Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 13 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso; toda vez que, por medio de la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 de 17 de septiembre, fue desvinculado como Técnico de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Identificación Personal del SEGIP Tarija, pese a que se encuentra a cargo de su progenitora con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 173 a 177 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración y a la seguridad social, dejando sin efecto la Carta de Agradecimiento de Servicios SEGIP-RRHH-MP-618/2021 de 17 de septiembre, y disponiendo la reincorporación del accionante a la oficina de Barrio Lourdes -Dirección Departamental de Identificación Personal del SEGIP Tarija, con el mismo nivel salarial que tenía antes de su desvinculación, más el pago de sueldos devengados desde el momento de la desvinculación hasta la efectiva reincorporación, salvo que se pruebe que hubiera percibido ingresos de otra fuente pública; 2° A ese efecto, el solicitante de tutela previamente deberá presentar en fase de ejecución de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, certificado único de discapacidad, documento que califica el tipo y grado de discapacidad de su progenitora; y, 3° DENEGAR la tutela con relación al debido proceso, al “aguinaldo” y a la familia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2023-S2 Sucre, 13 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46200-2022-93-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 29/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 173 a 177 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ulises Yamil Posadas Alanez contra Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez, Directora General Ejecutiva a.i. del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, cursante de fs. 78 a 91, el accionante manifestó que:
Mediante Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/ 163/2021 de 29 de enero, fue incorporado al SEGIP, para desempeñar las funciones de Técnico de Operaciones, dependiente de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Tarija; es así que, a través del “formulario de declaración jurada” presentado a la señalada institución el 18 de agosto del citado año, hizo conocer que Ruth Marcela Alanez Janco -su progenitora- tiene discapacidad, literal avalada por la Constitución Política del Estado, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; y, el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-. Al ser desvinculado de la señalada entidad a través de la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 de 17 de septiembre, junto al Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad (PRONASSLE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través de memorial de 5 octubre de 2021, solicitó a la autoridad demandada se resguarde su inamovilidad laboral, al tener a su cargo a una persona con discapacidad -su madre-, quien mediante Informe Legal CITE: SEGIP/DNJ/INF-00152/2021 de 15 de octubre, rechazó la misma, indicando que, “…INCUMPLE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS YA QUE NO DEM[O]STR[Ó] QUE ESTOY COMO TUTOR DE MI MADRE YA QUE EN EL CARNET DE DISCAPACITADA SE ENCUENTRA MI ABUELITA LA MAMÁ DE MI MAMÁ COMO RESPONSABLE DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN…” (sic), fundamento que carecía de legalidad y lógica; ya que, al encontrarse en silla de ruedas la indicada adulta mayor -“su abuelita”-, sería imposible que se hiciera cargo de una persona con discapacidad; es así que, no conforme con lo resuelto, dentro del tiempo legal dedujo recurso de revocatoria contra el referido Informe Legal, mismo que fue desestimado bajo el argumento que dicho recurso se presentó fuera de plazo; ante esa decisión injusta, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Resolución JDTTA-RPT-DC-08-2022 de 31 de enero, disponiendo acudir a la vía judicial y/o constitucional a efectos de hacer prevalecer los derechos lesionados. Por otro lado, alegó que con la finalidad de acreditar “ser tutor” de su progenitora, mediante PRONASSLE inició proceso judicial de declaración de interdicción, donde la autoridad judicial emitió la Sentencia 27/2022 de 27 de enero, fallo que lo declaró tutor; por ello, al encontrarse dentro del término de seis meses presentó esta demanda tutelar.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso, citando al efecto el art. 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 -agradecimiento de servicios-; b) La reincorporación inmediata a su mismo puesto laboral y sea con igual salario, respetando su ítem; y, c) La cancelación “total” de sus sueldos devengados y beneficios sociales; así como, con el pago de costas procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual de 23 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 168 a 172 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de la demanda tutelar y ampliándolo indicó que: 1) Ante la lesión incurrida por la autoridad demandada, se apersonó a PRONASSLE, la cual refirió que su desvinculación era ilegal; además, que el carnet de discapacidad de su madre no fue valorado “…cuando uno va a sacar carnet sale lo mismo hasta que uno renueva, entonces a ahora ya tiene en su poder y ahora tiene en la tutela de su madre discapacitada, él desde niño (…) desde los 15 años [que] él se ha hecho cargo de su madre y de su hermano menor…” (sic); 2) A través de la presente acción de defensa, solicitó se deje sin efecto la aludida carta de agradecimiento; asimismo, pidió su reincorporación a su puesto laboral y sea con el mismo salario; así como la cancelación total de sus sueldos devengados más los beneficios sociales y aguinaldos; y, 3) Adjuntó como pruebas la cédula de identidad de su progenitora y de discapacidad. A la consulta efectuada por la Sala Constitucional, el accionante indicó que tiene un hermano menor de dieciséis años, una hija menor de edad y a su madre.
Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez, Directora General Ejecutiva a.i. del SEGIP, por informe escrito presentado el 23 de febrero de 2022 -literal que no consigna su firma-, cursante de fs. 164 a 167 vta., y en audiencia de garantías a través de sus representantes, señaló que: i) La SCP 0297/2016-S2 de 23 de marzo sostuvo que los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en primer grado de línea directa o hasta el segundo grado en línea colateral, gozarán de inamovilidad funcionaria, jurisprudencia constitucional que exige que el interesado demuestre que la o el beneficiario se encuentra bajo su dependencia; en el presente caso, el solicitante de tutela tenía la obligación de acreditar ese aspecto; ii) Se adjuntó el carnet de discapacidad de Ruth Marcela Alanes Janco -madre del accionante-; en el cual, se desprenden dos documentos; el primero, con fecha de emisión y vigencia de 8 de abril de 2011 a la misma fecha de 2015; y, el segundo, del 5 de marzo de 2020 de igual data de 2024; en ambas identificaciones se señalan como responsable a Gumercinda Janco Flores -abuela del impetrante de tutela-, hecho que no condice al sostener que el solicitante de tutela es el único responsable; iii) Respeto a la valoración de la declaración jurada, se aduce que tenía el valor y relevancia en sede administrativa para reclamar estabilidad laboral al tener a una persona con discapacidad a su cargo; no obstante, no existió algún fundamento valedero que sea atendible esa pretensión; toda vez que, la citada declaración se abocó a verificar ingresos de patrimonios de los servidores públicos; además, no habría “espacio habilitado” para declarar o pedir la valoración de una persona discapacitada y su estabilidad laboral, si se actuaría bajo ese entendimiento, sería conveniente demandar a la Contraloría General del Estado a efecto de consolidarse su estabilidad laboral; iv) El impetrante de tutela, una vez notificado con la carta de agradecimiento de servicios, presentó memorial solicitando inamovilidad laboral indicando tener a una persona con discapacidad -su madre- a su cargo, misma que fue resuelta a través del Informe Legal CITE: SEGIP/DNI/INF-000152/2021, decisión que fue desfavorable a sus intereses; por lo que, el aludido interpuso recurso de impugnación, mereciendo el Auto Motivado de 30 de noviembre de 2021, fallo que fue notificado al nombrado el 20 de diciembre de igual año; a partir de ese actuado, aquella actuación fue activada en sede administrativa; es decir, al haber iniciado dicha vía, estaría supeditado a tal decisión; consiguientemente, la presente acción de defensa es improcedente conforme a los arts. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), así como 67 y 71 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 21 de marzo de 2001; v) La Resolución JDTTA-RPT-DC-08/2022, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo Tarija, en el marco del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por su similar “4195”, y la SCP 0535/2015-S2 de 21 de mayo, establecieron claramente cuál es la función, estructura participativa y competencias en las que interviene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; bajo ese contexto, el accionante presentó una denuncia de reincorporación laboral, situación que deviene de una suerte desesperada, en vista a que, luego de su desvinculación, acudió recién a la indicada institución; vi) El art. 2.III de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que pretende ser habilitada, y al mismo tiempo renunciar a las funciones reconocidas no solamente en el marco del art. 48 de la Norma Suprema, sino de la línea jurisprudencial citada; vii) En cuanto al pago de aguinaldo; y asignación del seguro social, el solicitante de tutela se encontraba afiliado cuando cumplía funciones laborales; asimismo, la Unidad de Administración y Finanzas del SEGIP aprobó la planilla de salarios; por ello, se depositó a la cuenta del nombrado el monto de Bs2 541,80.