Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de celeridad, eficacia, igualdad procesal y a ser oído, mismos que se encuentran vinculados a su derecho a la libertad; ello en mérito a la falta de respuesta al memorial presentado por su parte el 9 de septiembre de 2022, por el que se aclaró y justificó las observaciones realizadas por la Trabajadora Social del Juzgado, a efecto que, realizándose el cómputo de pena, se le pueda otorgar el beneficio de libertad condicional o libertad, si correspondiere; sin embargo, transcurridas más de dos semanas de la presentación del indicado memorial, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no tiene conocimiento de pronunciamiento a la solicitud impetrada; manifestando que tanto su abogada como su esposa se presentaron en varias ocasiones al referido juzgado, pero les señalaron que el memorial continuaba en el despacho de la autoridad jurisdiccional, y que demoraría en su respuesta; por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se reparen sus derechos vulnerados; b) Se disponga la notificación por Secretaría. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-11/2022, de 27 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza del Juzgado de Sentencia Noveno de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada con relación al Juez, Secretaria y Auxiliar, del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en relación a los derechos del debido proceso en su elemento de celeridad y a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo: la notificación y elaboración del informe de cómputo de cumplimiento de pena, de forma inmediata, siempre y cuando no se la hubiera realizado aún; y, 2° EXHORTAR a la autoridad demandada, y a los funcionarios subalternos, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0175/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50871-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-11/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Mamani Limachi contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; Edith Torres Camacho, Secretaria; Gisela Dayzi Mamani Condori, Auxiliar, ambas del referido Juzgado.
Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio en riña o a consecuencia de agresión, en su condición de privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 9 de septiembre de 2022, presentó memorial de aclaración y justificación a las observaciones realizadas por la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto de que se realice nuevo cómputo y liquidación de condena, para poder acceder al beneficio de Libertad Condicional o Libertad, si le correspondía, sin que dicho memorial tenga respuesta alguna a la fecha de presentación de esta acción de libertad. Adució que, en fechas 13, 14 y 16 de septiembre del mencionado año, su esposa y su abogada se presentaron al Juzgado mencionado a objeto de conocer el pronunciamiento del Juez respecto a su solicitud, sin embargo, les informaron que el cuaderno saldría el día lunes de despacho; por lo que, ambas regresaron en fechas 19, 21, 22 y 23 del mismo mes y año, pero se les señaló que el memorial continuaba en el despacho de la autoridad jurisdiccional, y que demoraría en su respuesta, pues debía salir con “informe”, indicándoles que debían tener paciencia. A la fecha de la interposición de la acción de libertad, 26 de septiembre, transcurrieron más de dos semanas, sin que exista pronunciamiento del memorial mencionado anteriormente, a efectos de conocer la respuesta a lo solicitado de su parte.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, eficacia, igualdad procesal y a ser oído, estos que se encuentran vinculados con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 23.I, 109.I, 110, 115.I, 178.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se disponga la reparación de sus derechos vulnerados por la autoridad demandada; y b) Se ordenen las notificaciones por secretaría.
Celebrada la audiencia pública de 27 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, en audiencia señaló que: 1) El 9 de septiembre de 2022, presentó memorial de “cumplimiento de condiciones”; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de libertad, el mismo no obtuvo pronunciamiento; 2) La falta de pronunciamiento al memorial presentado, causó dilación en cuanto a su posible libertad; toda vez, que le es previsible acceder al beneficio de la libertad condicional o libertad, al haberse cumplido su condena.
Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe que cursa a fs. 15 y vlta., señaló que: i) En fecha 9 de septiembre de 2022, el accionante, presentó memorial de aclaración de observaciones al Informe de Trabajo Social JEP1 EA-GCJA-238/2022, que al haber sido presentado en día “viernes”, ingresó a despacho el día lunes 12 del mismo mes y año; ii) En la misma fecha de ingreso a su despacho, la solicitud presentada fue atendida favorablemente, determinando que se ponga a conocimiento del beneficiario el decreto emitido y que cumplida la diligencia instruida por Secretaría del Juzgado, se proceda a elaborar el informe de cómputo de la pena cumplida, por el tiempo que guardó detención domiciliaria y el tiempo de vigencia de su detención en recinto posterior a su detención domiciliaria, emergente del mandamiento de captura y sea conforme los datos del proceso; iii) De la revisión de antecedentes, se verificó que el cuaderno que corresponde al proceso, se encuentra a la vista, debiendo el impetrante de tutela dar cumplimiento a la diligencia instruida con relación a la ratificación de la garantía, concluyéndose que no se lesionó ningún derecho del mismo. Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe que cursa a fs. 16 y vta., manifestó que: a) No se le habría prestado el proceso, siendo que el mismo se encontraba a la vista, conforme al Decreto de 12 de septiembre de 2022; b) No se señaló que funcionario del Juzgado le hubiera negado al impetrante de tutela la información que este solicitó, puesto que en su condición de Secretaria del referido Juzgado no tuvo queja alguna por este motivo; al efecto se consultó a la Auxiliar, quien le indicó que no tuvo conocimiento que la esposa del accionante y su abogada, se hubieran apersonado a Secretaría del juzgado; c) Revisado el libro de litigantes, no se registró denuncia de falta de préstamo del expediente o falta de descargo en el libro diario; d) El Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, es el único que ejerce control y supervisión de todos los juzgados en materia penal de la ciudad referida y provincias, por lo que la carga procesal es excesiva, y, las partes procesales no conocen los beneficios, estado actual, ni como están caratulados sus procesos, lo que dificulta su búsqueda, sin embargo en el presente caso no se advierte que se haya conversado o que se quiso consultar, denunciar la falta de préstamo, y la inexistencia de descargo en el libro diario por el personal auxiliar y pasantes; que de la revisión del memorial presentado, tampoco se señaló que funcionario le dio información errónea. Gisela Dayzi Mamani Condori, Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe que cursa a fs. 17, señaló que: 1) El memorial presentado por el accionante el 9 de septiembre de 2022, obtuvo pronunciamiento del Juez demandado el 12 del mismo mes y año, con el registro respectivo en el libro diario; 2) La parte interesada nunca le solicitó el préstamo del expediente, o presentó queja por falta de dicho préstamo o descargo; al respecto, tampoco existe queja sentada en el libro de litigantes; 3) Existe mucha carga procesal, al ser el único Juzgado de Ejecución Penal de El Alto.
La Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Tribunal de garantías mediante, Resolución AL-11/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela solicitada; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) De la documentación presentada por el accionante se tiene que este, en fecha 9 de septiembre de 2022, presentó ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, memorial aclarando y justificando las observaciones emitidas por la Trabajadora Social del citado Juzgado, por informe JEP1 EA-GCJA-238/2022 de 26 de agosto; se advierte además que a efectos de demostrar que el memorial referido, no fue providenciado dentro de término legal, el impetrante de tutela presentó impresión de una toma fotográfica correspondiente a una hoja de registro, la cual en la parte superior consigna “viernes 9 de septiembre de 2022”, en la línea quince se encuentra el nombre “Mamani Limachi Víctor”, encontrándose en blanco la última columna; con lo que se pretendió demostrar que el memorial no fue providenciado hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, empero, al no constar la fecha de la toma fotográfica, no se tiene certeza sobre tal denuncia, más cuando en obrados se constató el Decreto de 12 de septiembre del mismo año, que se pronunció sobre dicha solicitud, en el plazo establecido por ley; ii) En el memorial de acción de libertad, refiere que tanto su esposa como su abogada, acudieron en varias fechas para conocer providencias respecto del memorial presentado, ocasiones en las que le dijeron que el memorial seguía en despacho y debía tener paciencia, sin embargo, no refiere que estos aspectos hubiesen sido señalados por la Secretaria o Auxiliar del juzgado; iv) El acto denunciado, no se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad del accionante, y si bien es posible el proteger tales derechos por medio de esta acción tutelar, ello será posible cuando se hubiera agotado los medios intraprocesales de impugnación, es decir, que previamente debe de agotarse la vía ordinaria, en este caso, acudir ante la autoridad responsable del régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura u otro medio impugnatorio que la ley le franquea y si aun así persistiera la lesión, recién acudir a la vía constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización de la Gestión Procesal para la Resolución de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho, en cuyo cumplimiento, se procedió al sorteo de la presente causa (fs. 25 a 31).