B.IA.LEGAL

SCP 0169/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53838-2023-108-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos del juez natural y competente, fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de diciembre, aplicando normas de manera supletoria sin considerar lo establecido en la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, respecto al juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación. Además, se limitó a transcribir los Considerandos tanto del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, como de la citada Resolución impugnada, sin responder a todos y cada uno de los agravios vertidos en el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía al debido proceso: a) De los procesos disciplinarios instaurados contra Directores Departamentales de la Educación Pública y el régimen de impugnación; y, b) El principio de supletoriedad; y, ii) El análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023-A.A.C. de 23 de febrero, cursante de fs. 174 a 183 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, respecto al derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados al derecho al juez natural y competente, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, debiendo el Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, emitir una nueva resolución ministerial pronunciándose previamente respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente, para luego proceder a responder los demás puntos vertidos en el recurso de apelación, de ser pertinente; sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2025-S1 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53838-2023-108-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 24/2023-A.A.C. de 23 de febrero, cursante de fs. 174 a 183 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Marcelo Flores Lima contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda El accionante por memorial presentado el 14 de febrero de 2023, cursante fs. 86 a 102 vta., manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 15 de noviembre de 2022, fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de ese mes, que dispuso iniciar dicho proceso contra su persona por el supuesto incumplimiento del plazo de registro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística (RP-DGESTLA); determinación que fue emitida por el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, quien no tenía competencia para ello, vulnerando el derecho y garantía al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente. El 7 de diciembre de 2022, fue notificado con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de igual mes, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa contra su persona imponiéndole la sanción de destitución de su cargo como Director Departamental de Educación de Potosí; por lo que, al amparo del art. 65 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública aprobado por Resolución Ministerial (RM) 062/2000 de 17 de febrero, planteó recurso de apelación contra la referida Resolución, denunciando la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, debido a que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación no tenía competencia para emitir ni el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, que dispuso el cambio temporal de sus funciones hasta el fin del proceso, como la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, que lo sancionó con destitución. Asimismo, denunció la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, porque la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 impugnada, no cumplió con los requisitos previstos en la SCP 0764/2019-S4 de 12 de septiembre, al efectuar una copia de los argumentos contenidos en el Considerando IV del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022; al no explicar cuál fue la valoración efectuada acerca de los elementos de prueba; al no motivar ni fundamentar la determinación de sanción de destitución impuesta a su persona -accionante-. Por consiguiente, pidió la anulación del proceso administrativo hasta el señalado Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo, a efectos de que el proceso, conforme determinan los arts. 59 al 61 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, sea llevado por un Tribunal Administrativo. El 6 de febrero de 2023, fue notificado con la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, que confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022. La Resolución emitida por el Ministro de Educación ahora accionado en cuanto a su denuncia de vulneración del derecho al juez natural mencionó que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación tendría competencia para conocer la causa contra su persona como Director Departamental de Educación de Potosí y que la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, no precisó cómo constituir el tribunal disciplinario en caso de juzgarse a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Dirección Departamental de Educación; por lo que, el pretender ser juzgado por el personal de la misma Dirección Departamental vulneraría el principio de imparcialidad. Respecto a la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad, se limitó a transcribir Sentencias Constitucionales Plurinacionales y a indicar que la Resolución objeto de recurso de apelación cumplió con los elementos de legalidad, taxatividad y tipicidad al determinar responsabilidad en su contra. Bajo esos argumentos, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, vulneró su derecho y garantía al debido proceso en su elemento al juez natural y competente; puesto que, la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, no tenía competencia para dictar el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 ni la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, debido a que la Disposición Abrogatoria Única de la Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” de 20 de diciembre de 2010, que determina que hasta que no se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del Sistema Educativo Plurinacional, debía aplicarse el marco normativo anterior a la promulgación de esa Ley; el art. 59 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, estableció que los procesos administrativos deberían ser conocidos por un tribunal administrativo constituidos para las distintas instancias del Servicio de Educación Plurinacional en el marco del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; además, el art. 61 incs. a), b) y e) del citado Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública determina que la fase sumarial se encuentra a cargo de un tribunal administrativo que podrá disponer la iniciación de un proceso administrativo o pronunciar en contra; además, de adoptar medidas precautorias de cambio temporal de funciones o suspensión con o sin goce de haberes, y establecer si existe o no responsabilidad por parte del servidor público. Con base en esa normativa, era atribución de un tribunal administrativo, conformado de acuerdo al art. 62.IV del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, el llevar adelante un proceso sumario administrativo en su contra como Director Departamental de Educación de Potosí, de conformidad a los arts. 59 al 61 de dicho Reglamento; puesto que, no son aplicables la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública ni sus Modificaciones para el procesamiento administrativo de los directores departamentales de educación, tal como estableció la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, emitida en un caso similar al presente. Precedente que no fue considerado por el Ministro de educación hoy accionado o por el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, lesionando el debido proceso en su elemento del juez natural y competente, pues debió disponerse la anulación del proceso administrativo hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, ordenándose la remisión al tribunal administrativo para su procesamiento. La Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, transgredió su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; ya que, en su Considerando III respecto a la vulneración del juez natural estableció que es aplicable el art. 67 -parágrafo I- del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, que determina que los informes de auditoría, las denuncias y los dictámenes de responsabilidad administrativa que involucren a los abogados o auditores internos, el máximo ejecutivo, o los miembros de un directorio de una entidad, serán resueltos y conocidos en la fase del sumario por el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición, con las facultades previstas y dentro de los plazos establecidos por los arts. 21 al 23 de ese