B.IA.LEGAL

SCP 0172/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 16 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50091-2022-101-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a los beneficios sociales y aportes a la seguridad social y a la petición; a la vida, a la salud y a la seguridad social de él como de su esposa e hijo; señalando que, sostuvo una relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz desde el 2012 a través de distintos contratos siendo el último el signado con ITEM C-3242 de 4 de enero de 2021; el cual fue rescindido de forma intempestiva mediante el Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 de 9 de noviembre; por ello, el 22 de diciembre del indicado año, presentó memorial ante el Alcalde demandado, pidiendo su reincorporación por inamovilidad laboral al estar su cónyuge en estado de gestación; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna ni se consideró que al haber suscrito más de diecinueve contratos con la referida entidad edil desde la gestión 2012 se sustentaba la continuidad suficiente para la asignación de un ítem como funcionario de planta; ya que, cuenta con más de nueve años de vigencia y las funciones que desempeñaba eran recurrentes en la Dirección de Gestión de RR.HH. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 112/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 132 a 134, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la garantía de inamovilidad laboral, el derecho al trabajo en conexitud a los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la seguridad social del hijo del accionante; disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, proceda al pago de los salarios devengados desde la desvinculación de la fuente laboral hasta el momento en que el hijo o hija del impetrante de tutela cumplió el primer año de vida, incluidas las asignaciones familiares que correspondan, como parte del derecho a la seguridad social; conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y/o progenitores de un niño menor de un año
  2. III.2. De la inamovilidad laboral, por ser padres progenitores.
  3. III.3. Con relación al Régimen de Asignaciones Familiares.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2024-S2 Sucre, 16 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50091-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 112/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 132 a 134, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iván Cesar Nina Alcón contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de abril y 11 de mayo de 2022, cursantes de fs. 44 a 53; y, 59 a 62 vta., el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Comenzó a trabajar el 2 de abril de 2012 hasta el 2021, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, suscribiendo diecinueve contratos de trabajo a plazo fijo con sus respectivas adendas o contratos modificatorios, sosteniendo de ese modo una relación laboral ininterrumpida a lo largo de ese lapso, sin incurrir en ninguna falta administrativa que derive en el inicio de un proceso disciplinario en su contra, tampoco se efectuó la resolución de esos contratos por causas imputables a su persona. Durante la ejecución del último Contrato de Trabajo a Plazo Fijo ITEM C-3242 de 4 de enero de 2021, que firmó con el indicado Gobierno Autónomo Municipal, se emitió el Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 de 9 de noviembre, que dispuso su rescisión por incumplimiento al objeto del mismo en función a lo establecido en la cláusula sexta inc. a) numeral 5; siendo lo correcto que se proceda al inicio de una resolución de contrato y no así utilizar esa figura jurídica, conforme lo previsto en los arts. 560 y 561 del Código Civil (CC).

