B.IA.LEGAL

SCP 0176/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de junio de 2024

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
4 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48344-2022-97-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, el Vocal ahora demandado, por Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, resolvió disponer la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas por el art. 231 bis del CPP, debido a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del señalado Código, modificando el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, emitido por el Juez a quo, que resolvió rechazar la solicitud de aplicación de medida cautelar de detención preventiva a su favor, disponiendo su libertad irrestricta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La citación de la autoridad o persona demandada en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB. 05/2022 de 16 de junio, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° ANULAR OBRADOS hasta la admisión de la presente acción tutelar, a objeto de que se cite debidamente a la autoridad jurisdiccional demandada; a efectos que, asuma conocimiento y la defensa respectiva; debiendo a dicho fin, celebrar una nueva audiencia y dictar la resolución pertinente. 2° Disponer que el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su condición de Juez de garantías, proceda a la citación de la autoridad demandada con la acción de libertad, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de su legal citación, conforme instruye los arts. 126.I de la CPE y 49.1 del CPCo; y, 3° Llamar severamente la atención a Luis Benjamín Rojas Latorre, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su condición de Juez de garantías, por haber desarrollado la audiencia de la presente acción de defensa, sin haber citado debidamente a la autoridad jurisdiccional demandada, provocando que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no pueda considerar el fondo de la acción de libertad interpuesta por la accionante, con el consiguiente perjuicio para ella misma.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La citación de la autoridad o persona demandada en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2024-S1 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48344-2022-97-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución ACC.LIB. 05/2022, de 16 de junio, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esperanza Bacilia Durán Falon contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de junio de 2022, cursante de fs. 12 a 21 y vta., la accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Karina Mara Acuña Lowenthal en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 del Código Penal (CP), por Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, el Vocal ahora demandado, resolvió disponer aplicar medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas por el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificando el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, emitido por el Juez a quo, que resolvió rechazar la solicitud de aplicación de medida cautelar de detención preventiva a favor de la ahora demandante de tutela, disponiendo su libertad irrestricta. El Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, emitido por el Vocal ahora demandado, con relación a la probabilidad de autoría prevista por el art. 233.1 del CPP, señala que “aquí no se está efectuando una revalorización de la prueba sino que con los mismos datos que señala la juez A quo refiriéndose a dos (2) procesos laborales que tienen con fechas de inicio y conclusión en cada una de ellas” (sic), adopta la línea de no ingresar a revalorizar prueba empero de manera incongruente refiere que no se está revalorizando y concluye manifestando que, la parte demandante ya hizo su trabajo demostrando con dos sentencias, con fechas sobrepuestas, que pretende cobrarse beneficios sociales; es más, señala que son ocho meses demás que se estaría cobrando manifestando que con relación a la primera sentencia no existe error, porque ya se canceló; en cambio, en el caso de la segunda sentencia si tiene error; por otra parte, vulnera el principio de inocencia, cuando señala que la denunciada es quien dio los datos, haciendo insertar con la demanda, la fecha sobrepuesta de 20 de mayo de 2014; asimismo, señaló que “LO QUE INTERESA ES QUIEN ESTA RECLAMANDO Y SALTA A LA VISTA QUE NO HAY 2 TRÁMITES PENDIENTES PARALELOS, como de Wendy Acuña contra Esperanza