B.IA.LEGAL

SCP 0173/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
53690-2023-108-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La entidad accionante a través de su representación legal, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la tutela judicial efectiva; así como al principio de seguridad jurídica, en razón a que los Vocales accionados al dictar el Auto de Vista 101, por el que, confirmaron la viabilidad de conexitud de procesos formulada por el acusado -hoy tercero interesado-; indebidamente: a) No resolvieron conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación incidental; b) Obviaron analizar, fundamentar y motivar sobre los supuestos y/o condiciones establecidas en el art. 67 del CPP, al no establecer cuál de ellas habrían aplicado; a contrario, expusieron argumentos relacionados con el instituto procesal del ne bis in ídem, previsto en los arts. 4 y 45 del citado Código, vinculados a la garantía de prohibición de persecución penal múltiple; c) Tampoco motivaron ni fundamentaron razonablemente la aplicación del art. 68.2 del adjetivo penal, cuando debieron establecer cuál de los procesos penales tenía fecha de iniciación más antigua; y, si bien señalaron la aplicación de dicho precepto procesal en su numeral 3), no examinaron sus componentes, para así determinar la autoridad judicial que previno primero, conforme el art. 49 del CPP, en suma, no hicieron mención a los elementos normativos contenidos en el precitado art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 470 a 473 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, en los mismos efectos dispositivos asumidos por la precitada Sala Constitucional de dejar sin efecto el cuestionado Auto de Vista 101 de 20 de junio de 2022 y la emisión de uno nuevo; bajo los razonamientos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y alcances pertinentes delimitados en el examen constitucional sobre los acápites b) y c) del objeto procesal precisado;

2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la alegada conculcación del derecho al debido proceso en su componente de congruencia -externa-, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; así como a la denuncia de irregular y/o ilegal tramitación de la solicitud de conexitud de procesos -punto d) del objeto procesal, de acuerdo a los fundamentos desarrollados ut supra; y,

3° Exhortar a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2025-S2 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53690-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 470 a 473 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Rosa Moreno Bacarreza, Rocío Terceros Nogales y Ruth Aponte Prado en representación legal del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) contra Arminda Méndez Terrazas, José Emerson Figueroa Morales; Vocales; y, Walter Pérez Lora, ex Vocal, todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 29 de diciembre, ambos de 2022, cursantes de fs. 412 a 423; y, 433, la entidad accionante a través de su representación legal, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya contra Edson Fidel Benjin Gonzáles -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70191617, el 30 de julio de 2021, dos años después de haber iniciado el juicio oral, público y contradictorio; el referido acusado, pidió la acumulación de procesos por conexitud, solicitud que, siendo puesta a conocimiento de la entidad fue contestada, pero el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin señalar audiencia de manera escrita y directa, emitió el Auto 517/21 de 28 de septiembre de 2021, ante lo cual se interpuso recurso de apelación incidental, al igual que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) -hoy tercera interesada- y el Ministerio Público.

Refiere que, las impugnaciones formuladas fueron resueltas a través de Auto de Vista 101 de 20 de junio de 2022, dictado por Arminda Méndez Terrazas y Walter Pérez Lora, Vocal y ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados-, que confirmó el fallo recurrido y declaró: “...FUNDADO EL INCIDENTE QUE DISPONE LA CONEXITUD DE CAUSA DEL PROCESO REGISTRADO CON EL NUREJ 70144886 AL PROCESO PENAL REGISTRADO CON EL NUREJ 701916117” (sic); no obstante, a fin de determinar ello y sin resolver conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación incidental, las autoridades accionadas incurrieron en las siguientes irregularidades: Primero: No analizaron, fundamentaron ni motivaron sobre los supuestos y/o condiciones establecidas en el art. 67 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para la procedencia de la conexitud de procesos, como tampoco cuál de ellas habrían aplicado, cuando debieron considerar que, el primer supuesto describe la concurrencia de varios sujetos activos en un hecho antijurídico, por ende, la misma se materializa solo cuando exista pluralidad de autores en la comisión del hecho, bajo la coautoría concomitante y funcional; el segundo supuesto, conlleva la realización de hechos conexos o subsecuentes que se encuentran interrelacionados entre sí para la obtención de un determinado resultado, siendo lo decisivo para la conexitud procesal la existencia del elemento secuencial de los hechos y su indivisibilidad del suceso principal; y, el tercer supuesto, determina la misma cuando existe simultaneidad de sujetos pasivos y activos en las circunstancias propias del hecho; empero, a contrario, los argumentos que expusieron son requisitos establecidos para otro instituto -procesal- que es el ne bis in ídem, que no se encuentra dentro del precitado precepto procesal penal sino conforme los arts. 4 y 45 del citado Código está vinculado a la garantía de prohibición de persecución penal múltiple. Segundo: Los Vocales accionados tampoco motivaron ni fundamentaron la aplicación del art. 68.2 del CPP, cuando debieron establecer cuál de los procesos penales tenía fecha de iniciación más antigua, conforme a lo cual, de haber realizado el análisis que correspondía, hubieran llegado a la conclusión de que el caso con NUREJ 70144886 se inició el 28 de abril de 2018 y el caso con NUREJ 70191617 el 3 de diciembre de igual año, por lo que, la acumulación no podía efectuarse de acuerdo a lo dispuesto, lo que acredita la existencia de una explicación irrazonable, al limitarse a señalar que, la acusación es más antigua, cuando el inicio de investigaciones es posterior, lo cual no tiene base legal, resultando también en una motivación arbitraria; y, si bien señalaron la aplicación del citado precepto procesal en su numeral 3), debieron haber establecido cuáles eran los hechos simultáneos, no conste cuál se cometió primero o que exista duda sobre ello, para con base en esto, determinar que el competente era el primero que haya prevenido conforme el art. 49 del señalado Código; empero, este análisis es inexistente; así, en ninguna parte del Auto de Vista cuestionado hicieron mención a los referidos elementos normativos contenidos en el precitado art. 68 del adjetivo penal ni tampoco por qué no fueron aplicados, cuando con base a su interpretación literal y teleológica concordante con los arts. 4 y 45 del mismo Código “...el caso debió acumularse al caso que se inició primero, es decir al caso que tiene como fecha de inicio de investigaciones más antigua 27 de abril de 2018, ES DECIR AL CASO NUREJ 70144886” (sic). Tercero: No motivaron ni fundamentaron respecto a que se tramitó el incidente de conexitud de procesos de manera escrita, incumpliendo considerar la prohibición de trámites estructurales dentro de las audiencias de juicio oral, público y contradictorio, conforme el art. 113 del CPP -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, que se resolvió después de cuatro años de iniciada la causa penal, cuando el art. 314 del adjetivo penal establece el plazo para la interposición de excepciones e incidentes; y, el art. 345 del citado Código dispone que solo se pueden interponerse aquellos que sean sobrevinientes.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La entidad impetrante de tutela, a través de su representación legal, alega la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la tutela judicial efectiva; así como al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 9, 13.IV,115, 116,117.I, 119, 120, 256.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 10 y “11” de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); “8. 1. 8. 2.b), c) y f)”, “9” y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, “14. Núm.) 2) y 3 INC b) c) d)” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 101 y la audiencia de fundamentación de apelación incidental de 20 de junio de 2022, disponiéndose que se renueve la misma; y, una vez cumplido dicho acto procesal, se dicte nuevo auto de vista debidamente fundamentado, motivado y congruente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 466 a 469 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La entidad peticionante de tutela a través su abogado, ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar; y, en ampliación señaló que, en juicio oral, público y contradictorio no se encuentra permitida la aplicación de los art. 314 y 315 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, sino que se rige por el art. 345 del citado cuerpo normativo, “...en este caso esa nulidad está expresamente prevista por ley con el art. 169.4 y el 113 cuando prohíbe de manera expresa que se den trámites escriturados en juicio oral...” (sic).

