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SCP 0174/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58046-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al acceso a la justicia; toda vez que, se emitió mandamiento de apremio en su contra, siendo que la liquidación fue tramitada sin su conocimiento, que interpuso incidente de actividad procesal defectuosa y apeló el Auto Interlocutorio 313/23; y, que, pese a que el Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2023 ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, la parte demandada dilató injustificadamente dicho acto, manteniéndola privada de libertad. Ante ello, la parte demandada señala que: 1) La accionante conocía del proceso de divorcio donde se fijó la asistencia familiar -Sentencia 655/2015-; 2) La liquidación se aprobó conforme al art. 415.III del CFPF, con notificación en su domicilio real; 3) Ante su inacción, se expidió el apremio con sustento en los arts. 127 y 413 del citado Código; 4) El incidente fue correctamente rechazado y la apelación fue concedida en efecto devolutivo, conforme al art. 388 del mencionado Código, quedando a cargo de la impetrante de tutela proveer los recaudos necesarios, cuya omisión, según el referido artículo, habilita la caducidad del recurso; y, 5) La ejecución de la asistencia no se suspende por trámites pendientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertada traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0174/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58046-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Oro Ramos en representación sin mandato de Felisa Yujra Cruz contra Elsa Sangüeza Cossío, Jueza; y, Patricia Nathaly Padilla Conde, Secretaria, ambas del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 24 a 26 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de divorcio que interpuso contra Francisco Vega Choque, Elsa Sangüeza Cossío, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, emitió la Sentencia 655/2015 de 7 de julio, que en su segundo fundamento determinó fijar asistencia familiar en favor de su hijo entonces menor de edad en la suma de Bs288.- (doscientos ochenta y ocho bolivianos). Con base en esa decisión, el 24 de julio de 2023 se emitió el mandamiento de apremio, mismo que fue ejecutado el 9 de agosto de 2023, motivo por el cual se encuentra privada de su libertad en el Centro Penitenciario Miraflores del departamento de La Paz. Sin embargo, la emisión de dicho mandamiento de apremio fue irregular por los siguientes aspectos: a) Su hijo, Carlos Rafael Vega Yujra -que en la actualidad tiene veintisiete años- fue el que presentó memorial de práctica de liquidación y, a tal efecto, se emitió la providencia de 4 de octubre de 2022, en el que la autoridad demandada ordenó su notificación con este actuado de manera personal; pese a esta determinación, su persona desconocía dichos actos procesales y solo tomó conocimiento cuando se pretendía retomar los actos pendientes dentro del proceso; b) Ante estos actos ilegales, interpuso incidente por actividad procesal defectuosa, razón por la cual se emitió el Auto Interlocutorio 313/23 de 14 de junio, mismo que apeló; ante ello, la Jueza demandada ordenó, por Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2023, su remisión ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, dicho recurso no fue remitido, por lo que su persona sigue privada de libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 22, 23.“1” y III, 24, 115, 116, 117 y “1191” de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a las demandadas remitan los antecedentes de la demanda de divorcio a la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, para que sean estas autoridades las que tomen conocimiento de las prácticas de liquidación presentadas en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) En varias ocasiones su abogado acudió al Juzgado de la parte demandada para que se sortee y remita la causa al Tribunal de alzada; y, 2) Se está causando dilación en la resolución de un incidente que cuestiona los actos procesales por los cuales se pretende cobrar la suma de Bs29 000.-(veintinueve mil bolivianos) por concepto de asistencia familiar y por la cual se encuentra detenida.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Elsa Sangüeza Cossío, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: i) La accionante, como demandante del proceso de divorcio, tenía la obligación de conocer todos los actuados del proceso, más aun sabiendo que el mismo data de 2015 y es donde se fijó la asistencia familiar en favor de su hijo por la suma de Bs288.