En el señalado Memorándum se mencionó que la decisión de interrumpir la relación laboral estaba fundada en el Informe DGRH. AL. 1421/2021 de 4 de noviembre; no obstante, desconoce los alcances del mismo; de esa forma, el Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 carece de validez; ya que, no cumplió con los requisitos de causa, procedimiento y fundamento previstos en el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); por otro lado, no describió cuál era la conducta pasiva o activa que asumió que pudiese traducirse en incumplimiento en todo o parte del citado Contrato más aun cuando en su condición de servidor público de carácter eventual está sujeto a las responsabilidades descritas en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992- y al Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por tal razón, para efectos de su desvinculación tendría que haber incurrido en alguna falta leve, grave o gravísima que genere una sanción emitida por la autoridad sumariante de ese ente municipal dentro un proceso disciplinario correspondiente; al respecto, debió considerarse los alcances de la SCP 0819/2021-S4 de 12 de noviembre, en cuanto a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo. El 22 de diciembre de 2021, presentó en ventanilla única del señalado Gobierno Autónomo Municipal, memorial que obtuvo la Hoja de Ruta 86324, por el cual solicitó la reincorporación a su fuente laboral al gozar de inamovilidad por paternidad; puesto que, su esposa se encontraba en estado de gravidez conforme la prueba de laboratorio de 29 de octubre del indicado año, que registraba un embarazo de “6,2” semanas, siendo doce al momento de entregar el referido escrito que fue reiterado el 19 de abril de 2022, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la formalización de esta acción tutelar; omisión que vulneró los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de su esposa e hijo, habiendo transcurrido más de cinco meses sin que pueda cobrar sueldos destinados a la manutención de su familia; tampoco cuenta con atención en la Caja Nacional de Salud (CNS). En relación a la garantía de inamovilidad para trabajadores con contratos a plazo fijo se tenía que aplicar lo establecido en la SCP 0782/2020-S4 de 1 de diciembre, siendo que al haber suscrito más de diecinueve contratos de esa naturaleza con la referida entidad edil, desde la gestión 2012 no se valoró esa continuidad para la asignación de un ítem como funcionario de planta; ya que, cuenta con más de nueve años de vigencia y las funciones que desempeñaba eran recurrentes en la Dirección de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del citado ente municipal, por lo que, con la rescisión de su relación laboral se encuentra en indefensión e incertidumbre.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a los beneficios sociales y aportes a la seguridad social y a la petición; a la vida, a la salud y a la seguridad social de él como de su esposa e hijo, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 24, 45.I, 46, 48.IV y VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a la autoridad demandada, el cese de la transgresión a sus derechos y proceda a su reincorporación como Analista Técnico en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con el mismo nivel salarial, más el pago de sueldos devengados de noviembre de 2021 a abril de 2022, así como la entrega del subsidio prenatal y atención en la CNS para su esposa e hijo, y la cancelación de aportes a la administradora de pensiones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 127 a 131, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: a) Su contrato refería que en caso de incumplimiento al mismo, se procedería al inicio del proceso sancionatorio conforme al DS 23318-A; empero, en lugar de ello se emitió una resolución y no se le hizo conocer cuál la causal o motivo preciso para que se adopte la decisión de desvincularlo; y, b) El 22 de diciembre de 2021, presentó ante el Alcalde demandado, solicitud de reincorporación laboral que no fue atendida, generándose así una segunda vulneración; a lo que, recurrió en queja al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que derivó su reclamo ante la Dirección General del Servicio Civil, que emitió la Nota 129-CAR 2022 de 30 de marzo, explicándole que al no ser servidor público de carrera, ni empleado sometido a la Ley General del Trabajo, no podía emitirse un pronunciamiento en el fondo. Ante la pregunta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si se estaría ante un acto o una omisión; contestó que la falta de respuesta al memorial de 22 de diciembre de 2021, sería una omisión; asimismo, a la interrogante de cuál sería el objeto de su pretensión; indicó que la reincorporación por inamovilidad laboral.

