Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de mayo de 2024
Concede la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, defensa, celeridad y debido proceso; toda vez, que la autoridad ahora demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares: 1) Actuó de forma ultrapetita, al disponer su detención preventiva, apartándose de la solicitud efectuada por el Ministerio Público, que pidió la aplicación de medidas cautelares personales entre ellas su detención domiciliaria; 2) No consideró la existencia de un desistimiento por parte de la presunta víctima y que el certificado médico legal establece claramente que el hecho de violación no existió, por cuanto no correspondía disponer su detención preventiva al no existir probabilidad de autoría, tampoco estableció la necesidad y proporcionalidad en la aplicación y consideración de las medidas cautelares, por cuanto la resolución emitida resulta totalmente arbitraria y carente de fundamentación; 3) Actuó de forma ultrapetita, pues solicitó que “teniendo 18 años tenga a nombre un domicilio registrado a su nombre el contrato eso no puede ser causal para poner este riesgo procesal” (sic), tampoco se valoraron los documentos de prueba presentados en audiencia de medidas cautelares; y, 4) En audiencia interpuso recurso de apelación conforme el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 57 a 64 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la dilación advertida, en cuanto a la remisión de la apelación formulada por el impetrante de tutela, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2024-S4 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48054-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 57 a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José David Castro Valda contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 26 y 27 de mayo de 2022, cursante de fs. 10 a 16; y, 52 y vta., el impetrante de tutela manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez ahora demandado, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares el 25 de mayo de 2022, donde se dispuso su detención preventiva, apartándose ilegalmente de la solicitud del Ministerio Público, que solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal entre ellas la detención domiciliaria, generando un fallo carente de fundamentación que vulnera su derecho a la libertad de locomoción, al agravar su situación jurídica, pese a la existencia de un desistimiento por parte de la presunta víctima, por cuanto no existe duda razonable en cuanto a la probabilidad de autoría; no obstante, actuó de manera ultrapetita yendo más allá de lo solicitado por el titular de la persecución penal, tampoco realizó valoración bajo la sana crítica, experiencia y logicidad de cada elemento para verificar que el hecho no ocurrió, pues el certificado médico forense determinó que no existen signos de violencia, siendo deber de la aludida autoridad emitir pronunciamiento fundamentado en base a lo debatido en audiencia y las solicitudes de las partes. Por otro lado manifestó que, la SCP 0008/2010-R de 6 de abril, establece la sub regla de no subsidiariedad cuando se dilata la tramitación y se incumplen plazos procesales, como ocurre en el caso, pues la aludida autoridad demandada incumplió con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), rebasando abundantemente el plazo otorgado para la remisión de la apelación.
El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, defensa, celeridad y debido proceso, citando al efecto el art. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto Resolución 360/2022 emitida por el Juez demandado, y se ordene se emitan resoluciones debidamente fundamentadas en relación a la solicitud del Ministerio Público, valorando todos los elementos de prueba producidos y pronunciándose en forma fundamentada a sus pretensiones como imputado conforme el art. 124 del CPP; b) Se disponga su inmediata libertad al encontrarse indebidamente procesado y detenido conforme el resguardo que contiene la acción de libertad, debiendo en su lugar imponerse medidas de carácter personal a la detención preventiva, debiendo cesar la privación de su libertad hasta que se resuelva fundadamente su situación procesal ; c) Se establezca responsabilidad civil con monto indemnizable a su favor como afectado y víctima por su privación de libertad de locomoción indebida e ilegal perpetrado por el demandado conforme lo previsto por el art. 91.6 de la “Ley 1836”; y, d) Se disponga el pago de costas judiciales a ser calificados en ejecución de fallos.