I.2.2. Informe de la parte accionada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 465 y vta., sostuvo que: a) Causa extrañeza el procedimiento desarrollado dentro de esta acción de defensa, puesto que fue recepcionada en Sala Constitucional el 19 de diciembre de 2022; es decir, hace dos meses, además que se le notificó fuera de término; y, b) La presente acción tutelar es “inadmisible” -lo correcto es improcedente-, porque no fue presentada dentro de los seis meses que establece el procedimiento; y, c) Solicitó se considere el Auto de Vista 101, toda vez que, por la citación realizada fuera de término no pudo elaborar el informe respectivo. José Emerson Figueroa Morales; y, Walter Pérez Lora, Vocal y ex Vocal, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia, ni remitieron informe alguno pese a su citación cursante de fs. 449 a 451.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, a través de su representación legal, por memorial cursante de fs. 479 a 481 vta., ratificado en audiencia, refirió que: 1) El Auto de Vista 101 -ahora cuestionado-se emitió sin considerar y fundamentar sobre los diferentes agravios coincidentemente observados por los “incidentistas”, lesionando la garantía del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación; y, al derecho a la tutela judicial efectiva; 2) Dicho fallo de alzada tampoco analizó, fundamentó ni motivó sobre lo establecido en los arts. 67 y 68 del CPP, ni cómo dentro de un juicio oral, público y contradictorio se tramitó un incidente -de conexitud- de manera escrita y sin audiencia, contrario a los arts. 314 y 345 del mismo Código; 3) Estos aspectos fueron acertadamente señalados por la entidad accionante, quien activó este medio de defensa constitucional, en procura de establecer los derechos conculcados de la parte acusadora, en la que se encuentra en representación del Estado y en calidad de víctima-querellante, conforme a la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; y, el art. 331 de la CPE; y, 4) Solicitó se conceda la tutela impetrada. Esther Carolina Llorenty Gutiérrez, a través de su abogado, en audiencia solicitó que se dicte una resolución objetiva y conforme a derecho, considerando que, la causa penal inicio el 2018, trascurriendo más de cinco años, por lo que, todas las acciones que presenten las partes procesales no pueden ser dilatorias y “... su autoridad como juez de garantías pueda sanear el presente proceso...” (sic). Edson Fidel Benjin Gonzáles, Clara Arteaga Nogales y Luis D’angelo Freeking Zabala, no remitieron escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia, aun de su notificación cursante de fs. 441 a 444; y, 452 a 453.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

