B.IA.LEGAL

SCP 0170/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50658-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto habiendo solicitado audiencia de conciliación el 17 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada fijó audiencia de consideración para el 16 de septiembre de 2022, incumpliendo lo dispuesto por el art. 328 del CPP, que establece que el señalamiento debe ser dentro de las cuarenta y ocho horas; asimismo, la solicitud presentada por el Ministerio Público de homologación del acuerdo conciliatorio y extinción del proceso penal por conciliación; tampoco mereció respuesta por la autoridad demandada, menos se señaló audiencia para dicho fin; por lo que solicita se conceda la tutela; a) Se disponga la homologación del acuerdo conciliatoria remitido por el Ministerio Público y su inmediata libertad; y, b) En su defecto, se ordene el señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 14 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela peticionada respecto al señalamiento de audiencia de conciliación, disponiendo que en lo posterior la autoridad demandada observe lo dispuesto por el art 328.II del CPP, así como los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación a la homologación del acuerdo conciliatorio, así como la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Público. 3º Llamar la atención a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación, según se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa y de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa y los actos dilatorios en la tramitación de salidas alternativas en casos con detención preventiva
  3. III.3.Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0170/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50658-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 14 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Justiniano Mariaca Riveros en representación sin mandato de Oscar Adán Martínez Duran Canelas contra Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante a fs. 2 y vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -no consigna el delito-, el 17 de agosto de 2022, solicitó audiencia de conciliación ante la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, demandada; sin embargo, dicha autoridad judicial, mediante providencia, exigió la presentación previa de un acuerdo conciliatorio escrito, negándose a señalar día y hora de audiencia. Ante esta actuación, interpuso recurso de reposición, que fue resuelto el 1 de septiembre del mismo año, fuera del plazo legal, señalándose audiencia para el 16 de septiembre de 2022, es decir, fuera del término procesal previsto de cuarenta y ocho horas, pese a que se encontraba detenido preventivamente. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio y extinción de la acción penal por conciliación, dirigida a la misma autoridad judicial; sin embargo, dicha solicitud no fue resuelta, tampoco se emitió auto de homologación ni se señaló audiencia dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas. En ambos casos, se incumplieron los plazos procesales establecidos en el art. 328 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que generó retardación de justicia, dilación indebida y una prolongación ilegítima de su privación de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La homologación del acuerdo conciliatorio remitido por el Ministerio Público y la disposición de su inmediata libertad; b) El señalamiento de audiencia de conciliación dentro de las veinticuatro horas, en caso de negativa de homologación del citado acuerdo; y, c) Remisión de antecedentes al Ministerio Público por lesionar sus derechos y garantías previstos en el art. 110 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El imperante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándola sostuvo que: 1) La autoridad judicial incumplió los plazos establecidos en los arts. 130, 132. 1), 327. 3) y 328 de la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, al no señalar oportunamente la audiencia de conciliación solicitada, pese a que se encuentra con detención preventiva desde hace más de un año; 2) El Ministerio Público solicitó la homologación de la conciliación el 8 de septiembre de 2022, la extinción de la acción penal y su libertad inmediata; no obstante, la audiencia fue fijada para el 16 de septiembre, excediendo el plazo de cuarenta y ocho horas que la normativa impone cuando la persona está detenida; y, 3) La Jueza demandada, justificó el retraso indicando que el memorial ingresó a despacho recién el 13 de septiembre, lo cual, no exime su responsabilidad conforme estableció la SCP 70/2014-S3 de 21 de octubre, que atribuye responsabilidad a la autoridad jurisdiccional por la sustanciación integral del despacho, incluyendo a su personal auxiliar.