Celebrada la audiencia pública el 27 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 56 vta., presente la parte accionante y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda y ampliándola manifestó que: 1) La autoridad demandada no presentó informe alguno, manifestando con ello su tácita aceptación; 2) En audiencia de medidas cautelares el Juez hoy demandado, emitió una resolución totalmente ilegal, arbitraria y ultrapetita, pues el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas personales entre ellas la detención domiciliaria; no obstante, el demandado incurriendo en incongruencia interna no siguió un hilo conductor de razonabilidad y logicidad, disponiendo su detención preventiva conculcando todos los derechos y garantías constitucionales, en cuanto al debido proceso en su vertiente debida fundamentación y también el derecho a la defensa, ya que estaba preparado para defenderse de medidas menos gravosas que una detención preventiva pero el demandado aplicó una medida más grave que la solicitada por el Ministerio Público; 3) Si bien antes de las modificaciones realizadas por la –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, el juez podía declarar la improcedencia de la solicitud, aplicación de o medidas menos graves que la solicitada y la aplicación de una medida grave a la solicitada e incluso la detención preventiva; sin embargo, ahora no es posible que el operador de justicia pueda disponer una medida más grave que la solicitada; 4) No se estableció la necesidad de aplicar el test de proporcionalidad en la aplicación y consideración de medidas cautelares por cuanto la resolución emitida resulta totalmente arbitraria y carente de fundamentación; 5) En audiencia interpuso recurso de apelación conforme el art. 251 del CPP; no obstante, no se remitió los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, “hasta el momento de la audiencia, jamás se ha remitido esos antecedentes o por lo menos no se cuenta con el conocimiento de esa remisión, bajo ese contexto es importante analizar también una de las variables para la procedencia de la concesión de esta tutela que es la subsidiariedad, en el ámbito de la subsidiariedad de esta acción tutelar se debe tomar en cuenta la Sentencia Constitucional N° 008 /2010-R entre otras como la S.C N° 1130/2011-R, estas sentencias constitucionales que establecen la sub regla de la subsidiariedad, cuando no se aplica la subsidiariedad cuando la autoridad accionada ha incumplido los plazos procesales y en la especie ocurre precisamente aquello plenamente aplicable, porque el operador de justicia, no obstante de conocer el recurso, admitirlo y concederle no remite en el plazo hace que se supere este principio de subsidiariedad, el día de hoy en esta causa penal donde se restringe ilegalmente la detención preventiva del imputado a más de vulnerar el debido proceso aplicado una norma derogada superada por el actual sistema procesal penal no se aplica la subsidiariedad porque no tenemos la opción de acceder a ese recurso efectivo oportuno de la apelación ya que hasta el día de hoy no existe ni el acta ni la resolución menos la remisión” (sic); 6) Se quiso dar un tinte de perspectiva de género alegando vulnerabilidad lo cual no se desconoce; sin embargo, ello no significa se soslayen los mecanismos de defensa como en el caso presente, habiéndose el Juez demandado apartado del requerimiento solicitado por el Ministerio Público, actuando de forma ilegal e indebida; 7) El certificado médico forense realizado a Carolina Michel Arratia Fernández de 18 años, no establece nada, ni un día de impedimento, ni probabilidad de existencia de violencia psicológica, sino una membrana himeneal elástica, lo quiere decir, que la probabilidad del hecho de violación no existió, en sus conclusiones se señala que al momento de la valoración ingresó caminando, examen proctológico sin alteraciones y huellas de lesiones traumáticas al exterior, entonces como puede aplicarse una detención preventiva si ni siquiera existe probabilidad de autoría; además la supuesta víctima, no se presentó a la audiencia cautelar, existiendo un desistimiento desde el inicio de este proceso, un requerimiento conclusivo que solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva; no obstante, el Juez demandado fue más allá y dispuso su detención preventiva e incluso se procese a sus abogados y al Fiscal, lo que demuestra que se encuentra indebidamente procesado, por cuanto no debió ser privado de su libertad, ni siquiera debió ser cautelado y si en caso, debió disponerse en su contra “medidas sustitutivas”, siendo ilegal y arbitraria la aplicación de una norma derogada superada por el actual sistema procesal; 8) En cuanto a domicilio también actuó de forma ultrapetita, pues pese a conocer que tiene 18 años, señaló que debía tener a su nombre un domicilio, cuando el art. 234.1 de la Ley 1173 señala que no es necesario que un domicilio registrado a su nombre, no pudiendo en base a ello sostener el riesgo procesal, tampoco se valoraron los documentos de prueba presentados en audiencia de medidas cautelares, por lo que solicitó se revise todo el legajo que puesto a conocimiento, para corroborar la existencia de los agravios “que han sido fundamentados y que sea extralimitado ultra petita el señor accionado Juez Primero de Anticorrupción gracias señor juez” (sic); y, 9) Finalizaron solicitando se conceda la tutela, debiendo dejarse sin efecto alguno la resolución de medidas cautelares y a consecuencia de ello se deje también sin efecto el mandamiento de detención preventiva emitido en su contra, además de ordenarse que en el día la autoridad demandada “tramitar la causa o fijar audiencia conforme a procedimiento, respetando los derechos y garantías constitucionales tomando en cuenta que el art. 235 ter, ha sido modificado por la Ley 1173 y respetando los lineamientos y principios del procesal. Asimismo, se conmine al juez al cumplimiento de las jurisprudencias constitucionales que establece el cumplimiento de plazos procesales y finalmente disponga la responsabilidad de la autoridad accionada y el pago de costas judiciales es cuanto tengo bien impetrar ratificando en todo el bagaje probatorio que se ha producido” (sic).