Reglamento. Fundamento, que según la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 -hoy impugnado- es suficiente para que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación juzgue el presente caso en el marco de las disposiciones legales del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, al margen de la aplicación del principio de jerarquía normativa para la aplicación preferente del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, para procesar por indicios de responsabilidad administrativa. Este argumento no refiere en qué disposición legal, reglamento interno o manual de funciones se sustentó el Ministro de Educación hoy accionado para concluir que era posible la aplicación del art. 67 -parágrafo I-del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -modificado por el DS 26237- para resguardar la imparcialidad de la autoridad que lleve el juzgamiento de su persona -accionante- en calidad de Director Departamental de Educación de Potosí; puesto que, si bien el Ministerio de Educación ejerce tuición sobre las Direcciones Departamentales de Educación, ello no le faculta a juzgar a sus MAE y menos aplicar la precitada normativa; ya que, por Disposición Abrogatoria Única de la Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” la única norma aplicable para el procesamiento administrativo de los Directores Departamentales de Educación, es el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública “…más aun cuando mi persona en ningún momento ha reclamado u observado la ‘IMPARCIALIDAD’ o no del Tribunal Administrativo” (sic). El Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, respecto a la vulneración del derecho al juez natural, aplicó supletoriamente el “art. 67.III” del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y el Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación -DS 813 de 9 de marzo de 2011- para confirmar la competencia ilegal del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación; sin embargo, la SCP 0234/2022-S3 de 11 de abril, estableció la concurrencia de las condiciones para la aplicación supletoria de una norma legal, correspondiendo al Ministro de Educación ahora accionado indique de forma clara, fundamentada y precisa en qué parte del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública se autoriza la aplicación supletoria del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública o del art. 2 del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación, en caso de existir un presunto vacío legal acerca del procesamiento de los Directores Departamentales de Educación; además, debió explicar por qué consideró que un proceso sumario administrativo ante un tribunal administrativo sería similar ante el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación en el marco del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública a efectos de la aplicación supletoria de su “art. 67.III”, más aun cuando la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, estableció que la única norma aplicable a los procesos disciplinarios iniciados contra los Directores Departamentales de Educación es el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. Con relación a la vulneración del juez natural denunciada en el recurso de apelación, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación al señalar que el art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública determina la constitución de un tribunal administrativo como autoridad competente y juez natural, norma específica en el caso; además, refirió que la SCP 0369/2021-S3, estableció que el personal docente y administrativo debía ser juzgado por aquella norma específica; no obstante, -señaló- no precisó la forma de constituir el tribunal disciplinario en el caso del juzgamiento de la MAE de la Dirección Departamental de Educación; por lo que, se contravendría el principio de imparcialidad al pretenderse que el juzgamiento sea efectuado por el propio personal de la nombrada Dirección, lo que viciaría toda determinación que pueda asumir el tribunal administrativo por la relación de dependencia entre su personal y el Director de Educación Departamental. No obstante, a ese fundamento no se argumentó de ninguna manera cuáles fueron los motivos o elementos de prueba que sustentaron la conclusión de que la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional no precisó la forma para constituir el tribunal disciplinario; puesto que, indicó en su análisis que el Director Departamental de Educación de Oruro pertenece al sector administrativo del Servicio de Educación Pública; por lo que, la denuncia planteada contra esa autoridad debió tramitarse de acuerdo a las normas específicas que rigen el procesamiento administrativo disciplinario de los servidores de educación pública; es decir, conforme a los arts. 61 y 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, que prevé dos fases, siendo la primera la sumarial, cuya autoridad competente para conocer y resolver la irregularidad denunciada es un tribunal administrativo. De esa manera, la citada Resolución constitucional determinó que los Directores Departamentales de Educación debían ser procesados disciplinariamente por dicho tribunal administrativo conformado de acuerdo al art. 62.IV de dicho Reglamento; por lo que, las conclusiones a las que arribó la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 resultan ser una consideración discrecional de hecho y no de derecho; puesto que, que el Ministro de Educación ahora accionado debió cumplir con lo dispuesto por la SC 0752/2002-R de 25 de junio, que impone el deber y la obligación a las autoridades judiciales y administrativas de exponer los hechos y fundamentar su determinación. La Resolución refutada -Resolución Ministerial de Apelación 02/2023- también vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al sostener que su pretensión de ser juzgado por un tribunal administrativo que dependa de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, pone en riesgo el arribo de la verdad material de los hechos juzgados en el caso; por cuanto, esa instancia no podría ser imparcial ni objetiva al sostener una relación laboral cercana con su persona -accionante-. Criterio que resulta subjetivo, debido a que la supuesta cercanía laboral no implicaría que el tribunal administrativo no pueda cumplir con el carácter de imparcialidad y objetividad “…cuando el presente proceso sumario administrativo ni siquiera ha sido de conocimiento del Tribunal Administrativo” (sic). Asimismo, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, incumplió el deber de fundamentación y motivación; por cuanto, indicó que el art. 59 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, no prevé la posibilidad del juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación, de manera específica, y si bien determina el procesamiento de su personal dependiente; sin embargo, dispone que las labores de coordinación puedan ser asumidas por Asesoría Legal de la Dirección Departamental de Educación, con ello se vulnera el principio de imparcialidad y objetividad del proceso disciplinario por la relación de dependencia del Asesor Legal con el Director Departamental de Educación, aspecto que fue ignorado por su persona -accionante-. Con ese argumento, el Ministro de Educación hoy accionado no explicó de manera clara y precisa, los fundamentos jurídicos, las razones o elementos de prueba de por qué considera que la supuesta dependencia entre el Asesor Legal con la Dirección Departamental de Educación vulneraría el principio de imparcialidad y objetividad del proceso disciplinario. Con relación a la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, efectuó una transcripción literal del Considerando IV del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 y del Considerando VI de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, para luego referir que su persona -accionante- se adhirió a la denuncia por el presunto hecho de abuso sexual contra Carmelo Castro Quintanilla, el 21 de septiembre de 2021, transcurridos cinco meses de la presentación de la denuncia y de reiteradas solicitudes, omitiendo las funciones propias de su cargo como Director Departamental de Educación de Potosí, sustentándose la determinación de responsabilidad administrativa en su contra. No obstante, el Ministro de Educación ahora accionado no estableció en qué fecha y quién planteó la denuncia penal ni quienes reiteraron las solicitudes a su persona -accionante- y cuáles fueron las funciones que omitió. Asimismo, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 -hoy impugnada-mencionó simplemente que las Direcciones Departamentales de Educación tienen la obligación de remitir a la Unidad de Gestión de Personal del Servicio de Educación Pública del