Bacilia y/o Karina Acuña contra Esperanza Bacilia, AQUÍ LA ÚNICA ES KARINA ACUÑA ENTONCES NO EXISTE DUDA RAZONABLE AQUÍ LA AFECTADA ES LA DENUNCIANTE” (sic), lo que demuestra la parcialización del Vocal ahora demandado, ya que entendió que por no existir otra denuncia y solo una, se debe suponer y asumir que la denunciante es víctima y la denunciada es autora con probabilidad, lo cual deja en absoluta incertidumbre, ya que la prueba de la ahora impetrante de tutela consiste en la certificación que acredita la relación laboral firmada por la denunciante en favor de la denunciada -ahora accionante-, desvirtuando el criterio del Vocal ahora demandado, pues el ámbito laboral inició el 20 de mayo de 2014, lo que demuestra una evidente y parcializada decisión de la autoridad judicial ahora demandada, que vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que con ese elemento probatorio debía darse una duda razonable; de igual forma, jamás se pronunció sobre el valor probatorio otorgado a la referida certificación emitida por la empleadora, que certifica el inicio de la relación laboral en la señalada fecha -20 de mayo de 2014-, lo que resulta ser una incongruencia interna de la resolución emitida, vulnerando el principio rector de valoración de la prueba previsto por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por otra parte, refiere que el Vocal ahora demandado realizó la valoración de los elementos de prueba de cargo y de manera arbitraria e imparcial no ingresó a verificar la existencia o no de la prueba señalada por la defensa, por lo que solicita la tutela de la presente acción constitucional en su vertiente indebido procesamiento vinculado a la restricción de su libertad de locomoción. En cuanto al art. 234.1 y 2 del CPP en su vertiente trabajo, toda vez que la autoridad judicial ahora demandada, manifestó “En el presente caso falta de acreditar trabajo; en trabajo se ha indicado que se ha presentado documentación que consta en el cuaderno de control jurisdiccional del cuaderno de investigación donde está, 1) la cedula; 2) La declaración, 3) El informe del investigador donde todo arroja que es estudiante y la señora cuando fue buscada por el investigador una persona de sexo femenino le indico fue a trabajar sin indicar donde, cuando….”(sic); de lo referido, se tiene que la carga probatoria fue invertida como una obligación de la defensa, cuando la modificación incorporada por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-; 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, establece que, la carga probatoria le incumbe a la parte acusadora; en ese entendido, por el hecho de que la persona de sexo femenino le dijo que fue a trabajar, pero no le dijo donde, se da por concurrente ese riesgo procesal, sin fundamentar cuáles los motivos para no valorar que se fue a trabajar; con ese razonamiento da mayor valor a la presunción de culpabilidad, razonando que la defensa debía acreditar con precisión la fuente laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 21.7, 23.I, 115.II y 117.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo; y b) Debiendo emitir una nueva resolución que responda a los motivos y argumentos específicos de la apelación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 16 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 27, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señaló que: 1) El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, recibió la imputación formal sin restricción alguna al derecho a la libertad de la ahora accionante; sin embargo, la presunta víctima solicitó la medida cautelar de detención preventiva, señalando que concurre probabilidad de autoría en mérito a dos proceso laborales, uno de 2003 a 2015, donde se hizo la cancelación total de beneficios sociales y el otro, de 2014 a 2018; entre ambos, existe meses que se sobreponen que a criterio del Ministerio Público y de la acusadora particular, existe falsedad ideológica, en el entendido de que la ahora solicitante de tutela hubiera insertado datos falsos para cobrar todos los haberes adeudados y beneficios sociales; 2) No es posible pretender anular un proceso laboral que llegó hasta casación y acción de amparo constitucional, en la vía penal pues la sentencia que determina la fecha de inicio y conclusión de la relación laboral en los dos procesos referidos, se encuentra firme; sin embargo, el Vocal ahora demandado entiende que concurre probabilidad de autoría por el hecho de que existen dos sentencias que se contraponen y que esa