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) En audiencia de medidas cautelares se dispuso la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, existiendo un proceso penal donde la víctima tiene dieciocho años, quién fue sexualmente agredida por el imputado en estado de inconsciencia; ii) La víctima no se encontraba presente en audiencia, “el día de ayer última hora se cumplía evidentemente las veinticuatro horas qué establece la norma para poder evacuar está resolución, así ha sido sea generado el día de hoy la notificación a la víctima porque previamente a evacuar el cuaderno ante la sala que corresponda debe ser necesariamente notificada con esta decisión que habría evacuado a la suscrita autoridad y así se lo ha realizado y el día de hoy se ha practicado la misma sido remitido a la Sala Penal Primera de esta capital para fines de la apelación del ahora imputado, es decir si debemos hablar de plazos procesales, está autoridad incluso el dia de hoy se encuentra en plazo porque la víctima tendría el plazo para poder interponer alguna apelación, que corresponda respecto a la resolución de aplicación de medidas cautelares que habría establecido la suscrita autoridad conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal, es decir el plazo hasta la fecha no se habría vencido para la víctima quién ha sido notificado el día de ayer imaginamos que corre los tres días para plantear la apelación, sí considera en esa lógica su autoridad cumplido el plazo aún respecto a sus derechos pueda plantear el recurso correspondiente. aspectos que se debe dejar en claro, pero ese caso se encuentra sorteado en la Sala Penal Primera de esta capital, para que se resuelva precisamente su apelación” (sic); iii) Respecto que el certificado médico forense referiría que no existió lesión, manifestó que, el certificado médico forense no sería determinante para ver si existe o no agresión sexual, pues en la declaración informativa de la víctima se establece claramente cómo sucedieron los hechos y como incluso la víctima por tratar de defenderse habría causado lesiones al ahora imputado, aspectos que prevalecieron en la emisión de la resolución correspondiente; iv) La SCP 2233/2013 de 6 de marzo, obliga a aplicar el estándar más alto de protección de Derechos Humanos, respecto a la víctima en este caso a una mujer quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad, así la SCP 017/2019-S2, claramente establece lo siguiente: "las acciones de defensa que emergen le procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico sin limitarse a la denuncia efectuada por la parte accionante sino también analizando los derechos de la víctima y de las actuaciones realizadas por las autoridades policiales Fiscales o judiciales de acuerdo a esta sentencia constitucional"; asimismo, la “SCP 01/2019-S2” estableció que en los casos de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes y mujeres la autoridad fiscal o judicial debe analizar la aplicación de medidas cautelares desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional, por cuanto la resolución emitida se encuentra acorde con la norma internacional y nacional, además debe tenerse presente que el imputado hoy accionante fue aprendido bajo acción directa por efectivos de la Policía Boliviana; v) La parte accionante reconoció que activó el recurso de apelación, por cuanto el pretender se valoren los elementos de prueba no corresponde, ya que necesariamente debe ser revisada por el Tribunal de alzada, encontrándose incumplida la subsidiariedad; y, vi) Respecto a la acción de libertad de pronto despacho, conforme fue manifestado aún se encuentra en plazo, habiéndose notificado a la víctima “por gestora de este juzgado” el 25 de mayo; fundamentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 57 a 64 vta., concedió la tutela impetrada, revocando en todo la Resolución 360/2022 de 25 de mayo, disponiendo la emisión de nuevo fallo observando los plazos para el instituto jurídico cautelar conforme fundamento expuesto y principios jurídicos señalados; con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien es cierto que existe un desistimiento sobre una acción penal pública, ello no tiene efectos de suspensión en la investigación; empero, la presunta víctima “no solo presenta dicho retiro de forma voluntaria, más al contrario suscribe el documento en compañía con su defensa técnica, que sin lugar a dudas dicha decisión voluntaria genera y/o generará dudas sobre la probable autoría, en consecuencia se debe considerar el principio in dubio pro reo, un principio jurisdiccional penal, que las autoridades jurisdiccionales deberán decidir en favor del imputado” (sic); b) Si bien el Juez hoy demandado actuó conforme a las normativas; no obstante, el Ministerio Público solicitó que la detención sea en domicilio, pero contrariamente a esta solicitud la autoridad demandada agravó dicha medida atentando el principio de legalidad y taxatividad, pues debió realizar un análisis integral de todos los elementos que hacen al caso concreto, efectuando además una ponderación de los derechos que se encontraban de por medio, ya que la detención preventiva debe ser considerada como la última opción para asegurar la continuidad del proceso, por