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Memorial, presentado por Víctor Mamani Limachi -accionante- en fecha 9 de septiembre de 2022, dirigido al Juez del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, -autoridad jurisdiccional demandada-, por el que aclaró y justificó observaciones, al informe, JEP 1 EA-GCJA-238/2022 de 26 de agosto, emitido por la Trabajadora Social del mismo Juzgado, Gladys Corina Jiménez Apaza, respecto del cumplimiento de su detención domiciliaria, impuesta por Resolución 420/2020; en el mismo memorial, se señaló domicilio y medios telemáticos de comunicación procesal (fs. 2 a 4). II.2. Consta impresión fotográfica de una hoja de registro del libro diario, en cuya fila quince, consta el nombre del peticionante de tutela, en las columnas que le siguen, se registra el tipo de delito, suma del memorial presentado, sin llenado de la última columna (fs. 5). II.3. Decreto de 12 de septiembre de 2022, emitido por el Juez demandado, dentro del proceso penal referido, en atención al memorial de aclaraciones y justificaciones al Informe de la Trabajadora Social, presentado por el accionante, que en la parte final dispone se ponga a conocimiento del mismo el referido decreto para su cumplimiento, y, cumplida la diligencia instruida, por secretaría del juzgado se elabore informe de cómputo de pena cumplida (fs. 14).
El accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de celeridad, eficacia, igualdad procesal y a ser oído, mismos que se encuentran vinculados a su derecho a la libertad; ello en mérito a la falta de respuesta al memorial presentado por su parte el 9 de septiembre de 2022, por el que se aclaró y justificó las observaciones realizadas por la Trabajadora Social del Juzgado, a efecto que, realizándose el cómputo de pena, se le pueda otorgar el beneficio de libertad condicional o libertad, si correspondiere; sin embargo, transcurridas más de dos semanas de la presentación del indicado memorial, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no tiene conocimiento de pronunciamiento a la solicitud impetrada; manifestando que tanto su abogada como su esposa se presentaron en varias ocasiones al referido juzgado, pero les señalaron que el memorial continuaba en el despacho de la autoridad jurisdiccional, y que demoraría en su respuesta; por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se reparen sus derechos vulnerados; b) Se disponga la notificación por Secretaría. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco de lo previsto por el art. 125 de la CPE, la acción de libertad es un mecanismo de defensa para una eficaz protección de los derechos a la vida, la libertad, al procesamiento indebido y la persecución ilegal, pero además en el marco de las interpretaciones progresivas realizadas por la jurisprudencia constitucional también protege otros derechos por conexitud a los derechos a la vida o libertad física de locomoción. Así, la CPE en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A este efecto, el Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, en el marco de la progresividad de los derechos humanos, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Sobre la base de ese razonamiento, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existe dilación indebida para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto de los derechos.
En conclusión, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.3, al respecto refirió que:
[E]l art. 115 de la CPE, estipula: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a II. una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. En ese mismo sentido, con relación al principio de celeridad para una justicia pronta; la SCP 266/2020-S1 de 5 de agosto, asumiendo el 1 En su FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´.” 2 En su FJ III.1 En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun entendimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entre otras, señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aún cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad.
Con relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, de Órgano Judicial, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció subreglas para su procedencia, estableciendo lo siguiente:
[L]a jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear Contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o Suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’.
Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron sub reglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas sub reglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial' (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras).
De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva (negrillas añadidas). La señalada SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1, 0638/2019-S1, 0882/2019-S2, 0055/2020-S3, entre otras.