situación es suficiente para determinar la probabilidad de autoría; sin embargo, se presentó una certificación firmada por la Karina Mara Acuña Lowenthal -denunciante- que, establece la fecha de inicio de la relación laboral el 4 de mayo de 2014 y el Juez de la causa determinó en una valoración conjunta, dentro del proceso laboral, la fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, por ello es que el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca refiere que, no existe probabilidad de autoría y no dio curso a la solicitud de la presunta víctima y señala que no concurre ese riesgo procesal; 3) Con relación al riesgo procesal del 234.1 del CPP, la parte acusadora señala que concurre el mismo, ya que la parte imputada -ahora peticionante de tutela- no presentó certificado de trabajo; también refiere que existe peligro de fuga; sin embargo, el referido Juez a quo, señaló que conforme la Ley 1173, los riesgos procesales no se pueden fundar en meras presunciones, además el art. 7 del CPP establece que cuando haya duda razonable deberá estarse a lo más favorable al imputado, viendo una circunstancia de que se contrapone dos sentencias, corresponde reconocer la duda razonable; 4) En cuanto al art. 234.2 CPP, ningún riesgo procesal debe fundarse en meras presunciones, sino de forma objetiva, en este caso la imputada -ahora accionante-, es costurera pero no tiene contrato de trabajo ya que trabaja de manera informal, prueba de ello son los procesos laborales; por lo que, ante una duda razonable debe resolverse a favor del procesado; y 5) Lo que se está impugnando es que el Vocal ahora demandado, dispuso la presentación de dos garantes solventes con patrimonios independientes, arraigo nacional y departamental y la firma de tres veces a la semana, todo por exigir el pago de sus beneficios sociales en los procesos laborales referidos; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de la presente acción de defensa; por no haber sido notificado legalmente, ya que no cursa en obrados la citación correspondiente a la autoridad demandada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituidos en Juez de garantías, mediante la Resolución ACC.LIB. 05/2022, de 16 de junio, cursante de fs. 27 a 29, concedió la tutela solicitada contra el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, en consecuencia dispuso que se emita una nueva resolución tomando en cuenta los factores, elementos y características propias de la presente acción tutelar, en base a los siguientes fundamentos: i) Se trata de un hecho que emerge de dos procesos laborales que se hubieran tramitado en contra de Karina Mara Acuña Lowenthe, en su calidad de empleadora de la ahora accionante, en el que se demandó el pago de beneficios sociales por dos periodos, uno de 2003 a 2015 y otro 2014 a 2018, mismos que fueron concluidos con sentencia ejecutoriada, de acuerdo a los aspectos que fueron probados; sin embargo, la empleadora inició un proceso penal por falsedad ideológica, donde la presunta víctima, solicito la aplicación de medidas cautelares, las cuales fueron rechazadas por el Juez a quo en primera instancia, disponiendo la libertad irrestricta del ahora accionante, debido a que no concurre la probabilidad de autoría y menos los riesgos procesales; ii) La víctima interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por el Vocal ahora demandado, quien analizó el fondo de los procesos laborales, principalmente el segundo, considerando que efectivamente existiría indicios graves y suficientes de probabilidad de autoría en la comisión del delito de falsedad ideológica, por parte de la ahora accionante, donde el segundo proceso se encuentra sobrepuesto en tiempos con relación al primero, y ciertamente existe pretensión de cobrar de manera indebida nuevos beneficio sociales; que si bien existe duda para el Juez a quo, no ocurre lo mismo en apelación; iii) En cuanto al riesgo procesal previsto por el art. 234.1 y 2 del CPP, sin bien la parte accionante hubiese manifestado que la misma no sería estudiante; sin embargo, existe información por parte de funcionarios a cargo de la investigación, que demuestran que la ahora accionante estaría realizando actividades laborales, pero eso no es suficiente y leal por parte de la misma, por lo que considera que concurren esos dos riesgos; por lo que, dispuso declarar probado y fundada parcialmente la impugnación efectuada por la víctima, imponiendo medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva; iv) Los procesos laborales se basaron en el