental y la acreditación de tener un tumor en el pulmón, tal es así que el Ministerio Público pidió su privación de libertad por ciento sesenta días y la Jueza de la causa, efectuando una fugaz interpretación de la documentación, señaló: ”No se puede determinar los 160 días que pide el Ministerio Público por su estado de salud se le va a dar treinta días” (sic); lo que, no es una fundamentación precisa ni objetiva, como tampoco valoró la jurisprudencia constitucional en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad al no haber sido encontrado en flagrancia; y, 3) De la misma manera, tampoco es cierto lo aducido por el Ministerio Público que no fundamentó en la apelación sobre el derecho a la vida vinculado a su enfermedad, que merece protección como lo establecen los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en su caso se trata de protección de los derechos a la vida e integridad física; puesto que, su estado de salud está deteriorado encontrándose al presente internado en la clínica con la posibilidad que se active su enfermedad terminal; reiterando, se conceda la tutela pedida.

I.2.2. Informe de los accionados

Celina Morochi Mamani, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Beni, remitió informe escrito de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 130 a 131 vta., por el que peticionó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: i) La aplicación de la ley respecto a una materia específica que en este caso sería penal, es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en esa materia y el Tribunal de garantías está obligado a proteger los derechos y garantías individuales, sin anteponer los mismos a la competencia que ejercen como tribunales ordinarios, a menos que la lesión del derecho a la libertad alegado por la parte accionante sea groseramente contrario a la ley y a la Constitución Política del Estado, lo que en autos no ocurrió; sino contrariamente, a través de esta acción tutelar pretende utilizar a la jurisdicción constitucional como una instancia más para que revise los actos de su persona como del Tribunal de alzada; lo que está prohibido como lo establece la SCP 0659/2012 de 2 de agosto; ii) El demandante de tutela cuestiona el Auto Interlocutorio 090/2022 de 17 de mayo, sin señalar las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resultó insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica, sino se limitó a efectuar una relación de los antecedentes, citando aspectos que no son coincidentes con lo argumentado por su persona, sin tomar en cuenta que la labor interpretativa y decisión en cuanto a la audiencia de medidas cautelares, es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, separación básica y natural que el solicitante de tutela no supo diferenciar; por lo cual, por la falta de presupuestos no correspondería siquiera ingresar al fondo de lo peticionado; iii) El Auto Interlocutorio impugnado se encuentra debidamente fundamentado; y, con referencia a la enfermedad terminal alegada por el accionante, se tuvo que el art. 232.3 del CPP, establece la improcedencia de la detención preventiva, cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada; la que es entendida conforme lo señala la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 01/2022, como: “aquella que no tiene tratamiento específico curativo con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, general inferior a 06 meses” (sic); sin embargo, en el caso de autos el impetrante de tutela solo presentó antecedentes clínicos que indicaban que padecía cáncer el 2018; empero, a la fecha el último informe de “Oncocenter” señala: “sin evidencia de enfermedad oncológica”, mismo que no establece presencia de enfermedad terminal; por lo cual, este presupuesto que fue solicitado por la defensa respecto a la improcedencia de la detención preventiva, en este caso no fue debidamente acreditado; y, iv) Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, basó su decisión en la SCP 0015/2020-S2, que recondujo el entendimiento de la SCP 0056/2014 de 3 de enero, debiendo el juzgador establecer que es un peligro materialmente verificable más allá del criterio subjetivo del Juez; es decir, que debe observarse toda la prueba presentada por las partes de manera integral y no limitarse a una, sin soslayar los principios que rigen el instituto de medidas cautelares ya que la anterior línea jurisprudencial señalaba que el único medio a probar dicho riesgo era la certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); y en el presente caso, se secuestraron más de seis armas de fuego y ciento veinte municiones aproximadamente, infiriéndose que si una persona se acercaba a ese predio arremeterían contra ella para proteger la sustancia controlada, lo que constituye un peligro efectivo para la sociedad; demostrando con lo manifestado que se valoró cada elemento probatorio bajo la sana crítica, lógica y experiencia. Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Beni, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 71.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

