Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
Los accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a una justicia, pronta, oportuna, eficiente, gratuita y a los principios de seguridad jurídica, celeridad, transparencia, inmediatez, igualdad, eficiencia y eficacia; toda vez que incurrieron en dilación indebida e injustificada, en sentido de que la autoridad demandada, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, incurriendo en respuestas evasivas y omitiendo actos procesales esenciales, tales como la firma de oficios.
A pesar de haberse interpuesto una acción de libertad el 23 de septiembre de 2022, esta fue retirada ante el compromiso de programación de audiencia, la cual posteriormente fue suspendida y no celebrada por negligencia del Secretario demandado, quien incurrió en una omisión al no habilitar la Sala de audiencia virtual, ni realizar las diligencias necesarias para asegurar la celebración de la audiencia; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada instale y resuelva la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El Ministerio Público inicie el proceso penal por incumplimiento de deberes, conforme a lo previsto en el art. 154 del CP.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/22 de 4 de octubre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al evidenciarse la demora injustificada denunciada por la parte ahora accionante, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, cumpla con los términos expuestos por el Tribunal de garantías, salvo que ese acto procesal ya hubiere sido cumplido, debiendo evitar en futuras situaciones incurrir en actuaciones dilatorias que afecten el derecho a la libertad, como en el presente caso.
3° Disponer que Beimar Gomez Molina, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en futuras actuaciones cumpla con su obligación de gestionar los oficios necesarios, como la habilitación de la sala virtual y las notificaciones correspondientes, para evitar dilaciones innecesarias.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50932-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/22 de 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Daniel Lopez Aguayo en representación sin mandato de José Ernesto Hinojosa Ferrel y Raúl Charupa Ares contra Esther Estrella Montaño Ocampo y Beimar Gómez Molina, Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respectivamente.
Por memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 36 a 40 vta., los accionantes a través de su representante expresaron lo siguiente:
El 15 de septiembre de 2022, presentaron memoriales ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, solicitando cesación a la detención preventiva, conforme a lo previsto en el art. 239 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, incluso hasta esa fecha no se llevó a cabo la audiencia solicitada. El 16 de igual mes y año, se apersonó a las oficinas de dicho Juzgado para consultar sobre la fijación de la audiencia, informándoles el Auxiliar que la fecha sería fijada para el 19 del citado mes y año; al regresar ese día se les indicó que el expediente estaba en despacho del Juez, pidiéndoles que volvieran el 21 de septiembre en horas de la tarde. El 21 de septiembre de 2022, nuevamente se apersonó al Juzgado, donde, la Auxiliar le informó que el expediente continuaba en despacho pidiéndole que retorne el 22 de igual mes y año; recién a horas 15:45 de ese día, pudo revisar el expediente original, constatando la inexistencia del acta de audiencia de medidas cautelares, del memorial y de las pruebas presentadas el 15 de igual mes y año, observando además que el expediente no estaba foliado. En lugar de atender su solicitud de cesación de la detención preventiva, se encontró dentro del expediente un requerimiento conclusivo de acusación fiscal con dos cargos diferentes: El primero de 19 de agosto de 2022, a horas 11:56, recibido por la Gestora 7; y, el segundo, se presentó el 19 de septiembre del mismo año, a horas 15:00, recibido por el Auxiliar Yamil Ariela Maza Ychu, mereciendo el decreto de 20 de septiembre de 2022. Ante esa situación, el 23 de septiembre de 2022, a horas 9:03, interpuso una acción de libertad contra Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, a horas 10:30 de ese mismo día, vía telefónica, la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, informó que debido a las celebraciones del aniversario de Santa Cruz, sólo trabajarían hasta las 12:00, pero podrían gestionar una audiencia inmediata si retiraban la acción de libertad. Confiando en la buena fe de la autoridad, su cuñado retiró la acción de defensa, fijando la Jueza una audiencia para el 27 de septiembre de 2022, a horas 9:00. No obstante, la audiencia no se celebró ese día debido a que el Secretario del Juzgado, Beimar Gomez Molina, no