principio de primacía de la realidad, que devienen de la realidad, más que de orden formal; es decir, en ese tipo de procesos laborales, el constituyente estableció que la carga de la prueba tiene el empleador, conforme el principio de inversión de la carga de la prueba, para demostrar la inexistencia de relación laboral, no por haber afirmado este aspecto el trabajador, va ser objeto de considerar que dicha afirmación constituye un hecho delictivo, en este caso de falsedad ideológica por haber efectuado una declaración falsa, más aún cuando se trata de procesos concluidos que tienen calidad de cosa juzgada; en esas condiciones, se considerara que no hay probabilidad de autoría, por lo que no existe la necesidad de analizar los riesgos procesales; y, v) La Ley 1173, establece que los hechos delictivos que conllevan una sanción penal igual o menor a seis años, están exentos de ser sometidos a medidas cautelares de carácter personal.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, por el que, resuelve “Declarar la PROCEDENCIA PARCIAL del recurso de apelación formulado por el acusado -karina Mara Acuña Lowenthal-, disponiendo aplicar medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas en el Art. 231 bis del CPP, consistentes en lo siguiente: 1.- la obligación de presentarse ante el Ministerio Público 3 días a la semana, Lunes, miércoles y viernes en horas de la mañana, puede ser de 7:00 a.m. hasta medio día en cualquier horario. 2.- La prohibición de comunicarse con los testigos que cursan en el segundo proceso laboral, el señor René Arequipa Sánchez y Favia Dolores Duran; instando al Ministerio Público pueda ejercer una labor de retener la actividad investigativa en el caso. 3.- La presentación de 2 fiadores personales que reúnan las condiciones del Art. 243 del CPP, es decir tener solvencia y patrimonio independiente, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la devolución al juzgado de origen. 4.- La prohibición de salir del país a este efecto se ordena el arraigo de la señora Esperanza Bacilia Durán Falon, para que no salga del país y este a las resultas del proceso penal por falsedad ideológica. (fs. 2 a 10 vta.). II.2. Mediante Auto de Admisión 003/2022 de 16 de junio, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, admitió la acción de libertad, señalando audiencia para el mismo día, a horas 14:30, disponiendo la citación inmediata a la autoridad demandada, así como a la impetrante de tutela (fs. 22) II.3. Se tiene diligencias de citación y notificación: a) Esperanza Bacilia Durán Falon -ahora accionante-, el 16 de junio de 2022, a horas 10:00; y, b) Juan Carlos Trigo, el mismo día -16 de junio de 2022- a horas 10:05; c) En cuanto a la autoridad judicial demandada, no cursa diligencia de notificación personal o por cédula conforme establece el art. 35 del Código Procesal Constitucional [CPCo. (fs. 23 a 24 y vta.)]. II.4. Llevada a cabo la audiencia de acción de libertad el 16 de junio de 2022, el Juez de garantías habilitó al Auxiliar del Juzgado como Secretario en suplencia legal, pidiendo informar si las partes fueron legalmente notificadas y si acudieron a la audiencia virtual; en respuesta el referido funcionario informó que “por secretaría se informó estar corriente el cuaderno procesal, presente los accionantes, ausentes la autoridad accionada. (…) Buenas tardes señor juez se encuentran en sala la señora Esperanza Durán Falon asistido su abogado el doctor Juan Carlos Trigo ausente al doctor Jaime Rene Conde...” (sic); posteriormente, consultó si la autoridad demandada presentó informe, respondiendo que “doctor no, no se ha presentado nada hasta el momento doctor” [sic. (fs. 25)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, el Vocal ahora demandado, por Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, resolvió disponer la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas por el art. 231 bis del CPP, debido a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del señalado Código, modificando el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, emitido por el Juez a quo, que resolvió rechazar la solicitud de aplicación de medida cautelar de detención preventiva a su favor, disponiendo su libertad irrestricta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La citación de la autoridad o persona demandada en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La citación de la autoridad o persona demandada en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0682/2023-S1 de 27 de junio, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la citación de la autoridad o persona demandada en el trámite de la acción de libertad, el art. 126.I de la CPE, dispone:

