Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de junio de 2024
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto a la Jueza y Secretaria abogada, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, a que en lo sucesivo cumplan con la remisión adecuada y correcta de apelaciones incidentales. 2° Se dispone la remisión del testimonio de apelación en su integridad a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Oruro.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2024-S1 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48275-2022-97-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado representante sin mandato de Gastón Ignacio Aguilar Díaz contra Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza y Lidia Limachi Chambi, Secretaria Abogada, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro.
JURÍDICA
Por memorial presentado el 7 de junio de 2022, cursante de fs. 6 a 9, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de violación seguido por el Ministerio Público, el 31 de mayo de 2022, en audiencia interpuso apelación incidental contra la resolución que denegó la aceptación de los garantes ofrecidos, pidiendo a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro cumplir con los plazos establecidos por ley y remitir las pruebas valoradas a los efectos de la exposición de agravios; empero, remitió un testimonio de apelación incompleto sin los medios de prueba que fueron valorados en audiencia, que resulta maliciosa y temeraria por la referida autoridad que busca deshacerse del proceso para no viabilizar la libertad.
Ahora bien, si bien la remisión de pruebas y el testimonio es labor de la Secretaria demandada, la Jueza de control jurisdiccional, es quien debe controlar la labor ilegal en la que incurren sus funcionarios.
El impetrante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada se pronuncie de manera objetiva a su solicitud y remita todos los medios de prueba valorados en audiencia de acreditación de garantes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro donde se encuentra la apelación incidental.
Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela ratificó el tenor íntegro de la acción libertad interpuesta y ampliándolo añadió lo siguiente: a) El ahora solicitante de tutela se encuentra detenido preventivamente y no cuenta con los recursos económicos al no ser de este departamento sino de La Paz; b) Se remitió las pruebas; sin embargo, no se pudo ingresar a resolver los agravios porque el Testimonio de apelación fue enviado de forma incompleta; y, c) La Jueza demandada al ser la máxima autoridad de ese despacho debe corroborar como la Secretaria está remitiendo los actuados debiendo ser de forma adecuada, eficiente y con la debida diligencia.
Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, por informe presentado el 8 de junio de 2022, cursante a fs. 24 y vta., refirió que: 1) El 31 de mayo de 2022 el ahora accionante planteó un recurso de apelación contra el Auto 264/2022 de la mencionada fecha, que rechazó la constitución de garantes ante el incumplimiento de lo establecido en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al ser el expediente de tres cuerpos, se pidió al ahora impetrante de tutela proveer los recaudos para sacar fotocopias para el armado de testimonio, quien se rehusó y planteó el recurso de reposición en audiencia contra la disposición emitida, la misma fue revocada y se determinó la remisión mediante Secretaria del Testimonio a la Sala Penal de turno con las piezas pertinentes; 2) Fue remitido el testimonio de apelación en el plazo establecido por ley con las piezas pertinentes al Tribunal Departamental de Justicia de acuerdo al informe de la Secretaria de este despacho, no resulta cierto que el mismo hubiera implorado a cumplir con los plazos; siendo que, el recurrente no se apersonó a la oficina; 3) Si bien el principio de gratuidad que rige en todo proceso penal establecido en la Norma Suprema; sin embargo, en el orden práctico y la realidad cuando menos en el Distrito Judicial de Oruro, el Estado no cubre el costo de las fotocopias para los testimonios de apelación, la Dirección General Administrativa Financiara del Órgano Judicial (DAF) textualmente sostiene que la misma debe ser cubierta por el interesado, “no estamos diciendo que si no se proveen estos recaudos el testimonio de apelación no sea remitido, pues es mandato legal taxativo y debemos cumplirlas” (sic); por lo que, se dispuso la remisión del testimonio a la sala penal de turno; y, 4) Siendo que, es de conocimiento del ahora peticionante de tutela que la causa ya se fue remitido el pliego acusatorio; por lo que, ese despacho judicial perdió competencia del caso, de imposible cumplimiento su solicitud, máxime que la causa se encuentra radicando en el Tribunal de Sentencia Tercero, lo que implicaría que se disponga que ese Tribunal de Sentencia devuelva el proceso. Lidia Limachi Chambi, Secretaria Abogada, del mencionado Juzgado, mediante Informe de 8 de junio de 2022, cursante a fs. 22, señaló que el recurso de apelación planteado por el ahora accionante fue remitida en el plazo establecido por ley y con las piezas pertinentes, pese a que la parte impetrante de tutela no cumplió con proveer para las copias a efectos de enviar la apelación planteada, interponiendo la acción tutelar de forma maliciosa; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 28 a 34, denegó la tutela solicitada, en base a los fundamentos: i) El solicitante de tutela alega una dilación indebida de la Jueza y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero del mencionado departamento, porque no hubiera remitido la prueba que se ofreció en audiencia de constitución de garantes, siendo este el motivo por el cual el Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro hubiera suspendido la audiencia programada para el 7 de junio de 2022, al no existir elementos de prueba a analizar, para ser compulsados, causando dilación en el proceso; ii) Habiéndose remitido los actuados de oficio, en la misma nota hace notar que: “…la parte apelante no dejo recaudos para el testimonio de apelación y a efectos de dar cumplimiento con el plazo de apelación se remite las piezas pertinentes sacados del sistema siendo que este órgano jurisdiccional no cuenta con ningún recaudo...” (sic); iii) Al tratarse de una remisión de oficio, solo remitió las piezas que el órgano jurisdiccional vio por conveniente, remitió el acta de constitución de garantes y el Auto, “...la jurisprudencia constitucional señala que cuando la parte apelante vea por conveniente se remita actuaciones que corresponda a su apelación deberá proporcionar los recaudos necesarios” (sic), no existiendo constancia de que la parte apelante hubiera dejado para las pruebas que se quería que se adjunte de la audiencia de 31 de mayo de 2022; y, iv) No se advierte ninguna dilación que hayan cometido las demandadas; toda vez que, tuvieron que sacar las piezas pertinentes del Sistema SIREJ para remitir el Testimonio de apelación. Mediante Auto complementario 398/2022 de 8 de junio, el ahora accionante solicitó la complementación de la resolución de la Jueza de garantías en relación a que la autoridad judicial remita los actuados pertinentes, que aclare si los medios de prueba en el caso de una audiencia de constitución de garantes son pertinentes o no , en respuesta la Jueza de garantías hizo mención a la SCP 0451/2018-S3 , donde establece “…que solamente deberán ser remitidos en el recurso de apelación los actuados o actuaciones pertinentes, en este de los garantes obrando por analogía seria la copia del acta de audiencia así como la copia del auto que disponga el rechazo de los garantes; empero también el tribunal constitucional no establece que se deba remitir las pruebas pertinentes, es decir los medios de prueba no están contemplados por el Tribunal Constitucional como actuaciones pertinentes para la apelación de oficio” (sic). Con relación a que si es el Tribunal Sentencia Penal Tercero o el Juzgado de Instrucción Penal Tercero que deba remitir las piezas correspondientes a la Sala Penal Segunda para dar celeridad, se dispuso que sea el Tribunal de Sentencia Penal Tercero, a objeto de que remita la documental presentada en audiencia de 31 de mayo de 2022 a su vez la prueba ofrecida por la parte imputada, debiendo la parte impetrante de tutela proveer los recaudos pertinentes para las fotocopias.
Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Acta de Audiencia de Constitución de Garantes de 31 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación iniciado contra Gastón Ignacio Aguilar Díaz -ahora accionante-, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada- resolvió rechazar la constitución de garantes por Auto 264/2022 de 31 de mayo; acreditando solo a Miguel Ángel Paco Flores solo a uno; por lo que, se interpone el recurso de apelación incidental respecto a la garante María Elena Espinoza Diaz, disponiendo consecutivamente la remisión del testimonio con las piezas pertinentes a la Sala Penal de Turno conminado a la parte imputada prever los recaudos necesarios para remisión del testimonio. Ante esta determinación manifestado al final de su providencia en el acto planteó un recurso de reposición al amparo de los arts. 401 y 402 del CPP, al encontrarse detenido preventivamente el prenombrado no teniendo recursos económicos para proveer los recaudos para las copias;
por lo que, la Jueza “REVOCA providencia en relación a que el imputado prevea los recaudos necesarios para la remisión de las copias, debiendo remitirse las piezas pertinentes a la Sala Penal de Turno” (sic [fs. 74 a 77]).
de 1 de junio de 2022, se remitió fotocopias legalizadas de la apelación incidental contra el Auto 264/2022, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; sin embargo, se advierte que en la misma nota ”…Se pone en conocimiento que la parte apelante no dejó recaudos para el testimonio de apelación y a efectos de dar cumplimiento con el plazo de apelación se remite con las piezas pertinentes, sacadas del sistema, siendo que este órgano jurisdiccional no cuenta con ningún recaudo (sic [fs. 83]). II.3. Consta acta de audiencia de apelación incidental de 7 de junio de 2022, llevada adelante en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, haciendo uso de la palabra la defensa técnica del imputado refirió que no ingresará a los agravios porque el Juzgado de Instrucción Penal Tercero del citado departamento no remitió el Testimonio de apelación de forma completa faltando pruebas, pidiendo la devolución del expediente para que se remita toda la documentación; por lo que, el Presidente de la mencionada Sala Penal a efectos de no causar indefensión o confrontación de las pruebas que requiere la parte apelante ordenó la devolución del proceso penal al juzgado de origen (fs. 93 y vta.). FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, una vez celebrado la audiencia constitución de garantes, ante el rechazo de uno de los garantes interpuso el recurso de apelación incidental; empero, la Jueza y la Secretaria -ahora demandadas-remitieron el testimonio de apelación en forma incompleta sin los medios de prueba valoradas en audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial; y, c) Análisis del caso concreto.
Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así: III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .
de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: 1) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; 2) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; 3) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; 4) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; 5) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad.
2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo).
Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la 5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”. 6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).
segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.
Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.
En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas .
Judicial
Sobre esta temática, la SCP 1572/2003-R de 4 de noviembre, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional- señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio.
Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en las SSCC 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio.
inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”. 8 El F.J.III.2 señaló que: ”Cabe recordar que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9 En el F.J.III.4, sobre la legitimación pasiva en funcionarios subalternos refirió que: “Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, reiteró: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…).
Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero, desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 359/2016-S1 de 17 de abril.
Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre 10 El F.J. III.4, señaló que: “La acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal y que una vez interpuesta la misma la autoridad judicial ordenará “…la citación, persona o por cédula, a la autoridad o persona denunciada…” (art. 126.I de la CPE), de ahí que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos tutelados por este mecanismo de defensa. Al respecto, la SCP 1121/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En consecuencia se tiene que, el ciudadano que pretenda activar la acción de libertad, tiene el deber de dirigir dicha acción de defensa contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; a contrario sensu, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al hecho objeto de tutela”
Con relación a los funcionarios de apoyo judicial, el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial, cuyas funciones según los arts. 94, 95, 101 y 105 de la citada disposición legal, son de apoyo judicial, dirigida al buen funcionamiento de los diferentes despachos. Entonces, si el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces que son los encargados de impartir justicia y cuyas decisiones generan efectos o consecuencias jurídicas susceptibles de lesionar un derecho subjetivo o interés legítimo, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, dado que su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En otros términos, las servidoras y los servidores de apoyo judicial, no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados; por cuanto por expresa disposición de los arts. 83, 94, 95, 101 y 105 de la LOJ, su función se limita a acatar órdenes del Juez o Tribunal a cargo del conocimiento de la causa.
En ese sentido también se pronunció la SCP 0691/2012 de 2 de agosto, al afirmar: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (SC 1093/2010-R de 27 de agosto)”. 11 En el F.J.III.2 señaló que: “…el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y en la 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:
…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente… La referida SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2 de 24 de junio, asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras). Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos). De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.