gestionó el oficio para habilitar la Sala de audiencia virtual. Al preguntar por la causa de la suspensión, los funcionarios le informaron que el Juez no quiso firmar dicho oficio y ordenó primero que se notifique con la acusación a los acusados, que corra los cinco días para que presenten su prueba de descargo y se remita el expediente al Juez de turno. Ese mismo día la Jueza demandada emitió un nuevo decreto, fijando la audiencia para el 29 de septiembre de 2022 a horas 15:00, pero tampoco se llevó a cabo porque la mencionada autoridad se encontraba en otra audiencia y la suspendió para el 3 de octubre de 2022 a horas 14:00, y ésta también fue suspendida, ya que el Secretario del Juzgado Beimar Gómez Molina, no gestionó el oficio para habilitar la Sala y la Jueza demandada, no mostró disposición para realizar la audiencia. El comportamiento del Juez y del Secretario del Juzgado demuestran una clara intención de dilatar el proceso y evitar la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva, alegando formalidades que no corresponden, a pesar que el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la detención preventiva, el expediente no ha sido notificado a los acusados y hasta la fecha, no se ha llevado a cabo la audiencia solicitada.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a una justicia, pronta, oportuna, eficiente, gratuita, y, a los principios de seguridad jurídica, celeridad, transparencia, inmediatez, igualdad, eficiencia y eficacia; citando al efecto los arts. 115, 125, 126, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La autoridad demandada instale la audiencia de cesación a la detención preventiva y resuelva su solicitud; y, b) El Ministerio Público inicie el proceso penal a los demandados por incumplimiento de deberes, conforme a lo previsto en el art. 154 del Código Penal (CP), considerando que las autoridades demandadas al rehusarse y retardar un acto propio de sus funciones, atentan contra sus derechos a la libertad.
Celebrada la audiencia pública de 4 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 48 a 50, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) Al encontrarse el proceso con acusación, ya no podría solicitar cesación a la detención preventiva por el plazo vencido; sin embargo, su solicitud fue presentada el 15 de septiembre de 2022, no fue corrida en traslado, por el contrario, el Fiscal presentó su acusación el 18 de igual mes y año, mismo que ya fue decretado disponiéndose su traslado; y, 2) Respecto al Secretario demandado, alegó que no hizo el oficio argumentando que no tiene tiempo y que la Jueza no quiere firmar el mismo, siendo su obligación y responsabilidad, sobre todo si se tiene conocimiento de que la habilitación de un link no requiere la firma del Juez o Jueza, solamente los Gestores lo habilitan con un memorial o con un mensaje que lo realiza el Secretario.
Esther Estrella Montaño Ocampo y Beimar Gomez Molina, Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante de fs. 44 a 45.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/22 de 4 de octubre, cursante de fs. 50 a 52 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada, señale audiencia y considere la cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, puesto que los accionantes se encuentran detenidos. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La Jueza demandada, no cumplió con los plazos procesales; puesto que: i.a) La solicitud de cesación de detención preventiva se presentó el 15 de septiembre de 2022 y se recibió el 16 de igual mes y año, ingresando el memorial a despacho recién el 22 de igual mes y año; vale decir, a los seis días, siendo que la normativa y la jurisprudencia constitucional establece que cuando se trata de decretos de mero trámite, deben pronunciarse en un plazo no mayor a veinticuatro horas; i.b) Tratándose de una persona detenida y al ingresar el memorial a despacho el 22 de septiembre de 2022, la audiencia se programó para el 27 del citado mes y año, fuera del plazo de las cuarenta y horas establecidas en el art. 239 del CPP, que fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, de 3 de mayo; i.c) No cursa el acta de suspensión de audiencia de esa fecha, no pudiendo suspenderse la misma sin instalación previa, siendo de responsabilidad la elaboración de dicha acta del Secretario del Juzgado, quién debió elaborarla y no la realizó; y, i.d) No existe acta de suspensión de audiencia, lo que indica que la Jueza no cumplió con la formalidad procesal para justificar la postergación, ya que argumentó que estaba en otra audiencia y por lo avanzado de la hora, refirió que el Fiscal seguramente ingresó a la hora indicada pero que ya no se encontraba; sin embargo, esa audiencia sin la presencia del Fiscal debió instalarse por tratarse de la libertad, siempre que las