Ministerio de Educación el informe técnico legal aprobado por el Director Departamental de Educación en el plazo de cinco días; empero, el trámite de solicitud formal para la inserción del Rótulo “Observado” fue remitido con un retraso considerable, evidenciándose el incumplimiento a la normativa especial -art. 6 del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística-; ello, sin considerar que el informe técnico legal debe ser emitido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación y no así del Director de esa entidad, siendo su función aprobar aquel informe. En el presente caso, el Informe 010/2021 U.A.J-DDE-POTOSÍ remitido el 27 de octubre de 2021, siendo aprobado por su persona -accionante- en esa misma fecha y luego remitido a la Jefatura de la Unidad de Gestión Personal del Servició de Educación Pública del Ministerio de Educación. Por consiguiente, los alegatos vertidos por el Ministro de Educación ahora accionado fueron arbitrarios e infundados, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. La Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por cuanto, con relación a la denunciada vulneración al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad, en primer lugar, señaló que el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aplicado al presente caso, contiene disposiciones sancionatorias en sus Capítulos II y III desvirtuándose el incumplimiento del principio de legalidad, ya que se procedió a la valoración de las funciones incumplidas, evidenciándose la omisión del cumplimiento del art. 24 del señalado Reglamento. No obstante, el Ministro de Educación hoy accionado, no mencionó de qué forma se procedió a la valoración de las funciones incumplidas ni en qué parte de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 se encontraría dicha valoración, menos aclaró cómo se aplicaron las citadas disposiciones sancionatorias. En segundo lugar, se limitó a transcribir una parte de la SCP 0394/2014 de 25 de febrero y el art. 51 del referido Reglamento, concluyendo que la referida Resolución Final apelada se encontraba debidamente fundamentada, sin explicar de qué forma se aplicó el principio de taxatividad ni en qué parte de la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 -hoy impugnada- se encontraría la valoración y aplicación del mismo. En tercer lugar, solo realizó una transcripción de la SCP 0206/2018-S2 de 22 de mayo, para luego concluir que la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, cumplió el principio de tipicidad al aplicar los arts. 24 y 52 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, sin explicar cómo esa Resolución objeto de apelación acomodó su conducta a la vulneración de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e), f) y q) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; 2 y 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística en concordancia con el art. 235.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 28 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 24 incs. a), b), m) y n) y 52 inc. m) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. Asimismo, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; puesto que, en el segundo agravio expuesto en el recurso de apelación denunció que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación al emitir la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, se refirió al, “ʽInforme Final IN/DE/UT 0240/2022ʹ” sobre el procesamiento de una denuncia planteada mediante la “ʽNota Interna NI/VER 0489/2022ʹ” remitida ante la Unidad de Transparencia dependiente del Viceministerio de Educación Regular por parte del Director de la Unidad Educativa Santa Lucía del Distrito Educativo de Yocalla contra su persona -accionante- por supuestas irregularidades e incumplimiento de funciones al omitir sus responsabilidades a pesar de adjuntar un apersonamiento y adhesión a la denuncia; empero, no se señaló de manera precisa quien elaboró el citado Informe y la referida Nota, ni cuál fue el valor probatorio asignado a esas pruebas conforme exige la SCP 0764/2019-S4. Por consiguiente, la denunciada ausencia de valoración no fue objeto de análisis ni pronunciamiento por parte del Ministro de Educación hoy accionado. Además, no existe pronunciamiento alguno respecto a su denuncia que el argumento utilizado por el Sumariante sobre la vulneración de los arts. 109 y 11 de la Resolución Ministerial (RM) 001/2021 “Normas Generales de la Gestión Educativa”, era una copia del Considerando IV del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022. Al mismo tiempo, denunció que el Sumariante no mencionó de manera clara y precisa en qué fecha y quién presentó la denuncia por un presunto hecho de abuso sexual ni desde qué fecha su persona -accionante- adquirió conocimiento de ello ni quienes efectuaron reiteradas solicitudes, para luego llegar a la conclusión de que omitió funciones propias a su cargo, cuando el Informe Legal para aprobación le fue remitido recién el 27 de octubre de 2021; por lo tanto, ese agravio tampoco fue considerado por el Ministro de Educación hoy accionado. También en el recurso de apelación denunció que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación le impuso la sanción de destitución de su cargo sin explicar los motivos y fundamentos legales del porqué asumió imponer la sanción más grave, considerando que en otro proceso similar el mismo Sumariante le impuso la sanción de multa del 20% de su salario básico mensual mediante Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 de diciembre; por lo que, en virtud a los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley correspondía explicar las razones por las que existen dos sanciones diferentes por los mismos hechos. Sin embargo, esa denuncia no fue atendida por el Ministro de Educación ahora accionado. I.1.2. Derecho, garantías y principios supuestamente vulnerados El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos del juez natural y competente, fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 120.I y 180.I de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se declare “nula” la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, ordenándose la emisión de un nuevo fallo que respete su derecho, garantía y principios señalados como vulnerados. Asimismo, en el Otrosí Segundo solicitó como medida cautelar la suspensión de la sanción de destitución y la inmediata restitución de su puesto de trabajo hasta que se resuelva la presente acción tutelar en todas sus instancias. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 160 a 173, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante, a través de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó sus observaciones respecto al apersonamiento de los apoderados del Ministro de Educación ahora accionado, refiriendo que su poder no fue específico. El hecho de no plantear una complementación no significa que exista una causal de subsidiariedad. I.2.2. Informe de la autoridad accionada Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia a través de sus representantes legales, mediante informe de 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 150 a 159 vta., manifestó lo siguiente: a) Ante la notificación de la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, el accionante solicitó aclaración y complementación mediante memorial de 10 de febrero de 2023; sin embargo, la presente acción de defensa fue presentada el 14 de igual mes y año, dentro del término para resolver la petición de aclaración y complementación; por lo que, correspondía al accionante agotar la vía administrativa previamente; por lo que, corresponde declarar improcedente la acción de amparo constitucional; b) Respecto a la solicitud de medida precautoria del accionante, el alejamiento temporal de su cargo de Director Departamental de Educación de Potosí corresponde a la aplicación del art. 61 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; c) En cuanto a la competencia para tramitar el proceso sumario contra el accionante, el art. 62.IV del citado Reglamento, posibilita a la MAE a ser juzgada por sus dependientes, en total contravención a la imparcialidad de la que debe gozar toda autoridad que ejerza competencia. Entonces en virtud del art. 67.I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, se posibilita el juzgamiento de la MAE sobre las cuales se ejerce tuición por parte del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, siendo que la Dirección Departamental de Educación de Potosí tiene relación de tuición con el Ministerio de Educación conforme al art. 2 del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación. Asimismo, el entendimiento contenido en la SCP 0117/2013 de 1 de febrero posibilita la aplicación de la norma general ante la