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SCP 0175/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48107-2022-97-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso monitorio de resolución de contrato interpuesto por Jean Domínguez Ecuari representante de la empresa Arre Import Export contra la empresa China Harzone Industry Corp. Ltda. representada por Wu Jian Min, se encontraba como depositario de maquinaria de la mencionada empresa China Harzone; en esa causa el Juez demandado ordenó su apremio y expidió para tal efecto el mandamiento correspondiente en su contra, actuando al margen de la ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el mencionado Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El mandamiento de apremio contra los depositarios en materia civil
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0175/2024-S2 Sucre, 20 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48107-2022-97-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Enin Lera Fernández en representación sin mandato de Juan Limachi Guarachi contra Julio César García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2022, cursante a fs. 1 y 4, el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de junio de 2022, fue privado de su libertad como consecuencia de la emisión de un mandamiento de apremio, presuntamente por no haber brindado el informe concerniente a la maquinaria que se encontraba bajo su cuidado en calidad de depositario de la empresa China Harzone Industry Corp. Limitada (Ltda.), constituyéndose tal proceder en una ilegal y arbitraria privación de libertad; toda vez que, en nuestro país, una orden de apremio se emite en las siguientes materias: familiar por asistencia familiar; laboral por beneficios sociales; y, penal por la “…resolución de aprehensión en flagrancia o por rebeldía…” (sic); empero, en el presente caso no se suscitó ninguna de las anteriores; por tal razón, y ante el desconocimiento de la materia civil por parte del Juez demandado, su determinación vulneró de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad inmediata, y sea con la expresa condenación de costas y costos, más daños y perjuicios como consecuencia de su privación de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 29 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) Dentro de un proceso monitorio, se libró mandamiento de apremio en su contra, cuando ello no está previsto en la norma; sin embargo, la autoridad demandada sustentó su decisión en el art. “150” de la Constitución Política del Estado (CPE), que no corresponde a la orden emitida, sino refiere a los asambleístas; y, b) Se está cometiendo el delito de prevaricato; puesto que, en la referida causa civil su persona ostentaba la calidad de depositario, transgrediendo de esa forma el art. 125 de la Norma Suprema.