cuanto correspondía con la facultad otorgada por el art. 235 ter.3 del CPP, aplicar una medida menos gravosa a la detención preventiva; c) Es necesario considerar como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para de otro, constituyendo el principio de legalidad en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica, mismo que sustituye el gobierno de los hombres por el de la ley, siendo este último uno de los principios fundamentales componentes del marco constitucional como legal, que sustancialmente permite el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de la aplicación de una norma constitucional o legal, válida y vigente, como lo es el art. 235 ter. del CPP, que además es aplicable el "principio reglado" en la adopción de medidas cautelares; d) Respecto a la remisión de la apelación que, de acuerdo al informe del demandado la misma ya habría sido remitida recayendo en la Sala Penal Primera; sin embargo, no se tenía demostrado “que revisado antecedente no existe el acta de la audiencia, no existe la Resolución de medida cautelar que se haya remitido, y no existe oficio de remisión, se tiene claro estos detalles para efectos de subsidiariedad” (sic), por cuanto corresponde que la autoridad demandada, considere de manera integral, los antecedentes del cuaderno de investigaciones, como el certificado médico forense, el desistimiento entre otros; y, sustancialmente la aplicación del art. 235 de la normativa adjetiva penal, “por lo que corresponde corregir la posible lesión del debido proceso en alguna de esas dimensiones, en razón a que la resolución inherente de medida cautelar de carácter personal, involucra de forma directa el derecho a la libertad personal del sujeto procesal que pretende se defina de manera célere” (sic); y, e) En su condición de autoridad garante constitucional no se le permite inmiscuirse en actos propios que corresponden a las autoridades jurisdiccionales, concerniendo a la aludida autoridad disponer de acuerdo a los antecedentes si procede o no la libertad inmediata, tampoco puede establecer responsabilidad civil o monto indemnizable a favor del accionante. Ante la solicitud de complementación y enmienda formulada por el impetrante de tutela y autoridad demandada, declaró no ha lugar las mismas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa CD que contiene la grabación de la audiencia de consideración de medidas cautelares (virtual) desarrollada el 25 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Carolina Michelle Arratia Fernández contra José David Castro Valda, por la presunta comisión del delito violación, donde fue dispuesta la detención preventiva del prenombrado, habiéndose en el mismo verificativo planteado recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP (fs. 9).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, defensa, celeridad y debido proceso; toda vez, que la autoridad ahora demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares: 1) Actuó de forma ultrapetita, al disponer su detención preventiva, apartándose de la solicitud efectuada por el Ministerio Público, que pidió la aplicación de medidas cautelares personales entre ellas su detención domiciliaria; 2) No consideró la existencia de un desistimiento por parte de la presunta víctima y que el certificado médico legal establece claramente que el hecho de violación no existió, por cuanto no correspondía disponer su detención preventiva al no existir probabilidad de autoría, tampoco estableció la necesidad y proporcionalidad en la aplicación y consideración de las medidas cautelares, por cuanto la resolución emitida resulta totalmente arbitraria y carente de fundamentación; 3) Actuó de forma ultrapetita, pues solicitó que “teniendo 18 años tenga a nombre un domicilio registrado a su nombre el contrato eso no puede ser causal para poner este riesgo procesal” (sic), tampoco se valoraron los documentos de prueba presentados en audiencia de medidas cautelares; y, 4) En audiencia interpuso recurso de apelación conforme el art. 251 del CPP; no obstante, no se remitieron los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, por cuanto conforme la SCP 008 /2010-R y 1130/2011-R, no se aplica la subsidiariedad cuando la autoridad demandada incumplió los plazos procesales, lo cual hace que deba considerarse la presente acción tutelar superando dicho principio. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada
Respecto a la subsidiaridad, la SCP 0779/2020-S4 de 1 de diciembre estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, la SCP 1734/2011-R de 7 de noviembre precisó que: “La Constitución Política del Estado garantiza en el art. 180.II, el derecho de impugnación contra las resoluciones judiciales que a criterio del afectado ocasionen agravio a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En materia procesal penal y específicamente para el caso de medidas cautelares el art. 251 del CPP prevé la apelación como un medio de impugnación para que las partes del proceso que consideraren que la decisión del órgano jurisdiccional les ocasiona algún agravio puedan recurrir ante el superior jerárquico a efectos que se reparen los actos ilegales u omisiones indebidas en que incurrió el juez o tribunal de instancia.