existencia de un vacío jurídico; por lo que, se respalda la competencia de dicho Asesor para el juzgamiento del accionante; d) Con relación a la aplicación de la SCP 0369/2021-S3; esta no restringe la posibilidad de juzgamiento por parte del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación; e) Acerca de la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en su elemento del juez natural, el Asesor Legal Principal de Ministerio de Educación, asumió competencia del proceso administrativo ante la ausencia de disposición específica que garantice un juzgamiento imparcial y libre de injerencias respecto al principio del juez natural; ya que, el tribunal administrativo según disposición del art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, se constituiría por personal dependiente del Director Departamental de Educación, existiendo un condicionamiento para arribar a la verdad material de lo atribuido, siendo que el juez independiente es aquel que procede al juzgamiento exento de injerencias, y el juez imparcial, aquel que resuelve la controversia sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de decidir y emitir su fallo; asimismo, este elemento comprende la existencia de un órgano imparcial y ajeno al conflicto entre partes, características que confluyen en el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación; f) El accionante pretende ser juzgado por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, desconociendo el principio de imparcialidad. Además, el nombrado reconoció que la autoridad observada es el Sumariante externo y que la SCP 0369/2021-S3, dispone cumplir con las normas específicas para el procesamiento de los servidores de educación pública, lo cual fue cumplido para su juzgamiento, con la observancia de las garantías constitucionales, amplio e irrestricto reconocimiento del derecho a la defensa, y cumplimiento del derecho al juez natural y competente para arribar a la verdad material de los hechos; g) El accionante denunció la ausencia de fundamentación y motivación debidas; puesto que, no existe la posibilidad de aplicar el art. 67.I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, siendo el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, la única disposición legal aplicable al caso, cuando el Ministerio de Educación es el ente que ejerce tuición sobre los servidores públicos pudiendo determinar la responsabilidad por la función pública ante evidentes hechos de vulneración a la normativa administrativa; h) Respecto a la aplicación del art. 62.IV del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, es evidente el riesgo de una determinación parcializada y sujeta a injerencias; puesto que, no se considera que para conformar el tribunal administrativo se requiere la participación del Asesor Legal, un Jefe de Unidad y un servidor público designado de manera directa por el Director Departamental de Educación, lo que vicia las posibles decisiones que pueda asumir con relación a su propia MAE; i) Con relación a la dependencia entre el Asesor Legal y el Director Departamental de Educación, los arts. 7 y 9 inc. d) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación, establecen las facultades de organización y dirección de las actividades legales de la institución, aspectos que resultan evidentes para observar la imparcialidad y objetividad del Tribunal Administrativo; j) Respecto a la prueba, del Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 de 1 de noviembre y la Nota Interna NI/VER 0489/2022 de 10 de octubre, se determinó que el accionante se adhirió a una denuncia de abuso sexual después de cinco meses de presentada la misma, cuando el art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística determina que se debe remitir un informe técnico legal aprobado por el Director Departamental de Educación en el plazo de cinco días ante la de la Unidad de Gestión Personal del Servició de Educación Pública del Ministerio de Educación, valoración que cursa en la Resolución de alzada -Resolución Ministerial de Apelación 02/2023-; k) Con relación al principio de taxatividad, se explicaron de manera sucinta los motivos por los que se determinó la responsabilidad administrativa, consignándose en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, la manera en la que el accionante omitió sus funciones en calidad de Director Departamental de Educación de Potosí, determinándose la responsabilidad por incumplimiento del plazo establecido en el Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística de los hechos cometidos por Carmelo Castro Quintanilla; aspecto que el accionante pretende desconocer sin haber presentado prueba del cumplimiento de sus funciones; l) El accionante refirió que no se determinó quién emitió el Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 y la Nota Interna NI/VER 0489/2022 y qué valor probatorio se le asignó; sin embargo, en la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, se especificó a las autoridades que emitieron el referido Informe y la citada Nota, corroborándose la omisión que contravino el art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, descripción que fue expuesta en el Considerando VI de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, como omisión comprobada y base de la determinación de la responsabilidad administrativa del accionante; además, dicha Resolución se sustentó en el Informe 001/2021 de 11 de mayo, de los hechos suscitados en la gestión 2021, que vulneraron los arts. 109 y 111 de la RM 001/2021 “Normas Generales de Gestión Educativa”, por parte del Director Distrital de Educación de Yocalla y el accionante, omisiones sujetas a la responsabilidad por la función pública; m) La Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 -hoy impugnada-mediante la presente acción tutelar, desarrolló las razones por las que se confirmó la determinación de la responsabilidad administrativa de conformidad a la documentación cursante en antecedentes y la normativa vigente; n) En cuanto a que la obligación de elaborar el informe técnico legal fue del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, siendo la función del accionante únicamente aprobarlo, se tiene que para determinar la responsabilidad administrativa del nombrado, se consideró lo dispuesto por el art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, siendo que el accionante en su calidad de Director Departamental de Educación de Potosí recién se adhirió a una denuncia penal, luego de cinco meses de su presentación y ante reiteradas solicitudes, sumado a ello, tenía el deber de cumplir con el art. 9 inc. d) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; y, o) Las omisiones del accionante fueron merecedoras de la sanción en la vía administrativa conforme establecen los arts. 52 y 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. Razones por las cuales pide que se deniegue la tutela solicitada. En audiencia, los representantes legales señalaron que el poder otorgado por el Ministro de Educación hoy accionado es amplio y suficiente; por lo que, acreditaron debidamente su personería. Además, la SCP 0369/2021-S3 no es aplicable al presente caso; puesto que, el Director Departamental de Educación de Oruro, fue procesado por un Sumariante Externo y no por el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación. Tampoco el accionante indicó qué pruebas no fueron valoradas; ya que, todas las pruebas presentadas por el nombrado fueron valoradas debidamente e incluso el accionante pidió ampliación del término probatorio por otros diez días. Asimismo, el petitorio del accionante resulta ser contradictorio; puesto que, por una parte alega la vulneración del derecho al juez natural y competente, y por otra solicita la emisión de una nueva resolución, al margen que trata de salvar su negligencia al no haber solicitado la nulidad conforme al art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) mediante la interposición de los recursos previstos en la ley, pretendiendo en el fondo que se anule todo el proceso sumario administrativo. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 24/2023-A.A.C. de 23 de febrero, cursante de fs. 174 a 183 vta., concedió “PARCIALMENTE” la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 y que el Ministro de Educación ahora accionado emita una nueva Resolución Ministerial en el plazo de tres días a partir de su legal notificación bajo responsabilidad, sin considerar las otras garantías con relación a la fundamentación y motivación, conforme a lo establecido. Asimismo, ordenó dejar sin efecto la medida cautelar y que se restituya al accionante hasta el cumplimiento de la Resolución constitucional -lo cual fue revocado en la vía de aclaración, complementación y enmienda-; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al principio de subsidiariedad, el Tribunal Constitucional Plurinacional entendió que aún si una persona no opuso el recurso de complementación o este se encuentre pendiente de resolución, no obstaculiza la presentación de la acción de amparo constitucional; 2) Respecto a la vulneración del juez natural acusada en el recurso de apelación, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 refiere la aplicación de los arts. 67 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, 67.I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por DS 26237 y 410 de la CPE, ante el vacío legal, realizando asimismo, un análisis de la SCP 0369/2021-S3, para concluir que no es aplicable al caso. Luego se refirió a la fundamentación y motivación de las resoluciones para finalmente confirmar la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022. Teniéndose que el accionante al haber opuesto apelación ante el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, implícitamente reconoció su competencia; empero, la SCP 0369/2021-S3, que es vinculante y de aplicación obligatoria, concluyó que no existe tal vacío legal tras realizar un análisis de la normativa mencionada precedentemente e incluso de la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, determinando que los Directores Departamentales de Educación deben ser juzgados conforme al art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. En ese sentido, el Ministro de Educación hoy accionado vulneró la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del juez natural al no revisar el acto emitido por el Sumariante; es decir, si este era o no competente; puesto que, no interpretó correctamente la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional ni contestó debidamente el agravio expuesto por el accionante; y, 3) En cuanto a la vulneración de los elementos de fundamentación y motivación, no corresponde analizarlos ni considerarlos, en razón a que el derecho al juez natural es más importante que esos elementos. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el Ministro de Educación hoy accionado a través de sus representantes legales indicaron a la Sala Constitucional que el accionante no solicitó su reincorporación inmediata; por lo que, la concesión de la tutela resultaría ultra petita. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, en virtud de lo expuesto, dejó sin efecto la disposición de reincorporación del accionante, manteniendo firme la Resolución respecto a los demás puntos. Mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante a fs. 186 y vta., el Ministro de Educación ahora accionado a través de sus representantes legales pidió postergar el plazo para el cumplimiento de la Resolución; se aclare si el tribunal administrativo establecido por el art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, es competente para juzgar al accionante; y, se aclare cuál sería el impedimento para que el nombrado sea procesado por el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación. En respuesta, la Sala Constitucional declaró no ha lugar la petición del Ministro de Educación hoy accionado, disponiendo que previamente se acredite con documentación la petición del plazo ampliatorio, mediante Auto de 27 del citado mes y año (fs. 188). En vía de complementación, aclaración y enmienda, mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2023, ante los Vocales de la Sala Constitucional cursante de fs. 191 a 192, solicitó que se considere que no podría dejarse sin efecto la reincorporación a su cargo a simple petición del Ministro de Educación hoy accionado; puesto que, en el Otrosí Tercero de su memorial de acción de amparo constitucional pidió como medida cautelar su reincorporación hasta que la presente causa sea resuelta en todas sus instancias, requiriendo se mantenga firme lo dispuesto en la Resolución 24/2023-A.A.C. de 23 de febrero, cursante de fs. 174 a 183 vta. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, mediante Auto de 27 de febrero de 2023, declaró no ha lugar la solicitud de enmienda; ya que, ese recurso fue utilizado en audiencia, concluyendo la etapa de acuerdo al art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo [fs. 193]).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 de 1 de noviembre, emitido por Rurth Dinelza Acochiri Cruz, Profesional en Gestión de Denuncias a la Jefa de la Unidad de Transparencia que recomendó iniciar proceso administrativo contra el Director Distrital de Yocalla, los miembros del Tribunal Disciplinario Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Potosí y Edwin Marcelo Flores Lima -ahora accionante-(fs. 4 a 17).

II.2. Consta Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, emitido por Wilfredo Yujra Mamani, Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, que dispuso el inicio de proceso sumario administrativo por supuestos indicios de responsabilidad administrativa contra el accionante como Director Departamental de Educación de Potosí, por la presunta vulneración de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e), f) y q) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; 2 y 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística en concordancia con el art. 235.2 de la CPE y 28 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 24 incs. a), b), m) y n) y 52 inc. m) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, por incumplir el plazo del señalado registro de los hechos cometidos por Carmelo Castro Quintanilla en la gestión 2021 (fs. 18 a 26). II.3. Mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, ante Wilfredo Yujra Mamani, Autoridad Sumariante Asesor Legal principal del Ministerio de Educación, el accionante solicitó, en primer lugar, el rechazo del proceso sumario administrativo seguido contra su persona por vulneración a su derecho y garantía al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente e inobservancia de lo establecido en la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio; y en segundo lugar, que se ordene su restitución inmediata al cargo de Director Departamental de Educación de Potosí (fs. 30 a 34 vta.). II.4. Cursa Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de diciembre, emitido por el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa del accionante por incumplir el plazo de Registro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística de los hechos cometidos por Carmelo Castro Quintanilla en la gestión 2021, disponiendo su destitución conforme al art. 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública (fs. 39 a 49).

II.5. A través de memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, ante la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, el accionante planteó recurso de apelación contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 (fs. 50 a 58 vta.), que fue confirmada mediante la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero (fs. 59 a 72).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos del juez natural y competente, fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de diciembre, aplicando normas de manera supletoria sin considerar lo establecido en la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, respecto al juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación. Además, se limitó a transcribir los Considerandos tanto del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, como de la citada Resolución impugnada, sin responder a todos y cada uno de los agravios vertidos en el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía al debido proceso: a) De los procesos disciplinarios instaurados contra Directores Departamentales de la Educación Pública y el régimen de impugnación; y, b) El principio de supletoriedad; y, ii) El análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0273/2021-S1 de 21 de abril determinó lo siguiente: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre[…]; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio[…], se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio[…], precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre[…]se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[…] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero[…]. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio[…], así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio[…], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre[…], entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo[…] señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero -en casos de resoluciones judiciales o administrativas de última instancia, que conoce la justicia constitucional, dado el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional-; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”.