Alberto Zeballos Flores, Fiscal de Materia, no se hizo presente en audiencia ni presentó memorial alguno, pese a su notificación cursante de fs. 439 a 440.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 470 a 473 vta., concedió la tutela impetrada, -en vía de aclaración se precisó “…disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 20 de junio de 2022, debiendo emitirse uno nuevo, conforme a los lineamientos jurisprudenciales…” (sic)-. Con base en los siguientes fundamentos: i) Son tres apelaciones incidentales formuladas de forma estructurada, de las cuales debió tomar conocimiento el Tribunal ad quem; ii) Fundamentar no es lo mismo que motivar; en ese sentido, “...el deber jurisdiccional de toda autoridad es la de motivar, fundamentar y decidir, en virtud a una congruencia, constante, permanente e inalterable, para este Tribunal de Garantías, la aceptación de haber llegado a una conclusión a prima facie y después de argumentar de que los apelantes, otra voz, en singular lo dice, el apelante cuando lo cierto es que son tres las apelaciones incidentales, llegar a la conclusión de que no mencionó cual el artículo o asidero legal, respecto del cual no se hubiera cumplido, es un primer agravio, traducido a la incongruencia omisiva...” (sic); siendo ello evidente, al considerar a uno solo como apelante y no los agravios de cada uno de los sujetos procesales de forma separada; iii) Esa circunstancia imperativa inexcusablemente debió ser considerada, más aún cuando se estableció el fundamento que la entidad ahora accionante no hubiera sido precisa en cuanto a la carga argumentativa en apelación incidental, cuando lo cierto es que, no consideró los argumentos vertidos “...en las declaraciones incidentales formuladas por procesos escriturados...” (sic), error que se traduce en la lesión -del debido proceso- en la vertiente de motivación, al no haberse explicado las razones por las cuales se omitió pronunciarse sobre ciertos aspectos fundados por las partes; y, iv) Por lo que, al advertirse incongruencia omisiva y motivación insuficiente “...debe cumplir con lo que este Tribunal ahora ha observado, a efectos de que este Tribunal puede ingresar a verificar si es evidente o no las lesiones sustanciales que hoy invoca la parte accionante, pues puede ocurrir de que la autoridad accionada se percate de aquello y decida de manera motivada y fundada, no así decida sin considerar los argumentos vertidos por los sujetos procesales” (sic).

En vía de complementación la parte impetrante de tutela, solicitó se complemente la Resolución constitucional dictada, disponiendo que el -nuevo-fallo deba ser cumplido -emitido- por las actuales autoridades judiciales que componen la Sala Penal -Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-. Asimismo, en uso de la palabra el abogado de la ASFI, manifestó que, no pudo escuchar qué es lo que se dispuso en la Resolución constitucional.

Ante lo cual, la Sala Constitucional señaló que, se procedió a notificar -citar- a los miembros que actualmente se encuentran ejerciendo en la antes indicada Sala Penal Segunda, por lo que, les alcanza el control constitucional -efectuado-; y, aclaró que, se dispuso conceder la tutela impetrada en cuando el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 101, debiéndose emitir uno nuevo, conforme a los lineamientos jurisprudenciales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Banco Unión S.A. -hoy accionante- contra Edson Fidel Benjin Gonzales -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, signado con NUREJ: 70191617, por Auto 517/21 de 28 de septiembre de 2021, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso: “...la CONEXITUD DE LAS CAUSAS DEL CASO REGISTRADO CON EL NÚMERO DE NUREJ: 70144886 AL PRESENTE PROCESO PENAL REGISTRADO CON NÚMERO DE NUREJ: 70191617, conforme a los fundamentos expuestos supra...” (sic [fs. 427 a 431]). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental celebrada el 20 de junio de 2022, en la cual Arminda Méndez Terrazas; y, Walter Pérez Lora, Vocal y ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, dictaron el Auto de Vista 101, en el que, en lo central, resolvieron: “ADMISIBLE E IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR EL REPRESENTANTE DEL BANCO UNIÓN Y POR EL REPRESENTANTE DE ASFI. EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 517/21 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DICTADO POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Y ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 9° DE LA CAPITAL. DECLARÁNDOSE FUNDADO EL INCIDENTE QUE DISPONE LA CONEXITUD DE CAUSAS DEL PROCESO REGISTRADO CON EL NUREJ: 70144886 AL PROCESO PENAL REGISTRADO CON EL NUREJ 70191617” (sic [fs. 390 a 401]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La entidad accionante a través de su representación legal, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la tutela judicial efectiva; así como al principio de seguridad jurídica, en razón a que los Vocales accionados al dictar el Auto de Vista 101, por el que, confirmaron la viabilidad de conexitud de procesos formulada por el acusado -hoy tercero interesado-; indebidamente: a) No resolvieron conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación incidental; b) Obviaron analizar, fundamentar y motivar sobre los supuestos y/o condiciones establecidas en el art. 67 del CPP, al no establecer cuál de ellas habrían aplicado; a contrario, expusieron argumentos relacionados con el instituto procesal del ne bis in ídem, previsto en los arts. 4 y 45 del citado Código, vinculados a la garantía de prohibición de persecución penal múltiple; c) Tampoco motivaron ni fundamentaron razonablemente la aplicación del art. 68.2 del adjetivo penal, cuando debieron establecer cuál de los procesos penales tenía fecha de iniciación más antigua; y, si bien señalaron la aplicación de dicho precepto procesal en su numeral 3), no examinaron sus componentes, para así determinar la autoridad judicial que previno primero, conforme el art. 49 del CPP, en suma, no hicieron mención a los elementos normativos contenidos en el precitado art. 68 del mismo Código, ni tampoco por qué no fueron aplicados, cuando con base a la interpretación literal y teleológica el caso debió acumularse al signado con NUREJ 70144886, al haber iniciado con anterioridad; y, d) No motivaron ni fundamentaron respecto a que se tramitó la solicitud de conexitud de procesos de manera escrita, incumpliendo considerar la prohibición de trámites estructurales dentro de las audiencias de juicio oral, público y contradictorio prevista en el art. 113 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, que se resolvió después de cuatro años de iniciada la causa penal, obviando el art. 314 del Código señalado; y, que en esa etapa rige el art. 345 del CPP, existiendo una nulidad conforme el art. 169.4 del citado Código.

