Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal de avasallamiento y tráfico de tierras, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, emitió nueva resolución de imputación formal en su contra, sin realizar las fundamentaciones que fueron observadas en el auto interlocutorio de 16 de agosto de 2022, solicitando además, su detención preventiva por el lapso de cuatro meses sin considerar que es madre de una infante lactante; por lo que, solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia, la nulidad de la imputación formal de 13 de enero de 2023 y advierta al representante del Ministerio Público, velar por el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, debiendo analizar y ponderar los antecedentes al momento de emitir una resolución de imputación, bajo responsabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0170/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53550-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 107 a 109 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cecilia Blacutt Condori contra Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 91 a 98 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por el delito de avasallamiento y tráfico de tierras, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, el 18 de mayo de 2022, amplió investigación en su contra y el 19 de julio del mismo año presentó imputación formal, en merito a ello, el 8 de diciembre de igual año, la -impetrante de tutela-, formuló apelación incidental, en consecuencia, el Juez de Instrucción en lo Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, declaró fundado su incidente disponiendo la nulidad del dicho actuado mediante auto interlocutorio de 16 de agosto del referido año , el cual fue confirmado por Auto de Vista 83/2022 de 15 de septiembre; por lo que, el 13 de enero de 2023, la representación fiscal emitió una segunda resolución sin realizar la debida fundamentación observada, solicitando medida cautelar de detención preventiva en su contra, por el lapso de cuatro meses, situación que puso en riesgo sus derechos a la libertad personal, a la vida y a la salud; además, no consideró que la misma es madre de una infante.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, disponga: a) La nulidad de la imputación formal de 9 de enero de 2023; y, b) Advertir al representante del Ministerio Público, velar por el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, quien deberá analizar los antecedentes adecuando y ponderando su conducta al momento de emitir una resolución de imputación, de acuerdo a las leyes, bajo responsabilidad.
Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 106, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) El Fiscal de Materia -demandado- pese a que se declaró la nulidad de la primera imputación formal, posteriormente confirmado en apelación, emitió una segunda resolución sin corregir los errores que cometió en la que se dejó sin efecto; aspectos que, no pueden ser nuevamente reclamados señalando el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual. indicó que los incidentes sobre el mismo motivo pueden ser instaurados por única vez; 2) Presentó su acción tutelar, por que observó vulneraciones a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, vinculado a su libertad; puesto que, en la segunda resolución la -autoridad demandada-, pidió su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, sustentándose en una repetición totalmente abusiva; 3) Asimismo, mencionó que la activación de la vía constitucional es la idónea para reparar las lesiones alegadas; por ello, se adjuntó a la acción de libertad documentos que prueban, que la impetrante de tutela es madre de una infante de dos meses, demostrando que no solo se amenaza su libertad, sino también la atañen en caso de efectivizarse, invocando las modalidades innovativa y preventiva; y, 4) Finalmente, pide que al Juez de garantías tras un examen de rigor, conceda su petición, disponiendo la nulidad de la segunda imputación formal, debiendo la autoridad fiscal resguardar los derechos y garantías de sectores vulnerables.
Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito alguno; sin embargo, en audiencia de garantías manifestó que, la primera imputación emitida fue declarada nula; puesto que, el Juez de la Causa, observó que no existía claridad respecto a la participación de la solicitante de tutela; sin embargo, una vez ratificado, emanó nueva resolución subsanando todos los aspectos mencionados y en consecuencia solicitó se declare improcedente la acción tutelar.
El Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, por Resolución 06/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 107 a 109, declaró la “improcedencia” de la acción de libertad, con base en los siguientes fundamentos: i) No ingresó a considerar el contenido de la acción tutelar; puesto que, al encontrarse el proceso en fase de etapa preparatoria, se tiene expedito los tramites de incidentes y excepciones, existiendo nueva imputación formal, con señalamiento de audiencia para 13 de febrero de 2023; es decir que, los actos que se denunciaron en la segunda resolución, aún no fueron fundamentados por los sujetos procesales; ii) La impetrante de tutela, tendrá la oportunidad de fundamentar, conforme el art. 233 del CPP, en cuanto a los requisitos de la detención preventiva, señalando si es evidente que la segunda resolución se trataría de una recopilación de la primera, si contendría los mismos preceptos o contextos legales; es decir que, no se agotó los parámetros establecidos en el art. 314 de la norma adjetiva supra mencionada; y, iii) Corresponde a las partes formular incidente ante el juez cautelar, no es posible simplemente indicar que las excepciones deben tramitarse por la vía incidental por única vez, cuando es otra resolución la que se resolverá; por ello, no ingresó al análisis de fondo toda vez que no agotó el principio de subsidiariedad, declarando improcedente la acción tutelar.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa, resolución de imputación formal de 20 de julio de 2022, formulado por el Fiscal de Materia demandado contra la accionante, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, en el que solicitó detención preventiva por el lapso de cuatro meses (fs.17 a 35). II.2. Consta, memorial de 1 de agosto de 2022, por el cual la accionante formalizó incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de la imputación de 19 de julio del mismo año; en consecuencia, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, pronunció Auto Interlocutorio de 16 de agosto de igual año, por el que dispuso la nulidad de imputación por defecto absoluto (fs.36 a 45; y, 50 a 52). II.3. Se evidencia, memorial de 18 de agosto de 2022, por el cual la autoridad demandada formuló recurso de apelación incidental en contra del Auto de 16 del mismo mes y año, solicitando su revocatoria, mereciendo Auto de Vista 83/2022 de 15 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Oruro; mismo que, declaró improcedente y confirmó el auto apelado (fs.61 a 65; y, 66 a 68). II.4. Se tiene segunda resolución de imputación formal, presentado el 13 de enero de 2023, por el Fiscal de Materia, en cumplimiento a las observaciones realizadas en la primera, respecto a la falta de argumentación, en el que reiteró su solicitud de detención preventiva en contra de la solicitante de tutela.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal de avasallamiento y tráfico de tierras, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, emitió nueva resolución de imputación formal en su contra, sin realizar las fundamentaciones que fueron observadas en el auto interlocutorio de 16 de agosto de 2022, solicitando además, su detención preventiva por el lapso de cuatro meses sin considerar que es madre de una infante lactante; por lo que, solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia, la nulidad de la imputación formal de 13 de enero de 2023 y advierta al representante del Ministerio Público, velar por el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, debiendo analizar y ponderar los antecedentes al momento de emitir una resolución de imputación, bajo responsabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
8El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 9El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. Por lo que, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal de avasallamiento y tráfico de tierras, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, emitió nueva resolución de imputación formal; en su contra, sin realizar las fundamentaciones que fueron observadas en el auto interlocutorio de 16 de agosto de 2022, solicitando, además, su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, sin considerar que es madre de un infante lactante.