III.1.1. De los procesos disciplinarios instaurados contra

Directores Departamentales de la Educación Pública y el régimen de impugnación

La SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio establece que: [Para la resolución del presente caso, se hace ineludible precisar la normativa legal aplicable, para verificar en el análisis del caso la realidad de los hechos denunciados por el peticionante de tutela.

En ese sentido, la SCP 1883/2012 de 12 de octubre señala lo siguiente: «De acuerdo al art. 34 del DS 23968 -Reglamento sobre las Carreras en el Servicio de Educación Pública- de 24 de febrero de 1995, establece que pertenecen a la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, como funcionarios públicos: 1. El Director General, los Directores Departamentales, Distritales y Subdistritales, los Directores de Institutos Superiores, Directores Académicos y Administrativos, y los Directores de Carrera; 2. Los funcionarios de Servicios Técnico-Pedagógicos y Asesores Pedagógicos, así como los funcionarios de Administración de Recursos de todos los niveles; 3. El personal de apoyo y de servicio de la Secretaría Nacional de Educación, de las Direcciones Departamentales y de las Direcciones Distritales y Subdistritales; y, 4. El personal de apoyo y de servicio de las unidades educativas y de núcleo. Ahora bien, conforme establece la disposición abrogatoria Única de la Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” de 20 de diciembre de 2010, establece que en tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del sistema educativo plurinacional, se sujetaran al marco normativo anterior a la promulgación de la presente ley, bajo ese contexto, de conformidad al art. 4 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobado mediante RM 062/00 de 17 de febrero de 2000, su ámbito de aplicación abarca a todo el personal de la carrera administrativa del servicio de educación pública que tiene relación de dependencia con sus organizaciones educativas, siendo así que dentro del Capítulo V (Responsabilidad y Régimen Disciplinario) del mismo reglamento expresa: “Todos los servidores públicos de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública (SEP), sin distinción de jerarquía, asumen plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo. Los funcionarios de máximo nivel jerárquico responderán por la administración correcta y transparente de las organizaciones del Servicio de Educación Pública a su cargo, así como por los resultados razonables de su gestión en términos de eficacia, eficiencia y economía”. Por lo que los procesos administrativos deberán ser llevados a efecto por un tribunal administrativo, constituido para las diferentes instancias organizativas del Servicio de Educación Pública, siendo esta instancia que de acuerdo al art. 60 de la referida Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, se sigue a denuncia, de oficio o en base a un dictamen de auditoría interna o externa, dentro de una organización educativa del SEP, a un servidor público o ex servidor con el propósito de determinar la responsabilidad de alguna contravención o falta grave y que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda. Consta de dos fases: sumarial y de apelación.

Así también lo entendió el Tribunal Constitucional en la SC 0259/2005-R de 23 de marzo, estableciendo que: “…Para el análisis del recurso formulado, es necesario establecer el régimen normativo procesal que se debe aplicar para el caso del procesamiento administrativo del recurrente; a ese efecto se tiene que, las normas previstas por el art. 12.II del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, al estipular la autoridad legal competente y el procedimiento a seguir para el procesamiento administrativo de los funcionarios públicos, dispone que: ʽEn los casos de los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la autoridad legal competente así como el procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa, se regirá por su legislación especial aplicableʹ; por ello en un caso denunciado por el Rector institucionalizado del Tecnológico Agropecuario de Tarata, a quien se procesó con las normas generales previstas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales y las previstas por el DS 23318-A modificado por el DS 26237 en lugar de las específicas establecidas para el sector de la educación, en la SC 1301/2002-R, de 28 de octubre de 2002, este Tribunal Constitucional expreso la siguiente línea jurisprudencial: ʽ..el Reglamento sobre las Carreras en el Servicio de Educación Pública, contenido en DS 23968 de 24 de febrero de 1995, en su art. 34 establece que pertenecen a la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública como funcionarios públicos, 1. El Director General, los Directores Departamentales, Distritales y Subdistritales..., los Directores de Institutos Superiores, ...ʹ. El mismo Decreto, en su art. 36, señala que la administración del personal y los casos de sanción o retiro para tales funcionarios se regirán por las disposiciones emanadas de la Secretaría Nacional de Educación, de acuerdo al Reglamento del Funcionario Público.

‘(...) a fin de regular en el marco del Estatuto del Funcionario Público (EFP), la Ley de Reforma Educativa (LRE) y el DS 23968, se dicta el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública aprobado por Resolución Ministerial 062/00 de 17 de febrero de 2000, el cual de acuerdo al art. 4 del mismo, tiene alcance a todo el personal de la carrera administrativa del servicio de educación pública que tiene relación de dependencia con sus organizaciones educativas’. ‘(...) el art. 33 de la citada Resolución Ministerial, prescribe que el régimen disciplinario define el tratamiento de las situaciones que contravienen u omiten las disposiciones del Reglamento. Empero también estipula que ‘el régimen disciplinario se rige por lo dispuesto en el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública regulada por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y sus disposiciones reglamentarias’. ‘(...) sin embargo, el art. 1º DS 26237 de 26 de junio de 2001, que modifica disposiciones del DS 23318-A, en su numeral II refiriéndose a las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público establece que son: a) generales o las establecidas en el Estatuto del Funcionario Público y otras leyes y b) específicas o las establecidas por cada entidad’. ‘(...) en el caso de análisis, es evidente que el sector administrativo del Servicio de Educación Pública tiene sus normas específicas, pues así el Capítulo III RM 062/00 relativo al Régimen Disciplinario para los funcionarios de la carrera administrativa del SEP, establece a partir de su art. 50, las faltas y el procedimiento a seguir para el caso de contravenciones a las disposiciones que regulan el trabajo del personal de la carrera administrativa que, de acuerdo al caso, se tipificarán como leves y graves’. ʽ(...) a efectos de procesamiento dichas normas han previsto dos fases la sumarial y de apelación, debiendo la primera fase estar a cargo de un tribunal administrativo, cuya constitución para cada caso se encuentra expresamente prevista en el art. 62 de la misma Resolución Administrativa (...)ʹ”» (las negrillas nos corresponden). En esa misma línea de análisis, respecto propiamente al sistema de impugnación en el marco del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, la SCP 0237/2018-S4 de 21 de mayo, luego de asumir los entendimientos jurisprudenciales en cuanto al régimen normativo del procesamiento administrativo disciplinario de servidores de la educación pública, puntualizó: “Ahora bien, en cuanto al sistema de impugnación, conforme ya se refirió, el proceso administrativo disciplinario previsto por el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobado mediante RM 062/00, contempla una fase sumarial y una fase de apelación, esta segunda etapa se encuentra regulada por los arts. 65 a 67 de la precitada norma, disponiendo, que la resolución emitida en esta instancia, no es susceptible de ningún recurso posterior; en este entendido, se concluye que en el proceso disciplinario sancionador de la carrera administrativa del servicio de educación pública, por tener su normativa especial para regular dichos procesos, no son aplicables las normas que prevén la impugnación de resoluciones administrativas a través de recursos de revocatoria y jerárquico].