I.2.2. Informe del demandado

Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante a fs. 11 y vta., manifestó que: i) El Ministerio Público presentó solicitud de homologación de conciliación y extinción de la acción penal el 8 de septiembre de 2022, con sello de recepción de 13 de igual mes y año, resuelta mediante decreto de igual fecha, manifestándose que ya se tiene señalada la audiencia de conciliación mediante Auto Interlocutorio 365/2022 de 1 de septiembre del mismo año; que fue debidamente notificado a la abogada del accionante; ii) La solicitud del accionante de 17 de agosto de 2022, fue observada por la falta de acuerdo conciliatorio, empero tras la interposición de recurso de reposición, resuelta mediante decreto de 1 de septiembre de 2022, se señaló audiencia para el 16 de igual mes y año; iii) La demora se debió a la carga procesal y a la existencia de audiencias previamente programadas, incluyendo jornadas de descongestionamiento comprendidas entre el 5 y 12 de septiembre de similar año; iv) No incumplió plazos procesales, toda vez que actuó conforme al principio de imparcialidad, habiéndose señalado una audiencia anterior para el 2 de agosto de 2022, a la que ninguna de las partes asistió; y v) Previo a presentar una acción de libertad, se debe agotarse los mecanismos procesales ordinarios, razón por la cual solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 14 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, sin la imposición de costas. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Después del análisis de los antecedentes, el informe de la autoridad demandada y los fundamentos jurídicos aplicables, concluyó que si bien existió una demora en la tramitación y señalamiento de audiencia de conciliación, la misma fue programada para el 16 de septiembre de 2022, encontrándose pendiente de realización; b) No se evidenció una restricción ilegítima al derecho a la libertad del accionante que justifique la concesión de tutela a través de la acción de libertad interpuesta; c) La Jueza demandada tenía el deber de controlar la actuación diligente de su personal de apoyo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional vigente; y, d) Corresponde llamar la atención a la autoridad jurisdiccional para que en lo sucesivo adopte medidas que eviten dilaciones innecesarias en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. En la vía de aclaración complementación y enmienda, el accionante a través de su representante, solicitó que: 1) Sobre el cómputo del plazo procesal de cuarenta y ocho horas, la Sala precise en qué parte de sus fundamentos sostiene que no existió dilación indebida por parte de la autoridad accionada; considerando que el memorial de solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio y extinción de la acción penal por conciliación fue presentado por el Ministerio Público el 8 de septiembre de 2022, por lo que el plazo de cuarenta y ocho horas debía computarse de momento a momento, conforme dispone el art. 130 del CPP, sin embargo, la autoridad demandada ingresó el memorial a despacho el 13 de septiembre de igual año, según lo informado por la propia autoridad demandada, excediendo el plazo legal; 2) El Tribunal aclare la interpretación del plazo de cuarenta y ocho horas y fundamente por qué considera que la Jueza demandada no incurrió en dilación indebida, cuando señaló audiencia para el 16 de septiembre de 2022, es decir, fuera del plazo previsto por la norma, teniendo en cuenta que dicha disposición tiene carácter imperativo, y obliga a la autoridad judicial a habilitar días y horas inhábiles para resolver solicitudes de audiencia cuando el imputado guarda detención preventiva; y, 3) Sin alterar la parte dispositiva de la Resolución, enmiende su última parte, disponiendo expresamente que se señale y realice una nueva audiencia en el plazo de veinticuatro horas, a efectos de reparar la vulneración por la dilación. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, señaló que: i) Sobre el cómputo del plazo de cuarenta y ocho horas, el memorial fue ingresado al despacho el 13 de septiembre de 2022; en consecuencia, la audiencia fue señalada dentro de las veinticuatro horas siguientes, cumpliendo un plazo razonable y racional, conforme al marco legal aplicable; ii) Sobre el incumplimiento del art. 326 del CPP, precisó que no fue la Jueza demandada quien ingresó el memorial al despacho, sino el Secretario del Tribunal o su suplente. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de controlar y supervisar a sus funcionarios. En ese marco, se le llama la atención a la autoridad demandada recordándole su obligación de denunciar irregularidades advertidas en la tramitación de las causas por el personal de apoyo jurisdiccional ante el Consejo de la Magistratura; y, iii) Instruyó a la Secretaría, oficiar a la Juez accionada para que de inmediato devuelva el cuaderno solicitado en calidad de préstamo, realice todas las diligencias necesarias para poner el cuaderno al corriente y garantice que la audiencia fijada se lleve a cabo sin inconvenientes.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024, de 9 de mayo, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de acciones de libertad traslativas y de pronto despacho a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Oscar Adán Martínez Duran Canelas -accionante-, mediante memorial de 17 de agosto de 2022, el impetrante de tutela solicitó señalamiento de audiencia de conciliación, aseveración no controvertida por la Jueza demandada (fs. 13 a 14). Por decreto de 17 de igual mes y año, la autoridad demandada observó la solicitud extrañando la presentación del acuerdo conciliatorio; luego del recurso de reposición presentado por el accionante, la autoridad judicial demandada, programó audiencia de conciliación para el 16 de septiembre de igual año, según lo informado por la autoridad judicial demandada, que no mereció refutación por el accionante (fs. 11 y vta.; 12 a 14). II.2. El 8 de septiembre de 2022, el Fiscal de materia solicitó homologación de conciliación y extinción de la acción penal por conciliación, decretado por la autoridad demandada el 13 de igual mes y año, disponiéndose estarse al señalamiento de audiencia establecido en la Resolución de 365/2022 de 1 de septiembre de 2022, según lo aseverado por el accionante y corroborado por la autoridad judicial demandada (fs.12 a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto habiendo solicitado audiencia de conciliación el 17 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada fijó audiencia de consideración para el 16 de septiembre de 2022, incumpliendo lo dispuesto por el art. 328 del CPP, que establece que el señalamiento debe ser dentro de las cuarenta y ocho horas; asimismo, la solicitud presentada por el Ministerio Público de homologación del acuerdo conciliatorio y extinción del proceso penal por conciliación; tampoco mereció respuesta por la autoridad demandada, menos se señaló audiencia para dicho fin; por lo que solicita se conceda la tutela; a) Se disponga la homologación del acuerdo conciliatoria remitido por el Ministerio Público y su inmediata libertad; y, b) En su defecto, se ordene el señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa y de pronto despacho