I.2.2. Informe del demandado

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante sus representantes, presentó informe escrito el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 120 a 126 vta., y en audiencia de garantías señaló que: 1) El accionante no cuenta con el derecho a la inamovilidad por paternidad; toda vez que, operó la rescisión de su contrato por incumplimiento al objeto del mismo, de acuerdo al Informe DGRH. AL. 1421/2021; 2) Si bien el impetrante de tutela pretendió demostrar que existiría una aparente continuidad entre cada proceso de contratación, que merece una presunta reconducción tácita, la misma no se aplica al ente edil que preside; por cuanto, rige la Ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo, que excluye entre otras categorías a los puestos denominados “Profesional” de la aplicación de la Ley General del Trabajo; 3) El art 5.I) del DS 0012 de 19 de febrero de 2019, establece que no gozará del beneficio de inamovilidad laboral quien incurra en las causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, y al haberse rescindido el contrato con el peticionante de tutela porque este inobservó el acatamiento al mismo, no podría gozar del citado beneficio; 4) El nombrado no comunicó oportunamente el estado de gravidez de su esposa; ello se evidenció al verificar el Sistema Integrado de Gestión de RR.HH. de la entidad a la que representa, en el cual no se advirtió el trámite de subsidios correspondiente para la gestión 2020; 5) No se negó el derecho a la vida del menor de edad; al contrario, existen políticas públicas como el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) por el cual la madre no asegurada tiene derecho a las atenciones médicas; 6) Debe observarse las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0542/2015-S2, 0583/2016-S3, 0562/2017-S2 y 0361/2018-S1; en cuanto, a la tácita reconducción de contratos de trabajo a plazo fijo; y, 7) El accionante no observó los alcances del art. 128 de la CPE, que establece la obligación de identificar el acto u omisión que vulneró sus derechos constitucionales.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 112/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 132 a 134, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela manifestó que se hubiera suscitado una omisión, es así que, debe diferenciarse entre acto y omisión al punto de ser casi excluyentes entre sí; por ello, no podría introducirse una pretensión donde se debata al mismo tiempo ambas, debiendo observarse los alcances del art. 128 de la CPE, ii) Si el cuestionamiento versaba sobre la rescisión de contrato el debate debía realizarse ante la propia autoridad administrativa que emitió el Memorándum D.G. RR.HH. 05448/2021 utilizando la vía recursiva pertinente; ya que, dicho documento se constituye en un acto administrativo; y, iii) En caso de que el argumento del solicitante de tutela fue la condición de padre progenitor y le acogería una protección hasta el año de edad de su hijo, debió considerarse el tipo de contrato suscrito, así como, el plazo; y en el supuesto que a pesar de su vencimiento hubiera seguido realizando funciones otro sería el objeto de análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa certificado de matrimonio emitido el 27 de junio de 2018, por Shirley Villafuerte Salvatierra -Oficial de Registro Civil 20101009-consignado el enlace matrimonial de Iván Cesar Nina Arcón -accionante- y Nataly Wendy Espinoza Quispe (fs. 22). II.2. Por Contrato de Trabajo a Plazo Fijo ITEM C-3242 de 4 de enero de 2021, suscrito entre Paul Steve Curcuy Iturri, Director de Gestión de RR.HH. a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el impetrante de tutela, para el cargo de Analista Técnico con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año (fs. 21). II.3. Consta certificado médico de 16 de noviembre de 2021, correspondiente a Nataly Wendy Espinoza Quispe, que reporta embarazo de “6,2” semanas, firmado por Mylene Terán Balcázar, Especialista en Medicina Familiar (fs. 25). II.4. Por Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 de 9 de noviembre, dirigido al peticionante de tutela, Karem Milenka Vásquez Salazar, Directora de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispuso la rescisión del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo ITEM C-3242 a partir de esa fecha (fs. 40).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a los beneficios sociales y aportes a la seguridad social y a la petición; a la vida, a la salud y a la seguridad social de él como de su esposa e hijo; señalando que, sostuvo una relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz desde el 2012 a través de distintos contratos siendo el último el signado con ITEM C-3242 de 4 de enero de 2021; el cual fue rescindido de forma intempestiva mediante el Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 de 9 de noviembre; por ello, el 22 de diciembre del indicado año, presentó memorial ante el Alcalde demandado, pidiendo su reincorporación por inamovilidad laboral al estar su cónyuge en estado de gestación; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna ni se consideró que al haber suscrito más de diecinueve contratos con la referida entidad edil desde la gestión 2012 se sustentaba la continuidad suficiente para la asignación de un ítem como funcionario de planta; ya que, cuenta con más de nueve años de vigencia y las funciones que desempeñaba eran recurrentes en la Dirección de Gestión de RR.HH. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y/o progenitores de un niño menor de un año

La SCP 1120/2012 de 6 de septiembre, estableció que: “…estando en riesgo derechos como la vida y la salud, de la mujer en estado de embarazo, así como del concebido, no se puede supeditar la interposición de la presente acción al cumplimiento previo de mecanismos ordinarios de defensa, por cuanto los intereses en juego, que dicho sea de paso se encuentran protegidos por mandato constitucional, merecen tutela urgente e inmediata, prescindiendo del cumplimiento del principio de subsidiariedad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0673/2013-L de 18 de julio, acogiendo el entendimiento asumido en la SCP 0076/2012 de 12 de abril, en cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y la observancia de los principios que rigen la misma, sostuvo que: “…cuando se trate de mujeres en estado de gestación o madres trabajadoras de niños menores de un año de edad, no resulta aplicable el principio de subsidiariedad, en el entendido que no pueden anteponerse aspectos formales que hacen a esta acción frente a derechos que merecen tutela constitucional inmediata, como son el derecho a la vida y a la salud. En ese contexto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer que no es necesario el agotamiento previo de los recursos ordinarios o administrativos para la protección de los derechos fundamentales conculcados por actos ilegales u omisiones indebidas…” (el resaltado es agregado). Igualmente, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, entendió que: “La mujer embarazada goza de la protección especial, misma que en el orden constitucional vigente se encuentra consagrada en el art. 48.VI de la CPE, al prescribir: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad’. El precepto constitucional citado, hace extensiva esta protección al progenitor sea como esposo o como trabajador” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la inamovilidad laboral, por ser padres progenitores.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 1091/2022-S3 de 24 de agosto, citando a la SCP 0065/2017-S3 de 17 de febrero, estableció que: [«El derecho a la inamovilidad laboral es la garantía de protección de la que goza el trabajador o trabajadora en su fuente de empleo respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlo o rescindir el contrato de trabajo.