El accionante, refiere que, en su condición de privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a objeto que se realice nuevo cómputo y liquidación de su condena, y poder acceder al beneficio de libertad condicional o libertad, en fecha 9 de septiembre de 2022, presentó memorial de aclaración y justificación al informe emitido por la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el cual realizó observaciones, en cuanto al cumplimiento de la detención domiciliaria temporal que se le impuso del 14 de diciembre de 2020 al 14 de diciembre de 2021; sin embargo, pese a haber transcurrido más de dos semanas desde el ingreso del memorial de referencia al despacho del Juez, no existió pronunciamiento hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad. Asimismo, señaló que, en reiteradas ocasiones tanto su esposa como su abogada se apersonaron al Juzgado mencionado, donde les informaron que debían tener paciencia; ya que, la solicitud impetrada tardaría en salir de despacho del Juez, toda vez que debía emitirse informe.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Víctor Mamani Limachi -accionante- y otros, por el delito de homicidio en riña o a consecuencia de agresión, éste último, en fecha 9 de septiembre de 2022, presentó memorial de aclaración y justificación de observaciones al informe JEP 1 EA-GCJA-238/2022 de 26 de agosto, emitido por la Trabajadora Social del mismo juzgado, Gladys Corina Jiménez Apaza, respecto al cumplimiento de su detención domiciliaria, impuesta por Resolución 420/2020. Ahora bien, conforme se tiene señalado en la (Conclusión II.2), cursa impresión fotográfica de una hoja de registro del libro diario del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; este elemento de prueba, no fue desconocido por los demandados, por cuanto al ser un documento cuyo resguardo se encuentra bajo custodia y tenencia de los mismos, al no haberse objetado su validez, al momento de responder a la acción de tutela, corresponde ingresar a la valoración de la misma, esto conforme al entendimiento asumido por la SCP 245/2012 de 29 de mayo, que estableció que en la justicia constitucional no existe la prueba tasada, conforme a la misión establecida en el art. 196.I de la CPE. En el contexto previsto, con relación al Juez demandado, se puede establecer que si bien éste señala, que el memorial de referencia fue providenciado el día lunes 12 de septiembre de 2022, habiéndose atendido de manera favorable la solicitud del accionante, esta providencia, no consta en el registro en el libro diario, pues conforme se puede advertir, la columna en la que registra la fecha y tipo de providencia emitida, se encuentra vacía, por lo que existe duda razonable, respecto de que el mismo haya sido publicado en la fecha señalada. Sumado a lo referido en el párrafo que antecede, se tiene que, si bien, cursa en antecedentes, el decreto de 12 de septiembre de 2022, que atiende la solicitud del accionante, extraña que existiendo medios telemáticos de comunicación procesal (correo electrónico y número de celular), señalados por el mismo, dicho proveído no haya sido puesto a su conocimiento, pues no cursa notificación alguna al respecto hasta el momento de interposición de esta acción de libertad, de lo que se infiere que efectivamente el accionante no tuvo conocimiento, respecto a la respuesta de su solicitud, por consecuencia su situación jurídica se mantuvo igual hasta la presentación de la acción de libertad, ocasionando que no pueda solicitar el informe de cómputo de pena cumplida, dispuesta por el Juez, y por ende acceder al beneficio que le corresponda, lo que eventualmente ocasionaría que se encuentre privado de libertad, más tiempo del previsto. Debe puntualizarse, que el Juez demandado en su calidad de director del proceso, y; en razón de la sus deberes específicos en razón de la materia como contralor de garantías del respeto a los derechos de los condenados conforme señala el art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tenía la obligación de efectuar el seguimiento al cumplimiento de su determinación; el incumplimiento de este deber permitió que se provoque una dilación indebida respecto a la notificación de la parte accionante, a efecto de que se pueda materializar el informe de cómputo de condena cumplida, vulnerando el debido proceso en su elemento del principio de celeridad; por lo que, con relación a la autoridad demandada, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho. Con relación a la Secretaria del referido juzgado, conforme se refirió en el Fundamento Jurídico III.3, las acciones de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial, que pudieran ser objeto de demanda