0244/2016-S2 de 21 de marzo, 1110/2017-S2 de 23 de octubre, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1 de 15 de mayo, entre otras.
Finalmente, asumiendo el cambio de línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada precedentemente, tomando en cuenta el entendimiento expresado en las SSCC 1572/2003-R y 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció como sub regla que tales funcionarios carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; tomando en cuenta que no cumplen una función jurisdiccional, estableciendo como excepción a la citada sub regla para ser demandados en dichas acciones tutelares en tres supuestos, los cuales son los siguientes:
…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…
La referida SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1 de 23 de marzo, 0638/2019-S1 de 22 de octubre, 0882/2019-S2 de 25 de septiembre, 0055/2020-S3 de 12 de marzo, entre otras.
El accionante, alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, una vez celebrado la audiencia constitución de garantes, ante el rechazo de uno de los garantes interpuso el recurso de apelación incidental; empero, la Jueza y la Secretaria -ahora demandadas-remitieron el testimonio de apelación en forma incompleta sin los medios de prueba valoradas en audiencia. De los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que en la audiencia de constitución de garantes realizado el 31 de mayo de 2022, por Auto 264/2022 fue rechazada la acreditación de sus dos garantes; por lo que, se interpuso el recurso de apelación incidental respecto a María Elena Espinoza Diaz, disponiendo consecutivamente la remisión del testimonio con las piezas pertinentes a la Sala Penal de turno conminado a la parte imputada prever los recaudos necesarios para remisión del testimonio. Ante esta determinación manifestado al final de su providencia en el acto planteo un recurso de reposición al amparo de los arts. 401 y 402 del CPP, al encontrarse detenido preventivamente el prenombrado no teniendo recursos económicos para proveer los recaudos para las copias; por lo que, la Jueza “REVOCA providencia en relación a que el imputado prevea los recaudos necesarios para la remisión de las copias, debiendo remitirse las piezas pertinentes a la Sala Penal de Turno” (sic [Conclusión II.1]); por lo que, mediante Oficio de remisión de apelación CUD: 401503022200036 el 1 de junio de 2022, la Jueza ahora demandada remite fotocopias legalizadas de la apelación incidental contra el Auto cuestionado, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; empero, advierte que ”…Se pone en conocimiento que la parte apelante no dejo recaudos para el testimonio de apelación y a efectos de dar cumplimiento con el plazo de apelación se remite con las piezas pertinentes, sacadas del sistema, siendo que este órgano jurisdiccional no cuenta con ningún recaudo (sic). Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro se programó audiencia de apelación incidental para el 7 de junio de 2022; empero, la defensa técnica del imputado -ahora impetrante de tutela- refirió que no ingresara a los agravios porque el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del indicado departamento no hubiera remitido el testimonio de apelación de forma completa faltando las pruebas, pidiendo la devolución del expediente para que remita toda la documentación; por lo que, el Presidente del Tribunal de alzada a efectos de no causar indefensión o confrontación de las pruebas que requiere la parte apelante ordenó la devolución del proceso penal al juzgado de origen (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, la parte peticionante de tutela aduce que a partir de una presunta omisión en la remisión de todo el testimonio de apelación correspondiente a la audiencia de constitución de garantes, no pudo ingresar a la exposición de los agravios ante el Tribunal de alzada ante la falta de prueba presentada.
En ese marco, la presente problemática se abordará a partir de las actuaciones realizadas por las demandadas, en el siguiente orden:
Respecto a la Jueza ahora demandada sobre la remisión antecedentes de su Recurso de Apelación Incidental y las piezas pertinentes ante la Sala Penal de turno
El solicitante de tutela denunció que, si bien la remisión de pruebas y testimonio es labor de la Secretaria demandada, la autoridad jurisdiccional resulta ser quien debe controlar la protección de derechos y garantías constitucionales, supervisando la labor de sus funcionarios; por lo que, se analizara la actuación de la autoridad judicial demandada.