I.2.2. Informe del demandado

Julio César García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, en audiencia de garantías manifestó que: 1) Dentro del proceso monitorio, en primera instancia, se embargó maquinaria, siendo el accionante designado como depositario de la misma; empero, hizo caso omiso a la conminatoria para que entregue dicha maquinaria; por tal razón, expidió mandamiento de apremio contra el nombrado, “…pero aquí est[á] el problema por la excesiva recarga laboral que tenemos constantemente se ha firmado ese mandamiento y no se tuvo el cuidado que [é]l ten[í]a que ser conducido ante este juzgado, percatados de esta situación hemos tomado cartas en el asu[n]to ahora se emitió el mandamiento de libertad (…) en instante se va mandar el dato de recepción del penal…” (sic); 2) No se agotó la instancia jurisdiccional; ya que, no se planteó ninguna reposición contra la decisión asumida; y, 3) Solicitó se deniegue la tutela, en virtud a que corrigió el mandamiento de apremio. Seguidamente, Daniel Tito Atahuichi Álvarez, Juez del Tribunal de Sentencia penal Segundo de Cobija del departamento de Pando -constituido en Tribunal de garantías-, realizó las siguientes interrogantes: i) Con base en qué artículo dispuso el apremio; ii) En su decreto indicó mandamiento de apremio, y en su fundamentación señala que debió ser dirigido al Juzgado a su cargo, pero conforme a qué norma; y, iii) Cuál es el sustento legal para que el impetrante de tutela sea trasladado a su despacho. Ante lo cual, la autoridad demandada expuso: a) Que fue un error, que como trabajan con plantillas y el mandamiento lo elaboró la Secretaria de su despacho firmó “a la carrera”; b) Fue un descuido que el accionante haya sido conducido al Centro Penitenciario Villa Buch de Pando; y, c) “…Hemos dado cumplimiento a lo solicitado por sus autoridades con los 6 cuerpos, no lo tengo [el] expediente” (sic).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, mediante Resolución de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: 1) De forma inmediata se proceda a efectivizar la libertad del impetrante de tutela, en caso que aún permanezca privado de libertad; y, 2) La responsabilidad civil de parte del Juez demandado, condenándose los daños y perjuicios, a ser calificados en ejecución de sentencia; con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 161 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.) establecía que: ‘“…El depositario de muebles embargados, deberá, sin excusa alguna, bajo conminatoria de apremio presentarlos dentro de las veinticuatro horas de haber sido intimado judicialmente…”’ (sic); figura de apremio que no se encuentra contemplada en el actual Código Procesal Civil; ii) Dicha autoridad indicó que hubo un error debido a que la Secretaria de su despacho fue quien redactó el mandamiento de apremio; empero, tal explicación resulta incoherente; toda vez que, el 20 de mayo de 2022, aplicó un criterio erróneo al haber conminado y advertido con apremio al ahora peticionante de tutela en caso de no presentar la maquinaria en el plazo otorgado; iii) Por decreto de 30 del referido mes y año, el mencionado Juez manifestó que el solicitante de tutela no se apersonó ante el Juzgado a su cargo, tampoco presentó escrito alguno que justifique su incumplimiento; por lo que, señaló que “…corresponde emitir el (…) mandamiento de apremio a fin de que el mismo se ejecute por la fuerza pública ya que el mencionado señor ha hecho caso omiso a lo ordenado debiendo ser conducido al penal de Villa Busch hasta que se aclare su situación jurídica, a la par se deberán remitir antecedentes ante el Ministerio Público para fines consiguientes…” (sic); iv) La autoridad demandada mediante decreto dispuso la emisión del mencionado mandamiento de apremio y el traslado del peticionante de tutela al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, situación no acorde al procedimiento civil vigente, habiendo sido el nombrado indebidamente privado de su libertad, situación que genera responsabilidad; ya que, le habría causado daños y perjuicios; v) Pese a que ya se hubiera librado el mandamiento de libertad, o “a la fecha” el impetrante de tutela se encuentre gozando de la misma, se evidenció que hubo la conculcación del derecho a la libertad; y, vi) No se comprobó que el Juez demandado hubiera actuado con dolo o mala intención, sino que se trató de un error en cuanto a la aplicación de la normativa civil vigente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene la Sentencia Inicial de 22 de octubre de 2020 (fs. 12 a 15). II.2. Por escrito presentado el 25 de noviembre de 2020, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, Jean Domínguez Ecuari representante de la empresa Arre Import Export dentro del proceso monitorio de resolución de contrato incoado contra la empresa China Harzone Industry Corp. Ltda. representada por Wu Jian Min, solicitó la remoción de depositario de Juan Limachi Guarachi -hoy accionante- por Alceu Schimainski, por no custodiar debidamente los bienes confiscados por el Juez demandado (fs. 10 a 11). II.3. Mediante memorial de 19 de mayo de 2022, Jean Domínguez Ecuari, interpuso reposición contra la providencia de 16 del referido mes y año, y reiteró apremio corporal contra el solicitante de tutela funcionario de la empresa China Harzone Industry Corp. Ltda., a objeto que en su calidad de depositario presente la maquinaria embargada y la entregue al nuevo depositario; mereciendo el decreto de 20 del citado mes y año, a través del cual, el Juez demandado señaló que el nombrado no hizo una entrega oficial de maquinaria embargada hasta la fecha; por lo que, fue conminado a presentar la misma en el plazo de cuarenta y ocho horas “…y en caso de negativa se procederá a expedir el mandamiento de APREMIO…” (sic); y en el Otrosí 1 refirió que previo al apremio se debe realizar la conminatoria respectiva (fs. 21 a 23). II.4. A través de escrito presentado el 27 de mayo de 2022, Jean Domínguez Ecuari, solicitó al Juez demandado orden de apremio contra el impetrante de tutela, mismo que fue atendido mediante providencia de 30 de igual mes y año, en la que tomando en cuenta que el mencionado -depositario- no interpuso ningún memorial que justifique su incumplimiento “…corresponde emitir el (…) mandamiento de APREMIO (…) debiendo ser conducido al penal de Villa Busch, hasta que se aclare su situación jurídica, a la par se deberán remitir antecedentes ante el Ministerio P[ú]blico para fines consiguientes” (sic [fs. 26 a 27]). II.5. Consta mandamiento de apremio de 30 de mayo de 2022, librado por la autoridad demandada contra el solicitante de tutela, con el fin de que sea conducido al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, hasta que cumpla con lo ordenado en el decreto de 20 del mismo mes y año (fs. 2). II.6. Cursa mandamiento de libertad expedido por el Juez demandado a favor del accionante, con cargo de recepción por parte del referido Centro Penitenciario a horas 8:30 de 2 de junio de 2022 (fs. 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso monitorio de resolución de contrato interpuesto por Jean Domínguez Ecuari representante de la empresa Arre Import Export contra la empresa China Harzone Industry Corp. Ltda. representada por Wu Jian Min, se encontraba como depositario de maquinaria de la mencionada empresa China Harzone; en esa causa el Juez demandado ordenó su apremio y expidió para tal efecto el mandamiento correspondiente en su contra, actuando al margen de la ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El mandamiento de apremio contra los depositarios en materia civil