partes procesales se encuentren notificadas; es decir, que la Jueza demandada suspendió la audiencia del 29 de septiembre de 2022, bajo el argumento de que tenía otra audiencia, pero no verificó si el Fiscal estaba presente, ni cumplió con la obligación de instalar la misma, vulnerando con ello el derecho a la libertad de los accionantes; y, ii) El Secretario no remitió los memoriales de cesación de detención preventiva con la urgencia requerida, puesto que, al no encontrarse las actas de audiencia y no pasar a despacho los memoriales de manera inmediata, menos aún las solicitudes de cesación a la detención preventiva contribuyó a la dilación injustificada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, los accionantes a través de su abogado, solicitaron que la Jueza demandada remita el expediente y se declare incompetente por estar con una acusación, en virtud a ello preguntaron si se está ordenando señalamiento de audiencia o que lleve a cabo la misma. En sustanciación y resolución de lo impetrado el precitado Tribunal de garantías ratificó que la jueza debe llevar a cabo la audiencia, ya que aún tiene competencia mientras el caso no haya sido remitido y radicado el expediente en el Tribunal de Sentencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Ernesto Hinojosa Ferrel y Raúl Charupa Ares, por la presunta comisión del delito tráfico de sustancias controladas y otros, el 15 de septiembre de 2022, mediante memoriales dirigidos a la Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitaron audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme a lo previsto en el art. 239 inc. 1) y 2) del CPP (fs. 4 a 7). II.2. El 19 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia presentó ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el requerimiento conclusivo de acusación formal, adjuntando pruebas de cargo; por lo que, mediante decreto de 20 del citado mes y año, señaló que se tengan por ofrecidas sus pruebas y que en aplicación del art. 393 ter inc. 4), se notifique con la acusación fiscal a los acusados antes mencionados para que en el término de cinco días presenten sus pruebas de descargo (fs. 8 a 11 vta; y 16).
Los accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a una justicia, pronta, oportuna, eficiente, gratuita y a los principios de seguridad jurídica, celeridad, transparencia, inmediatez, igualdad, eficiencia y eficacia; toda vez que incurrieron en dilación indebida e injustificada, en sentido de que la autoridad demandada, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, incurriendo en respuestas evasivas y omitiendo actos procesales esenciales, tales como la firma de oficios.
A pesar de haberse interpuesto una acción de libertad el 23 de septiembre de 2022, esta fue retirada ante el compromiso de programación de audiencia, la cual posteriormente fue suspendida y no celebrada por negligencia del Secretario demandado, quien incurrió en una omisión al no habilitar la Sala de audiencia virtual, ni realizar las diligencias necesarias para asegurar la celebración de la audiencia; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada instale y resuelva la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El Ministerio Público inicie el proceso penal por incumplimiento de deberes, conforme a lo previsto en el art. 154 del CP.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/2000-R de 15 de noviembre y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;
1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas son añadidas).
Dicho entendimiento fue desarrollado en la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril y la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, entre otras.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.
3 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Entendimiento extraído de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0142/2018-S2 de 30 de abril y 0259/2018-S2 de 18 de junio.
El art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva de acuerdo a la causal invocada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 de la norma citada. Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas nos corresponden).
La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004, precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada a las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción Penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde, la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, estableció que al margen de que la causa se haya sorteado ante el Tribunal de Sentencia Penal, el Juez de Instrucción Penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la causa todavía no radicó ante el referido Tribunal, entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y por la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.