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer. (las negrillas son nuestras). Por su parte, el art. 35.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la notificación al demandado en las acciones de tutela, prevé lo siguiente:

1. Presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal inmediatamente señalará día y hora para audiencia pública en los plazos establecidos para cada caso en el presente Código. También dispondrá la notificación personal o por cédula de la parte accionada, determinará se remita la prueba que ésta tenga en su poder y establecerá las medidas cautelares que considere necesarias” (el resaltado es añadido). Asimismo, el art. 49.1 del CPCo, entre las normas especiales en el procedimiento de la acción de libertad, señala:

1. Al momento de interponer la acción, la Jueza, Juez o Tribunal señalará día y hora de audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes. Para tal efecto se dispondrá la notificación personal o por cédula a la autoridad o persona accionada. Como se advierte, las normas tanto constitucional como legal, establecen el derecho que tiene el demandado en la acción de libertad, de ser citado con la demanda de tutela y el deber del Juez o Tribunal de garantías de disponer su citación. Dicha comunicación no constituye una simple formalidad; puesto que, tiene por finalidad garantizar al demandado el ejercicio de su derecho a la defensa, el mismo que se encuentra desarrollado en el art. 8 incs. d) y f) de la CADH y se halla inserto en el art. 115.II de la CPE, cuando establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa…”; la inviolabilidad de dicho derecho es la garantía fundamental con que cuenta el demandado, que se encuentra prevista en el art. 119.II de la misma Norma Suprema, que señala: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…”. Por lo tanto, el Tribunal o Juez de garantías está compelido, precisamente, a garantizar la citación del demandado con la acción de tutela interpuesta; lo contrario, significaría una lesión de su derecho a la defensa; y por consiguiente resultaría ineficaz el proceso constitucional desarrollado. Al respecto, con relación a la citación con la acción de libertad, la SCP 0427/2012 de 22 de junio señaló:

La comunicación con esta acción de defensa tiene vital importancia, por cuanto su finalidad es poner en conocimiento del demandado -autoridad o particular-, el tenor íntegro o contenido completo de la acción iniciada en su contra, a objeto que, en pleno ejercicio de su derecho a la defensa, asuma la misma. A más de ser una formalidad procesal, es un acto necesario para la validez del proceso, pues sólo a través de ella se garantiza el principio de contradicción, quedando la parte a derecho; de modo que, dicho formalismo de orden procesal tiende a garantizar el ejercicio íntegro del derecho a la defensa como componente del debido proceso. Ante su incumplimiento, es inminente la conculcación de este derecho, al quedar la parte demandada en un absoluto estado de indefensión, que implica, una completa incertidumbre por desconocer las razones que motivaron la acción y sin oportunidad alguna para refutar y alegar su verdad frente a la pretensión incoada en su contra. En la misma línea, la SCP 0800/2016-S3 de 3 de agosto en su Fundamento Jurídico III.1, estableció lo siguiente:

De la norma transcrita se tiene que la misma Constitución Política del Estado en la regulación del trámite de la acción tutelar en estudio, instituye en un mismo nivel de trascendencia procesal, la garantía que la audiencia sea llevada a cabo sin demora -dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción-, que la persona o personas accionantes sean conducidas a presencia del juez o tribunal de garantías, y que se practique la citación -personal o por cédula- a las autoridades codemandadas, deduciéndose que con relación a este último acto procesal, la sumariedad del trámite instituida por la propia Norma Suprema con relación a esta acción, no descuide el derecho a la defensa que involucra dicha citación, con relación a la persona o autoridad demandada. De lo expresado anteriormente y conforme a la doctrina y jurisprudencia citadas, se concluye que el instituto de la citación es inexcusable y debe cumplirse indefectiblemente por parte del juzgador y en la forma que mejor asegure el conocimiento material del contenido de la demanda….

