Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica, toda vez, que el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio recurrido de manera incongruente, porque dio por desvirtuado el único riesgo procesal que se encontraba latente, sin embargo, mantuvo la medida cautelar personal e introdujo aspectos de fondo del proceso que no fueron motivo del agravio; no fundamentó ni motivó la necesidad y utilidad, se apartó de la legalidad prevista en el art. 231 bis del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 60 a 65, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, y en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2025-S1 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53770-2023-108-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 15/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 60 a 65, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rene Porcel Montero contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 40 a 46, el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Aduana Nacional en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y contra Leonorio Alconz Viza y Pilar Cerda Zeballos por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento aduanero y uso de instrumento falsificado, el 21 de enero de 2022 la representación fiscal emitió la imputación formal, posteriormente se informó el fallecimiento del coimputado Leonorio Alconz Viza y en audiencia de medidas cautelares de 23 de junio de 2022, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro declaró la rebeldía de la coimputada Pilar Cerda Zeballos. Con la imputación formal y señalamiento de audiencia de medidas cautelares fue notificado el 20 de junio de 2022 por lo que se hizo presente en la misma sin asistencia de su defensa técnica, justificando el impedimento con un informe médico, por lo que la autoridad jurisdiccional reprogramó la audiencia para el 13 de julio del mismo año, acto procesal que fue suspendido ante la inasistencia del Fiscal de Materia, por lo que se señaló nueva audiencia para el 27 del mismo mes y año, en el referido actuado, el Juez a quo determino medidas cautelares personales en su contra por la concurrencia de los arts. 233.1 y 234.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante tal determinación, interpuso recurso de apelación que fue radicado en la Sala Penal Segunda a cargo del Vocal demandado, fijándose audiencia para el 18 de agosto de 2022, en el referido actuado se acreditó la inconcurrencia del art. 234.4 del CPP y se argumentó que correspondía declarar la libertad pura y simple ante la inexistencia del peligro procesal, sin embargo, de forma incongruente se determinó declarar improcedente el recurso de apelación, y confirmo el Auto Interlocutorio apelado, pese a que dio por desvirtuado el riesgo procesal que fue plasmado como el único agravio, disponiendo que no corresponde otorgar libertad pura y simple por la concurrencia de probabilidad de autoría, apartándose del marco jurídico al razonar en su decisión aspectos de fondo del proceso que no fue motivo de agravio, dado que añadió que como el caso data del 14 de abril de 2011, la parte denunciante es un ente del Estado y que existió dejadez en el proceso, recomendando al Juez A quo revisar plazos procesales, por tal motivo, el Ministerio Público presentó acusación formal que aún no fue remitido al Juzgado de Sentencia. El Vocal demandado obro inadecuadamente al interpretar las reglas del Código de Procedimiento Penal y se apartó de la razonabilidad, toda vez que para la aplicación de medidas cautelares personales establecido en el art. 231 Bis. I del CPP debe concurrir el presupuesto material y procesal de manera simultánea al estar ligados el uno del otro, por tanto, ante la inexistencia del presupuesto procesal del riesgo de fuga y de obstaculización, el Vocal demandado tenía el deber de aplicar correctamente la normativa, declarar procedente el recurso de apelación y revocar el Auto Interlocutorio disponiendo la libertad irrestricta. Tampoco fundamentó la utilidad y pertinencia de mantener la medida cautelar personal, apartándose de la legalidad y seguridad jurídica, cuando en casos similares ante la inconcurrencia del peligro de fuga y de obstaculización se dispuso la libertad irrestricta en favor de los imputados.
Denuncia la lesión a su derecho a la libertad, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad, vinculados al principio de seguridad jurídica citando al efecto los arts. 115.II, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de agosto de 2022, ordenando se emita nueva resolución que declare procedente el recurso de apelación y revoque el Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022 disponiendo en el fondo su libertad irrestricta.