4El FJ III.2, indica: “(…) de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”. 5El FJ III.2, indica: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”. 6El FJ III.2, reitera: “…`el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Complementado esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia, no solo primario sino fundamental, es posible que el Juez de Instrucción Penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aun se haya presentado la acusación fiscal, siempre y cuando, no se hubiera radicado la causa en un determinado Tribunal de Sentencia Penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el Juez de Instrucción Penal hasta que la causa sea radicada ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el Juez de Instrucción Penal.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido por la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril, que señala que con la remisión de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, los Jueces o Tribunales de Sentencia Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”. 7El FJ III.4, refiere: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…).cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo…” (el subrayado es nuestro) 8El FJ III.2, indica: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:
Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”.
Penal adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, entiende que la remisión del expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el Juez de Instrucción Penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino, dinámica, evolutiva y va mutando, se va complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presente la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP modificados por el art. 8 de la Ley 586, corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, de seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del Juez de Instrucción Penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, corresponde reconducir las líneas establecidas por las SSCC 0487/2005-Ry 1584/2005-R; última Sentencia que en su Fundamento Jurídico III.4, señaló:
9El FJ III.3, indica: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”. 10El FJ III.2, establece: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la Sentencias Constitucionales 487/2005-R, de 6 de mayo…” (las negrillas y el subrayado es nuestro).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, que señalan que los privados de libertad, en este caso el imputado, tiene derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia, entre otros, facultándolo a interponer las solicitudes de cesación de la detención preventiva, en cualquier momento hasta antes que se dicte sentencia ejecutoriada, tomando en cuenta que la detención preventiva no causa estado y puede ser modificada en cualquier oportunidad; y toda vez que, el Juez de Instrucción Penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal; lo contrario, conllevaría dejar al imputado sin control jurisdiccional o en incertidumbre jurídica. En este sentido, las SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.2, precisó algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva:
…a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente (las negrillas son agregadas). La sistematización precedentemente glosada fue extraída de la SCP 0551/2018-S2, de 25 de septiembre.
Con relación a la legitimación pasiva del personal subalterno del Órgano Judicial, la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, luego de sistematizar la línea jurisprudencial respecto a esta temática, expresó el siguiente entendimiento:
[L]a jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado. Siendo que en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad” (las negrilla nos corresponden).
Conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que las pruebas presentadas por los accionantes demuestran que presentaron la solicitud de cesación a la detención preventiva el 15 de septiembre de 2022, ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-por otro lado, se advierte que la acusación formal del Ministerio Público fue presentada de manera posterior, es decir, el 19 de igual mes y año.
Efectivamente, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando los servidores públicos no presentan el informe exigido por la Norma Suprema y tampoco asisten a la audiencia de consideración de una acción de defensa presentada en su contra, se presume la veracidad de los hechos denunciados, tal como sucede en el caso en estudio; en el cual, la autoridad y el funcionario demandado no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia, pese a su legal notificación, advirtiéndose, además, incumplimiento a dicha disposición legal, al no haber dado respuesta a las peticiones efectuadas dentro del plazo establecido; vulnerándose el principio de celeridad y generando inseguridad al demandante de tutela ante su solicitud de cesación a la detención preventiva. Bajo esas circunstancias, se advierte en el presente caso, que la Jueza demandada, incumplió con sus deberes al no fijar fecha y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el plazo establecido por ley, conforme a lo dispuesto en el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, que establece un plazo de cuarenta y ocho horas para convocar a la audiencia y resolver la solicitud en el caso de los incisos 1) y 2) de la citada norma. A pesar que los accionantes presentaron su solicitud el 15 de septiembre de 2022, no se llevó a cabo la citada audiencia ni se revolvió su solicitud en el plazo estipulado, y hasta la presentación de esta acción de defensa -23 de septiembre de 2022- por lo que permitieron que transcurran ocho días de dilación indebida e injustificada, pues la Jueza demandada no convocó a la audiencia, ni resolvió dentro del tiempo legalmente establecido, constituyendo una vulneración a los derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a una justicia pronta, oportuna y eficiente y al principio de celeridad; puesto que, se prolongó su detención preventiva sin una resolución fundamentada. En consecuencia, el problema jurídico planteado se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, está destinada a agilizar los trámites que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal; debiendo los servidores judiciales cumplir con los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Norma Suprema. Asimismo, se advierte que la autoridad accionada también demostró una falta de disposición para realizar las audiencias cuando las circunstancias lo requerían, pues según lo señalado por la parte accionante y en atención al principio de presunción de veracidad, se tiene que se suspendieron las audiencias fijadas para el 27 y 29 de septiembre de 2022 y 3 de octubre del mismo año, por razones que no fueron suficientemente justificadas y en parte, se debieron a su falta de acción frente a los requerimientos del secretario del juzgado, siendo que dicha autoridad al tener el control jurisdiccional del proceso, debió resolver con la celeridad que amerita la situación jurídica de los demandantes de tutela, al no hacerlo, incurrió en dilaciones indebidas e ilegales en el proceso penal seguido en contra de los ahora accionantes, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional.