José Carlos Vargas Chávez, Fiscal de Materia en audiencia peticionó se “rechace la solicitud de acción de libertad” (sic), arguyendo que: a) Las Resoluciones dictadas tanto por la Jueza a quo como por el Tribunal de alzada, fueron debidamente fundamentadas y acreditadas con relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP de ser un peligro efectivo para la sociedad, como se evidencia en obrados; y, b) Sobre la aplicación del art. 232.3 -siendo lo correcto 232.3- del Código adjetivo penal, por ser persona con enfermedad en grado de terminal, de la revisión de la Resolución de la Jueza de la causa, se evidenció que nunca lo solicitó. Asimismo, previa valoración de dicha documentación presentada por el accionante, se constató que ya no padece dicha enfermedad; puntualizando que, la parte accionante no apeló sobre la improcedencia de su detención preventiva toda vez que la misma no fue solicitada en su oportunidad, solicitando en el fondo se rechace la solicitud de acción de libertad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante la Resolución 05/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 136 a 141, concedió en parte la tutela impetrada, respecto al Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia de la Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Beni; y, en consecuencia anuló en parte el Auto de Vista 104/2022, solo con relación al art. 234.7 del CPP, debiendo dictar uno nuevo con base en los argumentos del fallo constitucional emitido; y, denegó con relación a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del mismo departamento, con los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la improcedencia de la detención preventiva por enfermedad terminal alegada por el accionante, se constató del acta de audiencia de medidas cautelares, que si bien planteó el recurso de apelación incidental contra la Resolución de medidas cautelares; sin embargo, no reclamó sobre la aplicación del art. 232.3 del CPP; por lo cual, dicho aspecto no fue de conocimiento de la Vocal ahora demandada, habiéndolo hecho mediante esta acción tutelar; por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto si obró o no correctamente la mencionada autoridad judicial, no habiéndose cumplido con la subsidiariedad en el caso de autos, lo que debió ser reclamado en su momento oportuno ante el Tribunal de alzada; y, 2) Con referencia al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, reclamado por el demandante de tutela, se evidenció que el Vocal demandado confirmó la decisión de la Jueza de la causa, quien sostuvo que dicho riesgo concurrió por haberse encontrado armas de fuego y municiones en su predio, manifestando que persona que se acercara al mismo podía ser arremetido; lo que, no constituye una valoración objetiva aseverar que dichas armas y municiones eran inherentes a la conducta del imputado, cuando estos son hechos que deben investigarse en el fondo de los delitos imputados, habiendo el Vocal y la inferior utilizado elementos subjetivos para la imposición de ese riesgo procesal; toda vez que, conforme lo establece la SC 0341/2010-R de 15 de junio, para determinar la existencia del riesgo de fuga, el juzgador debe realizar una valoración objetiva de los elementos presentados; es decir, si existen suficientes elementos que determine la concurrencia de esos supuestos, a cuyo efecto deben ser valorados de acuerdo a la conducta o comportamiento que advierta el juez respecto al imputado durante la investigación del hecho o del proceso mínimo; lo que no ocurrió en este caso, advirtiéndose que el Vocal demandado, no realizó una correcta valoración de los elementos probatorios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Daleney Escalante -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y porte o portación de arma de fuego, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento del Beni, mediante Auto Interlocutorio 090/2022 de 17 de mayo, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal (fs. 77 vta. a 85), contra la que planteó apelación incidental en la misma audiencia como de la declaratoria de legalidad de su aprehensión y de la declinatoria de competencia de la Jueza de la causa, por Resolución 089/2022 de la misma fecha (fs. 74 vta. a 77). II.2. Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia de la Niñez y Adolescencia y Violencia Intra Familiar o Doméstica del Tribunal Departamental de Beni -ahora accionado-, al asumir conocimiento del recurso de alzada planteado por el imputado, emitió el Auto de Vista 104/2022 de 24 de mayo, por el que confirmó la Resolución de detención preventiva al imputado, con relación a la probabilidad de autoría y a la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP (fs. 57 a 61 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la Jueza de la causa mediante Auto Interlocutorio 090/2022 de 17 de mayo, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los presupuestos de los arts. 233.1 y 2 y 234.7, ambos del CPP, omitiendo aplicar el art. 232.3 del mismo Código adjetivo penal, decisión que al no haber considerado la improcedencia de la medida extrema al mediar una enfermedad terminal, fue objeto de apelación incidental por su parte; instancia en la cual, el Vocal -ahora demandado-, emitió el Auto de Vista 104/2022 de igual mes y año, confirmándolo, omitiendo pronunciarse sobre el motivo de la apelación referido a la aplicación del precitado art. 232 del CPP; empero, manteniendo incólume el riesgo procesal determinado en la resolución impugnada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad

Con relación a este tópico, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado, estableciendo en la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, que: “En el presente apartado, concierne referirse al debido proceso y a su tutela mediante la acción de defensa de análisis, tomando en cuenta que, la demanda tutelar versa esencialmente, sobre la vulneración de la garantía del debido proceso -en su elemento de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales- y valoración de la prueba, con relación al derecho a la libertad. Sobre lo señalado, debe precisarse que en supuestos que el debido proceso es impugnado de transgredido como consecuencia de una cuestión relativa a medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación…´) -SCP 0037/2012 de 26 de mayo-“.

