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SCP 0170/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58019-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación; asimismo a la “…Garantía de no ser privado de libertad sino mediante mandamiento legal y vigente…” (sic); por cuanto, al permanecer indebidamente privado de su libertad pese al cumplimiento del plazo de su detención preventiva, solicitó al Juez demandado emita el respectivo mandamiento de libertad; sin embargo, en la audiencia de consideración de su petición se pronunció el Auto Interlocutorio 462/2023 manteniendo su detención preventiva, en cuya emisión se incurrió en varias irregularidades. Ante ello, el Juez demandado alegó que carece legitimación pasiva, por cuanto, su persona no emitió el Auto Interlocutorio 462/2023. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 61/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0170/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58019-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 61/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alofia Verónica Ramos Félix en representación sin mandato de Ronaldo Colque Tarqui contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Tercero.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

Contenido de la demanda I.1. Por memorial presentado el 3 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 7 a 11, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delito de feminicidio en grado de tentativa, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz pronunció el Auto Interlocutorio 975/2022 de 29 de septiembre, disponiendo su detención preventiva por el plazo de tres meses. Posteriormente, pese que cumplió con el plazo de tres meses de su detención preventiva, se lo mantuvo indebidamente privado de libertad por un lapso de “…SIETE MESES Y 3 DÍAS…” (sic) sin que exista alguna determinación; por lo que, el 26 de julio de 2023, solicitó a Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Tercero -ahora demandado-, emita el respectivo mandamiento de libertad; ante lo cual, en audiencia de consideración de su solicitud, se pronunció el Auto Interlocutorio 462/2023 de 2 de agosto, determinando mantener su detención preventiva; no obstante, en su emisión se incurrió en las siguientes irregularidades: a) Pese a efectuar el procedimiento de cesación de la detención preventiva se inobservó el art. 239.2 Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual establece que vencido el plazo de la detención preventiva sin que exista ampliación debe disponerse la cesación de la medida y emitirse mandamiento de libertad, imponiéndose otras medidas cautelares menos gravosas; b) Se estableció que existió convalidación de su detención preventiva “…por no haber sido impugnada la Detención Preventiva ‘desde el día siguiente’ de haber cesado el Mandamiento de Detención Preventiva (29 de diciembre de 2022)…” (sic); no obstante, no se consideró que la vulneración de sus derechos son insubsanables conforme establece el art. 169.3 de la ley adjetiva penal; c) Se manifestó que los riesgos procesales que dieron lugar a la detención preventiva se encuentran latentes; sin embargo, dicho aspecto no fue objeto de su solicitud; d) No se pronunció sobre su pedido de emisión de mandamiento de libertad, limitándose a rechazar el mismo; e) No se explicó el motivo por el que su persona se encontraría detenido desde el 29 de diciembre de 2022 “hasta la fecha” -se comprende la fecha de interposición de esta acción tutelar- pese a que se dispuso su detención preventiva por el plazo de tres meses; y, f) No estableció el nuevo plazo de su detención preventiva ni su aplicación, omitiendo considerar lo previsto en el art. 233 del CPP, manteniendo ilimitadamente su privación de libertad. Por otra parte, debe considerarse que, su detención preventiva no fue reportada ante Presidencia o Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ni al Consejo de la Magistratura, denotando ello una actuación negligente del Juez demandado; y, como prueba de esa irregularidad se tiene que la Secretaria del Juzgado a cargo del operador de justicia demandado afirmó que en el Centro Penitenciario de Qalahuma del departamento de La Paz no había detenidos.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación; asimismo a la “…Garantía de no ser privado de libertad sino mediante mandamiento legal y vigente…” (sic); citando al efecto los arts. 21.7, 23.I y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Su inmediata libertad, debiendo para ello ordenar que, el Juez demandado emita el correspondiente mandamiento de libertad en el día o en su caso se aplique otra medida cautelar de carácter personal; y, 2) La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para la instauración de las actuaciones disciplinarias correspondientes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual, el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 18.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Tercero, en audiencia de garantías manifestó que por disposición de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dando cumplimiento a lo previsto en el art. 68 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) desempeñó labores en suplencia legal hasta el 31 de julio de 2023; por ello, no intervino en la emisión del Auto Interlocutorio 462/2023 cuya data es del 2 de agosto del mencionado año; por lo que, no cuenta con legitimación pasiva.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 61/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 32 a 35, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El proceso penal seguido contra el accionante es conocido por Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la referida ciudad y departamento, quien a través del Auto Interlocutorio 975/2022 dispuso la detención preventiva del prenombrado, señalando audiencia de consideración de la situación jurídica para el 29 de diciembre de 2022, acto procesal del cual no se tiene antecedentes; por otro lado, a partir del apersonamiento del impetrante de tutela se fijó audiencia para el 2 de agosto de 2023, en la cual se pronunció el Auto Interlocutorio 462/2023 que resolvió mantener la detención preventiva; consecuentemente, el Juez ahora demandado no es la autoridad judicial que resolvió la solicitud del accionante y tampoco es el titular del señalado Juzgado; por lo que, carece de legitimación pasiva; ii) Debe considerarse que ante el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, el mandamiento de libertad no se otorga de inmediato, ya que se debe señalar audiencia y considerar la existencia de riesgos procesales; y, iii) En la presente causa, “…en la audiencia de consideración de situación jurídica del imputado participa defensa publica y no se tiene por lo menos en datos si la resolución fue motivo de alguna apelación de no estar conforme con dicha determinación.” (sic).