Al respecto, la Vocal accionada, que presentó el informe respectivo, dentro de los argumentos de oposición al planteamiento de la parte impetrante de tutela, en lo pertinente, alegó que, la presente acción de defensa es “inadmisible” -lo correcto es improcedente-, porque no fue interpuesta dentro del plazo de seis meses; y en cuanto al fondo se remitió al Auto de Vista emitido y su contenido.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

Al respecto, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”» (las negrillas son nuestras).

Respecto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, señaló que: «“(...) ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado como se tiene precedentemente el presunto acto lesivo que motivó la activación esta acción de defensa, corresponde inicialmente efectuar algunas apreciaciones de índole procesal-constitucional.

Consideraciones previas Ante el argumento de contraposición presentado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -accionada- en el informe correspondiente, relacionado con la inobservancia del principio de inmediatez, cabe señalar que, el Auto de Vista 101 fue emitido en audiencia de 20 de junio de 2022, lo cual permite establecer que al haberse activado este mecanismo de protección tutelar el 19 de diciembre de igual año (fs. 423), cumplió con el plazo de seis meses previsto en los arts. 129. II de la Norma Suprema; y, 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, se tiene por observado dicho principio jurídico-procesal-constitucional. Por otra parte y siguiendo con los criterios de previa atención, por su importancia resulta necesario aclarar que, si bien el Auto de Vista cuestionado fue emitido por Arminda Méndez Terrazas y Walter Pérez Lora, Vocal y ex Vocal de la antes citada Sala Penal, la identificación y posterior reconocimiento de legitimación pasiva del Vocal José Emerson Figueroa Morales, actual integrante de dicho colegiado, es validada y establecida en función a la responsabilidad institucional que ostenta a efectos del cumplimiento de una eventual concesión de la tutela, (SCP 0761/2011-R de 20 de mayo). Caso concreto: Efectuadas las precisiones previas, corresponde ingresar a resolver el planteamiento constitucional ut supra identificado, para lo cual es conveniente, con fines de contextualización, conocer los antecedentes procesales y jurisdiccionales que le son inherentes. Así, se tiene dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Banco Unión S.A. -hoy accionante- contra Edson Fidel Benjin Gonzales -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, signado con NUREJ: 70191617, por Auto 517/21 de 28 de septiembre de 2021, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y de Materia contra la Violencia a la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso: “...la CONEXITUD DE LAS CAUSAS DEL CASO REGISTRADO CON EL NÚMERO DE NUREJ: 70144886 AL PRESENTE PROCESO PENAL REGISTRADO CON NÚMERO DE NUREJ: 70191617, conforme a los fundamentos expuestos supra...” (sic [Conclusión II.1]); posteriormente, en audiencia de apelación incidental celebrada el 20 de junio de 2022, Arminda Méndez Terrazas; y, Walter Pérez Lora, Vocal y ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, dictaron el Auto de Vista 101, en el que, en lo central, resolvieron:

“ADMISIBLE E IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR EL REPRESENTANTE DEL BANCO UNIÓN Y POR EL REPRESENTANTE DE ASFI. EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 517/21 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DICTADO POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Y ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 9° DE LA CAPITAL. DECLARÁNDOSE FUNDADO EL INCIDENTE QUE DISPONE LA CONEXITUD DE CAUSAS DEL PROCESO REGISTRADO CON EL NUREJ: 70144886 AL PROCESO PENAL REGISTRADO CON EL NUREJ 70191617” (sic [Conclusión II.2]).

En este contexto y bajo el marco de reclamación formulado por la entidad accionante, es necesario conocer los puntos de agravio que fueron deducidos por la misma contra el Auto 517/21, dentro del actuado procesal desarrollado en instancia de alzada el 20 de junio de 2022, que son los que siguen: 1) El Juez a quo no efectuó una valoración integral de la circunstancia de los hechos, si se toma en cuenta que, se tratan de dos diferentes causas y autores; así en la persecución penal por los delitos de corrupción se está viendo la mala función del ex funcionario del Banco Unión S.A., en cuya calidad cometió dos hechos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y, el proceso -penal que se quiere “añadir” a ese se refiere a apropiación indebida de fondos financieros- en el que existen diferentes actores y la víctima es el Banco Económico S.A. 2) La autoridad judicial inferior -jerárquica-, no realizó la valoración integral de todos los antecedentes del cuaderno procesal y de los procesos penales, careciendo su resolución de fundamentación, motivación y congruencia, dejándosele en indefensión, porque lo que se quiere sancionar, muy aparte de lo cometido en el delito de apropiación indebida de fondos financieros, es el incumplimiento de funciones del acusado como encargado de bóveda dentro de la banca pública, en relación a “Ley 004”, que está destinada a controlar la corrupción y el buen ejercicio de función pública; en ese sentido, tal circunstancia no fue comprendida ni debidamente detallada en el Auto apelado; por el contrario, simplemente se abocó a copiar sentencias constitucionales mencionadas por la representación fiscal, sin determinar de manera contundente cuál sería el nexo que existe entre las dos causas penales, máxime si como se mencionó son diferentes actores y bienes jurídicos que se están protegiendo o queriendo sancionar mediante la acusación.