(…) El medio idóneo, eficiente y oportuno para impugnar la resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, establecido en el art. 251 del CPP, advierte que contra esa determinación procederá el recurso de apelación incidental para que el Tribunal superior en grado repare las lesiones denunciadas. En concordancia con este precepto, el art. 403 inc.3) del mismo cuerpo legal, establece que el recurso de apelación incidental, procederá contra las resoluciones que resuelvan las medidas cautelares.
Bajo ese razonamiento y guardando la armonía que debe existir entre el marco legal y la jurisprudencia constitucional, esta jurisdicción, vía acción de libertad, está impedida de pronunciarse en el fondo del problema jurídico planteado, de advertirse la existencia de medios de impugnación idóneos en la jurisdicción ordinaria que cumplan la misma finalidad y resulten ser inmediatos para el restablecimiento del derecho conculcado”
(las negrillas son nuestras).
La SCP 0023/2024-S4 de 22 de febrero, precisó: “Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ʽ…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechosʼ. Además enfatizó que. ʽ…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)ʼ” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción de libertad, alegando que el juez demandado en audiencia de consideración de medidas cautelares: i) Actuó de forma ultrapetita, al disponer su detención preventiva, apartándose de la solicitud efectuada por el Ministerio Público, que pidió la aplicación de medidas cautelares personales entre ellas su detención domiciliaria; ii) No consideró la existencia de un desistimiento por parte de la presunta víctima y que el certificado médico legal establece claramente que el hecho de violación no existió, por cuanto no correspondía disponer su detención preventiva al no existir probabilidad de autoría, tampoco estableció la necesidad y proporcionalidad en la aplicación y consideración de las medidas cautelares, por cuanto la resolución emitida resulta totalmente arbitraria y carente de fundamentación; iii) Actuó de forma ultrapetita, pues solicitó que “teniendo 18 años tenga a nombre un domicilio registrado a su nombre el contrato eso no puede ser causal para poner este riesgo procesal” (sic), tampoco se valoraron los documentos de prueba presentados en audiencia de medidas cautelares; y, iv) En audiencia interpuso recurso de apelación conforme el art. 251 del CPP; no obstante, no se remitieron los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, por cuanto conforme la SCP 008 /2010-R y 1130/2011-R, no se aplica la subsidiariedad cuando la autoridad demandada incumplió los plazos procesales, lo cual hace que deba considerarse la presente acción tutelar superando dicho principio. Ahora bien, con relación a la primera, segunda y tercera problemática, conviene previamente recordar que en materia procesal penal y específicamente para el caso de medidas cautelares, el art. 251 del CPP prevé el recurso de apelación, como un medio idóneo para que las partes que se consideren agraviados con la decisión del juzgador, puedan recurrir ante el superior jerárquico a efectos que se reparen los actos ilegales u omisiones indebidas en las que incurrió el Juez o Tribunal de primera instancia; mecanismo procesal que conforme lo manifestado por el accionante y corroborado a través del CD adjunto a esta acción tutelar, el cual contiene la audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada el 25 de mayo de 2022, donde dispuso su detención preventiva; fue interpuesto en el mismo verificativo (Conclusión II.1). Por lo expuesto, cabe precisar que al encontrarse la apelación formulada pendiente de resolución, inviabiliza la consideración de las denuncias traídas a materia, pues conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, esta jurisdicción vía acción de libertad, se encuentra impedida de pronunciarse en el fondo del problema jurídico planteado, cuando se advierte la existencia de medios de impugnación idóneos en la jurisdicción ordinaria que cumplan la misma finalidad y resulten ser inmediatos para el restablecimiento del derecho conculcado, por cuanto para poder ingresar al control tutelar de lo denunciado, el mismo debe ser previamente agotado en su trámite, correspondiendo sin mayores consideraciones denegar la tutela impetrada. Respecto a la cuarta problemática planteada, traducida en una presunta dilación en la remisión del recurso de apelación deducido en audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 