Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de junio de 2024
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación; y, a ser escuchado por un Juez en tiempo oportuno; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial demandada no se pronunció dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el procedimiento penal, a su memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva; toda vez que, se había cumplido el plazo de su detención preventiva de diez días fijada en audiencia cautelar. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán las siguientes temáticas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 2) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 31 a 32 vta.; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiéndose que el Juez demandado dé cumplimiento al art. 239 del CPP, sea con todas las formalidades legales. 2° Se exhorta y se llama la atención al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a efectos de que, en adelante, aplique debidamente la jurisprudencia constitucional que corresponda a cada caso concreto, conforme lo dispuesto en el apartado III.4., del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0175/2024-S1 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48349-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Sentencia 07/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 31 a 32 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Moreno, en representación sin mandato de Gonzalo Colque Gonzales, contra Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
El “12 de marzo de 2021” -lo correcto es 12 de mayo de 2022-, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, en la que, el Juez ahora demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola, por el lapso de diez días, término que se cumplió el “20” del citado mes y año. Sin embargo; pese a haber presentado memorial el 23 del mencionado mes y año, solicitando se señale día y hora para considerar el plazo de su detención preventiva, de conformidad con el art. 239.2 (no menciona de qué normativa); hasta la fecha de presentación de su memorial, lleva más de trece días, sin obtener una respuesta pronta y oportuna a su solicitud, conforme prevé el citado artículo en su parte in fine; el cual establece que deberá señalarse audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
El impetrante de tutela denunció como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación; y, a ser escuchado por un Juez en tiempo oportuno; citando al efecto los arts. 9, 13, 23, 115, 119 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El peticionante de tutela, de conformidad con los arts. 125, 126 y 127 de la CPE; concordante con los arts. 46, 47, 48, 49 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó se admita la acción de libertad interpuesta y se conceda la tutela solicitada, declarándose procedente, disponiéndose: a) Se ordene al Juez demandado, señale audiencia efectos de considerar el plazo de la detención preventiva, sea en veinticuatro horas; b) Se determine la responsabilidad civil y penal del demandado, conforme al art. 101 de la Ley del Tribunal Constitucional; y, c) Se remita antecedentes al Juez disciplinario de la Capital y al Consejo de la Magistratura.
La audiencia pública, se realizó el 26 de mayo de 2022, según acta cursante a fs. 30 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó los extremos expuestos en su acción de libertad; y, ampliándolo añadió lo siguiente: 1) Conforme al art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los plazos son perentorios e improrrogables; y, 2) Lleva más de trece días detenido sin que se señale audiencia para considerar el plazo de su detención preventiva.
Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 26 de mayo de 2022, cursante a fs. 21 y vta., señaló que: i) El 23 de mayo de 2022, el ahora accionante solicitó señalamiento de audiencia para considerar su solicitud de cesación de detención preventiva; ii) Dicha solicitud fue atendida oportunamente mediante providencia de 24 del citado mes y año, que señaló audiencia para el 26 del mencionado mes y año a horas 10:00; precisamente, el día y hora en el que se llevó a cabo la audiencia de acción de libertad; iii) Es más, día antes a celebrarse la audiencia de acción de libertad, ya se había notificado con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva al representante del Ministerio Público; iv) Asimismo, se remitió el oficio respectivo al Centro Penitenciario Palmasola, para el traslado del impetrante de tutela a dependencias del juzgado; v) Por ello, no se ha retrasado con la emisión de la providencia y en caso de que no se le hubiera prestado el expediente, debió acudir con el Secretario del juzgado con la finalidad de efectuar el reclamo que corresponda, si era necesario; y, vi) Por lo manifestado, solicitó se rechace la acción de libertad planteada.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Sentencia 07/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 31 a 32 vta.; denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) Debe tomarse en cuenta la SCP 0034/2017-S3 de 8 de febrero, respecto a la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal; b) “En el caso concreto, la problemática planteada radica en el hecho de que el Juez demandado no habría señalado audiencia de cesación de detención preventiva, conforme a lo dispuesto por el art. 239.2 del CPP y que habría transcurrido 13 días” (sic); c) Por su parte la autoridad demandada, mencionó que señaló audiencia de cesación a la detención preventiva; d) De la prueba presentada, se establece que el Juez demandado, mediante proveído de 24 de mayo de 2022, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, para el 26 del citado mes y año a horas 10:00; e) De ahí que, al momento de presentar la demanda de acción de libertad, ya se cumplió con lo impetrado por el peticionante de tutela; aspecto que, implica que los supuestos fácticos habrían cesado coligiéndose que la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente celeridad habría cesado, cuando la autoridad judicial demandada emitió el decreto de 24 del señalado mes y año y realizado las diligencias de notificación a las partes, infiriéndose la pérdida del objeto del proceso.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gonzalo Colque Gonzales -ahora accionante-, el 12 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que el Juez demandado, mediante Auto 452/22 de 12 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva del prenombrado, en el Centro Penitenciario Palmasola, por el lapso de diez días, sin señalar fecha de nueva audiencia a efectos de tratar su situación jurídica (fs. 23 a 24 vta.). II.2 El 23 de mayo de 2022 horas 12:56; Gonzalo Colque Gonzales -ahora impetrante de tutela- presentó memorial ante la autoridad judicial demandada, solicitando señalamiento de nuevo día y hora de audiencia a efectos del tratamiento de su situación jurídica; toda vez que, se había cumplido el plazo de diez días establecido para su detención preventiva y no se fijó nueva audiencia (fs. 22 y vta.).
II.3. Cursa proveído de 24 de mayo de 2022; por el cual, el Juez demandado, se pronuncia ante el memorial presentado por Gonzalo Colque Gonzales -ahora peticionante de tutela-, disponiendo el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva para el 26 del citado mes y año a horas 10:00; sin embargo, no consta ni se advierte notificación al ahora solicitante de tutela con este actuado procesal (fs. 26). II.4. Se tiene el Oficio 937/2022 de 24 de mayo, expedido por la autoridad judicial demandada, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola, mediante el que se dispone el traslado de Gonzales Colque Gonzales -ahora accionante- de dicho Centro Penitenciario al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, con el objeto de que esté presente en la audiencia señalada; sin embargo, no se advierte cargo de recepción del funcionario o servidor público autorizado de dicho Centro Penitenciario (fs. 27). II.5. Cursa formulario de notificaciones del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en el que se observa una notificación efectuada al representante del Ministerio Público; no obstante, sólo se tiene su firma sin sello alguno que acredite su legal intervención; a más de ello, no se advierte notificación alguna con relación al impetrante de tutela (fs. 29). II.6. Consta Informe de 26 de mayo de 2022, expedido por la autoridad judicial demandada; por el que, hace alusión a los actuados procesales precedentemente descritos, señalando que cualquier reclamo respecto al expediente, el peticionante de tutela debió efectuarlo en Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, antes de interponer la presente acción de libertad (fs. 21).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación; y, a ser escuchado por un Juez en tiempo oportuno; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial demandada no se pronunció dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el procedimiento penal, a su memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva; toda vez que, se había cumplido el plazo de su detención preventiva de diez días fijada en audiencia cautelar. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán las siguientes temáticas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 2) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1387/2022-S1 de 25 de noviembre; 1464/2022-S1 de 8 de diciembre; 0648/2023-S1 de 19 de junio; 1288/2023-S1 de 18 de diciembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, esta Magistratura en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su F.J. III.1, que establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:
…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su F.J. III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual, describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:
Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.”
Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, esta Magistratura en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su F.J. III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción; puesto que, las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: i) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos.
Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señaló que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-.
En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, 2 La SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio, en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3 La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.
la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:
En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece). A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.
Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:
III.2.1.En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad 4.
de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: 1) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; 2) No 4 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”
(…)
…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios.
5 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; 3) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; 4) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; 5) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad6. Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho7. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa 6 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 7 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/2020-S1, refirió:
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional.
8 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.
En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación; y, a ser escuchado por un Juez en tiempo oportuno; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial demandada no se pronunció dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el procedimiento penal, a su memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva; toda vez que, se había cumplido el plazo de su detención preventiva de diez días fijada en audiencia cautelar.
Identificada la problemática y en consideración de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, queda sentado que; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra el ahora impetrante de tutela, en audiencia de medidas cautelares, celebrada el 12 de mayo de 2022, el Juez demandado dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, por un lapso de tiempo de diez días, en el Centro Penitenciario Palmasola, sin señalar fecha de nueva audiencia a efectos del tratamiento de su situación jurídica; razón por la que, habiéndose cumplido el referido plazo de detención preventiva, el solicitante de tutela, el 23 del citado mes y año, presentó memorial solicitando señalamiento de audiencia con el fin de sustanciar la cesación de su detención preventiva (Conclusiones II.1 y II.2). En ese antecedente, se advierte la emisión de un proveído de 24 de mayo de 2022, expedido por la autoridad demandada, señalando audiencia de cesación a la detención preventiva para el 26 de mayo del mismo año a horas 10:00; sin embargo, no se tiene en obrados la constancia de que se hubiera notificado formalmente con este actuado al ahora accionante (Conclusión II.3). Similar situación se presenta con la elaboración del Oficio 937/2022 de 24 de mayo, emitido por el Juez demandado; por el que, se dispone el traslado del impetrante de tutela del Centro Penitenciario Palmasola al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a objeto de su presencia en la audiencia señalada; sin constar el cargo de recepción formal de dicha nota en el mencionado Centro Penitenciario (Conclusión II.4). Asimismo, cursa en el expediente un formulario de notificaciones, mediante el que se hubiera notificado al representante del Ministerio Público, observándose solo su firma en dicho formulario, más no se acredita su representatividad a través del sello respectivo en su condición de Fiscal de Materia, tampoco se tiene la notificación al ahora peticionante de tutela con el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva (Conclusión II.5). Precisadas las Conclusiones en el caso presente, se evidencia que el solicitante de tutela denuncia -entre otros-, la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento celeridad; en ese entendido, debe compulsarse los antecedentes procesales, a efectos de verificar si efectivamente se habría vulnerado dicho derecho. En ese lineamiento, previamente incumbe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa, cuando: Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. En ese contexto, de una compulsa de antecedentes procesales, se advierte que el accionante, se encuentra en calidad de imputado y con detención preventiva; de ahí que, debido a esa situación procesal es que solicita audiencia de cesación a la detención preventiva, al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, habida cuenta que el lapso de tiempo de diez días, fijado para la privación de libertad, ya se había cumplido; por lo cual, se advierte que estos aspectos tienen una vinculación indirecta con el derecho a la libertad física o personal del impetrante de tutela.
Bajo esa comprensión, corresponde analizar, si los argumentos esgrimidos por el peticionante de tutela son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; y, conforme se extrae del planteamiento de la problemática, el solicitante de tutela aduce que ante la presentación de su memorial de 23 de mayo de 2022, por el que pide se “señale nuevo día, hora de audiencia”, dentro del plazo legal, no habría recibido pronunciamiento alguno por parte del Juez demandado, vulnerando su derecho a la libertad; al respecto, si bien se cuenta con la documental descrita en las (Conclusiones II.3, II.4 y II.5) aportadas por el propio Juez demandado, debe considerarse que su valoración no adquiere relevancia, en razón de que no se encuentran legalmente respaldadas, en cuanto a la falta de constancia de su notificación con el proveído de 24 del mencionado mes y año al accionante; por una parte, y por otra, la falta de cargo de recepción del oficio dirigido al Centro Penitenciario Palmasola, actuados procesales que, dada su trascendencia en el presente caso, no pueden ser valoradas solo por sí mismas; sino, con la necesaria diligencia formal de comunicación procesal, de necesario cumplimiento a efectos de su validez legal.
Lo anterior se corrobora con el formulario de notificaciones (Conclusión II.5); en el cual, no se evidencia la notificación al impetrante de tutela con el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, confirmando que formal y legalmente el peticionante de tutela no habría tomado conocimiento del presunto señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; aspecto que también se hace latente, en razón de que, conforme se extrae del acta de audiencia de la presente acción de libertad, con relación a la respuesta a su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, el solicitante de tutela, en su alocución textualmente manifiesta que: “…a las 12:30 del día de ayer no teníamos ninguna respuesta, por parte del oficial de diligencia dijo que no estaba con respuesta y que vuelva la siguiente semana …” (sic); por lo que, de esta aseveración se deduce que hasta el día previo a llevarse a cabo la audiencia de acción de libertad, o sea el 25 de mayo de 2022 (la audiencia de acción de libertad se instaló el 26 del referido mes y año), no había pronunciamiento alguno respecto al memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, inclusive en la propia audiencia de acción de libertad, el accionante no refirió absolutamente nada con relación a si su memorial había sido deferido, concluyéndose que desde la presentación del referido memorial el 23 de mayo de 2022, hasta el momento de la celebración de la audiencia de acción de libertad, habían transcurrido más de cuarenta y ocho horas, sin que exista una clara evidencia de que la autoridad judicial se haya pronunciado con relación a la solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva.
Asimismo, cursa en obrados el formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (fs. 1); mediante el cual, se evidencia que la acción de libertad fue presentada por el impetrante de tutela, el 25 de mayo de 2022, a horas 15:29; por lo que, haciendo el cómputo desde el momento de presentación del memorial de solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, que -conforme ser refirió líneas arriba- se efectivizó el 23 del citado mes y año, a horas 12:56, transcurrió un lapso de tiempo de cincuenta horas y treinta y tres minutos exactamente; sin que hasta el momento de presentar la acción de libertad, haya existido evidencia palpable legal y formalmente admisible de que la autoridad judicial demandada, haya cumplido con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, debidamente notificada al peticionante de tutela y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas conforme a ley. Al respecto, el art. 239 del CPP, en su parte pertinente, señala:
ARTÍCULO 239º.- (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…)” (Las negrillas se agregaron). Por lo relacionado, se concluye que la autoridad judicial demandada, no cumplió con su obligación de señalar audiencia de cesación de detención preventiva dentro de plazo legal y conforme establece la normativa adjetiva penal, máxime si se toma en cuenta, que el propio solicitante de tutela señaló en audiencia de acción de libertad que no se tenía respuesta alguna sobre su memorial de solicitud; por lo que, en ese sentido, debe considerarse los razonamientos contenidos en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que se pronunció respecto a la observancia del principio de celeridad, que este Tribunal Constitucional a partir de su labor interpretativa y del análisis progresivo de los arts. 178 y 180.I de la CPE-, fue estableciendo la obligación de resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema; aspecto que no ha sido cumplido en el caso analizado, en cuanto al hecho concreto, objeto de la presente acción de libertad, que se refiere al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva por parte de la autoridad judicial dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, considerando la situación de detenido preventivo del ahora accionante.
En ese contexto, debe considerarse la jurisprudencia constitucional contenida en los Fundamentos Jurídicos III.2.1 y III.2.2 de este fallo constitucional, que hacen referencia al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que son aplicables a casos donde se adviertan dilaciones o retardación indebida en el cumplimiento de las diligencias y actuados procesales dentro de trámites judiciales o administrativos, relacionados con la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, el Fundamento Jurídico III.2.3 en cuanto al respeto del derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad y que es deber del Estado garantizar el cumplimiento y ejercicio pleno de esos derechos.
Con relación a los señalados aspectos, y por lo manifestado y compulsado en líneas precedentes, se tiene que, dichas reflexiones constitucionales, son aplicables al caso concreto; toda vez que, como se vió la autoridad demandada dentro las cuarenta y ocho horas de presentado el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, no se pronunció y menos señaló audiencia para el tratamiento de dicha solicitud relacionada con la situación jurídica del impetrante de tutela, tomando en cuenta su condición de detenido preventivo.
Por consiguiente; en consideración de los razonamientos y la motivación fáctica desarrollada, tomando en cuenta los elementos materiales que se manifiestan dentro del presente proceso, resulta evidente que la autoridad demandada no cumplió con su labor asignada por ley, en consecuencia, se evidencia la vulneración del derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación, respecto al peticionante de tutela; correspondiendo consecuentemente, conceder la tutela solicitada.
Asimismo, respecto al accionar del Juez de Sentencia Penal Anticorrupción, y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; corresponde dejar establecido que, bajo los lineamientos jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal Constitucional Plurinacional, considerando la aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, a través de la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio se recondujo la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0744/2015-S3 al entendimiento asumido en la SCP 2491/2012, estableciéndose que la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia solamente puede aplicarse en la acción de amparo constitucional. En mérito a dicha contextualización, respecto a la acción de libertad, es preciso señalar que, conforme se sostuvo en la referida SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la SCP 2491/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de dicha acción de defensa, evitando que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción; por lo que, aun se produzca la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron la acción, corresponde la procedencia de la acción de libertad.
Contrariamente a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada, se advierte que el Juez de garantías dentro de la presente acción de libertad, denegó la tutela, fundamentando su decisión en la aplicación de la sustracción de la materia o perdida del objeto procesal, alejándose de los razonamientos jurisprudenciales establecidos por este Tribunal; sin observar la previsión contenida en el art. 49.6 del CPCo, normativa la cual dispone que, aun cuando cesen las causas que originaron la acción de libertad, debe proseguirse con su sustanciación a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan.
En tal sentido, se concluye que el Juez de garantías no debió aplicar el fundamento de la sustracción de materia o pérdida del objeto 11El F.J.III.3 sobre la necesaria reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.
En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad”.
procesal, por no corresponder al caso concreto y no estar en vigencia respecto a acciones de libertad, máxime si se considera que sustenta su posición en un sesgado cumplimiento de la autoridad judicial demandada; motivos por los que, corresponde exhortar y llamar la atención al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a efectos de que en futuras actuaciones procesales, no incurra en la misma actitud y proceda conforme a razonamientos jurisprudenciales pertinentes y en actual vigencia, cuidando de no vulnerar derechos y garantías fundamentales. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 31 a 32 vta.; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiéndose que el Juez demandado dé cumplimiento al art. 239 del CPP, sea con todas las formalidades legales. 2° Se exhorta y se llama la atención al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a efectos de que, en adelante, aplique debidamente la jurisprudencia constitucional que corresponda a cada caso concreto, conforme lo dispuesto en el apartado III.4., del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.
(…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).
el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”.
9 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).
10 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0175_2024-S1_id65575.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 897cacdc7572f6d7fd85dd6ee02a9f3b5290799a6c7535bb44b0547b23c504db
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