III.2. De la fundamentación de las decisiones, como elemento esencial del debido proceso

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales como administrativas señaló: “Al denunciar en el caso de examen, el accionante, en lo fundamental, la vulneración del debido proceso -en su elemento de una debida fundamentación, motivación y congruencia y a la valoración integral y razonable de la prueba-, vinculados con la libertad; compele exponer en el presente Fundamento Jurídico, la normativa y jurisprudencia relativas al mismo, con el objeto de verificar posteriormente, si efectivamente, el Auto de Vista 67/2018, dictado por las autoridades judiciales codemandadas, fue pronunciado sin la fundamentación exigible como garantía de legalidad que constriñe a toda autoridad a emitir actos motivados, citando los preceptos legales, sustantivos y adjetivos que apoyen su decisión, expresando asimismo los razonamientos lógico jurídicos del por qué se consideró que correspondía confirmar en alzada el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva cursada por el procesado. En ese marco, el art. 115.II de la CPE, prevé: ´Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, el art. 117.I, establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…´. Compele resaltar que, uno de los elementos del debido proceso, es la obligación de fundamentación y motivación de los fallos dictados por las autoridades sean éstas judiciales o administrativas; estando los jueces y tribunales constreñidos al cumplimiento de dicha exigencia, no siendo viable omitir un elemento de transcendental importancia al constituir la fundamentación el conjunto de razonamientos de hecho y derecho sobre los cuales se cimenta la determinación asumida, que permite comprender en consecuencia, la parte dispositiva del fallo en relación a la parte considerativa o expositiva. Debe entenderse entonces que, argumentadas las razones fácticas y jurídicas que justifican la resolución, se otorga al justiciable la posibilidad de conocer los motivos por los que se arribó a la decisión, a fin de no dejarlo en incertidumbre ante el desconocimiento de los mismos. Al respecto, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó: ’…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…´. Lo expuesto permite afirmar que, la ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas, dan lugar a una falta de respaldo argumentativo o a la carencia parcial del mismo, sin considerar que es deber del juez efectuar un estudio minucioso y sustentado de la causa que explique de manera precisa y coherente las consideraciones por las que asumió su determinación en el marco de un debido proceso en el que se observe además la pertinencia y congruencia entre los hechos, las pretensiones y la decisión, resolviendo todos los agravios expuestos por la parte; aspectos que deben ser observados con mayor acuciosidad en el caso de decisiones vinculadas con la libertad de las personas, como es la imposición de medidas cautelares o la resolución de las solicitudes de cesación de detención preventiva, al estar precisamente involucrado el derecho a la libertad del procesado. Sin embargo, cabe resaltar que, dicha obligación no requiere una explicación abundante, sino una motivación concisa y coherente, que otorgue certeza al justiciable sobre lo decidido, tal como refiere la jurisprudencia desarrollada en el párrafo anterior. En relación a la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones que conocen y resuelven medidas cautelares; la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, estableció que: ´Las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP. La norma en último término citada determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios probatorios, no pudiendo ser reemplazada la fundamentación por una simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es así que la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes”.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes procesales, se constata que el accionante alega que se vulneraron sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y porte o portación de armas de fuego, la Jueza de la causa a pesar de la documentación presentada que acreditaba que padecía de cáncer que es incurable, concluyó en la inexistencia de dicha enfermedad oncológica en grado terminal, sin fundamentación alguna ni ponderar los elementos probatorios aportados que determinan la improcedencia de su detención preventiva como lo dispone el art. 232.3 del Código adjetivo penal, norma que fue el motivo de recurso de apelación que planteó y sobre que omitió pronunciarse él Vocal demandado, quien actuó de la misma manera respecto a la impugnación del riesgo procesal de ser un peligro para la sociedad contenido en el art. 234.7 del CPP, que fue establecido por la jueza a quo con base a subjetividades, por haberse encontrado sustancias controladas y armas en su propiedad, y confirmado en alzada, argumentando una supuesta vulnerabilidad de la niñez y juventud, sin considerar la documental presentada en sus antecedentes, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales. Es así que, dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona en la presente acción tutelar son -como se refirió- las Resoluciones emitidas por la Jueza de la causa; y, por el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en cuyo mérito, se procederá a la revisión de la última dictada en apelación, por ser la decisión relacionada con los actos que se consideran ilegales.