de acciones tutelares, y, consiguientemente, ser objeto de legitimación pasiva, la jurisprudencia constitucional estableció las condiciones para que los funcionarios asuman legitimación pasiva, encontrándose entre dichos supuestos la vulneración de los derechos tutelados a través de las acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos. En el caso presente, se advierte que la Secretaria del juzgado, no cumplió con sus funciones conforme a lo señalado en el art. 56 del CPP, toda vez que no realizó las tareas de coordinación y supervisión de trabajo del personal auxiliar del juzgado, a efectos que, de forma oportuna, se ponga a conocimiento del impetrante de tutela la providencia emitida por el Juez, impidiendo materializar de manera pronta y oportuna la situación jurídica del accionante privado de libertad, del cual además debía realizar el informe de pena cumplida, causando dilación en la tramitación del referido proceso. Respecto, a la falta de información sobre el estado de la causa, pese a haberse apersonado tanto la esposa del accionante como su abogado, la falta de registro en el libro diario, sobre la emisión del decreto emitido por el Juez demandado, que se pronunció sobre su petitorio, así como la falta de notificación con el mismo, permite concluir que efectivamente no se informó a la esposa del accionante, ni a su abogada con la debida diligencia, siendo esta una función atribuida a la Secretaria del Juzgado conforme dispone el art. 56.7 del CPP, por lo que, habiendo incurrido la prenombrada en inobservancia de sus funciones, su accionar se subsume en la sub regla descrita en el inciso b) de la jurisprudencia citada al efecto, evidenciándose una dilación indebida, que afectó directamente sobre el derecho de libertad del accionante, correspondiendo conceder la tutela con relación a la Secretaria del Juzgado en la modalidad traslativa o de pronto despacho. Respecto a la auxiliar del juzgado, entre sus obligaciones, conforme mandato del art. 101.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), está el de coadyuvar con la Secretaria del juzgado en el cumplimiento de sus labores, entre ellos la atención a las abogadas, abogados, litigantes y otras, por lo que, al no haber recibido el accionante información adecuada se advierte que la auxiliar no realizó adecuadamente sus funciones, causando dilación indebida en el trámite que realizó el accionante, el cual está vinculado a su derecho a la libertad, subsumiendo su conducta a la subregla dispuesta en el inciso b) de la Jurisprudencia señalada al efecto; por lo que, de igual manera corresponde conceder la tutela en cuanto a esta servidora judicial, en la modalidad traslativa o de pronto despacho. Conforme a lo señalado, se advierte que la solicitud efectuada por el accionante, incidía directamente sobre su derecho a la libertad, pues del informe del cómputo de condena dependía la modificación de su situación jurídica; por lo que, cualquier requerimiento o gestión jurisdiccional emergente de su tramitación que conduzca a la materialización de la misma, debió ser atendida con celeridad, lo cual no ocurrió, dado que la falta de notificación con el decreto que resolvía su petitorio y disponía se elabore el informe de cómputo de pena cumplida, no fue puesto a su conocimiento hasta la interposición de la acción de libertad, lo que ocasionó una dilación indebida en cuanto a la materialización en el ejercicio de sus derechos, vulnerándose el debido proceso en cuanto al principio de celeridad, por cuanto su tutela se enmarca dentro de esta acción tutelar.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-11/2022, de 27 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza del Juzgado de Sentencia Noveno de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada con relación al Juez, Secretaria y Auxiliar, del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en relación a los derechos del debido proceso en su elemento de celeridad y a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo: la notificación y elaboración del informe de cómputo de cumplimiento de pena, de forma inmediata, siempre y cuando no se la hubiera realizado aún; y, 2° EXHORTAR a la autoridad demandada, y a los funcionarios subalternos, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
3 FJ III.4 “En el marco de la Constitución Política del Estado vigente, requiere ser modulado en sentido que si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0175_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 21845c6c3f9fa04fdb927a6d8f46456a545b126debf4db0fdded16fac0b38817
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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