Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a ser oída, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y, del principio de celeridad; toda vez que: 1) El 18 de agosto de 2023 solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, al 28 de igual mes y año, la Jueza demandada aún no providenció dicha solicitud para el correspondiente señalamiento de la audiencia de consideración de la misma; y, 2) La dilación observada se generó por el incumplimiento de las funciones asignadas por la Ley del Órgano Judicial a la Secretaria codemandada, quien no remitió su solicitud a despacho en el día, como era su obligación. Ante ello, la Jueza demandada señala que: i) Ante la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante, señalo la audiencia de consideración de la misma para el 21 de agosto de 2023; y, ante la incomparecencia de las partes del proceso, dispuso su suspensión y reprogramó la misma para el 1 de septiembre igual año; y, ii) Recién fue designada como autoridad jurisdiccional de ese asiento judicial; además, no cuenta con todo el personal de apoyo jurisdiccional, por lo que no pudo atender con mayor celeridad dicha solicitud. Por su parte, la Secretaria codemandada y el Fiscal de Materia codemandado, no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la Jueza demandada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que dicha autoridad o la que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz, proceda a resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva planteado por el accionante, salvo que ya se hubiese resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Secretaria codemandada y al Fiscal de Materia codemandado, conforme los argumentos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58098-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Reinaldo Vallejos Godoy en representación sin mandato de Nilo Quinta Díaz contra Ysabel Sarita Maza Moruño, Jueza; Verónica Arias Rivero, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz; y, Juan Raúl Rivero Saucedo, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, -signado con Código Único de Denuncias (CUD) 704302282300670-, mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapaní del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Buena Vista de dicho departamento. Transcurridos más de dos meses desde la ejecución de dicha medida extrema, el 18 de agosto de 2023 presentó un memorial solicitando la cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar- dicho memorial no fue providenciado.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a ser oída, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y, del principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y, en consecuencia, se restablezcan las formalidades legales y se ordene su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 30 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El 18 de agosto de 2023 presentó memorial solicitando la consideración de la cesación de su detención preventiva, el cual -hasta el día 28 del mismo mes y año- no se providenció; b) La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada- le comunicó que, al no haber encontrado el expediente no lo remitió al despacho de la Jueza dentro del plazo de veinticuatro horas para su respectiva atención; y, c) El art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece como funciones de los secretarios de juzgado: 1) Remitir a despacho, en el mismo día, todos los escritos presentados; 2) Labrar las actas de las audiencias; y, 3) Llevar y supervisar el registro de los libros y demás registros computarizados.
Ysabel Sarita Maza Moruño, Jueza de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 17 a 18, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) El 18 de agosto de 2023, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva en aplicación del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante lo cual se señaló audiencia para la consideración de dicha solicitud para el 21 de igual mes y año; ii) Debido a la incomparecencia de todas las partes del proceso penal, la audiencia no pudo llevarse a cabo, motivo por el cual se dispuso nueva fecha para el 1 de septiembre de ese año; señalamiento que fue notificado a las partes en esa misma oportunidad; y, iii) Recién asumió como Jueza, siendo notificada con dicha designación el 21 y 26 de julio, respectivamente, del referido año; y, dado que su despacho cuenta únicamente con dos funcionarias de apoyo judicial, ello impidió una mayor celeridad en la atención, no solo de esta, sino de todas las peticiones tramitadas en su juzgado. Verónica Arias Rivero, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz; y, Juan Raúl Rivero Saucedo, Fiscal de Materia, no presentaron informe alguno ni participaron de la audiencia de garantías a pesar de sus citaciones cursantes de fs. 9 a 10.
La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 26, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no se encuentra ilegalmente perseguido ni indebidamente procesado, puesto que, su privación de libertad emerge del proceso penal seguido en su contra, en el cual se dispuso su detención preventiva dentro de los límites establecidos por los arts. 23.I y 115.II de la CPE; b) La acción de libertad exige el cumplimiento de dos presupuestos esenciales; en el presente caso, si bien existe vinculación entre el acto denunciado y la presunta vulneración de derechos fundamentales, no concurre el requisito relativo a la evidencia del estado de indefensión; y, c) La Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0593/2017-S3 de 26 de junio y 0744/2015-S3 de 29 de junio, establecen que la acción de libertad deviene en improcedente cuando existe sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, situación que se presenta cuando desaparece el hecho lesivo o amenazante; y, dado que el impetrante de tutela solicitó audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva y encontrándose dicha audiencia señalada para el 1 de septiembre de 2023, los hechos denunciados por el peticionante de tutela desaparecieron.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapaní del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Nilo Quinta Díaz -ahora accionante- por sesenta días en la Carceleta de Buena Vista de dicho departamento, y señaló audiencia de verificación de su situación jurídica para el 21 de agosto de igual año a horas 14:30 (fs. 11 a 15). II.2. Cursa acta de suspensión de verificación de situación jurídica de 21 de agosto de 2023, ante la incomparecencia de las partes del proceso, en la que, Ysabel Sarita Maza Moruño, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- dispuso reprogramar el actuado procesal para el 1 de septiembre de ese mismo año a horas 8:00 (fs. 16).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a ser oída, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y, del principio de celeridad; toda vez que: 1) El 18 de agosto de 2023 solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, al 28 de igual mes y año, la Jueza demandada aún no providenció dicha solicitud para el correspondiente señalamiento de la audiencia de consideración de la misma; y, 2) La dilación observada se generó por el incumplimiento de las funciones asignadas por la Ley del Órgano Judicial a la Secretaria codemandada, quien no remitió su solicitud a despacho en el día, como era su obligación. Ante ello, la Jueza demandada señala que: i) Ante la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante, señalo la audiencia de consideración de la misma para el 21 de agosto de 2023; y, ante la incomparecencia de las partes del proceso, dispuso su suspensión y reprogramó la misma para el 1 de septiembre igual año; y, ii) Recién fue designada como autoridad jurisdiccional de ese asiento judicial; además, no cuenta con todo el personal de apoyo jurisdiccional, por lo que no pudo atender con mayor celeridad dicha solicitud. Por su parte, la Secretaria codemandada y el Fiscal de Materia codemandado, no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es agregado).