- (dos mil quinientos cuarenta y uno 80/100 bolivianos) suma económica que le correspondía por duodécimas; y, viii) El 2 de febrero de 2021 el impetrante de tutela presentó su declaración jurada; en ese sentido, el SEGIP remitirá dicho documento a la autoridad competente para que inicie el proceso disciplinario debido a que lo presentó fuera de plazo. A la consulta efectuada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en cuanto a que si durante el tiempo que el accionante cumplía funciones presentó el carnet de discapacidad de su progenitora y cuándo hizo conocer tal situación; el abogado de la autoridad demandada sostuvo que comunicó el 5 de octubre de 2021, luego de su desvinculación laboral.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 29/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 173 a 177 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Se acreditó que el solicitante de tutela tiene a su madre con discapacidad, aspecto que no fue de conocimiento de la autoridad demandada; en vista que, el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/163/2021 -de designación-, da cuenta que ingresó a trabajar el 1 de febrero de ese año, y que fue desvinculado el 17 de septiembre de igual año, a través de la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 -de agradecimientos de servicios-; b) De acuerdo a la prueba presentada y la fundamentación realizada por la autoridad demandada, se sostuvo que la discapacidad que tendría la progenitora del accionante fue dada a conocer recién el 5 de octubre de 2021; c) Respecto a la Sentencia 27/2022, emitida por el Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Tarija, que declaró probada la declaración de interdicción de la madre del impetrante de tutela y dispuso que la misma esté bajo su dependencia, aquella prueba fue obtenida por autoridad judicial competente posterior a la desvinculación del aludido; d) El carnet de discapacidad de Ruth Marcela Alanez Janco -progenitora del peticionante de tutela-, consigna fecha anterior a la relación laboral del nombrado, ese hecho tampoco se dio a conocer en su oportunidad a la autoridad demandada ni al SEGIP Tarija; y, e) La Constitución Política del Estado y las leyes establecen que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas con discapacidad; empero, las situaciones inherentes a aquella deben hacerse conocer de manera oportuna, a efectos de que las instituciones públicas o privadas conozcan esos aspectos para actuar conforme a normativa; lo que, en el presente caso no aconteció, si bien se habla de una declaración jurada que fue presentada al momento de ingresar a trabajar al SEGIP Tarija, aquello no reflejó la situación de discapacidad de la progenitora del accionante; en vista que, la ley establece informar a la autoridad o institución tal aspecto; pues, la Directora demandada desconocía lo referido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/163/2021 de 29 de enero -de designación-, Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez, Directora General Ejecutiva a.i. del SEGIP -demandada-, designó a Ulises Yamil Posadas Alanez -accionante- como Técnico de Operaciones en la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Identificación Personal al SEGIP Tarija a partir del 1 de febrero de 2021 (fs. 4).
II.2. Cursa Ficha Personal FORM RE-SAP 029 de 18 de agosto de 2021, cuyo punto 3.4 Información Social y de Salud, el peticionante de tutela consignó en la casilla de dependiente de familiar discapacitado Ruth Marcela Alanez Janco -su madre- con un grado de discapacidad de 63% (fs. 5 a 8).
II.3. Consta Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 de 17 de septiembre, de agradecimiento de servicios dirigida al solicitante de tutela, firmada por la autoridad demandada (fs. 11).