En efecto, se procederá al análisis del Auto de Vista 104/2022 emitido por el Vocal demandado, a objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción de defensa. Para ello, es necesario remitirse a los puntos expuestos como agravios en el recurso de apelación interpuesto por el accionante, quien alegó: i) Impugnó la declaratoria de legalidad de su aprehensión por parte de la Jueza de la causa, quien no tomó en cuenta la improcedencia de la privación de libertad cuando se trata de personas con enfermedad terminal debidamente certificada, mediante la resolución que dictó con carencia de fundamentación y motivación, además que no ponderó que su presentación fue voluntaria y que adjuntó el contrato de alquiler de su predio; ii) La Jueza a quo, declaró competente al “Juez de la capital” -se refiere a Trinidad del departamento de Beni- para el conocimiento del proceso, resolviendo la declinatoria que planteó, su similar cuando la autoridad judicial competente era el de “San Borja” solicitando se revoque la decisión y se declare competente este último; iii) Respecto al art. 233.2 del CPP, la Jueza cautelar al tiempo de emitir su resolución, no tuvo presente para establecer la probabilidad de autoría sobre los ilícitos imputados, que su persona alquiló su predio al arrendatario que fue plenamente identificado y a quien eximió de responsabilidad, asumiendo su decisión porque no se presentó recibo ni factura de ese contrato, además de la existencia de un recibo de entrega de vacunas donde figura el nombre de su hijo, sobre el que señaló que eran elementos suficientes para determinar que su persona estaba en dominio del predio, sin considerar que por normativa de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y Asociación de Ganaderos de San Borja (ASOGABORJA), cada socio tiene un código para la compra de vacunas contra la fiebre aftosa y otras enfermedades del ganado vacuno, razón por la que dichos medicamentos salían a nombre de su hijo, quien ayudaba de esta forma al arrendatario, sin valorar adecuadamente los elementos probatorios presentados, ni el informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que señaló que el lugar donde encontraron las sustancias controladas no pertenecían a su propiedad, tampoco la cantidad de municiones y armas secuestradas, y más aún, que su persona se encuentra sometido a quimioterapias y tratamientos médicos que no le permiten constituirse en su predio, puesto que realiza sus controles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aspecto que tampoco fue ponderado por la Jueza a quo; y, iv) Que la citada autoridad jurisdiccional estableció como único riesgo procesal, el previsto en el art. 234.7 del CPP, para disponer su detención preventiva, habiendo presentado varios autos de vista que constituyen precedentes como jurisprudencia constitucional que establece que no se puede determinar la concurrencia de ese riesgo procesal con base en la comisión del mismo hecho, porque se estaría realizando una sanción anticipada; es decir, no podrá tener su libertad mientras se investigue el hecho, sin tener presente dicha autoridad judicial que la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, determina que ese riesgo procesal desaparece con el certificado de antecedentes penales, y contrariamente citando la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo, manifestó que tenía facultad de establecer dicho riesgo acorde a su libre criterio y que el peligro sea materialmente verificable; empero, en el presente caso no tiene antecedentes penales, es adulto mayor de sesenta años y tiene una enfermedad incurable tratable con quimioterapia y radioterapia, controles médicos, diabetes tipo dos, hipertensión, elementos que no fueron contrastados para que sea un peligro efectivo para la sociedad; contrariamente ameritan su libertad, al no existir probabilidad de autoría a efectos de establecer ese riesgo procesal. El Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, al asumir conocimiento del recurso de apelación, concluida la audiencia virtual, pronunció el Auto el Vista 104/2022 de 24 de mayo, por el que: a) Confirmó la Resolución del incidente de legalidad de la aprehensión; b) Revocó en cuanto a la incompetencia, declarando competente al Juez de materia de la localidad de San Borja; c) Improcedente en relación a la apelación del Ministerio Público sobre el plazo de la detención preventiva; y, d) Denegó respecto a las medidas cautelares en relación a la probabilidad de autoría y a la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; por