III.1.2. El principio de supletoriedad

La SCP 0117/2013 de 1 de febrero, señala que: “Con relación al significado de la supletoriedad, José Luis Ibáñez señala: ‘y es que no puede negarse la existencia de lagunas legis -no tolerables por el ordenamiento jurídico, lo que, según González Pérez, puede obedecer a que estemos ante casos inexistentes en el momento de la promulgación de la Ley o la imperfección del legislador al regular los casos ya existentes. Así como tampoco puede negarse que el propio ordenamiento jurídico establece los mecanismos precisos para su integración lo que, en la mayoría de los supuestos implica establecer las reglas para resolver el problema de ausencia de la ley. En este entendido, es que ante ausencia de la ley o vacíos de la ley puede ser aplicable el principio de [supletoriedad], toda vez que la anomia se soluciona acudiendo a normas de otro ordenamiento diferente’. Al respecto de los vacíos normativos y la aplicación del principio de supletoriedad, la SC 0221/2004-R de 12 de febrero, ha señalado: ʽ…Con relación al vacío normativo, cabe señalar que se produce en aquellos supuestos en los que el legislador, al elaborar la Ley, crea una determinada institución jurídica, pero omite regular un determinado elemento o detalle referido a la institución creada, con lo que se origina un vacío normativo en la Ley. Según enseña la doctrina, el vacío normativo se resuelve por medio de procedimientos de integración normativa, lo que supone una aplicación supletoria de normas contenidas en otras leyes análogas o, en su caso, aplicando los principios generales del Derecho. Ahora bien, para la aplicación supletoria de una norma legal a situaciones no contempladas expresamente en una Ley, requiere de la concurrencia de las siguientes condiciones: 1) la previsión expresa contenida en la Ley que presenta el vacío normativo de la aplicación supletoria de determinadas leyes para las situaciones no previstas expresamente; 2) la analogía legis, es decir, que la situación no contemplada expresamente en la Ley que presenta el vacío normativo sea igual a la situación regulada por la otra Ley, cuya norma se aplicará por supletoriedad. De otro lado, cabe referir que no toda ausencia de una norma en la Ley puede ser calificada como vacío normativo, pues resulta que en determinadas circunstancias el legislador, de manera voluntaria y consciente, decide no prever en la Ley una norma para una determinada situación jurídica, así por ejemplo, decide no crear un determinado instituto jurídico porque su creación podría contradecir los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales y demás preceptos de la Constitución, pues en ese caso el intérprete de la Ley no podría concluir que se trata de un vacío normativo; por ello es importante que el Juez o Tribunal al resolver un caso concreto en el que la situación jurídica no esté expresamente contemplada en la Ley deberá efectuar una interpretación sistematizada y en concordancia práctica la Ley desde y conforme a la Constitución, para establecer si definitivamente se trata de un vacío normativo o de una situación no prevista por el legislador en cumplimiento de las normas de la Constitución’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos del juez natural y competente, fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 6 de diciembre, aplicando normas de manera supletoria sin considerar lo establecido en la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, respecto al juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación. Además, se limitó a transcribir los Considerandos tanto del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 de 14 de noviembre, como de la citada Resolución impugnada, sin responder a todos y cada uno de los agravios vertidos en el recurso de apelación.

De la revisión de antecedentes, se tiene que mediante Informe Final IN/DE/UT 0240/2022, se recomendó iniciar proceso administrativo contra el Director Distrital de Yocalla, los miembros del Tribunal Disciplinario Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Potosí y el ahora accionante (Conclusión II.1.). Ante ello, la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación dictó el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, que dispuso el inicio de proceso sumario administrativo por supuestos indicios de responsabilidad administrativa contra el hoy accionante como Director Departamental de Educación de Potosí por la presunta vulneración de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e), f) y q) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; 2 y 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística en concordancia con el art. 235.2 de la CPE y 28 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 24 incs. a), b), m) y n) y 52 inc. m) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, por incumplir el plazo del señalado registro de los hechos cometidos por Carmelo Castro Quintanilla en la gestión 2021 (Conclusión II.2.). Esa determinación fue refutada mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, por el que el accionante solicitó, en primer lugar, el rechazo del proceso sumario administrativo seguido contra su persona por vulneración a su derecho y garantía al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente e inobservancia de lo establecido en la SCP 0369/2021-S3; y en segundo lugar, que se ordene su restitución inmediata al cargo de Director Departamental de Educación de Potosí (Conclusión II.3.). Posteriormente, el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, determinando la existencia de responsabilidad administrativa del accionante, disponiendo su destitución conforme al art. 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública (Conclusión II.4.); por lo que, a través del memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, el accionante planteó recurso de apelación contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, que fue confirmada mediante la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 (Conclusión II.5.). En cuanto a la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados al juez natural y competente El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas, motivadas y ser congruentes, tanto en su aspecto interno -coherencia lógica- como externo -correspondencia con lo solicitado-. De lo contrario, se considera que se vulnera el derecho al debido proceso, especialmente el derecho a una resolución motivada y fundamentada. Sin embargo, en casos de última instancia, este Tribunal evaluará la relevancia constitucional de la deficiencia en la motivación, determinando si la nulidad de la resolución es procedente (Fundamento Jurídico III.1.).