II.4. A través del memorial presentado el 5 octubre de 2021, el impetrante de tutela solicitó a la Directora demandada se resguarde su inamovilidad laboral, indicando que tiene a su cargo a su progenitora con discapacidad; la cual, mereció respuesta por medio del Informe Legal CITE: SEGIP/DNJ/INF-00152/2021 de 15 de octubre, el cual señaló que no se acreditó con prueba idónea que su madre se encontraba bajo su dependencia, olvidando cumplir con las exigencias mínimas de la norma administrativa; ante esa situación, el 1 de noviembre de igual año, a través de memorial interpuso impugnación contra el citado Informe Legal que, por Auto Administrativo Motivado de 30 de noviembre de ese año, María Teresa Valdez de Candia, Directora Nacional de Administración y Finanzas del SEGIP desestimó dicho recurso (fs. 18 a 30). II.5. Por Informe Social UE-FNSE/PRONASSLE - TARIJA/INF/ 47/2021 de 1 de noviembre, María Escalante Viracocha, Profesional en Área Social PRONASSLE dependiente del Ministerio de la Presidencia, concluyó que la prenombrada presenta discapacidad y que el accionante es la única persona que sustenta los gastos económicos de su hogar; asimismo, cursan dos carnets de discapacidad a nombre de Ruth Marcela Alanez Janco; el primero emitido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS); y, segundo, por el Ministerio de Salud, el último con fecha de emisión de 15 de marzo de 2020 a la misma fecha de 2024 (fs. 3, 101 y 39 a 42). II.6. Se tiene Sentencia 27/2022 de 27 de enero, dictado por María Elena Pumarino Castro, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de Tarija, quien determinó probada la demanda de interdicción interpuesta por PRONASSLE, declarando interdicta a Ruth Marcela Alanez Janco, designándose como tutor al peticionante de tutela (fs. 46 a 48 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso; toda vez que, por medio de la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 de 17 de septiembre, fue desvinculado como Técnico de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Identificación Personal del SEGIP Tarija, pese a que se encuentra a cargo de su progenitora con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: «El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”» (las negrillas corresponden al texto original).
Sobre el tema, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera uniforme estableció en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0299/2022-S2 de 11 de mayo, 0499/2019-S2 de 12 de julio y la SC 0556/2011-R de 29 de abril, que: [«“‘…toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano’. Partiendo de esa precisión, se entiende que son aquellas personas que por adolecer de una disfuncionalidad psíquica o física no pueden desenvolverse de forma independiente en distintos ámbitos como las demás personas”. Por su parte, el art. 70.4 de la CPE, prevé que toda persona con discapacidad tiene derecho: “A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna”; en ese sentido la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, señaló que: “…la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, empero que por disposición transitoria se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aún aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta el DS 29608, cuando menciona que se modifica el art. 5 del Decreto Supremo 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 5.-(INAMOVILIDAD).I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. (…) de conformidad al Decreto Supremo 28521, precepto que si bien modifica algunos aspectos del DS 27477, no cambia en esencia su finalidad, que es el de garantizar la inamovilidad laboral de las personas que tengan discapacidad, y de aquellas que los tengan bajo su dependencia ya sean tutores o progenitores, salvo existan causales que sean contempladas por ley’”. Con similar razonamiento, la SCP 1088/2015-S1 de 5 de noviembre, señala que: “El derecho del trabajo está protegido en el art. 46 de la CPE, cuando expresa: ‘I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas’; por su parte el art. 70.1 de la citada Norma Suprema, señala: ‘Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: (…) A ser protegido por su familia y por el Estado’. El art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad, señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido’”. De lo cual se deduce que el Estado reconoce el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y aquellos trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en condiciones adecuadas y con una remuneración justa, estableciendo un marco de protección especial que se traduce en la inamovilidad laboral permitiéndose excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso». La SCP 0321/2021-S4 de 20 de julio, refirió que: «…“Por mandato del art. 14.II de la CPE: ‘El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona’; estableciendo en el art. 71 que: ‘I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad’; postulados que consagran la igualdad de las personas entre sí y proscriben toda posibilidad de discriminación…”. El reconocimiento de los derechos constitucionales en favor de las personas discapacitadas, ha dado lugar a la emisión de normas convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias, entre ellas, el art. 70 de la CPE, que regula el marco de su protección y su derecho al trabajo, así como a recibir la protección de sus familias. Por su parte, el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, cuando cumplan la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; último supuesto que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, debe efectuarse previo proceso interno. Por su parte, el art. 5 del referido Decreto Supremo, modificado por disposición del art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008; señala que la inamovilidad beneficiará a los padres o tutores, que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de 18 años, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad. En caso de vulneración de la inamovilidad funcionaria del padre, madre o tutor que tiene a su cargo una persona con discapacidad, se abre la vía del amparo constitucional para la restitución del derecho vulnerado»] (el resaltado y subrayado fueron añadidos).