lo cual, confirmó la resolución de la detención preventiva al imputado por el plazo de treinta días, con los siguientes argumentos: 1) El recurso de apelación planteado por el accionante sobre la ilegalidad de su aprehensión fue por la falta de fundamentación y motivación de la Resolución, en la cual la Jueza a quo, señaló no poder ingresar al análisis si concurrían o no los riesgos procesales y, los requisitos del art. 233.1 y 2 del CPP; toda vez que, la apelación fue respecto a la forma del auto y los requisitos del art. 226 del Código adjetivo penal en relación a la falta de fundamentación; y, de la lectura del mismo, se advierte tuvo sustento y se basó en la existencia de probabilidad de autoría y los riesgos procesales que ameritaba la aprehensión en ese momento de la audiencia cautelar; por consiguiente, la Jueza no podía considerar la concurrencia de los mismos, por tener que resolver la situación jurídica del imputado que serían debatidos; concluyendo por ello, que la declaratoria de legalidad de la aprehensión fue correcta; 2) Respecto de la incompetencia, el art. 49 del CPP establece las reglas de la competencia, y en este caso el domicilio, lugar donde se cometió el delito, donde se produjeron las pruebas materiales del hecho fueron en San Borja; empero, fue sometido al control jurisdiccional de la Jueza de Trinidad, sosteniendo que el Ministerio Público y la oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se encuentran en la Capital del departamento, siendo necesario por esta razón que el proceso se desarrolle en ese lugar; por lo que, en aplicación de la citada disposición legal era competente únicamente el Juez del Municipio de San Borja, siendo incorrecta la decisión judicial otorgándole la misma a la Jueza de Trinidad; 3) Con referencia a la apelación del Ministerio Público del plazo de la detención preventiva, al solicitarlo señaló que existirían actuaciones por realizar y que el término dispuesto de treinta días sería insuficiente; sin embargo, no argumentó de forma adecuada la necesidad que la medida extrema sea ampliada al plazo pedido; y, como Tribunal de alzada consideró que el plazo establecido por la Jueza, en razón además de la condición de salud del imputado fue correcto; 4) Sobre la probabilidad de autoría, se tuvo de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, la existencia de informes policiales, hallazgo de armas de fuego como de municiones en la estancia NICOS de propiedad del imputado, además de una pista clandestina de la cual se les llevó a un lugar donde encontraron las sustancias controladas, secuestro del inmueble, actas de cuantificación, prueba de campo y peritaje, informe del investigador asignado al caso, documentación encontrada en dicho lugar como el recibo referido, y el contrato de arrendamiento del predio a Fernando Guardia Rea; respecto al cual, no se constató que hubiere realizado alguna actividad en el mismo, que indique que estaba en ocupación; considerando como Tribunal de alzada, que todos estos elementos fueron suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor de los delitos sindicados; y, 5) Con referencia al riesgo procesal de ser un peligro efectivo para la sociedad contenido en el art. 234.7 del CPP, la Jueza a quo, actuó correctamente al emitir su resolución con la debida fundamentación y explicando claramente que en el predio del imputado se encontraron armas de fuego de grueso calibre como municiones, que no son armas propias de la actividad tradicional de la ganadería o para la protección de la misma y no cumplen esa finalidad; por lo cual, este elemento indiciario relacionado con el delito de tráfico de sustancias controladas, dieron lugar a establecer el peligro efectivo para la sociedad; por lo cual, la decisión de la inferior fue correcta al determinar la concurrencia del mencionado riesgo procesal. Por lo expuesto precedentemente y de la revisión del Auto de Vista 104/2022, se constata, que el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ahora demandado; si bien analizó la Resolución emitida por la inferior que motivó y se pronunció correctamente respecto de la declaratoria de legalidad de la aprehensión cuestionada con base en los antecedentes y elementos de convicción determinando que el ente fiscal actuó conforme al art. 226 del CPP; de la misma forma, lo hizo con relación a la declinatoria de competencia deducida por el imputado, al verificar que la Jueza a quo erróneamente declaró competente a la autoridad jurisdiccional de la