Existen tres instituciones que hicieron uso del recurso de apelación incidental, “...la ASFI que viene por el delito de apropiación indebida de fondo financiero y el Ministerio bajo el criterio de objetividad, si revisa el comienzo del proceso de corrupción, el Ministerio Público inicia la causa de oficio y el Banco Unión como víctima y afectado por la mala función del ex funcionario se adhiere al proceso...” (sic); esa objetividad faltó en la decisión del Juez -inferior en grado-, lo que, provoca la vulneración de derechos, al carecer de motivación y fundamentación. Precisados los elementos de agravio planteados en alzada por la entidad recurrente -hoy impetrante de tutela-, subsecuentemente es importante conocer los argumentos y fundamentos que sostienen el Auto de Vista 101 -objeto de observación constitucional-, siendo los siguientes: i) En un único CONSIDERANDO, sostuvo que, en la apelación incidental interpuesta dentro de los alcances de los arts. 403 y 404 del CPP, la exposición de agravios por el apelante debe contener argumentación concreta y razonada de las partes del fallo que considera son lesivas a sus intereses, alegando en su caso si existió una interpretación equivocada o errónea de las disposiciones legales que regulan el régimen de incidentes y excepciones, por lo que, se debe citar las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende (indicar punto por punto, los supuestos errores, omisiones o demás deficiencias que se atribuye a la decisión de primera instancia) debiendo tomar en cuenta que, la expresión de agravios y los fundamentos del recurso deben ser concretos, precisos y claros. Por otra parte, el art. 398 del CPP con relación al art. 396.3 del mismo Código, establece que, los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados, en ese entendido se tiene la “SCP 0077/2012”. De acuerdo a ello, el Tribunal de apelación deberá circunscribir su determinación a los aspectos cuestionados por el apelante, para tal efecto, deberá dictar una resolución debidamente motivada, conforme el art. 124 del adjetivo penal. Que, de acuerdo a la fundamentación y motivación de las resoluciones, si bien la motivación es la que permite establecer un control judicial, académico o social para la validez de las decisiones judiciales, dentro de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva se encuentran también las de ejercer el derecho a la defensa y recurrir las resoluciones judiciales susceptibles de impugnación. Cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, lo cual permitirá a las partes conocer las razones por las cuales se asumió una determinación. De esta manera, cuando solamente se hace cita de los documentos y requerimientos de las partes, no existe motivación, consiguientemente, se vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional eficaz, circunstancia que genera duda sobre la credibilidad y justicia del fallo, lo cual, tampoco permite ejercer el derecho a la doble instancia, toda vez que, para poder impugnar un fallo judicial, es necesario conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la resolución que se controvierte. Si esas razones no son públicas la persona no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales. No obstante lo anterior, cabe tener presente que no resulta imprescindible que en la argumentación la autoridad judicial deba realizar abundantes consideraciones y ser reiterativa para justificar una determinación judicial, puesto que la motivación puede ser clara y concisa; en tal sentido se tiene a la SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre. ii) Continuando con el mismo Considerando; y, citando textualmente los arts. 67 y 68 del CPP, señaló que, del análisis integral del Auto 517/21, se tiene que, la autoridad jurisdiccional estableció que: a) Cursa en el cuaderno procesal, requerimiento de acusación formal de 16 de julio de 2021, contra Edson Fidel Benjin Gonzales, Clara Arteaga Nogales, Luis “Angelo F.” -D’angelo Freeking- Zabala y Esther Carolina Llorenty Gutiérrez por el presunto delito de apropiación indebida de fondos financieros, cuyo hecho fáctico expresaría que el acusado, aprovechando su condición de encargado de la bóveda del Banco Unión S.A., se habría apropiado indebidamente de fondos financieros en un monto total de Bs817 050.- (ochocientos diecisiete mil cincuenta bolivianos); y, b) Cursa en el cuaderno procesal acusación formal de 26 de junio de 2019, radicada en esa repartición judicial en contra del acusado Edson Fidel Benjin Gonzales, por la supuesta comisión del delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, cuyos hechos fácticos serían similares a la causa radicada en “...Juzgado de Sentencia Penal...” (sic). Así, también se establece que, el acusado estaría siendo incriminado por los mismos hechos en diferentes circunstancias, cuya calificación jurídica es distinta en ambas acusaciones, infiriéndose que no puede existir doble juzgamiento por los mismos hechos en aplicación del principio non bis in ídem, por más que se cambie la calificación jurídica y sean diferentes autores como lo dispone el art. 45 del CPP, que establece la indivisibilidad de juzgamiento, no pudiéndose por un mismo hecho seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en dicho Código. Considerando que se demostró que, los casos 70144886 y 70191617 tienen el mismo denunciante, acusado y el mismo hecho delictivo, implica que concurren los presupuestos para ordenar la conexitud de los procesos conforme los arts. 67 y 68.2 y 3 del citado Código, en razón a que la acusación formal radicada en “esa” repartición judicial es más antigua a la radicada en el “...Juzgado de Sentencia Penal 10°...” (sic), conforme se puede evidenciar por las acusaciones supra mencionadas, máxime teniendo en cuenta que, en la presente causa existe señalamiento de audiencia de juicio, por lo que, con la finalidad de precautelar el principio de celeridad y una justicia pronta, oportuna, corresponde que la misma sea acumulada a la presente causa radicada “en esta repartición”. Igualmente, se debe establecer que, de los argumentos de la parte apelante, no se ha podido escuchar cuál es el agravio que le ocasiona el Auto 517/21, que dispone la acumulación de causas, cuál la normativa que la autoridad jurisdiccional hubiera aplicado de manera incorrecta, teniendo en cuenta que el “C.P.P” investiga hechos y no delitos. En ese sentido, se tiene que el acusado Edson Fidel Benjin Gonzales estaría siendo incriminado por los mismos hechos en diferentes procesos, esa es la fundamentación de la autoridad jurisdiccional, indicando también que aunque la calificación jurídica sea distinta en ambas acusaciones, no puede existir doble juzgamiento por los mismos hechos en aplicación del principio de non bis in ídem, aunque se cambie la calificación jurídica y sean diferentes autores conforme establece el art. 45 del CPP. Seguidamente sostuvo que, la autoridad jurisdiccional realizó un análisis integral de los antecedentes de los procesos, consideró la solicitud de conexitud de causas y la resolvió velando por las garantías del debido proceso, “…así también por la aplicación de la S.C.P. 132/2017-S2...” (sic), analizó que los casos -con NUREJ- 7014886 y 70191617 tienen el mismo denunciante, acusado y el mismo hecho delictivo, que implica que concurren los presupuestos para ordenar la conexitud de los procesos conforme los arts. 4, 45, 67, 68.2 y 3 del CPP; y, 115, 117.II y 180 de la CPE. Concluyendo en que, la autoridad jurisdiccional realizó un razonamiento correcto conforme a las exigencias de los arts. 124 y 173 del adjetivo penal, cumpliendo con lo establecido en la precitada SCP 1234/2017-S1 -de 28 de diciembre-.