De manera inicial, debe considerarse que el juez como autoridad revestida de jurisdicción no puede dejar al desamparo la dirección del juzgado a su cargo; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, ya que en el caso de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas; de ahí que, las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.
En ese orden de cosas, se tiene que la autoridad jurisdiccional, al momento de haber sido interpuesto el recurso de apelación incidental en audiencia contra el Auto 264/2022 de 31 de mayo por parte del accionante, instruyó que por secretaria se remitieran los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo establecido por Ley -en el término de veinticuatro horas-; ahora bien, conforme a la Conclusión II.2 de esta resolución constitucional, la Secretaria -ahora codemandada- remitió el legajo de recurso de apelación al superior en grado, no con todas la pruebas producidas en audiencia de constitución de garantes en el entendido de que estas pruebas eran de total pertinencia para resolver los agravios planteados; por lo que, era necesario la remisión del recurso de apelación con las piezas fundamentales al Tribunal de alzada.
En ese marco, en el caso concreto debe considerarse que, la Jueza ahora demandada, en el informe presentado para la consideración de la presente acción tutelar, manifestó que, la remisión del recurso de apelación ante el tribunal de alzada fue dentro del plazo establecido por la norma adjetiva penal y si bien el principio de gratuidad que rige en todo proceso penal establecido en la Norma Suprema; sin embargo, en el orden práctico y la realidad cuando menos en el Distrito Judicial de Oruro, el Estado no cubre el costo de las fotocopias para los testimonios de apelación, y “no estamos diciendo que si no se proveen estos recaudos el testimonio de apelación no sea remitido, pues es mandato legal taxativo y debemos cumplirlas” (sic); por lo que, se dispuso la remisión del testimonio a la Sala Penal de turno; y, justificando dicho actuar, en no remitir todas las piezas del expediente para la apelación sino las pertinentes; al respecto cabe señalar que, no puede asumirse como válido tal argumento para justificar la omisión en la tramitación de dicha remisión, al respecto el art. 180.I de la CPE, respecto de los principios que regula a la Jurisdicción Ordinaria, establece que:
La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez (las negrillas son añadidas).
A su vez, el art. 3.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- establece que uno de los principios que sustentan al Órgano Judicial es la gratuidad de la siguiente manera:
El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano, siendo ésta condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. (las negrillas son nuestras).
Bajo esas premisas constitucionales y legales, se entiende que las partes partícipes dentro de un proceso sea ésta judicial o administrativa, están exentos de cancelar aranceles no especificados en la Ley; ahora bien, es imperante atender lo vertido por la autoridad judicial demandada en su informe elevado respecto a que el Distrito judicial de Oruro el Estado no cubre el costo de las fotocopias para los testimonios de apelación.
Empero, la Jueza demandada, debió buscar alternativas para remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental, ya que correspondía que, advertido de la falta de recursos económicos que el imputado carece al no ser de ese departamento y estar detenido, proceda a enviar el original del expediente para compulsar los agravios con respecto a la acreditación de los garantes; más aún, al tratarse del proceso con persona que tiene restringida su libertad no siendo aceptable referir que si bien se remitió de oficio hace constar que la parte apelante no dejo recaudos para el testimonio de apelación y solo a efectos de dar cumplimiento con los plazos de apelación se remite con las piezas pertinentes, sacadas del sistema, dado que tenía la obligación de remitir con las piezas pertinentes al acaso y manejar la situación con la diligencia que amerita el caso; lo que no aconteció lo que generó la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen tal como se constata de la Conclusión II.3, afectando por esta razón, el principio de celeridad y el de seguridad jurídica, por lo que aplicando el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo a la sólida jurisprudencia emitida por este Tribunal, la administración de justicia se rige, entre otros, por los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, que en su conjunto buscan que los justiciables accedan idónea y oportunamente al ejercicio material de sus derechos y garantías; en ese sentido, los antecedentes fácticos descritos, denotan que evidentemente la Jueza ahora demandada como autoridad que ejerce el control jurisdiccional, no asumió el debido control del caso e incumplió en la remisión adecuada de antecedentes ante el Tribunal de alzada; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.
Respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro
El impetrante de tutela refirió que, la secretaria no remitió de forma adecuada el testimonio de apelación; es decir, sin las piezas fundamentales para argumentar sus agravios, ocasionando la suspensión de la audiencia de apelación de 7 de junio de 2022 al tener que ser devueltos al juzgado de origen causando una dilación indebida respecto a la resolución de su situación jurídica, sin considerar que se encuentra detenido en el Centro Penitencio San Pedro de Oruro y no ser del lugar. Es preciso tomar en cuenta lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece, si bien los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, porque no asume determinaciones de orden jurisdiccional dentro del proceso penal; sin embargo, la jurisprudencia constitucional señala la excepción a esta subregla, al determinar los presupuestos en los que de forma excepcional el personal de apoyo judicial adquiere legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) Emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda; puesto que, se activa la excepción a la legitimidad pasiva.
En ese entendido, el peticionante de tutela en audiencia de 31 de mayo de 2022, interpuso recurso de apelación incidental, ante el rechazo de la constitución de garantes, ante lo cual la Jueza demandada ordenó por secretaria se remita los antecedentes al Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas previo previsión de recaudos necesarios para la remisión de Testimonio de apelación luego ante la interposición del recurso de reposición bajo alternativa de apelación se revocó la orden de previsión de recaudos a través de Auto 264/2022; sin embargo, conforme refirió la autoridad demandada el 1 de junio de 2022 se procedió a la remisión del recurso de apelación cuestionado, aspecto corroborado en obrados cursante a fs. 22 dentro del plazo establecido de veinticuatro horas, haciendo notar en oficio de remisión que “Se pone en conocimiento que la parte apelante no dejó recaudos para el testimonio de apelación y a efectos de dar cumplimiento con el plazo de apelación se remite con las piezas pertinentes, sacadas del sistema, siendo que este órgano jurisdiccional no cuenta con ningún recaudo” (sic), en cumplimiento a dicha orden la Secretaria codemandada, ante la falta de provisión de recaudos para las copias, solo remitió algunas piezas pertinentes que considero importantes su persona, en contraposición del principio constitucional de gratuidad; no podía bajo ninguna circunstancia condicionarse el cumplimiento de la remisión de la apelación a un requisito que no está establecido en la norma procesal penal, menos puede atribuirse a los sujetos procesales esta carga procesal en su desmedro; por lo expuesto, no pueden aceptarse como válidos los justificativos expresados; por lo que, se evidencia la vulneración de los derechos tutelados a través de la presente acción de defensa que emergen del incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a la Secretaria codemandada, aspectos que generan en la funcionaria de apoyo jurisdiccional responsabilidad, adquiriendo por consiguiente legitimación pasiva para ser denunciada en la presente acción tutelar, situación emergente de la omisión en la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, en forma incompleta actuación indebida que ocasiona la falta de resolución de la situación jurídica del solicitante de tutela. Por lo que, se concluye la actuación negligente de la Secretaria dado que tenía la obligación de remitir con las piezas pertinentes al acaso y manejar la situación con la diligencia que amerita el caso; lo que no aconteció lo que generó la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen tal como se constata de la Conclusión II.3, afectando por esta razón, el principio de celeridad y el de seguridad jurídica; por lo que, aplicando el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al existir una remisión incompleta del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, incidiendo directamente en la afectación del principio de celeridad vinculado al debido proceso, relacionado a la libertad del solicitante de tutela, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto a la Jueza y Secretaria abogada, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, a que en lo sucesivo cumplan con la remisión adecuada y correcta de apelaciones incidentales. 2° Se dispone la remisión del testimonio de apelación en su integridad a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Oruro. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios
7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0171_2024-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8aacffb636837c05e559ccb23b3137ea780dc1dcdc43a859fe075fa10fdc167b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →