B.IA.LEGAL

SCP 0176/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
63245-2024-127-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, y el principio de interés superior del niño, vinculados con su derecho a la libertad, en mérito a que, habiendo sido remitidos el 13 de marzo de 2024, los antecedentes de su apelación contra la Resolución 07/2024, que rechazó sus solicitudes de cesación a la detención preventiva a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, las autoridades jurisdiccionales demandadas, que la integran, hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad, no resolvieron la misma, desconociendo con ello lo dispuesto en el art. 233 de la Ley 548, mismo que establece que la apelación debe ser resuelta en el plazo máximo de cinco días. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2024 de 27 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamento Jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Exhortar, a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, efectuar un control minucioso al estado de la tramitación de las causas que son remitidas a su conocimiento, en resguardo del derecho al debido proceso en su elemento celeridad con el que cuentan todas las partes del proceso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Trámite de apelación incidental contra aplicación de medidas cautelares en el Sistema Penal para adolescentes conforme al Código Niña, Niño y Adolescente
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2024-S4 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 63245-2024-127-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2024 de 27 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando en representación sin mandato de AA, BB y CC contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de marzo de 2024, cursante de fs. 1; y, 26 a 34, la parte accionante, a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

AA, BB y CC, representados además por sus padres señalaron que, el 13 de diciembre de 2023, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del departamento de La Paz, los denunció –junto a otros dos menores de edad– por la supuesta comisión de los delitos de violación y abusos sexual, con base al testimonio de la presunta víctima de diecisiete (17) años de edad, que resulta completamente falso y absurdo; iniciado el proceso penal, se dispuso en su contra la detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones de La Paz. Posteriormente, habiendo solicitado cesación a la detención preventiva; la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, por Resolución 07/2024 de 27 de febrero, rechazó tal pretensión; ante lo cual, platearon Recurso de apelación, mismo que fue remitido el 13 de marzo de 2024 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por las hoy autoridades demandadas, quienes hasta la fecha de la interposición de la presente acción de tutela no resolvieron el mismo, contraviniendo con ello el art. 233 de la Ley 548 de 17 de julio de 2014 –Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA)–, que establece que la apelación debe ser resuelta en cinco días, generando con ello la lesión de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, y el principio de interés superior del niño, vinculados con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 58, 60, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 12, 37; y, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); y, 1.5, 8.2 inc. d) y e), 19; y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a las autoridades demandadas resuelvan de manera inmediata su recurso de apelación planteado contra la Resolución 07/2024; b) Se determine responsabilidades administrativas en contra de las autoridades demandadas; y, c) Se disponga la reparación del daño ocasionado a los accionantes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 27 de marzo de 2024, conforme consta en el acta cursante de fs. 41 a 42 vta.; presente la parte solicitante de tutela y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratificó de manera íntegra su memorial de demanda de acción de libertad, haciendo énfasis en que, desde el 13 de marzo de 2024, fecha en la cual plantearon su apelación contra la Resolución 07/2024, las hoy autoridades demandadas, no resolvieron la misma, incumpliendo el plazo de cinco días que establece el art. 233 de la Ley 548.