Al respecto, la SCP 0165/2018-S2 de 14 de mayo, hizo alusión al Certificado Único de Discapacidad como documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona, la cual sostuvo que: “…el art. 17 del DS 1893 prevé que: ‘I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe generar el lineamiento de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad; II. Los planes, programas y proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad elaborados por las instituciones del nivel central, deberán incorporar los lineamientos de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, generados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social’. Respecto a la inamovilidad laboral, el art. 22 del DS 1893, establece que: ‘I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia; II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado’. En relación a la obligación referida supra, los arts. 3 y 4 del DS 28521, refieren:`ARTICULO 3.- (DEL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD). El Certificado Único de Discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los Establecimientos de Salud reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se actualizará cada tres años. ARTICULO 4.- (DE LA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD) El Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el CONALPEDIS, elaborará y publicará los instrumentos de registro de personas con discapacidad y el Manual de Calificación de Discapacidades, como documento oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para la calificación del tipo y grado de discapacidad y su registro correspondiente´. Al respecto, la SC 0556/2011-R de 29 de abril, sostuvo que: ‘Con carácter previo al análisis del marco legal y jurisprudencial de la problemática planteada, es importante definir qué se entiende por ‘discapacidad’, así la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995, la define como: ‘…toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano’. Partiendo de esa precisión, se entiende que son aquellas personas que por adolecer de una disfuncionalidad psíquica o física no pueden desenvolverse de forma independiente en distintos ámbitos como las demás personas. La Constitución Política del Estado, reconoce el derecho al trabajo en condiciones adecuadas con una remuneración justa acorde a sus posibilidades y capacidades, que asegure una vida digna a las ‘personas con discapacidad’ o más propiamente ‘personas con capacidades diferentes’, término correcto, en estricta aplicación del principio de igualdad, exento de toda forma de discriminación. También dispone que tienen derecho a ser protegidos por su familia y el Estado; lo que implica que debido a esa disfuncionalidad que les impide satisfacerse o proveerse por sus propios medios para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vestido y salud, requieren la protección y tutela de uno de los miembros de su familia que no solo comprende el acceso a centros médicos o especializados, sino también la adquisición de medios o insumos (instrumentos, prótesis, medicamentos, etc.) que posibiliten su desenvolvimiento. En ese entendido, el trabajo del tutor o encargado de la persona afectada constituye el medio adecuado para ello o instrumento para generar las condiciones adecuadas para el desarrollo normal de las ‘personas con discapacidad’. Si bien, tanto la Constitución Política del Estado en el art. 70 inc. 4, la Ley 1678 en el art. 6, regulan y garantizan el derecho al trabajo de las ‘personas con discapacidad’, por su parte los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807; 3 y 5 del DS 27477, prescriben la inamovilidad laboral tanto para: ‘Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado (…) excepto por las causales establecidas por Ley’, como para: 'Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente'. O sea, que indistintamente de si es una institución pública o privada, la regla general consiste en la permanencia en su puesto de trabajo, tanto de la 'persona con discapacidad' como de aquella que la tiene bajo su dependencia, entre tanto no incurra en alguna causal para su destitución; empero, condicionado al sometimiento de un previo proceso interno, que determine su alejamiento de la entidad pública o empresa privada. El DS 29608 de 18 de junio de 2008, modificatorio del art. 5 del DS 27477, prescribe: ‘La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiará a los padres o tutores que tenga bajo su dependencia a persona con discapacidad y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de (18) dieciocho años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo Nº 28521’; normativa, que al margen de ratificar la inamovilidad laboral de la ‘persona con discapacidad’, amplía su ámbito de protección a las personas que no la padezcan, pero que tengan bajo su dependencia a 'personas discapacitadas', estableciendo requisitos para su ámbito de protección. La declaratoria de invalidez permanente será emitida y acreditada, conforme dispone el art. 3 del DS 28521 de 16 de diciembre de 2005, al indicar: ‘El Certificado Único de Discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los establecimientos de salud reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se actualizará cada tres años'; cabe recalcar, que la calificación se efectuará entre el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el CONALPEDIS, quienes elaboraran y publicaran los instrumentos de registro y el Manual de Calificación de Discapacidades, como documento oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
De los antecedentes y las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que el impetrante de tutela por Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/163/2021 de 29 de enero, fue incorporado como Técnico de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Identificación Personal al SEGIP Tarija, función que empezó a desempeñar el 1 de febrero de 2021 (Conclusión II.1); a su vez, consignó como familiar discapacitada a Ruth Marcela Alanez Janco -su madre- en la ficha personal FORM RE-SAP 029 de 18 agosto de igual año (Conclusión II.2); posteriormente, fue desvinculado a través de la Carta SEGIP-RRHH-MP 618/2021 de 17 de septiembre -de agradecimiento de servicios- (Conclusión II.3); ante esa situación, por memorial presentado a la autoridad demandada solicitó se resguarde su inamovilidad laboral, la cual no fue aceptada por Informe Legal CITE: SEGIP/DNJ/INF-00152/2021 de 15 de octubre; por lo que, dedujo impugnación que también fue desestimada por medio del Auto Administrativo Motivado de 30 de noviembre del mencionado año (Conclusión II.4); más adelante, por Informe Social UE-FNSE/PRONASSLE ̶ TARIJA/INF/ 47/2021 de 1 de noviembre, elaborado por PRONASSLE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, concluyó que Ruth Marcela Alanez Janco -su madre- presenta discapacidad y que el accionante es la única persona que sustenta los gastos de su hogar (Conclusión II.5); asimismo, a través de la Sentencia 27/2022 de 27 de enero, la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de Tarija, declaró interdicta a su progenitora y designó como su tutor al solicitante de tutela (Conclusión II.6).
Ahora bien, el peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso; toda vez que, por medio de la Carta 618/2021 -de agradecimiento de servicios-, fue desvinculado como Técnico de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental de Identificación Personal SEGIP Tarija, pese a que se encuentra a cargo de su madre quien padece discapacidad.
Bajo ese contexto, previamente corresponde precisar que, conforme estableció la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad, cuando se denuncie la lesión de derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables, que comprende a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidades, minorías étnicas o raciales y personas adultas mayores; pues la inamovilidad laboral que reclama el accionante, se debe a que su madre tiene una discapacidad del 63%; en ese entendido, incumbe ingresar de manera directa al análisis de fondo de la problemática planteada, sin la exigencia del agotamiento previo de las vías legales de reclamó.
Ahora bien, el impetrante de tutela refiere que no podía ser desvinculado de su fuente laboral, al encontrarse a cargo de su progenitora quien tiene discapacidad, alegación que no fue atendida por la Directora demandada; circunstancia que no fue tomada en cuenta y lo destituyó del cargo de Técnico de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes - Dirección Departamental del SEGIP Tarija; al respecto, resulta necesario traer a colación el entendimiento jurisprudencial asumido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que indicó que el Estado reconoce la inamovilidad laboral de los funcionarios que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, estableciendo un marco de protección especial, permitiéndose excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso; asimismo, la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, en su art. 2.V. sostiene que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años…”.
En ese orden de cosas, en el caso en análisis, el solicitante de tutela por escrito de 5 de octubre de 2021, pidió a la autoridad demandada se respete su derecho a la inamovilidad por tener a su cargo a su progenitora con discapacidad; empero, su pedido no fue aceptado señalando que no acreditó que la misma está bajo su dependencia; no obstante de ello, el accionante, demostró que por Sentencia 27/2022 fue nombrado tutor de Ruth Marcela Alanez Janco -su madre-, quien tiene una discapacidad intelectual; asimismo, al ser persona adulta mayor, demostró el grado de su invalidez, extremos evidenciados por los carnets de discapacidad y el Informe Social UE-FNSE/PRONASSLE ̶ TARIJA/INF/ 47/2021, elaborado por Mariela Escalante Viracocha, Profesional Área Social PRONASSLE, dependiente del Ministerio de la Presidencia; en esa circunstancia, se advierte que dichas literales hacen alusión a que el impetrante de tutela es la única persona que sostiene los gastos económicos de su hogar y que se encuentra a cargo de su progenitora con discapacidad; por ello, la desvinculación de su fuente laboral del que fue objeto, lesionó los derechos al trabajo, inamovilidad laboral, a la remuneración y a la seguridad social.
Por otro lado, cabe señalar que la Sala Constitucional denegó la tutela impetrada bajo el argumento que durante el periodo comprendido del 1 febrero al 17 de septiembre de 2021, el accionante no dio a conocer que Ruth Marcela Alanez Janco -su progenitora con discapacidad- se encontraba a su cargo, y que posterior a su desvinculación laboral -5 de octubre de 2021-, recién hizo conocer dicho aspecto; además, sostuvieron que: “…si bien se refiere a una declaración jurada que ha presentado en momento de ingresar el ahora accionante a la institución, [no] sin embargo debemos advertir que está[n] no refleja aquella situación de discapacidad, ya que la normativa en lo pertinente establecen que se debe hace conocer a la autoridad sea la de institución pública aquella situación de discapacidad…” (sic [las negrillas son añadidas]); al respecto, lo afirmado por la citada Sala Constitucional no refleja la veracidad con los datos que cursan en el expediente traído en revisión; en razón a que, la Directora demandada conocía que el solicitante de tutela se encontraba a cargo de su madre con discapacidad, circunstancia reflejada por la Ficha Personal elaborada por el propio solicitante de tutela y presentada el 18 de agosto de 2021 ante el SEGIP Tarija; es decir, un mes antes de su desvinculación laboral. Con base a estos antecedentes, es pertinente invocar el entendimiento jurisprudencial asumido por la SC 0989/2011-R de 22 de junio, el cual estableció que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral-…” (énfasis añadido); conforme a ello, la citada Sala Constitucional, debió tomar en cuenta los principios pro persona, pro actione y favor debilis, para su protección y adoptar una interpretación más favorable y extensiva al caso objeto de análisis. Asimismo, según lo glosado por la SCP 0165/2018-S2 de 14 de mayo, la cual estableció que el certificado único de discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona; que, es otorgado por los establecimientos de salud reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes, previa evaluación de la persona solicitante, misma que se actualizará cada tres años; con la aclaración que dicha calificación se efectuará entre el señalado Ministerio en coordinación con el CONALPEDIS, quienes elaborarán y publicarán los instrumentos de registro y el Manual de Calificación de Discapacidades, como documento oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas que pertenecen a grupos vulnerables a través de la inamovilidad laboral de la persona con discapacidad, la cual amplía su ámbito de protección a las personas que no la padezcan, pero que tengan bajo su dependencia a ese grupo de ciudadanos; por ello, corresponde conceder la tutela de manera provisional, mientras el accionante presente un certificado de discapacidad de su progenitora. Finalmente, no se expusieron argumentos suficientes que permitan analizar la supuesta transgresión a los derechos al debido proceso, “al aguinaldo” y a la familia; por lo que, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 173 a 177 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración y a la seguridad social, dejando sin efecto la Carta de Agradecimiento de Servicios SEGIP-RRHH-MP-618/2021 de 17 de septiembre, y disponiendo la reincorporación del accionante a la oficina de Barrio Lourdes -Dirección Departamental de Identificación Personal del SEGIP Tarija, con el mismo nivel salarial que tenía antes de su desvinculación, más el pago de sueldos devengados desde el momento de la desvinculación hasta la efectiva reincorporación, salvo que se pruebe que hubiera percibido ingresos de otra fuente pública; 2° A ese efecto, el solicitante de tutela previamente deberá presentar en fase de ejecución de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, certificado único de discapacidad, documento que califica el tipo y grado de discapacidad de su progenitora; y, 3° DENEGAR la tutela con relación al debido proceso, al “aguinaldo” y a la familia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0172_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): cd17c0654832bd92fb9f0e5b8a73dc115e887208a93564a296294862eb5387f8
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