Al respecto, el Código Procesal Civil establece en el Capítulo Tercero “MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS”

SECCIÓN II EMBARGO PREVENTIVO Y SECUESTRO “ARTÍCULO 326. (PROCEDENCIA). (…) III. La autoridad judicial al disponer el embargo preventivo o el secuestro, designará depositario a quien advertirá las responsabilidades que conforme a Ley asume” (las negrillas son nuestras). Precepto legal concordante con el art. 9 del mismo Código, que señala: “(OBLIGATORIEDAD). (…) II. Para el cumplimiento de sus decisiones, las autoridades judiciales podrán:

1. Disponer el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse a solo requerimiento. 2. Decretar conminatorias y sanciones económicas bajo la modalidad de multas, sin que en ningún caso el cumplimiento de obligaciones civiles pueda hacerse efectivo a través del apremio corporal de la obligada u obligado” (énfasis añadido). De los preceptos legales antes citados, por una parte se puede advertir que a quien sea designado como depositario, la autoridad judicial le advertirá de la responsabilidad que implica asumir esa calidad; mas no se establece el apremio corporal como medio de coacción para la exhibición o entrega de los bienes que se encontraren bajo su cuidado; asimismo, dicha autoridad está facultada a conminar y dar sanciones económicas, traducidas en multas, estando prohibido el apremio corporal. Por otra parte, en cuanto a la vigencia del referido Código, cabe señalar que el art. 2.1 de la Ley Modificatoria de Vigencias Plenas -Ley 719 de 7 de agosto de 2015, respecto a la vigencia plena del Código Procesal Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, estableció entre sus Disposiciones Transitorias, lo siguiente: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes” (las negrillas son nuestras); consiguientemente, quedó abrogado el Código de Procedimiento Civil que en su art. 161 en cuanto a la obligación del depositario establecía que: “…El depositario de muebles embargados, deberá, sin excusa alguna, bajo conminatoria de apremio presentarlos dentro de las veinticuatro horas de haber sido intimado judicialmente”.

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso objeto de estudio, el accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso monitorio de resolución de contrato interpuesto por Jean Domínguez Ecuari representante de la empresa Arre Import Export contra la empresa China Harzone Industry Corp. Ltda., representada por Wu Jian Min, se encontraba como depositario de maquinaria de la mencionada empresa China Harzone, en dicha causa el Juez demandado ordenó su apremio y expidió el mandamiento correspondiente en su contra, actuando al margen de la ley, restringiendo indebidamente así su derecho invocado.