I.2.2. Informe las autoridades demandadas

Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante escrito de 27 de marzo de 2024, cursante a fs. 40, manifestaron que: 1) Dentro del proceso penal seguido a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Carabuco del departamento de La Paz contra los hoy accionantes por el presunto delito de violación y abusos sexuales, les fueron remitidos los antecedentes del recurso de apelación que éstos plantearon contra la Resolución 07/2024; 2) Siendo que, los solicitantes de tutela no establecieron si su vida está en riesgo, se encuentran ilegalmente perseguidos, indebidamente procesados o indebidamente privados de su libertad, su pretensión no es clara, con lo cual debe denegarse la tutela impetrada; y, 3) El plazo de cinco días para resolver la apelación como dispone el art. 233 de la Ley 548, empieza a computarse, una vez que los antecedentes se encuentren radicados en el Tribunal de Alzada; empero, la apelación de los hoy accionantes, mediante providencia de 14 de marzo de 2024, fue observada y devuelta al Juzgado de Instrucción, en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, el cual dispone que, la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; no habiendo sido radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no cuentan con legitimación pasiva, consiguientemente no existe lesión de los derechos fundamentales invocados por los hoy impetrantes de tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 010/2024 de 27 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: i) La parte accionante ha confundido el procedimiento establecido en el art. 233 de la Ley 548, respecto a la apelación, ya que esta normativa versa sobre el recurso de apelación contra la Sentencia emitida por el Juez o Tribunal de primera instancia; sin embargo, la tramitación de la apelación contra Resoluciones de medidas cautelares, se encuentra establecido en el art. 314 de la citada ley; ii) De la documentación cursante en el expediente, se hace evidente, la existencia de la apelación planteada por los impetrantes de tutela contra la Resolución 07/2024, además de una nota de devolución de dicha apelación firmada por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento de la providencia de 14 de marzo del mismo año; iii) En el referido documento de devolución, cursa un sello de la Auxiliar de la Presidencia de 26 de marzo de 2024, siendo constancia de que los antecedentes de la apelación fueron devueltos al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del referido departamento; y, iv) Siendo evidente que, la causa nunca fue radicada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se advierte dilación en la tramitación conforme establece el art. 314 de la Ley 548.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 1 de marzo de 2024, Santos Chejo Parisaca, Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque, en representación de AA, BB y CC – hoy solicitantes de tutela–, interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 07/2024 de 27 de febrero, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz (fs. 5 a 24). II.2. Mediante Proveído de 4 de marzo de 2024, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, en conocimiento de la apelación planteada contra la Resolución 07/2024, dispuso que la misma sea corrida en traslado a las partes del proceso (fs. 25). II.3. Cursa nota de “marzo de 2024” (sic) firmado por Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la cual, en cumplimiento de la providencia de 14 de marzo de 2024, efectuó la devolución de obrados del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra CC por el presunto delito de violación con agravante, al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del prenombrado departamento; cursando en la parte inferior sello de recepción de la Auxiliatura de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a las 09:00 del 26 de igual data (fs. 39).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, y el principio de interés superior del niño, vinculados con su derecho a la libertad, en mérito a que, habiendo sido remitidos el 13 de marzo de 2024, los antecedentes de su apelación contra la Resolución 07/2024, que rechazó sus solicitudes de cesación a la detención preventiva a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, las autoridades jurisdiccionales demandadas, que la integran, hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad, no resolvieron la misma, desconociendo con ello lo dispuesto en el art. 233 de la Ley 548, mismo que establece que la apelación debe ser resuelta en el plazo máximo de cinco días. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Trámite de apelación incidental contra aplicación de medidas cautelares en el Sistema Penal para adolescentes conforme al Código Niña, Niño y Adolescente

Al respecto la SCP 0781/2021-S4 de 1 de noviembre, sostuvo que: “El trámite previsto para la apelación incidental contra la resolución que determine la aplicación de una medida cautelar a un adolescente con responsabilidad penal, contenido en el art. 314 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece:

‘Artículo 314. (Apelación Incidental).

I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:

a. Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; (…)

II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso’. Por otra parte, sobre la regulación normativa procesal relacionada con el recurso de apelación y el cómputo de plazos, el art. 292 del CNNA establece: ‘Artículo 292. (Cómputo de Plazos). I. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado’. Conforme a las disposiciones legales precedentemente transcritas, contra la resolución que disponga la aplicación de medidas cautelares a un adolescente sujeto a responsabilidad penal, procede el recurso de apelación incidental que deberá ser presentado por escrito debidamente fundamentado dentro del plazo de tres días, a computarse desde la notificación con la decisión, con la respuesta al traslado o vencido el plazo para el efecto, se remitirán los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia procediéndose el sorteo a la Sala que le corresponderá conocer y resolver el recurso; instancia que radicará la causa, momento a partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de cinco días establecidos para emitir la resolución” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados alegando que, las autoridades demandadas, hasta el momento de la interposición de la presente acción de libertad, no resuelven su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 07/2024 de 27 de febrero, que según señalan, les fue remitido el 13 de marzo del mismo año, con lo cual estarían incumpliendo lo previsto en el art. 233 de la Ley 548, mismo que dispone que la apelación debe ser resuelta en un plazo máximo de cinco días.

En consideración a ello, de las Conclusiones II.1. y II.2. de este fallo constitucional, se tiene que, AA, BB y CC –hoy solicitantes de tutela–, a través de sus padres, presentaron el 1 de marzo de 2024, recurso de apelación contra la Resolución 07/2024 de 27 de febrero, misma que fue emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, rechazando su petición de cesación a la detención preventiva, condición en la que se encuentran en virtud al proceso penal instaurado en su contra por los presuntos delitos de violación y abuso sexual; así también, se advierte la existencia del proveído de 4 del mismo mes y año, emitido por la mencionada Jueza a quo, disponiendo correr en traslado el señalado recurso de apelación a las partes del proceso.

Ahora bien, la parte impetrante de tutela señala que luego de este trámite procesal –poner en conocimiento de las partes–, su recurso de apelación fue sorteado y remitido el 13 de marzo de 2024 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Antecedente I.1.1); aspecto que, aún sin la documentación de respaldo, ya que no cursa ninguna documental en el expediente que así lo pruebe, debe ser considerada como veraz pues, las propias autoridades demandadas, en su informe escrito remitido a efecto de la presente acción de tutela, manifestaron que mediante proveído de 14 de igual data, observaron dicha apelación en cumplimiento del art. 17 de la LOJ; por lo cual, dispusieron su devolución a la Jueza a quo, situación que se cumplió recién el 26 del mismo mes y año (Conclusión II.3.).

Conforme a lo descrito, se hace evidente que, las autoridades demandadas, no radicaron la apelación formulada por los hoy accionantes en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y por el contrario devolvieron el expediente al Juzgado de origen. En ese marco del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el art. 314 de la Ley 548, establece el procedimiento para la tramitación del recurso de apelación contra las Resoluciones dictada respecto a las medidas cautelares, estableciéndose que el mismo debe ser planteado de manera escrita y fundamentada en el plazo máximo de tres días de notificada la Resolución, en conocimiento del Juez de la causa éste deberá correr en traslado a las partes del proceso y con respuesta o sin ella, vencido el plazo, deberá elevar el recurso de apelación al Tribual de Alzada, mismo que tiene una plazo de cinco días para resolver la apelación, que se computara a partir de la radicatoria de la causa en dicha instancia (Sala Penal).

En el presente caso, corresponde efectuar una breve pero necesaria aclaración, referida a que si bien los accionantes alegaron que la tramitación de su apelación debió efectuarse de conformidad con el art. 233 de la Ley 548; empero, dicho artículo, regula la apelación que las partes pueden presentar contra la Sentencia emitida en primera instancia, ahora bien, respecto a la apelación contra Resoluciones de medidas cautelares, el legislador ha establecido un procedimiento diferente, regulado por el art. 314 del referido cuerpo legal, mismo que fue glosado ut supra en el citado Fundamento Jurídico, en ese marco, las autoridades demandadas, si bien tenían el mismo plazo de cinco días para resolver la apelación de los hoy impetrantes de tutela; sin embargo, la referida norma es clara en señalar que dicho plazo inicia su computo una vez radicada la causa en el Tribunal de Alzada, en el presente caso en la Sala Penal Primera del Tribual Departamental de Justicia de La Paz.

Sin embargo y como bien se pudo corroborar, dicha radicatoria nunca fue materializada, debido a una observación efectuada por las autoridades demandadas mediante proveído de 14 de marzo de 2024; por el cual, se dispuso la devolución de los obrados al Juzgado de origen. Ante lo cual, este Tribunal no advierte una dilación en la tramitación de la apelación planteada por la arte hoy accionante, en aplicación del art. 314 de la Ley 548; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada.

III.3. Otras consideraciones

Sin perjuicio de lo resuelto, no se puede soslayar el hecho de que exista una demora considerable entre la emisión del señalado proveído (14 de marzo de 2024), y la fecha de remisión a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (26 de igual data), lo que genera una dilación innecesaria en trámite procesal de la apelación posterior a resolverse la observación efectuada por el Tribunal de Alzada; empero, al no contarse con información efectiva, de cuál el motivo de dicha demora, y la persona o personas responsables de dicha dilación, este Tribunal únicamente puede exhortar a las autoridades demandadas, a efectuar un control riguroso del estado procesal de todas las causa que son remitidas a su conocimiento, aun cuando estas no hayan sido radicadas en su Tribunal; ello en respeto del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, que debe ser ejercido sin restricciones por las partes del proceso. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera adecuada.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2024 de 27 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamento Jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Exhortar, a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, efectuar un control minucioso al estado de la tramitación de las causas que son remitidas a su conocimiento, en resguardo del derecho al debido proceso en su elemento celeridad con el que cuentan todas las partes del proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0176_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

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