De la revisión de los antecedentes se evidencia que, por Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, se dispuso la detención preventiva del accionante por sesenta días en la Carceleta de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y se señaló audiencia de verificación de su situación jurídica para el 21 de agosto de ese mismo año (Conclusión II.1); y, una vez celebrada la misma, ante la incomparecencia de las partes del proceso, Ysabel Sarita Maza Moruño, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yacapaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en el mismo acto procesal determinó su suspensión y la reprogramó para el 1 de septiembre del señalado año (Conclusión II.2).
Ahora bien, con relación al primer punto reclamado, el impetrante de tutela sostiene que el 18 de agosto de 2023 presentó solicitud de cesación de su detención preventiva, la cual, al 28 de igual mes y año, no mereció tratamiento alguno por parte de la Jueza demandada; es decir, no se dispuso el señalamiento de la audiencia de consideración de la misma. Al respecto, corresponde señalar que, si bien la Jueza demandada supeditó el tratamiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva al señalamiento previo de la audiencia de consideración de la situación jurídica del peticionante de tutela, dispuesta para el 21 de agosto de 2023, la cual, al no celebrarse por incomparecencia de las partes de proceso, hizo que la reprograme para el 1 de septiembre del mismo año, y que, por ello, no existiría omisión en su atención, no es menos evidente que existe confusión en cuanto al tratamiento de dos figuras jurídicas que requieren supuestos diferentes y tienen finalidades distintas. Por un lado, la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado tiene por finalidad resolver, una vez concluido el plazo de la detención preventiva y ejecutados los actos de investigación dispuestos para dicho periodo, a los cuales se refiere la Jueza demandada en su informe; y, por otro lado, la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva está orientada a establecer, ante su solicitud, si persisten o han desaparecido los motivos que dieron lugar a la imposición de dicha medida, a fin de resolver si corresponde modificarla, sustituirla o dejarla sin efecto, y no está supeditada al plazo establecido a tiempo de disponer la detención preventiva.
Por ello, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 18 de agosto de 2023, reclamada por el accionante a través de la presente acción de defensa, no mereció pronunciamiento expreso alguno hasta la interposición de esta acción tutelar; es decir, no se señaló la audiencia respectiva para su consideración y, tomando en cuenta que el descargo ofrecido -consistente en el acta de suspensión de la verificación de la situación jurídica del accionante de 21 del mismo mes y año- no hace referencia a dicha solicitud ni justifica la eventual atención de ambas cuestiones en el mismo acto procesal; en tal situación, corresponde conceder la tutela impetrada, por haberse evidenciado una dilación indebida en su tramitación, en la medida en la que se habría confundido, como ya se dijo, ambas figuras jurídicas. Con relación al segundo punto reclamado, el impetrante de tutela sostiene que la dilación en la atención de su solicitud de cesación de la detención preventiva tuvo origen en el incumplimiento de las funciones de la Secretaria codemandada, quien no remitió dicha solicitud al despacho de la Jueza demandada dentro del plazo establecido.
Al respecto, el art. 94.I.1. de la LOJ establece que constituye obligación común de las secretarias y los secretarios de juzgado: “Pasar en el día, a despacho, los expedientes en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados, para su providencia, así como cualquier otro libramiento”. En consecuencia, si bien en su caso correspondía a la Secretaria codemandada remitir en el mismo día el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva presentado por el peticionante de tutela el 18 de agosto de 2023, máxime cuando dicho requerimiento se encuentra directamente vinculado con un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad; sin embargo, esta se encuentra sujeta a dependencia jerárquica de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso; por lo que, de existir algún reclamo en torno al ejercicio de sus funciones, correspondía, previo a plantear la presente acción de libertad, advertir del mismo a la Jueza demandada para que asuma las acciones legales que correspondan; y, dado que ello no aconteció, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto. Con relación al Fiscal codemandado, el impetrante de tutela no identificó acto lesivo alguno atribuible a dicha autoridad que sea objeto de análisis en la presente acción de libertad; por lo que este carece de legitimación pasiva para ser demandado, mereciendo denegar la tutela solicitada sobre el mismo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la Jueza demandada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que dicha autoridad o la que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yacapaní del departamento de Santa Cruz, proceda a resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva planteado por el accionante, salvo que ya se hubiese resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Secretaria codemandada y al Fiscal de Materia codemandado, conforme los argumentos expuestos en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0172_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9aaff5a144997b9744f62c77725934aad7643feaa2642424368b5e74f5f3cf20
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