Al respecto, la Constitución Política del Estado en su art. 48.VI, refiere que la inamovilidad laboral se garantiza no sólo en favor de la mujer embarazada, sino también de los padres progenitores durante el periodo de tiempo que va desde la concepción hasta el cumplimiento de un año de la hija o hijo. De igual forma, la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, ha establecido en su art. 1, que: ‘Toda mujer en período de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privada’. Por su parte, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con respecto a la inamovilidad laboral en su art. 2, preceptúa que: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. Asimismo, esta disposición legal reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, en los siguientes términos: a) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores se aplica en el sector público y privado. b) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores, sea cual fuese su estado civil, abarca desde la gestación hasta que el o la menor cumpla un año de edad, no pudiendo los padres ser despedidos, afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. c) A efectos de beneficiarse de la estabilidad laboral, la madre o el padre progenitores deberán presentar certificado médico de embarazo extendido por el ente gestor de salud o por los establecimientos públicos de salud, certificado de matrimonio o acta de reconocimiento ad vientre extendido y certificado de nacimiento del hijo o hija, ambos extendidos por el Oficial de Registro Civil. d) Si la madre o el padre progenitores incurren en las causales que justifican su despido, determinadas tanto en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 de su Decreto Reglamentario, no gozarán del beneficio de la inmovilidad laboral. e) La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas figuras y otras modalidades se intente eludir el alcance de la inamovilidad.

f) La inamovilidad laboral tanto para el padre como para la madre progenitores se aplicará cuando éstos cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia respecto a su hijo o hija. g) Finalmente, si el empleador no acata y respeta el alcance de la inamovilidad laboral de los progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispondrá la reincorporación de la madre o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de sanciones por incumplimiento a leyes sociales, salvando los derechos de la madre o padre progenitores cuya tutela se solicité a través de acciones de índole legal y que se interpongan en la vía judicial. Así también, la SCP 0755/2013 de 7 de junio, con relación al marco constitucional y jurisprudencial sobre la inamovilidad laboral de los padres progenitores, sostuvo que: “…la Constitución Política del Estado ha establecido en su art. 8.II que: ‘El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien’. Por otra parte, el art. 9.2 de la misma Norma Suprema establece entre uno de los fines y funciones esenciales del Estado está el de: ‘Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe’. Asimismo, el art. 48.VI en su parte final establece: ‘…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Sobre el tema, el DS 0012, en su art. 2 señala: ‘(Inamovilidad laboral) La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. El art. 6 de la misma norma, complementado por el DS 0496, establece que: ‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’. De todo lo anteriormente glosado, se establece que el Estado tiene entre sus fines y funciones esenciales, la de garantizar el bienestar y la protección e igual dignidad de las personas, además de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, siendo además las disposiciones sociales y laborales de cumplimiento obligatorio como es el caso de la inamovilidad laboral de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”»] (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.3. Con relación al Régimen de Asignaciones Familiares.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0995/2021-S3 de 30 de noviembre, precisó que: «La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, en la Sección II, Capítulo Quinto del Título II, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”. Asimismo, el art. 48 en su parágrafo I de la Norma Suprema, instituye que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia.

Por su parte, el Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, en su art. 5 inc. a) establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la Entidad Gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”. El DS 3546 de 1 de mayo de 2018 que modifica el art. 25 del DS 21637, establece en su art. 25, que se reconocen las prestaciones del Régimen de las Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”. En cuanto al pago o compensación retroactiva de las asignaciones familiares, el art. 19 de la RM 1676, determina que corresponderá en los siguientes casos: “1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna. 2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional”. (…). Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos”» (el resaltado y subrayado son nuestros). Mediante la Resolución Administrativa (RA) ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, a través de su Disposición Derogatoria ÚNICA, se estableció que: “…De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo N° 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento”. En ese contexto, el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, en su Artículo Único, modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987 y el art. 3.I del DS 2892 de 1 de septiembre de 2016, con el siguiente texto: “ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida;

d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS)”.