En ese marco, conforme a los datos consignados en conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión del avasallamiento y tráfico de tierras, el 19 de julio de 2022, el Fiscal demandado emitió imputación formal, por el que solicitó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, a razón de ello, el 1 de agosto de mismo año, la accionante formalizo incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de la imputación; en consecuencia, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, pronunció Auto Interlocutorio de 16 mismo mes y año, por el que dispuso la nulidad de imputación por defecto absoluto; es así que, la autoridad demandada el 18 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación incidental en contra del Auto mencionado, solicitando su revocatoria, mereciendo Auto de Vista 83/2022, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia Oruro, mismo que declaró improcedente y confirmó el auto apelado, finalmente se tiene resolución de imputación formal, presentado el 13 de enero de 2023;por el que, reiteró su solicitud de detención preventiva en contra de la solicitante de tutela, (Conclusiones II.1, II.2, II.3; y,II.4.).
Ahora bien, efectuadas dichas precisiones, del contenido del memorial de la presente acción tutelar, se tiene que la accionante en la exposición de los hechos fácticos que motivaron la interposición de la misma, denunció que la autoridad fiscal demandada, no cumplió con fundamentar la segunda imputación realizada en su contra, atentando contra el debido proceso que pone en peligro su libertad personal; puesto que, solicito detención preventiva por el lapso de cuatro meses, aspecto que pone en peligro su libertad de locomoción e incluso su salud su vida y la de su recién nacida.
Al respecto, la acción de libertad se configura en un mecanismo extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como el de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; asimismo, tutela el derecho a la vida cuando se halle en peligro; naturaleza jurídica en base a la cual, esta acción de defensa podrá ser activada por toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal o de desplazamiento. Por lo que, en antecedentes no se advirtió, ningún elemento que permita acreditar de forma objetiva la lesión o restricción al derecho a la vida o a su salud, relacionada con la segunda resolución de imputación y la solicitud de detención preventiva; puesto que, la simple anunciación, no es suficiente para acreditar dicho extremo.
Conforme se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, todas aquellas denuncias por actos ilegales, irregularidades u omisiones por parte de los representantes del Ministerio Público o de los funcionarios policiales durante la tramitación de la etapa preparatoria del proceso a cuya consecuencia se produzca vulneración de derechos, deben ser puestas en conocimiento del juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, conforme la previsión contenida en los arts. 54.1 y 279 del CPP, no siendo correcto acudir a la jurisdicción constitucional si con anterioridad no se hizo la denuncia ante la autoridad jurisdiccional contralora los derechos en la etapa investigativa del proceso y solamente ante la eventualidad de que el juez no restituya los derechos vulnerados, podrá activarse la acción de libertad.
En ese contexto; se tiene que, el mencionado proceso ya se encontraba radicando en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y por tanto, la causa se encontraba bajo control jurisdiccional; sin embargo, la solicitante de tutela no agotó los mecanismos intraprocesales que le franquea el ordenamiento procesal común, pues antes de acudir a la justicia constitucional pudo formular incidente de actividad procesal defectuosa, respecto a la segunda imputación , ya que dicha vía aún se encontraba expedita; puesto que, al ser una nueva resolución, correspondía interponer nuevo incidente de nulidad, lo que hace imposible emitir un pronunciamiento de fondo que resuelva la problemática planteada, ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, correspondió que la parte accionante de tutela, recurra ante la autoridad jurisdiccional a cargo del control jurisdiccional de la causa y en caso de que dicha autoridad no restablezca sus derechos vulnerados recién deberá acudir a la instancia constitucional; razón por la cual, corresponde denegar la tutela por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantía, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
10 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
11 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0170_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 567697c681a1dbd341ec1a8144588c36ffcb3fae52215300e893f265e329175d
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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