De igual forma, conforme a la subregla desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que: “Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal”; por lo que, la Jueza demandada no podía declarar su incompetencia para resolver la cesación a la detención preventiva bajo el argumento de la existencia de una acusación fiscal, ya que la solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva fue presentada mediante memorial el 15 de septiembre de 2022 y la acusación formal, recién se presentó el 19 de igual mes y año; vale decir, que su solicitud fue presentada antes de que el proceso penal sea remitido y radicado ante el Juez o Tribunal de Sentencia, razón por la cual, la autoridad accionada debió resolver la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva con celeridad, y al no fijar la citada audiencia, causó dilación indebida e ilegal en la consideración de la petición de los impetrantes de tutela, incurriendo en una inacción procesal que afectó directamente los derechos del ahora accionante, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada. Con relación a la actuación del Secretario del Juzgado Demandado, según lo afirmado por los ahora accionantes, y en aplicación al principio de presunción de veracidad de los hechos o actos denunciados por los mismos, se tiene que el citado funcionario judicial, tuvo una participación clave en la dilación del proceso como funcionario subalterno, debido a que la responsabilidad no recae solo en la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso, sino también en los secretarios y otros funcionarios de apoyo jurisdiccional que han intervenido en el proceso y han dado lugar a la dilación de las actuaciones procesales. En ese sentido, en el presente caso se tiene que, el 3 de octubre de 2022, la audiencia programada fue suspendida debido a que el Secretario no gestionó el oficio para habilitar la sala virtual, dando lugar a que no se realice la audiencia y además no gestionó de manera oportuna las notificaciones y otros actos procesales que competen a su función. A pesar que los impetrantes de tutela mencionan que proporcionaron los recaudos necesarios para realizar las notificaciones, el Secretario trató de justificar su inacción indicando que no tenía tiempo o que la Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no quiso firmar el oficio, es un extremo que no excusa su responsabilidad, ya que la habilitación de la sala virtual no requiere la firma del juez y es parte de las funciones del Secretario del Juzgado, por lo que, la falta de acción del Secretario, contribuyó a la dilación injustificada del proceso judicial de ocho días, desde la solicitud de cesación a la detención preventiva -15 de septiembre de 2022-, hasta la presentación de esta acción de defensa -23 de septiembre de 2022-, por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/22 de 4 de octubre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al evidenciarse la demora injustificada denunciada por la parte ahora accionante, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, cumpla con los términos expuestos por el Tribunal de garantías, salvo que ese acto procesal ya hubiere sido cumplido, debiendo evitar en futuras situaciones incurrir en actuaciones dilatorias que afecten el derecho a la libertad, como en el presente caso.
3° Disponer que Beimar Gomez Molina, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en futuras actuaciones cumpla con su obligación de gestionar los oficios necesarios, como la habilitación de la sala virtual y las notificaciones correspondientes, para evitar dilaciones innecesarias.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
2 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a
audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0176_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89a2e509fdae09bff7702234c28088dffcc1ab4d84a471ff8699b863e52c8115
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