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Razonamiento extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril de 2018.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa y los actos dilatorios en la tramitación de salidas alternativas en casos con detención preventiva

El art. 328 del CPP modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, refiriéndose al trámite y resolución de salidas alternativas, así como al plazo de señalamiento de audiencia para su consideración, en caso de personas detenidas preventivamente establece lo siguiente:

Artículo 328. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS). I. La solicitud de criterio de oportunidad reglada, deberá efectuarse acompañando todos los elementos de prueba pertinentes y resolverse sin más trámite, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de la solicitud, sin necesidad de audiencia.

II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante (las negrillas son nuestras). De manera específica la SCP 0537/2024-S3 de 22 de julio, con relación a actuaciones dilatorias relacionadas con la inobservancia de lo previsto en el art. 328.II del CPP, se pronunció respecto a aquellos actos dilatorios en el trámite de salidas alternativas, concretamente, resolvió una acción de libertad en la que se denunciaba que, en el trámite y consideración de una solicitud de salida alternativa, se suspendió la audiencia de manera reiterada sin que exista una debida justificación. La citada sentencia, resolviendo el caso, determinó que el Juez demandado incurrió en dilación indebida, porque:

[No] observó el plazo previsto en el art. 328.II del mencionado Código, de señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas (…) por otro lado, la autoridad judicial (…), suspendió en tres oportunidades la audiencia de consideración de sanciones alternativas, siendo que no podía obrar de esa manera al existir ya audiencias programadas. En ese orden, es posible concluir que, con relación a los casos de tramitación de salidas alternativas, se consideran actos dilatorios e indebidos, que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad o de pronto despacho, en casos de personas privadas de libertad, entre otros supuestos: 1) La inobservancia del plazo dentro de las cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia; 2) La suspensión de audiencia de consideración de manera reiterada y sin causa justificada; y, 3) Los actos dilatorios con traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

III.3.Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado audiencia de conciliación el 17 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada fijó audiencia de consideración para el 16 de septiembre de 2022, incumpliendo lo dispuesto por el art. 328 del CPP, que establece que el señalamiento debe ser dentro de las cuarenta y ocho horas; asimismo, la solicitud presentada por el Ministerio Público de homologación del acuerdo conciliatorio y extinción del proceso penal por conciliación; tampoco mereció respuesta por la autoridad demandada. Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que busca la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, en consecuencia, ante cualquier petición vinculada al derecho a la libertad, la autoridad judicial a cargo debe fijar audiencia con la prontitud necesaria, y sin dilación indebida, cumpliendo los plazos establecidos en la norma, y en caso de no encontrarse un plazo previsto, deberá hacerlo con la celeridad debida dentro de un plazo razonable.

En el caso en análisis, el problema jurídico se centra en la actuación de la Jueza demandada, toda vez que, por un lado el 17 de agosto de 2022, se solicitó audiencia de conciliación; dándose curso a dicha solicitud, como emergencia del recurso de reposición planteado por el accionante recién el 1 de septiembre de igual año, en el que se dispuso el señalamiento de audiencia para el 16 de septiembre de 2022, es decir, se ordenó la celebración de la audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el art. 328.II del CPP, modificado por la Ley 1173, vale decir, después de dieciséis días, si se toma en cuenta, la Resolución 365/2022 de 1 de septiembre, en la que fijó la fecha de audiencia (Conclusión II.2) de esta sentencia, treinta días posteriores a la solicitud efectuada por el impetrante de tutela; por otro lado, pese a que el Ministerio Público solicitó homologación del acuerdo conciliatorio y extinción de la acción penal por conciliación, presentado el 8 de septiembre de 2022, la autoridad demandada dispuso mediante decreto de 13 de septiembre de 2022, que las partes debían estarse al señalamiento de la audiencia ya establecido; es decir, mantuvo el señalamiento fuera del plazo de cuarenta y ocho horas que exige la normativa en vigencia. En consecuencia, de los hechos referidos precedentemente, se concluye que existió una dilación indebida en la tramitación y consideración de la solicitud de conciliación presentada por el accionante, así como del requerimiento de homologación de conciliación y extinción de la acción penal por conciliación presentada por el Fiscal de materia, aspecto que permite subsumir la actuación de la autoridad judicial demandada en el Fundamento Jurídico III.1, que establece que las solicitudes vinculadas a la libertad de las personas deben ser tramitadas con celeridad; y de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que el accionante se encontraba detenido preventivamente, la autoridad demandada tenía que señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas; cuyo incumplimiento a esta obligación impuesta por el Código de Procedimiento Penal, se constituye en un acto dilatorio indebido, que se encuentra dentro de los presupuestos del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, por constituirse en restricción indebida del derecho a la libertad del accionante, vulnerando así el derecho a la libertad física por la demora para atender la solicitud de conciliación.