Con carácter previo, cabe señalar que del apartado de Hechos Probados de la Sentencia Inicial de 22 de octubre de 2020 (Conclusión II.1), se advierte que: “…la Empresa demandada y el demandante firmaron en fecha 17 de noviembre de 2018 (…) un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS con reconocimiento de firmas y r[ú]bricas (…) A la fecha no se cancelan las planillas 7, 8 y 9 correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2019 más Febrero de 2020…” (sic); en la parte resolutiva declaró probada la demandada monitoria de resolución de contrato; de ello, se tiene que el referido proceso fue incoado en plena vigencia del Código Procesal Civil -a partir del 6 de febrero de 2016-, conforme lo plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Asimismo, es preciso hacer referencia a lo previsto por el art. 326.III del Código Procesal Civil (CPC), que en cuanto al depositario señala que: “La autoridad judicial al disponer el embargo preventivo o el secuestro, designará depositario a quien advertirá las responsabilidades que conforme a Ley asume” (las negrillas son nuestras); encontrándose prohibido el mandamiento de apremio corporal conforme establece el art. 9.II.2 del referido Código (Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional). Identificada la problemática planteada por la accionante, se advierte que el Código Procesal Civil en toda su extensión no contempla la figura del apremio bajo ninguna circunstancia, únicamente en el precepto legal señalado ut supra, refiere que la autoridad judicial deberá advertir al depositario sobre las responsabilidades que conforme a ley asume, sin ir más allá; siendo evidente que la forma de proceder del Juez demandado vulnera el derecho invocado como lesionado por el accionante. Ahora bien, en el caso venido en revisión, se tiene que dentro del proceso monitorio, la empresa Arre Import Export pidió la remoción del impetrante de tutela como depositario, por no custodiar debidamente los bienes confiscados por el Juez demandado; posteriormente, por memoriales de 19 y 27 de mayo de 2022, solicitó y reiteró al mencionado Juez ordene el apremio del accionante, mereciendo los decretos de 20 y 30 de igual mes y año; de los cuales, se tiene que en el primero conminó al nombrado a presentar toda la maquinaria que se encontraba a su cargo, bajo la advertencia de expedir mandamiento de apremio; y, en el segundo, debido a que no justificó su incumplimiento, señaló que “…corresponde emitir el (…) mandamiento de APREMIO (…) debiendo ser conducido al penal de Villa Busch, hasta que aclare su situación jurídica, a la par se deberán remitir antecedentes ante el Ministerio P[ú]blico para fines consiguientes” (sic); y finalmente, el 30 del referido mes y año, expidió el mandamiento de apremio contra el peticionante de tutela.

Bajo ese contexto, se evidencia que el Juez demandado a través del decreto de 30 de mayo de 2022, ordenó el apremio del accionante en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; empero, sin citar base legal alguna, e inmediatamente después, en la misma fecha, expidió el mandamiento de apremio a fin de efectivizar dicha orden, en total inobservancia de lo previsto en los arts. 9 y 326.III del CPC; de ello, se denota que el derecho a la libertad del peticionante de tutela fue restringido por disposición expresa de la indicada autoridad, quien actuó fuera del marco legal señalado; ya que, de ninguna forma debió disponer su conducción al referido Centro Penitenciario; sobre el particular, el citado Juez en su informe sostuvo que tal determinación fue un error, que se debió a que trabajan con plantillas y además elaborado por la Secretaria del Juzgado a su cargo, admitiendo descuido de su parte al proceder de esa forma; por lo que, al haberse percatado de esa situación expidió el mandamiento de libertad; del cual, se tiene que la recepción por el mencionado Centro Penitenciario data del 2 de junio de 2022 a horas 8:30; es decir, a la misma hora de celebración de la audiencia de garantías, siendo evidente que dicha decisión es producto de la activación del presente mecanismo constitucional y no del hecho que la autoridad demandada hubiera advertido su error. En lo concerniente a este último aspecto cabe señalar que la audiencia de garantías fue celebrada el 2 de junio de 2022, habiendo iniciado a horas 8:30; y si bien, el Juez demandado manifiesta que fue emitido el mandamiento de libertad, y recepcionado por el mencionado recinto penal a la misma hora, al momento del desarrollo del referido acto procesal, el Tribunal de garantías no tuvo certeza que el mismo hubiera sido efectivizado. Con base en lo precedentemente expuesto, se colige que el peticionante de tutela estuvo privado de libertad por determinación del Juez demandado a través de la providencia de 30 de mayo de 2022, que dispuso se expida el mandamiento de apremio de la misma fecha, el cual causó la vulneración de su derecho a la libertad y pese a haber librado el mandamiento de libertad, la emisión de este se debió a la formulación de la presente acción de defensa; lo que, conlleva a conceder la tutela solicitada, con el fin de evitar que a futuro se reitere la forma de proceder de la autoridad demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el mencionado Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0175_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8482dcf556db0b9afc3ba69b650a155d29642bcfb9b56a523ad2a1e64c41056

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