A partir de esta necesaria precisión de actuados, a continuación se pasa a resolver las problemáticas constitucionales delimitadas en el objeto procesal que precede. Sobre el punto a) de la delimitación constitucional La entidad accionante denuncia que, los Vocales accionados no resolvieron conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación incidental. Al respecto y convergiendo la problemática planteada en la presunta afectación al debido proceso en su vertiente de congruencia externa, cabe traer a colación entendimientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que sobre el particular, enfatizó que, esa acepción de vigencia del debido procesamiento, exige que toda determinación judicial contenga plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto en la misma. A partir de ello, de la revisión a lo expuesto por la entidad ahora accionante en la audiencia de apelación incidental respectiva, se denota que, los agravios deducidos estaban relacionados en lo sustancial con la alegada omisión de valoración integral de las circunstancias de los hechos concernientes a los procesos penales -sobre los cuales se definió la conexitud-, conforme a las cuales se tratarían de dos diferentes causas y autores, toda vez que, en una la persecución penal estaría vinculada a delitos de corrupción, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y, en la otra, se refiere a apropiación indebida de fondos financieros, en el que existen diferentes actores y la víctima es el Banco Económico S.A.; y, que ello conllevaría la carencia de fundamentación, motivación, congruencia y objetividad en el fallo recurrido, dejándosele en indefensión, porque lo que se quiere sancionar en la causa penal en la que -el Banco Unión- es víctima es el incumplimiento de funciones del acusado como encargado de bóveda dentro de la banca pública, en relación a “Ley 004”; circunstancia que no fue comprendida ni debidamente detallada en el Auto apelado, en el que, tampoco se estableció cuál sería el nexo que existe entre las dos causas penales, máxime si como se mencionó son diferentes actores y bienes jurídicos protegidos. Efectuada la labor de contrastación, del examen al Auto de Vista 101 -ahora impugnado-, se logra vislumbrar que, si bien dentro de unos de sus argumentos señaló que, no se pudo escuchar cuál es el agravio ocasionado por el Auto 517/21 recurrido y cuál la normativa que la autoridad jurisdiccional -inferior- hubiera aplicado de manera correcta, lo cual prima facie podría considerar la evidencia de lo alegado en esta acción de defensa en cuanto a una omisión de respuesta a las reclamaciones formuladas en alzada; empero, a continuación abordó razonamientos interrelacionados al componente central planteado por la entidad recurrente -ahora impetrante de tutela-, puesto que, sostuvo que, se investigan hechos y no delitos, estableciendo a partir de ello, que el acusado -ahora tercero interesado- estaría siendo incriminado por los mismos hechos en diferentes procesos -penales-, conforme a lo cual resaltó que, esa es la fundamentación de la autoridad jurisdiccional, indicando también que aunque la calificación jurídica sea distinta en ambas acusaciones, no puede existir doble juzgamiento por los mismos hechos en aplicación del principio de non bis in ídem, aunque se cambie la calificación jurídica y sean diferentes autores conforme establece el art. 45 del CPP.