Por otro lado, corresponde dejar establecido, que si bien la autoridad demanda pretendió justificar el señalamiento tardío de la audiencia de conciliación solicitada por el impetrante de tutela, indicando que ya se tenía señaladas otras audiencias con anticipación, también relacionadas con detenidos preventivos, así como por las jornadas de descongestionamiento programadas para el 5 y 12 de septiembre de 2022, en la que debía participar; y, que el requerimiento presentado por el Ministerio Público recién se le puso en su conocimiento el 13 de septiembre de 2022, por parte del personal de apoyo jurisdiccional. Al respecto, corresponde señalar que la autoridad demandada no adjuntó prueba que acredite o justifique la no aplicación del art. 328.II del CPP, mucho menos enervó lo manifestado por el impetrante de tutela respecto a la vulneración de sus derechos al momento de señalarse la audiencia de conciliación fuera del plazo establecido por el precitado artículo. Lo mismo ocurre respecto a la solicitud efectuada por el Ministerio Público, toda vez que la autoridad demandada tenía la obligación, en primer lugar, de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente a sus actuaciones como directa responsable del Juzgado a su cargo; vale decir, no le libera de responsabilidad el hecho de que el requerimiento fiscal presentado el 8 de septiembre recién ingresó a despacho el 13 de igual mes y año, debido a que es la autoridad judicial, como directora del despacho judicial y del proceso, la que tiene el deber de realizar el seguimiento correspondiente a las actuaciones del personal de apoyo jurisdiccional en cuanto al cumplimiento de los plazos procesales y las instrucciones que como autoridad determine; en consecuencia, es evidente la lesión de los derechos denunciados por el impetrante de tutela respecto al señalamiento de audiencia fuera de las cuarenta y ocho horas establecidas por el art. 328.II del CPP, inobservancia que tuvo incidencia en su libertad. Finalmente, corresponde aclarar al accionante que a la jurisdicción constitucional no le corresponde disponer la homologación del acuerdo conciliatorio remitido por el Ministerio Público ni la inmediata libertad, conforme expresó en su petición; por ser de exclusiva atribución de las autoridades judiciales, quienes en el marco de la normativa en vigencia y la valoración de los elementos probatorios de cada caso concreto, determinarán lo que en derecho corresponda.

III.4. Otras consideraciones

De otra parte, es menester recordar a los Vocales de la Sala Constitucional que resolvieron en primera instancia la presente acción de libertad, que conforme se establece en el art. 29 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido a las reglas generales de tramitación de las acciones de tutela:

4. El expediente constará por escrito y estará integrado por:

a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan. c) Las notificaciones que correspondan. d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia. g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa.

En ese orden, sobre la remisión de los antecedentes que deben ser enviados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por los Jueces y Tribunales de garantías; la jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la determinación del Tribunal o Juez de garantías debe estar sustentada en los elementos de convicción presentados por las partes o respecto de los cuales tuvo conocimiento para fundar su decisión, los mismos que deben ser remitidos a esta instancia, para que este Tribunal pueda constatar los actuados que sustentaron el fallo del Juez o Tribunal de garantías venido en revisión. Así la SCP 0087/2012 de 19 de abril, ha resaltado la importancia que conlleva esta obligación, manifestando:

[Q]ue todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma” (las negrillas corresponden). Revisados los actuados procesales se evidencia que no fue remitido ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, la documentación que ha sido verificada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y que le sirvió de base para su determinación, omitiendo la remisión de la prueba que sirvió de sustento para su determinación, sea la que pudo evidenciar a partir del principio de inmediación, o la que de oficio pudo producir, situación que no aconteció en el presente caso, por lo que, se solicita que en lo posterior remitan a esta instancia constitucional todas las documentales arrimadas a la acción tutelar, conforme lo establece el art. 38 del CPCo. Finalmente, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Público, este Tribunal considera que no corresponde disponer lo solicitado, en el marco de las particularidades del caso en concreto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 14 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela peticionada respecto al señalamiento de audiencia de conciliación, disponiendo que en lo posterior la autoridad demandada observe lo dispuesto por el art 328.II del CPP, así como los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación a la homologación del acuerdo conciliatorio, así como la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Público. 3º Llamar la atención a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación, según se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0170_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): aa62c85d15596ab3b1049218ffa52582e569f1a75716bd98a576a7ffb403b1a9

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