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, el Vocal ahora demandado, por Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, resolvió disponer la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas por el art. 231 bis del CPP, debido a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del señalado Código, modificando el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, emitido por el Juez a quo, que resolvió rechazar la solicitud de aplicación de medida cautelar de detención preventiva a su favor, disponiendo su libertad irrestricta. Con carácter previo, de acuerdo a las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que Mediante Auto de Admisión 003/2022 de 16 de junio, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, admitió la acción de libertad, señalando audiencia para el mismo día, a horas 14:30, disponiendo la citación inmediata de la autoridad demandada, así como de la parte solicitante de tutela (Conclusión II.2); asimismo, se tiene diligencias de citación y notificación a Esperanza Bacilia Durán Falon -ahora accionante- y su abogado patrocinante, el 16 de junio de 2022, a horas 10:00 y 10:05 respectivamente; sin embargo, no cursa diligencia de notificación personal o por cédula en cuanto al Vocal ahora demandado, conforme establece el art. 35 del CPCo. (Conclusión II.3). Por su parte, celebrada la audiencia de la presente acción de libertad, se tiene que, el Juez de garantías habilitó al Auxiliar del Juzgado como Secretario en suplencia legal, pidiendo informar si las partes fueron legalmente notificadas y si acudieron a la audiencia virtual; en respuesta el referido funcionario informó que “por secretaría se informó estar corriente el cuaderno procesal, presente los accionantes, ausentes la autoridad accionada. (…) Buenas tardes señor juez se encuentran en sala la señora Esperanza Durán Falon asistido su abogado el doctor Juan Carlos trigo ausente al doctor Jaime Rene Conde...” (sic); posteriormente, consultó si la autoridad demandada presentó informe, respondiendo que “doctor no, no se ha presentado nada hasta el momento doctor” (Conclusión II.4); de lo manifestado, se advierte que en audiencia no se aclara la situación en cuanto a la notificación de las partes, pues el Secretario en suplencia legal, no refiere explícitamente, si la autoridad demandada fue o no, debidamente y legalmente notificada, únicamente se resalta su ausencia y falta de presentación del informe correspondiente; en consecuencia, de lo referido y de la revisión del legajo constitucional, se advierte que no existe evidencia que acredite la notificación personal o por cédula del Vocal demandado. En ese entendido, se debe dejar claramente establecido que, la citación con cualquier acción de defensa es de vital importancia, ya que a través de ella se pone en conocimiento del demandado el contenido íntegro de la acción iniciada en su contra, con la finalidad de que, en pleno ejercicio de sus derechos asuma su defensa; si bien es un formalismo de orden procesal, el mismo debe hacerse efectivo, con el propósito de garantizar íntegramente el derecho a la defensa como componente del debido proceso, lo contrario significa que se está dejando a la parte demandada en un absoluto estado de indefensión, ocasionando una flagrante vulneración de ese derecho, situación que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Bajo ese análisis, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe garantizar el derecho a la defensa del Vocal ahora demandado; por lo que, corresponde determinar la anulación de obrados hasta el señalamiento de audiencia con la admisión de la presente acción tutelar y disponer que el Juez de garantías, -Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca-, ordene la notificación personal o por cédula con la demanda tutelar y el Auto de Admisión a la autoridad judicial demandada a objeto de que ésta, se haga presente en audiencia o remita su informe escrito, salvando de ésta manera su derecho a la defensa consagrado por la Constitución Política del Estado; por los fundamentos expresados, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde disponer se anule obrados, hasta que se efectúe la citación a la autoridad jurisdiccional demandada. Por lo precedentemente señalado, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta; toda vez que, antes de llevar a cabo la audiencia tutelar, debió revisar el cumplimiento de todos los presupuestos procesales ineludibles a los fines del conocimiento y resolución de la problemática presentada ante su autoridad.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB. 05/2022 de 16 de junio, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° ANULAR OBRADOS hasta la admisión de la presente acción tutelar, a objeto de que se cite debidamente a la autoridad jurisdiccional demandada; a efectos que, asuma conocimiento y la defensa respectiva; debiendo a dicho fin, celebrar una nueva audiencia y dictar la resolución pertinente. 2° Disponer que el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su condición de Juez de garantías, proceda a la citación de la autoridad demandada con la acción de libertad, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de su legal citación, conforme instruye los arts. 126.I de la CPE y 49.1 del CPCo; y, 3° Llamar severamente la atención a Luis Benjamín Rojas Latorre, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su condición de Juez de garantías, por haber desarrollado la audiencia de la presente acción de defensa, sin haber citado debidamente a la autoridad jurisdiccional demandada, provocando que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no pueda considerar el fondo de la acción de libertad interpuesta por la accionante, con el consiguiente perjuicio para ella misma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0176_2024-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 97715d1a3e1c67806d7068c8d0eb9800157b1f1f5a34f6f161e6fdac96a0599f

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