Es decir, que en el Auto de Vista 101, ahora cuestionado, sí existió pronunciamiento sobre los puntos de agravio objeto del recurso, y que constituyeron la motivación recursiva promovida por la prenombrada entidad, por lo que, no es evidente la denunciada vulneración del debido proceso en su componente de congruencia -externa-, debiéndose en consecuencia denegar la tutela impetrada en este punto de contrastación constitucional, relacionada únicamente al referido componente de debido proceso, para cuyo fin la enunciación y/o descripción de los agravios así como la respuesta otorgada en instancia de alzada precisadas en el examen constitucional que precede, es asumida solo en el marco de ese tópico de verificación y no así como criterio alguno vinculado con los elementos de fundamentación y motivación, los cuales serán objeto de análisis infra. Respecto a los acápites b) y c) del objeto procesal

Dentro de esta acción tutelar se alega, que, las autoridades judiciales accionadas, obviaron analizar, fundamentar y motivar sobre los supuestos y/o condiciones establecidas en el art. 67 del CPP, al no establecer cuál de ellas habrían aplicado; a contrario, expusieron argumentos relacionados con el instituto procesal del ne bis in ídem, previsto en los arts. 4 y 45 del citado Código, vinculados a la garantía de prohibición de persecución penal múltiple; y, tampoco sobre la aplicación del art. 68.2 del adjetivo penal, cuando debieron establecer cuál de los procesos penales tenía fecha de iniciación más antigua; y, si bien señalaron la aplicación de dicho precepto procesal en su numeral 3), no examinaron sus componentes, para así determinar a la autoridad judicial que previno primero, conforme el art. 49 del CPP; en suma, no hicieron mención a los elementos normativos contenidos en el precitado art. 68 del mismo Código ni tampoco por qué no fueron aplicados, cuando con base a la interpretación literal y teleológica el caso debió acumularse al signado con NUREJ 70144886, al haber iniciado con anterioridad. Identificados los componentes de reclamaciones, que serán analizados de manera conjunta, considerando que la dimensión de su planteamiento tiene similitud en cuanto a la presunta afectación sustancial vinculada con el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, corresponde como razonamiento de sustento inicial, precisar que, conforme se tiene desarrollado en el precitado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad judicial a tiempo de emitir un fallo, debe cumplir con la debida, adecuada y suficiente fundamentación y motivación, que muestre por qué el caso se enmarca o no en la hipótesis de los preceptos legales sustantivos y procesales invocados; y, los motivos y razones de hecho por los cuales se asumió la determinación respectiva, debiendo sustentar sus convicciones determinativas que justifican razonablemente la decisión, a fin de no incurrir en una decisión sin motivación o que esta sea arbitraria o insuficiente.

En este marco jurisprudencial y de la revisión al Auto de Vista 101 -hoy impugnado-, se advierte que, abordó la resolución de alzada circunscribiéndose a alertar la exigencia normativa de los arts. 403 y 404 del CPP, el alcance de la actuación del Tribunal de alzada conforme al art. 398 con relación a los arts. 124 y 396.3 del mismo Código y lineamientos genéricos y jurisprudenciales vinculados con la fundamentación y motivación; para seguidamente, citando textualmente los arts. 67 y 68 del adjetivo penal y remitirse al contenido del Auto 517/21 -recurrido-, sostener a manera conclusiva, aun de considerar la existencia de una deficiencia de exposición de agravios, en cuanto al aspecto central de resolución en vía recursiva que, el “C.P.P” investiga hechos y no delitos; y, que el acusado -hoy tercero interesado- estaría siendo incriminado por los mismos hechos en diferentes procesos penales, que esa sería la fundamentación de la autoridad jurisdiccional, indicando también que, aunque la calificación jurídica sea distinta en ambas acusaciones, no puede existir doble juzgamiento por los mismos hechos en aplicación del principio non bis in ídem, aunque se cambie la calificación jurídica y sean diferentes autores conforme establece el art. 45 del CPP, por lo que, el Juez inferior realizó un análisis integral de los antecedentes de las causas penales y consideró la solicitud de conexitud de causas resolviéndola velando por las garantías del debido proceso, “…así también por la aplicación de la S.C.P. 132/2017-S2...” (sic), al analizar que los casos con NUREJ: 7014886 y 70191617 tienen el mismo el mismo denunciante, acusado y el mismo hecho delictivo que implica que concurren los presupuestos para ordenar su conexitud conforme los arts. 4, 45, 67, 68.2 y 3 del CPP; y, 115, 117.II y 180 de la CPE. De la necesaria precisión a los argumentos y fundamentos que contiene el fallo de alzada cuestionado, se puede denotar que, si bien efectúo la cita normativa constitucional y procesal penal aplicable al caso inherente a la figura procesal de la conexitud de procesos penales irradiada en la garantía de la persecución penal única e indivisibilidad de juzgamiento, no obstante, se abstrajo de establecer con claridad y suficiencia el encuadre de dicha hipótesis normativa al caso concreto analizado, en razón a que y pese a que desestimó la posibilidad planteada en alzada de inhibición de la requerida conexitud de los procesos penales con NUREJ: 7014886 y 70191617, bajo el correcto comprendido de que se investigan hechos y no ilícitos penales, por lo que, la diferencia de calificación jurídica y presuntos autores no resultarían determinantes para imposibilitar la pretendida activación de dicha figura procesal; sin embargo, limitó su armazón argumentativo al no efectuar ningún argumento fáctico propio sobre los supuestos y/o condiciones establecidas en el art. 67 del CPP y el efecto procesal normado en el art. 68 del mismo Código, lo cual le era imperativo para sostener con el necesario andamiaje de motivos y razones interrelacionadas a la concreción aplicativa de la normativa legal invocada la determinación consecuencial asumida en el parte dispositiva; es decir, confirmar el Auto recurrido y declarar fundada la promoción procesal y “...FUNDADO EL INCIDENTE QUE DISPONE LA CONEXITUD DE CAUSAS DEL PROCESO REGISTRADO CON EL NUREJ: 70144886 AL PROCESO PENAL REGISTRADO CON EL NUREJ 70191617...” (sic). Constituyendo ello, una deficiencia procesal-jurisdiccional que repercute en la insuficiente fundamentación y motivación que deviene en la vulneración del debido proceso en tales vertientes, por lo que, corresponde acoger favorablemente la tutela pretendida en el alcance examinado, concediendo la misma. Por otra parte, integrando la reclamación constitucional a la presunta lesión al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de seguridad jurídica, es pertinente señalar que, en virtud al marco de protección tutelar asumida que trasunta en la subsanación de las deficiencias procesales-jurisdiccionales advertidas, conectadas a los componentes de la fundamentación y motivación, no le resulta posible a esta jurisdicción constitucional abordar el examen sobre dicho derecho y principio, dado que, previamente corresponde que irregularidades alertadas sean subsanadas en sede ordinaria penal, en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada sobre los mismos. En cuando al inciso d) de la identificación procesal La entidad accionante denuncia que, los Vocales accionados no motivaron ni fundamentaron respecto a que se tramitó la solicitud de conexitud de procesos de manera escrita, incumpliendo considerar la prohibición de trámites estructurales dentro de las audiencias de juicio oral, público y contradictorio prevista en el art. 113 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, que se resolvió después de cuatro años de iniciada la causa penal, obviando el art. 314 del adjetivo penal; y, que en esa etapa rige el art. 345 del señalado Código, existiendo una nulidad conforme el art. 169.4 del citado Código. Sobre el particular es necesario recordar que, uno de los presupuestos de procedibilidad que rige a la acción de amparo constitucional es el principio de subsidiariedad, previsto en los arts. 129.I de la CPE; y, 54.I del CPCo, conforme al cual “..para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados…”. (las negrillas nos corresponden [SC 0150/2010-R de 17 de mayo]). En este sentido la alegada defectuosa y/o ilegal tramitación de la solicitud de conexitud de procesos, conforme se puede verificar del contenido del acta de audiencia de apelación de 20 de junio de 2022, no fue objeto de observación y/o reclamación a tiempo de la formulación de agravios por la entidad hoy accionante, imposibilitando que los Vocales accionados tomen conocimiento de dicha denuncia, para que la misma sea analizada y resuelta -según corresponda- en esa instancia superior jerárquica, lo que a su vez evidencia la existencia de una omisión de dinámica procesal que no posibilita superar la barrera de la procedibilidad de esta acción tutelar en cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, no pudiéndose acudir de forma directa ante esta jurisdicción constitucional, promoviendo una reclamación que no fue alertada ni dilucidada inicialmente en sede ordinaria penal. Por lo que, ante el incumplimiento del principio de subsidiariedad, corresponde denegar la tutela impetrada en este punto, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de su análisis.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta la problemática planteada y bajo la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera de importancia efectuar algunas consideraciones al trámite de esta acción de defensa.