Celebrada la audiencia el 15 de febrero de 2022; según consta en acta cursante de fs. 53 a 59 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los términos del memorial de la acción de amparo constitucional.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito y tampoco se apersono a la audiencia tutelar pese a su legal notificación cursante a fs. 49.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 15/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 60 a 65, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo anular el Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto de 2022 y ordenó emitir nueva resolución considerando el debido proceso con debida fundamentación, motivación y congruencia; con los siguientes fundamentos: a) En el Auto de Vista denunciado no se explica el por qué se han utilizado determinados términos e ingresa en contradicción con la parte dispositiva, porque en la misma declara improcedente el recurso de apelación incidental cuando alternativamente se tiene por desvirtuado el riesgo del art. 234.4 del CPP, lo que resulta incongruente; b) En el punto tercero del Auto de Vista, resulta evidente que se vulneró el principio de legalidad tomando en cuenta la aplicación objetiva de la ley, siendo que el art. 233 del CPP establece la letra “y” no “o” para ser tomado como alternativa, sin embargo, aquel análisis no fue realizado por la autoridad demandada dado que no se interpretó de manera cabal dicho artículo y menos la autoridad demandada justifico; y, c) Si bien es cierto que en el punto segundo del Auto de Vista establece que en el caso analizado quedaría desvirtuado el riesgo de fuga conforme establece el art. 234.4 del CPP y en su parte dispositiva declaró improcedente el recurso de apelación incidental, incurriendo en una incongruencia dado que es una modificación sustancial y evidente con relación al Auto Interlocutorio de primera instancia, pero sin embargo, pese a identificar esa modificación confirma la decisión del A quo, por lo que se debe reconducir a la legalidad esta vulneración.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Auto Interlocutorio 475/2022 de 27 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro en el que se tiene por acreditado el elemento autoría y el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP y se dispuso la aplicación de medida cautelar personal para el accionante consistentes en la fianza juratoria, obligación de presentante ante el Ministerio Público y ante el Juzgado a objeto de suscribir el Libro de presentaciones cada primer día hábil del mes (fs. 21 a 24 vta.). II.2. Cursa acta de Audiencia de apelación incidental celebrada el 18 de agosto de 2022 en el que se evidencia que el abogado del imputado fundamentó como agravio la indebida fundamentación, mala o errónea valoración de los elementos de convicción únicamente sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP (fs. 14 a 16). II.3. Mediante Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridad judicial demandada- declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulada por el impetrante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 475/2022 de 27 de julio (fs. 17 a 19).
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica, toda vez, que el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio recurrido de manera incongruente, porque dio por desvirtuado el único riesgo procesal que se encontraba latente, sin embargo, mantuvo la medida cautelar personal e introdujo aspectos de fondo del proceso que no fueron motivo del agravio; no fundamentó ni motivó la necesidad y utilidad, se apartó de la legalidad prevista en el art. 231 bis del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal; y, 3) Análisis del caso concreto.
de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0785/2020-S1 de 27 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado, brinda especial énfasis a la protección del derecho a la libertad, y en los artículos 22 y 23 se ocupa de la libertad personal, establece sus garantías y regula el trato a los privados de libertad. Así el art. 23.I citado señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”. Ahora bien, en algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal; empero, en el marco de un Estado Constitucional respetuoso de los derechos fundamentales, esa privación o restricción de la libertad debe ser excepcional y no así arbitraria. Por ello, tanto la Ley Fundamental como el Código de Procedimiento Penal, establecen requisitos para el efecto. En ese sentido, el art. 23.III de la CPE indica que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito” (las negrillas nos corresponden); de donde se desprenden las condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad, pues ésta únicamente puede ser limitada: a) En los casos previstos por ley; y, b) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que a partir de los arts. 23.I y II de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo lo siguiente:
De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE.
Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En ese sentido, la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, del propio texto constitucional puede establecerse que, en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación; empero, los casos en que tal limitación tenga lugar, han de venir fijados por la ley, siendo claro que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política del Estado establece una estricta reserva legal. Sin embargo, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no es suficiente que se observe la ley -en sus condiciones materiales y formales- para la restricción del derecho a la libertad física; pues, pueden existir restricciones “legales” a dicha libertad física; empero, que resultan arbitrarias por ser desproporcionales; por ello, es indispensable que las autoridades judiciales desarrollen el test de proporcionalidad al momento de imponer una medida restrictiva al derecho a la libertad física. Por otra parte, también es necesario hacer referencia a que toda resolución, como se explicará con posterioridad, debe estar adecuadamente fundamentada y motivada. Finalmente, debe señalarse otro elemento adicional que debe ser observado en los casos vinculados a la restricción del derecho a la libertad física, y es el relativo a que no exceda a los límites temporales fijados por la ley. Este elemento está referido a la razonabilidad de la privación de libertad. En síntesis, para la restricción del derecho a la libertad física o personal, se han establecido determinadas condiciones o requisitos de validez, desarrollados por las normas internas y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, condiciones que se resumen en los principios de legalidad (condiciones de validez material y formal), de proporcionalidad, de fundamentación y motivación de las resoluciones y, cuando corresponda, de razonabilidad; condiciones que también son aplicables cuando se trate de la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El accionante denuncia como vulnerados su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad vinculado al principio de seguridad jurídica, toda vez, que el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio recurrido de manera incongruente, porque dio por desvirtuado el único riesgo procesal que se encontraba latente, sin embargo, mantuvo la medida cautelar personal e introdujo aspectos de fondo del proceso que no fueron motivo del agravio; no fundamentó ni motivó la necesidad y utilidad, y, se apartó de la legalidad prevista en el art. 231 bis del CPP. De acuerdo a los antecedentes del expediente tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el Ministerio Público y la Aduana Nacional, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes se emitió el Auto Interlocutorio 475/2022 de 27 de julio, por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro en el que se tuvo por acreditado el elemento autoría, dio por concurrente únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP y se dispuso la aplicación de medida cautelar personal para el accionante consistente en la fianza juratoria, obligación de presentante ante el Ministerio Público y al Juzgado a objeto de suscribir el Libro de presentaciones cada primer día hábil del mes (Conclusión II.1). Ante tal determinación el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación que fue resuelto en audiencia celebrada el 18 de agosto de 2022 en la que se evidencia que el abogado del imputado argumentó como agravio la indebida fundamentación, mala o errónea valoración de los elementos de convicción únicamente referidos al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP (Conclusión II.2), emitiéndose el Auto de Vista 223/2022 de la misma fecha, en el que el Vocal demandado declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el imputado y confirmó el Auto Interlocutorio 475/2022 de 27 de julio (Conclusión II.3).