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que componen el expediente, se tiene certificado de matrimonio entre el accionante y Nataly Wendy Espinoza Quispe, emitido el 27 de junio de 2018 (Conclusión II.1); de otra parte, se advierte el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo ITEM C-3242 de 4 de enero de 2021, suscrito entre el Director de Gestión de RR.HH. a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el impetrante de tutela, para el cargo de Analista Técnico con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año (Conclusión II.2); asimismo, consta certificado médico de 16 de noviembre de igual año, correspondiente a la nombrada, que reporta su embarazo de “6,2” semanas firmado por Mylene Terán Balcázar, Especialista en Medicina Familiar (Conclusión II.3); y, por Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021 de 9 de igual mes, dirigido al peticionante de tutela, Karem Milenka Vásquez Salazar, Directora de RR.HH. del citado ente edil dispuso la rescisión del Contrato a Plazo Fijo C-3242 a partir de esa fecha (Conclusión II.4). Ahora bien, la problemática que hace a esta acción de defensa versa en que el solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, beneficios sociales y aportes a la seguridad social y a la petición; a la vida, a la salud y a la seguridad social de él como de su esposa e hijo; toda vez que, su relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue interrumpida a través del Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021, en virtud a esa decisión el 22 de diciembre del indicado año, presentó memorial ante el Alcalde demandado pidiendo su reincorporación por inamovilidad laboral al estar su cónyuge en estado de gestión; empero, no obtuvo respuesta alguna; tampoco se consideró que al haber suscrito más de diecinueve contratos con la referida entidad edil desde la gestión 2012, se sustentaba la continuidad suficiente para la asignación de un ítem como funcionario de planta; ya que, cuenta con más de nueve años de vigencia y las funciones que desempeñaba eran recurrentes en la Dirección de Gestión de RR.HH. Con carácter previo al estudio del caso que nos ocupa, cabe precisar que en cuanto al principio de subsidiariedad, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, fue clara al establecer que cuando se encuentran involucrados los derechos fundamentales como la vida y la salud de una mujer en gestación o de niños menores a un año de edad, dicho principio se flexibiliza, no siendo exigible que se agoten los mecanismos intraprocesales de defensa previamente a impulsar la justicia constitucional; toda vez que, no pueden prevalecer aspectos formales frente a la protección urgente de los citados derechos. Bajo ese contexto, el último contrato de trabajo que beneficiaba al peticionante de tutela fue rescindido por el citado Gobierno Autónomo Municipal mediante Memorándum D.G.RR.HH. 05448/2021, que estaba sustentado en el Informe DGRH.AL. 1421/2021, haciendo referencia al incumplimiento del referido Contrato, en función a la Cláusula Sexta inc. a), numeral 5, el cual si bien cursa en antecedentes el referido Informe (fs. 67 y vta.) no se tiene constancia que fue puesto a conocimiento del impetrante de tutela; es decir, fue desvinculado de su empleo sin brindarle mayor explicación pese al estado de gestación de la esposa del peticionante de tutela. Al respecto, si bien se trata de un contrato eventual debe considerarse lo establecido por la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional sobre la garantía de inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, en armonía con lo preceptuado en el art. 48.VI de la CPE, que se sustenta en el deber fundamental de la protección especial y reforzada del Estado a los sectores vulnerables, siendo el núcleo protectivo de la garantía de inamovilidad, el resguardo de la trabajadora en estado de gravidez o el trabajador progenitor y los derechos del ser en gestación hasta el cumplimiento de su primer año de edad, asegurando que se desarrolle durante esta etapa con estándares adecuados de bienestar; sin importar la modalidad a la que se encuentre supedita su relación laboral; en ese mérito, nuestro ordenamiento jurídico brinda la prerrogativa a las personas a obligarse mutuamente a través de regulaciones contractuales que contempla la posibilidad de establecer una relación laboral la cual no es absoluta debiendo considerarse las diferentes circunstancias que de dicho vínculo contractual podrían emerger entre las que se encuentran las distintas causales de extinción que deben ser debidamente acreditadas; no es menos cierto que debe prevalecer la naturaleza protectora del derecho al trabajo, y tratándose de grupos vulnerables como ser madres en gestación o padres progenitores con hijos menores de un año, brindar la protección reforzada del Estado que en el caso bajo análisis correspondía se efectivice hasta el primer año de edad del ser en gestación. Bajo esa premisa, y conforme lo expuesto, si bien se está frente a un contrato a plazo fijo de naturaleza eventual; empero, no es menos evidente la existencia y reconocimiento de que no se llegó a la culminación del