25 de mayo de 2022; corresponde señalar que, de acuerdo a lo informado en audiencia de esta acción tutelar, la autoridad demandada manifestó “el día de ayer última hora se cumplía evidentemente las veinticuatro horas qué establece la norma para poder evacuar está Resolución, así ha sido sea generado el día de hoy la notificación a la víctima porque previamente a evacuar el cuaderno ante la sala que corresponda debe ser necesariamente notificada con esta decisión que habría evacuado a la suscrita autoridad y así se lo ha realizado y el día de hoy se ha practicado la misma sido remitido a la Sala Penal Primera de esta capital para fines de la apelación del ahora imputado, es decir si debemos hablar de plazos procesales, está autoridad incluso el día de hoy se encuentra en plazo porque la víctima tendría el plazo para poder interponer alguna apelación, que corresponda respecto a la resolución de aplicación de medidas cautelares que habría establecido la suscrita autoridad conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal, es decir el plazo hasta la fecha no se habría vencido para la víctima quién ha sido notificado el día de ayer imaginamos que corre los tres días para plantear la apelación” (sic). De lo cual resulta evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad demandada, en la remisión del legajo procesal al Tribunal de apelación, pues desde la formulación del recurso realizado en audiencia de consideración de medidas cautelares de 25 de mayo de 2022, hasta el 27 de igual mes y año, en el que se desarrolló el verificativo de esta acción tutelar, no se procedió con tal remisión, y si bien la aludida autoridad sostuvo haberla realizado, no existe objetivamente constancia de ello; asimismo, no resulta tampoco un justificativo válido la falta de notificación a la presunta víctima; toda vez, que el art. 251 de la norma procesal penal, no prevé que la apelación deba ser puesta a conocimiento de las partes, sino dispone la inmediata remisión de éste al Tribunal superior; mérito por el cual corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad traslativa o de pronto despacho en aplicación al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los trámites y solicitudes realizadas por personas que se encuentran privadas de libertad, deben ser atendidas y diligenciadas con la mayor celeridad y prontitud posible, observando los plazos procesales; dado que, de no hacerlo se provoca una restricción indebida del citado derecho; consecuentemente, la autoridad demandada una vez notificada con el presente fallo constitucional, deberá proceder a la remisión inmediata del recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela ante la Sala Penal de turno, salvo que por el transcurso del tiempo, dicho envió ya hubiera sido materializado. En ese contexto, cabe aclarar que la dilación advertida no habilita a esta jurisdicción constitucional hacer abstracción a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y poder ingresar al fondo de las denuncias planteadas como pretende el accionante invocando la SC 008/2010-R y SCP 1130/2011-R, debido a que los fallos constitucionales de referencia no tienen analogía fáctica con el caso de autos, pues en el primero se cuestiona la falta de notificación con una denuncia y con la imputación formal; y, en el otro, el reclamo versa en que el Juez hoy demandado ordenó indebidamente la detención preventiva, fijando audiencia para considerar la cesación para casi un mes después de solicitada; y, actuó ilegalmente al suspender dicha audiencia, por una recusación formulada en su contra; entre otra problemática que fue deducida contra un Fiscal de Materia, querellante y su abogado.
Por cuanto debe tenerse presente que, nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado –entre otros– mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones. Finalmente, torna pertinente precisar que, la concesión dispuesta solo alcanza al pronto despacho, en cuyo efecto será la autoridad correspondiente, quién en el marco de su competencia, resuelva y determine la situación jurídica del impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 57 a 64 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la dilación advertida, en cuanto a la remisión de la apelación formulada por el impetrante de tutela, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0171_2024-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47a1439964b24bc5e7606e71796737937ee640931c7def02c8f70cb41ea78b52
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