Identificado el acto lesivo denunciado por el accionante, corresponde previamente referirse al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a partir de la cual se puede establecer que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido a expresar cuál el fundamento legal de la decisión, citando todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su determinación; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos así como los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese contexto, resulta necesario analizar el Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto, que, en su primera parte, se refiere al recurso de apelación, luego un segundo acápite, a los fundamentos de la resolución y es a partir del punto 2 en la parte pertinente y en su resolutiva, señala:
“2° … Al respecto vía control de logicidad, efectivamente la parte apelante ha generado prueba para justificar su inconcurrencia a las diferentes audiencias al llamado del juzgado de la causa, desde esa perspectiva, sería razonable de que se justifique con certificados médicos, en la forma que alega la parte hoy apelante, y es efectivamente cierto de que se hubo apersonado, solicitando nueva declaración entre otras y con ellos lógicamente en los de la materia estaría puesta en duda la aplicación de ese riesgo procesal previsto en el art. 234 Núm. 4 del Código de Procedimiento Penal y por el principio de favorabilidad, en el caso analizado quedaría desvirtuado dicho riesgo de fuga.
3°.- Con relación a que no debió aplicarse ninguna medida o sobre la libertad irrestricta que plantea la parte apelante. Al respecto, este tribunal de apelación, bajo el principio del juicio predecible, donde todos tenemos que ser tratados de igual manera, ha interpretado la ley de manera sistemática y hacemos conocer el razonamiento siguiente y reiterado, en sentido que, para la procedencia de la libertad pura y simple o la libertad irrestricta, no deben concurrir ambos requisitos legales que previene el art. 233 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se aplica la libertad pura y simple, cuando no concurre los Nums. 1 y 2 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, cuando concurre el Num.1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal o sea sobre la existencia y probable participación en el hecho, es posible restringir la libertad del imputado, empero, tomándose en cuenta razonamientos lógicos y los antecedentes procesales, por ejemplo; en la descripción de los hechos, en la resolución de imputación formal o sea en el caso analizado, data de fecha 14 de abril de 2011, extraña a este tribunal de apelación que desde esa fecha la víctima o el Ministerio Público, no hubiese percutado adecuadamente la persecución de la acción penal en contra del hoy apelante, toda vez que, recién en fecha 27 de julio de 2022, casi después de una década, se hubiese adoptado medidas cautelares, a los fines de las medidas cautelares, como es el asegurar la presencia del imputado, el desarrollo del proceso a todos los actos de investigación penal, consideramos esa es la concepción jurídica, por eso es que hemos interpretado no solo en este caso, en sentido que, cuando concurre el num.1 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, hay la posibilidad de restringir la libertad del imputado, empero, con medidas proporcionales, que sean de posible cumplimiento. Al respecto, en el caso analizado, en el auto impugnado, el juez inferior adopta la fianza juratoria y presentarse cada mes el primer día hábil; considera este tribunal de apelación que aquellas medidas así adoptadas, fueron totalmente favorables al imputado independientemente del transcurso de tiempo que tiene este proceso penal, lo importante es que este proceso concluya en una de las formas que establece la ley, toda vez que, el hecho de haberse fijado una fianza juratoria, consideramos que es de posible cumplimiento; así como el hecho de que se presente cada mes del primer día hábil, considero de que debe estarse a los actos de investigación, a los fines de las medidas cautelares y por ese motivo considera, benévolas estas medidas aplicadas, de manera que, no es posible de que un proceso penal este, tenga esa duración de una década y se plantee todavía una libertad irrestricta, consideramos que debemos ser razonables en todo los procesos penales y por ese motivo se hizo esa interpretación con la concepción jurídica de que se concluyan los procesos, y también señalar que con o sin medidas cautelares el proceso penal avanza, empero, que lamentablemente la parte víctima y el Ministerio Publico, hubiese dejado o habría dejadez de este proceso penal (…)
La Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Oruro, en observancia de la Ley N° 1173, declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación incidental formulada por el imputado Rene Porcel Montero, en consecuencia, se CONFIRMA la Resolución Judicial N° 475/2022 de 27 de julio de 2022…”. De un análisis de la resolución impugnada, se tiene que efectivamente el Vocal demandado en el análisis central que realiza como tribunal de alzada acoge el agravio planteado en el recurso de apelación y aplicando criterios de favorabilidad determina que el único riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP ha sido desvirtuado, quedando de esa manera latente solo el elemento de autoría; sin embargo, seguidamente apartándose del marco del debate planteado por el recurso de apelación y del hilo conductor del razonamiento que expone, con argumentos arbitrarios sin base legal ni constitucional que lo sustente, realiza alegaciones subjetivas en sentido que para la procedencia de la libertad pura y simple no debe concurrir ninguno de los requisitos del art. 233.1 y 2 del CPP y cuando concurre el primer requisito como la autoría es posible restringir la libertad; para luego expresar su extrañeza durante casi una década no se ha percutado la persecución penal y que las medidas adoptadas por el A quo a favor del imputado hubiesen sido favorables y benévolas, declarando en el por tanto, la improcedencia del recurso de apelación y confirmando el Auto Interlocutorio 475/2022. Por lo que se advierte que el Vocal demandado incurrió en incongruencia debido a que en la parte de la fundamentación y motivación de la decisión reconoce que se encuentra desvirtuado el único riesgo procesal que existía relacionado al art. 234.4 del CPP, acogiendo de esa manera el agravio que da razón al apelante y en la parte resolutiva en forma absolutamente incoherente con lo anterior procede a declarar la improcedencia del recurso de apelación confirmando la resolución impugnada, lo que evidencia una patente contradicción interna en la decisión de alzada que configura acto arbitrario porque vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente a la congruencia interna que deben observar los fallos de los Tribunales de apelación. Asimismo, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su basta jurisprudencia para la adopción de medidas cautelares personales deben concurrir el fumus bonus iuris y el periculum in mora que se encuentran previstos en el art. 231 bis. del CPP, es decir necesariamente deben concurrir el elemento de probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales, sino existe riesgo procesal no hay base legal para imponer medidas cautelares personales, salvo que surja un nuevo riesgo procesal no considerado previamente. En el presente caso, el Vocal demandado llego a la conclusión de que no existe riesgo procesal al haberse desvirtuado el art. 234.4 del CPP y quedó solo vigente el elemento autoría, pero en la parte resolutiva determino la improcedencia del recurso confirmando las medidas de restricción a la libertad impuestas por el juez cautelar, por lo que incurrió en un acto arbitrario que también vulnera el principio de legalidad previsto en el art. 231 bis. del CPP como elemento del debido proceso que está vinculado a la seguridad jurídica, toda vez que dicha norma procesal regula en qué casos procede la aplicación de una medida cautelar.
Finalmente, del Auto de Vista denunciado se evidencia que en el mismo adopta la decisión de mantener las medidas cautelares personales, sin hacer el análisis del test de proporcionalidad y razonabilidad que requiere una Resolución de esa naturaleza, dado que omitió fundamentar y motivar con razones suficientes por qué decide mantener la medida impuesta pese a que se desvirtuó el único riesgo procesal, cuando correspondía analizar si existe o no la necesidad de mantener las medidas cautelares personales a los fines del proceso en un caso donde no existe riesgo procesal. En síntesis, el Vocal demandado realizó un análisis incompleto, pues como se tiene dicho no se pronunció sobre la proporcionalidad, necesidad, ni sobre la razonabilidad de la determinación que se requiere para mantener la medida cautelar personal, alegando arbitrariamente en su informe que actuó de igual forma en similares casos, cuando contrariamente a lo argumentado por la autoridad jurisdiccional demandada, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que los tribunales de alzada deben emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas; por lo que no resulta válido la justificación efectuada por la autoridad demandada. Consecuentemente, al haber emitido una decisión que incurre en una incongruencia interna, sin la fundamentación y motivación adecuada sobre el test de proporcionalidad y razonabilidad y en vulneración a la legalidad del art. 231 Bis. del CPP en el referido Auto de Vista 223/2022 de 18 de agosto de 2022 a tiempo de mantener las medidas cautelares personales que impuso el Juez de instancia, en definitiva, se ha lesionado el debido proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 60 a 65, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, y en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0176_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab7c3a22ca2d8d308c5c76c320e5d757df49d7ec4bec5de9b1ccaeec4a994475
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