ciudad de Trinidad, desconociendo que los hechos ocurridos, el domicilio del sindicado, como las pruebas materiales colectadas se produjeron en la localidad de San Borja, en virtud a lo cual, en aplicación del art. 49 del CPP, revocó la resolución impugnada declarando competente al Juez de la citada localidad. Respecto a la apelación del Ministerio Público, que obviamente le concernía al ahora accionante, confirmó la decisión de la inferior que la detención preventiva sería de treinta días. Con referencia al art. 233.1 del Código adjetivo penal, previo examen de la resolución cuestionada, proviniendo de acuerdo a procedimiento denegó la apelación respecto a la probabilidad de autoría del sindicado por los delitos imputados, con base en los elementos probatorios e indiciarios colectados tales como la incautación de armas de fuego y municiones en el predio de su propiedad, como otros documentos referidos al contrato de alquiler con una tercera persona, quien conforme a la investigación realizada no efectuó ninguna actividad en el mismo, infiriéndose que no lo estaba ocupando, aspectos que determinaron la probabilidad de autoría y determina la denegatoria de la tutela solicitada. Es así que, si bien como se advierte el Vocal demandado actuó conforme a procedimiento en la emisión del Auto de Vista impugnado, pronunciándose con la debida fundamentación, motivación y congruencia respecto de los tres agravios expuestos y que fueron respondidos precedentemente; omitió hacerlo, con relación a la reiterada alegación del imputado -ahora accionante-, sobre la improcedencia de la detención preventiva tratándose de personas con enfermedad terminal; puesto que, como Tribunal de apelación le correspondía absolver todos y cada uno de los agravios, más aún si dicho reclamo fue reiterado de manera puntual por la defensa sobre el que le correspondía pronunciarse positiva o negativamente, explicando el porqué de su decisión. Asimismo, con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, cuya concurrencia establecida por la inferior fue confirmada por el Vocal demandado, que el imputado sería un peligro efectivo para la sociedad, se evidencia que sustentó su decisión al igual que la Jueza a quo, en el hallazgo y secuestro de armas de fuego y municiones, que constituirían el mencionado riesgo procesal, con el efecto que las mismas eran para resguardar el objeto que sería el valor de las sustancias controladas, omitiendo pronunciarse sobre los elementos presentados por la defensa, los que debió ponderarlos para concluir que ellos evidenciaban la procedencia de la concurrencia del riesgo procesal determinado, advirtiéndose la carencia de fundamentación con relación a este riesgo procesal, así como la falta de valoración objetiva de la conducta o comportamiento desde el inicio de la investigación, durante y actual por parte del imputado, ni tampoco efectuó una evaluación integral de las circunstancias del caso, con la debida fundamentación, vulnerando de esta manera el debido proceso en sus elementos señalados precedentemente.

Por consiguiente, al constatarse que la autoridad judicial demandada, actuó incorrectamente al haber omitido pronunciarse sobre la improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada, previsto en el art. 232.3 del CPP, modificado por la Ley de abreviación procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-como no haber efectuado una valoración integral de las circunstancias del caso respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del Código adjetivo penal, corresponde se conceda en parte la tutela solicitada a través de esta acción constitucional, disponiendo la emisión de una nueva resolución de apelación; en la cual, el Vocal demandado, se pronuncie conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 136 a 141, dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la improcedencia de la detención preventiva prevista en el art. 232.3 del CCP y del riesgo procesal del art. 234.7 de mismo Código adjetivo penal; 2° DENEGAR respecto a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Beni; y, 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 104/2022 de 24 de mayo, emitido por el Vocal demandado, quien deberá dictar uno nuevo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin costas ni costos por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0177_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 202c4c09309f53928a4dac99f936f2a4cd69734230b4b3f02891e27c20285621

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