-; ii) Concluido el proceso con la Sentencia de divorcio y ejecutoriada la misma, la peticionante de tutela planteó división y partición de bienes en el proceso ordinario y se le indicó que corrija en la vía incidental; ante ello, el proceso nuevamente se quedó sin movimiento; iii) La parte beneficiada con la asistencia familiar; es decir, su hijo -en este caso ya mayor de edad-, se apersonó a la demanda y la impetrante de tutela tenía el plazo de tres días para observar la liquidación, pero no lo hizo; y, después de mucho tiempo, ante el silencio de la prenombrada, se solicitó la aprobación de la liquidación, conforme lo dispone el art. 415.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que mereció el Auto Interlocutorio de aprobación de la actuación, que fue notificado en el domicilio real de la accionante, como todas las actuaciones, justamente, para evitar una probable indefensión; iv) La impetrante de tutela fue notificada con la aprobación y no interpuso ningún incidente, por lo que ordenó la emisión de un mandamiento de apremio, de acuerdo a lo establecido en los arts. 127 y 413 del CFPF; v) En respuesta a esto, la peticionante de tutela presentó incidente de actividad procesal defectuosa; sin embargo, resolvió el mismo, rechazándolo por no corresponder a materia familiar, quedando notificada la prenombrada, a lo que esta interpuso recurso de apelación; vi) Dicho recurso fue concedido de acuerdo al art. 388 del citado Código y se precisaron las piezas procesales pertinentes a fin de que sea remitido al Tribunal de alzada correspondiente, acto que fue notificado a ambas partes; sin embargo, la peticionante de tutela no se tomó la molestia de apersonarse ni de proveer los recaudos de ley, aspecto que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo, amerita que el juez, de oficio o a petición de parte, declare la caducidad del recurso y, por consiguiente, dar por ejecutoriada la Resolución impugnada; vii) La peticionante de tutela, para interponer la presente acción de libertad, en ningún momento fue perseguida o detenida, ella sabía perfectamente de la asistencia familiar en favor de su hijo; viii) Ahora que su hijo es mayor de edad, la ley prevé determinados mecanismos: puede pedir la cesación, la reducción o incremento de asistencia familiar; no obstante, la accionante solo se limitó a interponer un incidente de actividad procesal defectuosa, incidente que fue resuelto conforme a ley; y, ix) Por ley, no está obligada a cubrir recaudos; esa facultad es de la parte peticionante, y si no se cubre, se dispone la caducidad, por lo que cumplió con el procedimiento. Patricia Nathaly Padilla Conde, Secretaria del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: a) La accionante, con mala fe, las señala como responsables del proceso que estaría lesionando su derecho a la libertad, cuando es responsabilidad de su abogado proveer los recaudos para las fotocopias legalizadas, lo cual no ocurrió hasta la fecha -se asume de la audiencia de garantías-; y, b) A diferencia de materia penal, en materia familiar no se cuenta con fotocopias gratuitas, por lo que la impetrante de tutela pretende incumplir con la asistencia familiar que adeuda a través de una acción de libertad.

I.2.5. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 34/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad se activa en aquellos casos en los que la libertad física de las personas fuese conculcada como emergencia de una tramitación y decisión indebida de la autoridad jurisdiccional y no exista otro recurso; 2) En materia familiar, en cuanto a las apelaciones, no opera la absoluta gratuidad como ocurre en materia penal, conforme lo establece el art. 388.III del CFPF, que determina que el apelante debe cumplir con la obligación de proveer las fotocopias legalizadas, extremo que no demostrado con ningún documento por parte de la accionante, y más bien asumió una actitud negligente al no realizar el seguimiento de su proceso; 3) La impetrante de tutela fue notificada con el Auto de admisión y de remisión de antecedentes recién el 29 de agosto de 2023, pero debe tenerse en cuenta que, en materia familiar, la ejecución de la asistencia familiar no se suspende, así existan trámites pendientes, inclusive ante la anulación de actuaciones procesales, conforme establece el art. 415 del citado Código; d) El apremio corporal y la situación de privación de libertad de la peticionante de tutela no está pendiente del resultado de la resolución de apelación, siendo, además, que la misma se concedió en efecto devolutivo, no pudiendo suspenderse, por tanto, los trámites de proceso familiar, menos la ejecución de la asistencia familiar, de acuerdo a lo señalado en el art. 376 del mencionado Código, incumpliéndose, por lo tanto, uno de los requisitos para la procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, que refiere que la retardación denunciada tiene que estar vinculada con la libertad de la accionante; y, e) La parte demandada no conculcaron derechos y garantías constitucionales, pues no se contravino el sistema de protección de derechos fundamentales y humanos para personas obligadas a proveer la asistencia familiar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, Felisa Yujra Cruz -accionante- interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 313/23 de 14 de junio, emitido por Elsa Sangüeza Cossío, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz -demandada- (fs. 17 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al acceso a la justicia; toda vez que, se emitió mandamiento de apremio en su contra, siendo que la liquidación fue tramitada sin su conocimiento, que interpuso incidente de actividad procesal defectuosa y apeló el Auto Interlocutorio 313/23; y, que, pese a que el Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2023 ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, la parte demandada dilató injustificadamente dicho acto, manteniéndola privada de libertad. Ante ello, la parte demandada señala que: 1) La accionante conocía del proceso de divorcio donde se fijó la asistencia familiar -Sentencia 655/2015-; 2) La liquidación se aprobó conforme al art. 415.III del CFPF, con notificación en su domicilio real; 3) Ante su inacción, se expidió el apremio con sustento en los arts. 127 y 413 del citado Código; 4) El incidente fue correctamente rechazado y la apelación fue concedida en efecto devolutivo, conforme al art. 388 del mencionado Código, quedando a cargo de la impetrante de tutela proveer los recaudos necesarios, cuya omisión, según el referido artículo, habilita la caducidad del recurso; y, 5) La ejecución de la asistencia no se suspende por trámites pendientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertada traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada Al respecto la SC 0224/2004-R de 16 de enero, citada a su vez por la SCP 0082/2025-S2 de 27 de febrero señala que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que se creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al acceso a la justicia, toda vez que, su libertad fue indebidamente restringida a través de un mandamiento de apremio ejecutado dentro de un proceso de divorcio, no obstante que la liquidación fue tramitada sin su conocimiento, por lo que interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 313/23 de 14 de junio, rechazándolo. Por ello, apeló dicha determinación y, pese a que el Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2023 ordenó remitir obrados a la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la parte demandadas dilató injustificadamente dicha actuación, por lo que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -29 de agosto de 2023-, se la mantiene privada de su libertad. Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede ante solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física del accionante y esta no haya sido resuelta con la mayor celeridad posible; no obstante, aquel no es un criterio inderrotable, puesto que depende de las circunstancias que rodean cada caso.

En el caso concreto, la impetrante de tutela sostiene que las autoridades demandadas omitieron remitir el recurso de apelación que interpuso el 25 de julio de 2023 contra el Auto Interlocutorio 313/23 (Conclusión II.1), mediante el cual la Jueza demandada rechazó su incidente de actividad procesal defectuosa, ello a pesar de haberse dictado el Auto Interlocutorio de 4 de agosto de 2023, que dispuso expresamente la remisión del referido medio impugnatorio; sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el art. 388.III del CFPF: “Si la o el apelante no cumple con la obligación de las fotocopias legalizadas, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte declarará la caducidad del recurso y ejecutoriada la resolución apelada”; de esto se extrae que, dicho precepto establece que la provisión de las fotocopias legalizadas de las piezas necesarias para la tramitación del recurso es una carga procesal y presupuesto de conservación del medio impugnatorio, por lo que, su incumplimiento produce, de modo legal y objetivo, la caducidad del recurso y la ejecutoria de la resolución impugnada. En ese entendido, la accionante no puede alegar su propia negligencia para pretender conseguir una tutela vía constitucional, puesto que lo único que se pretende de parte de la Jueza demandada es el cumplimiento de lo establecido en el art. 388 del citado Código. De lo señalado, al no verificarse lesión algún al derecho a la libertad y la garantía al debido proceso, y siendo que el retardo de la remisión del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 313/23 no es atribuible ni a la Jueza ni a la Secretaria del Juzgado -ahora ambas demandadas-, sino a la impetrante de tutela por no evidenciarse el cumplimiento de lo establecido en el art. 388.III del CFPF, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0174_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a88ce9c3883acd0ee23488d5aa24bf3b85ef0f982c7eed37c4c098e97f9662f

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