Así, siendo la acción tutelar observada a través de Auto 361/22 de 20 de diciembre de 2022 (fs. 424) y en su efecto presentado memorial el 29 del mismo mes y año, el cargo de recepción del mismo consta con data 30 de enero de 2023; es decir, después de más de un mes de subsanada, aspecto que no fue alertado de forma alguna por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a tiempo de emitir el Auto de admisión 01/23 de 31 del mismo me y año (fs. 434), por ende, implícitamente consintieron la demora en la recepción del indicado memorial de subsanación, dilación que incluso fue advertida bajo el tópico de extrañeza en el informe presentado por la Vocal accionada.

Por otra parte, en el referido Auto de admisión, atendiendo que en la demanda tutelar la entidad accionante identificó como tercero interesado -entre otros- al representante del Ministerio Público, se dispuso llanamente: “...Al Otrosí 2°.- Por señalado, notifíquese...” (sic), obviando considerar que, este Tribunal de manera reiterada ha establecido que: “…el Tribunal de garantías debe prever la notificación al representante del Ministerio Público, posibilitando su intervención, requerimiento u opinión en representación de los ‘intereses generales de la sociedad’ y no como persona con interés particular como el que refiere a la calidad de 'tercero interesado’’” (SCP 2161/2013 de 21 de noviembre); conforme a lo cual, no correspondía reconocerle tal calidad al representante del Ministerio Público, lo que no implica de forma alguna desconocer su participación, pero no en la connotación procesal del tercero interesado.

Por lo expuesto, corresponde exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a los fines de que en futuras actuaciones verifiquen que los procesos constitucionales de naturaleza tutelar puestos a su conocimiento se desarrollen con celeridad y cumpliendo los plazos procesales, así como observen el alcance procesal del o los terceros interesados.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró parcialmente de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/23 de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 470 a 473 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, en los mismos efectos dispositivos asumidos por la precitada Sala Constitucional de dejar sin efecto el cuestionado Auto de Vista 101 de 20 de junio de 2022 y la emisión de uno nuevo; bajo los razonamientos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y alcances pertinentes delimitados en el examen constitucional sobre los acápites b) y c) del objeto procesal precisado;

2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la alegada conculcación del derecho al debido proceso en su componente de congruencia -externa-, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; así como a la denuncia de irregular y/o ilegal tramitación de la solicitud de conexitud de procesos -punto d) del objeto procesal, de acuerdo a los fundamentos desarrollados ut supra; y,

3° Exhortar a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0173_2025-S2.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): e315020060b5f66206b2244d99caa56eb60986f3293f9e193b9be97601670d70

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