mismo entregándose al impetrante de tutela un Memorándum injustificado, pues si se alude a la existencia de un informe y la concurrencia de una causal de extinción, dichos extremos no fueron puestos a conocimiento del mencionada a fin de que active los mecanismos de defensa pertinentes; en consecuencia concluyó de manera anticipada e indebida la relación contractual, lesionando de ese modo la garantía de inamovilidad laboral, cuando correspondía que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz dé continuidad a esa relación laboral por el mencionado lapso de tiempo, considerando que en el certificado médico de 16 de noviembre de 2021 (fs. 25) la esposa del peticionante de tutela se encontraba en estado de gravidez durante esa gestión reportando en la indicada fecha “6.2” semanas de embarazo; es decir, que al momento de la emisión de este fallo constitucional el hijo o hija del prenombrado ya superó el primer año de vida; lo que, torna inviable disponer su reincorporación; sin embargo, deberá cancelarse los sueldos devengados desde el momento de su desvinculación hasta el momento en que hubiese cumplido el primer año de vida el descendiente del impetrante de tutela brindando además las correspondientes asignaciones familiares y demás beneficios sociales; por ello, es viable otorgar la protección solicitada en resguardo del binomio padre progenitor-hija o hijo. Asimismo, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las asignaciones familiares tienen carácter obligatorio para el empleador, a favor del o la trabajadora que desempeña su labor tanto en el sector público como privado, en razón al alcance de dicho beneficio; es así que, el DS 3546 en su Artículo Único modificó los arts. 25 del DS 21637 y 3.I del DS 2892, el cual establece el reconocimiento de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares, a ser pagadas en el sector público y privado, las cuales comprenden los subsidios de: prenatal -consistente en la entrega a la progenitora gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (dos mil bolivianos), durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad-; natalidad -por nacimiento de cada hijo, compuesto por un pago único equivalente a Bs2 000.- a la madre-; y, por último, lactancia -consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.-. Al efecto, es menester resaltar que el derecho a la seguridad social no contempla únicamente el acceso a la salud; puesto que, al tratarse de los progenitores de niños menores de un año de edad, estas prestaciones constituidas en asignaciones familiares, cuando son efectivizadas en tiempo oportuno por el empleador, permiten la materialización del derecho a la seguridad social tanto de la madre, padre y del recién nacido, que se concreta con los derechos a la vida y a la salud; por ello, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales del progenitor y el interés superior del ser en gestación, que respalda su atención prioritaria, corresponde disponer se cumpla con el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas en favor del solicitante de tutela. Igualmente, respecto a que las asignaciones familiares reclamadas deban ser reconocidas en especie o en dinero, la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, ya estableció el lineamiento jurisprudencial a ser aplicado en casos análogos, al indicar que: “…la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde (…) disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero” (las negrillas fueron añadidas). En esa secuencia lógica y dentro el desarrollo jurisprudencial anteriormente citado, se configura su aplicación al caso de autos; por cuanto, el ser que se encontraba en gestación en la gestión 2021, en la actualidad superó el año de edad; razón por la cual, la extemporaneidad del pago en especie resulta evidente. Finalmente, en lo concerniente a la estabilidad laboral que aparentemente devienen de los diecinueve contratos consecutivos que alega tener a su favor el peticionante de tutela, no compete a este Tribunal efectuar mayores precisiones, teniendo el prenombrado expedita la jurisdiccional laboral, de así considerarlo pertinente, para efectuar ese reclamo. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 112/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 132 a 134, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la garantía de inamovilidad laboral, el derecho al trabajo en conexitud a los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la seguridad social del hijo del accionante; disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, proceda al pago de los salarios devengados desde la desvinculación de la fuente laboral hasta el momento en que el hijo o hija del impetrante de tutela cumplió el primer año de vida, incluidas las asignaciones familiares que correspondan, como parte del derecho a la seguridad social; conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de Voto Aclaratorio. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0172_2024-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d4b7717034ae2ad7da6917889bc2ec3954da94fb013e3c3c55906a93b1c485e5

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