En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante a través de su abogado, refirió que: a) En el memorial de la acción tutelar se manifestó que “…la resolución emitida por el Dr. Chaca Juez suplente…” (sic) no fue impugnada; en ese sentido, se debe aclarar lo alegado respecto a que no se apeló o no se tiene certeza; y, b) El Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio 462/2023 “…ya que a el se le ha expuesto esta situación de detención en nuestro entender ilegal y él tenía en función de terminar en última instancia si ella persistía…” (sic). Al respecto, el Juez de garantías mediante Auto complementario de 4 de agosto de 2023 aclaró: 1) En cuanto al recurso de apelación, se tiene un plazo de setenta y dos horas para su planteamiento; en ese sentido, siendo que el Auto Interlocutorio cuestionado data de 2 de agosto de 2023, aún se encuentra en plazo, ya que no se tiene algún antecedente de que se haya renunciado a la impugnación; y, 2) En lo concerniente a quien emitió el Auto Interlocutorio 462/2023, se tiene que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz pronunció dicha decisión judicial.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 975/2022 de 29 de septiembre, sin firma y sello del emisor, por el cual, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Ronaldo Colque Tarqui -accionante- por el plazo de tres meses, fijándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 29 de diciembre de 2022; decisión asumida dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela (fs. 4 a 5). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 462/2023 de 2 de agosto, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz resolvió mantener la detención preventiva del accionante (fs. 21 a 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación; asimismo a la “…Garantía de no ser privado de libertad sino mediante mandamiento legal y vigente…” (sic); por cuanto, al permanecer indebidamente privado de su libertad pese al cumplimiento del plazo de su detención preventiva, solicitó al Juez demandado emita el respectivo mandamiento de libertad; sin embargo, en la audiencia de consideración de su petición se pronunció el Auto Interlocutorio 462/2023 manteniendo su detención preventiva, en cuya emisión se incurrió en varias irregularidades. Ante ello, el Juez demandado alegó que carece legitimación pasiva, por cuanto, su persona no emitió el Auto Interlocutorio 462/2023. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: "Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas nos corresponden).

Complementado dicho entendimiento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció como uno de los tres supuestos de improcedencia de esta acción de defensa allí desarrollados: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (el resaltado corresponde al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática traída en revisión, previo a efectuar un eventual análisis de la misma, es preciso tener en cuenta que, es evidente que la acción de libertad se constituye en una acción extraordinaria de tramitación sumarísima que no tiene el carácter subsidiario debido a que su objeto es la protección y tutela de los derechos a la libertad, a la vida y a la integridad física; no obstante, sobre este aspecto la ingente jurisprudencia constitucional generó y desarrolló una línea respecto a la subsidiariedad en acciones de libertad, sosteniendo que la misma opera de manera excepcional en los supuestos en los que existan mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, los cuales deben ser utilizados previamente por el o los afectados; así, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional “…Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal” (las negrillas son añadidas). Bajo ese marco, considerando que en el presente caso la denuncia del accionante se dirige contra el Auto Interlocutorio 462/2023 de 2 de agosto, mediante la cual se determinó mantener su detención preventiva, es evidente que dicha decisión se encuentra sujeta a control a través de mecanismos impugnativos ordinarios; así, conforme establece el art. 251 del CPP, el recurso de apelación se constituye en la vía idónea, eficaz y oportuna para cuestionar resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares; razón por la que, previo acudir a esta jurisdicción constitucional, debió agotarse dicho mecanismo de impugnación; empero, al no hacerlo, es evidente que se incumplió con la subsidiariedad excepcional, correspondiendo denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 61/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

| Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0170_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): c8b342118d3d269aa42997b34e9af8019274a2f79f408cf574db9d3454a252ce

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