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SCP 0173/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58036-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones y a una justicia gratuita, toda vez que, por memorial de 28 de julio de 2023, solicitó la cesación a su detención preventiva, que mereció la emisión de la providencia de 31 de ese mes y año, donde la parte demandada señaló que: “'…debe estar conforme a lo dispuesto por Resolución N° 364/23 de fecha 26 de julio…'” (sic), sin señalarse la misma. Ante ello, la Secretaria codemandada señala que, el impetrante de tutela no precisó de qué forma vulneró sus derechos constitucionales y que es el Juez demandado quien señala las audiencias y no su persona. El Juez demandado no asistió a audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2023 de 5 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez demandado, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo, de forma inmediata, señalar audiencia de cesación a la detención preventiva, salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya se hubiera realizado; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la Secretaria codemandada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58036-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 66/2023 de 5 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzáles en representación sin mandato de Guido Alex Salas Sullca contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez; y, Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 2 a 3, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. En ese contexto, mediante memorial presentado el 28 de julio de 2023, solicitó ante Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -demandado- la cesación de dicha medida; no obstante, el Juez demandado, a través de providencia de 31 de julio de 2023, dispuso: “'…la parte impetrante debe estar conforme a lo dispuesto por Resolución N° 364/23 de fecha 26 de julio…'” (sic). En la referida Resolución se ordenó la remisión de antecedentes al juzgado de sentencia penal de turno, señalándose la imposibilidad de fijar la audiencia solicitada, bajo el argumento de que la causa se encontraba con acusación y que una “ampliación” -se entiende apelación- se hallaba pendiente de remisión. Tal actuación vulneró sus derechos, toda vez que el señalamiento de la audiencia no debía exceder el plazo de cuarenta y ocho horas y debía tramitarse con la debida celeridad, máxime cuando la causa no se encontraba radicada en otro juzgado, colocándolo en un estado de indefensión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones y a una justicia gratuita, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, los demandados señalen audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) En anteriores días se desarrollaron audiencias de consideración de su situación jurídica y se dispuso la ampliación del término probatorio y, por ende, de su detención preventiva; b) Ante la solitud de audiencia de cesación a la detención preventiva de 28 de julio de 2023, el Juez demandado providenció que, “…estese a la Resolución…” (sic), rechazando de forma arbitraria su solicitud, vulnerando el derecho a la libertad y al debido proceso, siendo que se encuentra privado de libertad de manera arbitraria e ilegal; estos aspectos no fueron considerados por los demandados; c) La SCP “777/2014-r” señaló que, es deber y responsabilidad de los funcionarios responder y señalar una solicitud de cesación a la detención preventiva, sin importar el estado de la causa, velando por los principios de celeridad y protección de un privado de libertad; es así que, las autoridades demandadas omitieron estas responsabilidades; y, d) Respecto a la subsidiariedad, no se les proporcionó el cuaderno con la excusa de que estaba en despacho y que se tenía que remitir con una apelación pendiente, misma que se desconoce si se remitió; y, también de la remisión ante el juzgado de sentencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 12, señaló que: 1) En la presente acción de libertad no se señala de qué forma vulneró los derechos constitucionales del impetrante de tutela; y, 2) El Juez demandado es quien señala las audiencias, conforme la tablilla de audiencia que se tiene en el Juzgado, y no así su persona.

Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no se conectó a la audiencia pública virtual ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 4.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 66/2023 de 5 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que los demandados señalen día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y que la misma se desarrolle dentro de los plazos establecidos por la norma procesal penal; con base en los siguientes fundamentos: i) La providencia de 31 de julio de 2023, que señala que, “'…La parte impetrante debe estar conforme a lo dispuesto por Resolución N° 364/2023 de fecha 26 de julio de 2023…'” (sic), está firmada por los demandados; en ese entendido, la autoridad jurisdiccional debe señalar audiencia de consideración conforme el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el plazo de cuarenta y ocho horas; consecuentemente, si bien la Secretaria codemandada informó que es el Juez demandado quien señala audiencias, la jurisprudencia y las modificaciones incorporadas al citado Código por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establecen que, las providencias de mero trámite deben ser realizadas por las o los secretarios, en virtud del principio de celeridad; y, ii) La solicitud de cesación a la detención preventiva debe atenderse, independientemente de que esté en trámite la ampliación del plazo de la misma, esto en razón de que, la petición fue realizada conforme lo señalado en el art. 239.1 y 5 del CPP, por lo que, debe señalarse audiencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por providencia de 31 de julio de 2023, Marco Antonio Amaru Flores, Juez; y, Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -demandados-, señalan que, la parte impetrante debe estar conforme a lo dispuesto por “…Resolución N° 364/2023 de fecha 26 de julio de 2023” (sic [fs.11]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones y a una justicia gratuita, toda vez que, por memorial de 28 de julio de 2023, solicitó la cesación a su detención preventiva, que mereció la emisión de la providencia de 31 de ese mes y año, donde la parte demandada señaló que: “'…debe estar conforme a lo dispuesto por Resolución N° 364/23 de fecha 26 de julio…'” (sic), sin señalarse la misma. Ante ello, la Secretaria codemandada señala que, el impetrante de tutela no precisó de qué forma vulneró sus derechos constitucionales y que es el Juez demandado quien señala las audiencias y no su persona. El Juez demandado no asistió a audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por otro lado, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema señalan que, uno de los principios en los que se sustenta la administración de justicia es la celeridad, convirtiéndose este en un elemento medular del debido proceso; es decir, que la tramitación de una causa judicial o administrativa debe llevarse a cabo sin demoras innecesarias.

Con referencia a la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.2. Análisis del caso concreto

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, en lo que respecta a la Secretaria codemandada, si bien dicha servidora cuenta con legitimación pasiva, el accionante no acudió previamente ante el inmediato superior de dicha funcionaria para alegar el perjuicio que reclama en cuanto a su actuar; pues, conforme establece la SC 0008/2010-R de 6 de abril: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad ya la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”. Ante lo expuesto, se denota que el accionante no consideró tales extremos, debiendo, en consecuencia, denegarse la tutela en relación a la prenombrada. Ahora bien, delimitada como está la problemática planteada, es relevante considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el entendido de que las autoridades jurisdiccionales y administrativas, en los casos que sean de su conocimiento relacionados a la libertad de las personas, deben efectivizar los trámites respectivos con la mayor celeridad posible. Así, respecto a la supuesta existencia de una acusación formal, dicho actuado no fue evidenciado en los antecedentes del caso, por lo que no resulta posible presumir su existencia. Este extremo tampoco fue corroborado por ninguno de los demandados; más aún cuando, en relación con la apelación supuestamente pendiente de remisión, el Juez de garantías manifestó que: “…la Resolución N° 364/2023 de la mencionada fecha no cursa en el cuaderno de control jurisdiccional; sin embargo, conforme se ha señalado, se ha ampliado el plazo de la detención preventiva y se encuentra pendiente el trámite de apelación contra la determinación de ampliación del plazo de la detención…” (sic). Tal circunstancia condujo a concluir que, ante la inexistencia de evidencia sobre la presentación de una acusación fiscal y la falta de certeza respecto al estado de tramitación del recurso de apelación incidental -considerando además que el accionante, en audiencia de garantías, refirió que al realizar el seguimiento del proceso los funcionarios del juzgado no le proporcionaron el cuaderno de control “…con la excusa de que estaba en despacho y que se tenía que remitir con apelación pendiente…” (sic)-, el Juez demandado se encontraba plenamente facultado para señalar y celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. En consecuencia, al no haber procedido a dicho señalamiento dentro del plazo legalmente establecido, incurrió en una dilación indebida en la definición de la situación jurídica del accionante, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2023 de 5 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez demandado, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo, de forma inmediata, señalar audiencia de cesación a la detención preventiva, salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya se hubiera realizado; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la Secretaria codemandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0173_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): ccf7d8d2edad824bad102c53638c3c5870bb599ee769c82d9595a0c18188fe7f

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