En su memorial de recurso de apelación, el accionante expuso los siguientes agravios: 1) Vulneración del derecho, garantía y principio del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural: i) El régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos de educación, se encuentra establecido en los arts. 59 a 70 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; por lo que, todo proceso seguido contra los Directores Departamentales de Educación debe ser llevado adelante por un tribunal administrativo de conformidad al art. 59 de ese Reglamento; por lo que, no son aplicables la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública ni sus Modificaciones -DS 26237-, habiéndose transgredido sus derechos constitucionales al argumentar la existencia de un vacío legal para el procesamiento de su persona -accionante- y aplicar el art. 67.I del referido Reglamento, para alegar que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación tendría competencia para procesarlo, vulnerando el derecho al juez natural debido a que la fase sumarial se encuentra a cargo de un tribunal administrativo de acuerdo a lo previsto por el art. 61 incs. a) y b) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; además, la SCP 0369/2021-S3 determinó que aquel tribunal constituido por las diferentes instancias del Servicio de Educación Pública (art. 59 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública) fue el único facultado y competente para disponer el inicio de un proceso administrativo contra su persona en su calidad de Director Departamental de Educación de Potosí, y de adoptar medidas precautorias de carácter temporal; y, ii) El Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación no tenía competencia ni atribución alguna para determinar su supuesta responsabilidad administrativa; puesto que, quien debía establecer ese extremo es el tribunal administrativo conforme a los arts. 59 a 61 incs. d), e) y f) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. Más aun, la SCP 0369/2021-S3 concedió la tutela por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos del juez natural y de la defensa, por cuanto la Autoridad Sumariante Externa del Ministerio de Educación procesó al Director Departamental de Educación de Oruro al margen de lo establecido en el nombrado Reglamento -en el mismo sentido fue pronunciada la SCP 0139/2012 de 4 de mayo-. En consecuencia, el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 y la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, son nulos de pleno Derecho, de acuerdo a lo previsto por el art. 122 de la CPE, debiendo disponerse la anulación del proceso administrativo hasta dicho Auto Inicial para que el mencionado proceso sea llevado a cabo por el Tribunal Administrativo. En ese mismo sentido fue pronunciada la SCP 0720/2018-S4 de 30 de octubre; y, 2) La vulneración de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que: a) La Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, en su Considerando IV hizo referencia a un Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 de procesamiento de una denuncia planteada mediante Nota Interna NI/VER 0489/2022, sin señalar de manera clara y precisa en qué fecha y quien o quienes elaboraron aquellos documentos y cuál fue el valor probatorio asignado a cada uno, de acuerdo a la exigencia establecida por la SCP 0764/2019-S4 de 12 de septiembre, al margen de que la señalada Nota Interna no se encuentra consignada en ninguna parte del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022; por lo que, al adicionar de oficio ese nuevo hecho en la referida Resolución Final se incurrió en vulneración al debido proceso por incongruencia aditiva de conformidad a lo establecido por la SCP 0520/2020-S4; b) En su mismo Considerando IV, la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, mencionó que según el Informe 001/2021 de 11 de mayo, se atendió una denuncia por abuso sexual agravado por parte de Carmelo Castro Quintanilla e Irineo Mamani Martínez en la gestión 2021, vulnerando los arts. 109 y 111 de la RM 001/2021 “Normas Generales de Gestión Educativa” por parte del Director Distrital de Educación de Yocalla y el Director Departamental de Educación de Potosí por omitirla; sin embargo, la mencionada Resolución no señaló las razones por las que su persona como Director Departamental de Educación de Potosí infringió la indicada normativa, más aún cuando en la misma Resolución Final se aseveró que adjuntó un documento de apersonamiento y adhesión a la denuncia el 21 de septiembre de 2021; c) El argumento sobre la transgresión de los arts. 109 y 11 de la RM 001/2021 “Normas Generales de Gestión Educativa” resulta ser una copia del Considerando IV del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022; por lo que, la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada de manera descriptiva, fáctica, analítica, jurídica e intelectiva; d) La Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 indicó que su persona -accionante- se adhirió a la demanda penal transcurridos cinco meses de que fue presentada a pesar de reiteradas solicitudes; ya que, incumplió el plazo previsto por el art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, habiendo remitido la solicitud formal para la inserción del rótulo en “octubre” de 2021, presumiéndose un acto negligente de su parte como Director Departamental de Educación de Potosí. No obstante, la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, no indicó de manera clara y precisa la fecha en la que fue presentada la denuncia y por quién, y desde cuándo su persona -accionante- tomó conocimiento de la supuesta denuncia o existencia del hecho, ni quienes efectuaron solicitudes reiteradas.

Tampoco estableció cómo, cuándo y de qué manera omitió sus funciones, considerando que la obligación de elaborar el informe técnico legal es el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Potosí y no de su persona -accionante-, cuando su función únicamente es aprobar aquel informe siempre y cuando sea remitido a su despacho, siendo que el Informe “010/2021 U.A.J.-DDE-POTOSÍ” le fue remitido el 27 de octubre de 2021, por lo que lo aprobó en esa misma fecha y lo envió a la Jefatura de la Unidad de Gestión del Servicio de Educación Pública del Ministerio de Educación; por consiguiente, debieron exponerse los motivos para determinar responsabilidad administrativa en su contra por omisiones de las responsabilidades exclusivas del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Potosí; y, e) La Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, le impuso una sanción de destitución del cargo conforme al art. 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; determinación que considera ilegal por imponer la sanción más grave, sin exponerse los motivos, las razones y fundamentos legales para ello, más aun considerando que en un proceso similar, el mismo Sumariante le impuso una sanción de multa del 20% de su salario básico mensual; por lo que, en virtud al principio de igualdad procesal ante la ley correspondía explicar por qué se le impuso una sanción distinta por los mismos hechos, incumpliendo el fallo con la debida congruencia, fundamentación y motivación al no señalar en qué faltas graves o cómo se acomodó su conducta a la transgresión de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e), f) y q) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; 2 y 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística en concordancia con los arts. 235.2 de la CPE; 28 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 24 incs. a), b), m) y n), y 52 inc. m) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública. En respuesta, el Ministro de Educación ahora accionado emitió la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, confirmando la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, bajo los siguientes fundamentos: 1) El derecho al juez natural: i) Es reconocido en el artículo 120.I de la CPE, es parte del debido proceso. Según la SC 0074/2005 de 10 de octubre, un juez independiente resuelve sin injerencias de otras autoridades o poderes del Estado, mientras que un juez imparcial decide sin interés o relación personal con el problema, manteniendo la objetividad. Además, el ejercicio de la función jurisdiccional exige un Órgano imparcial, ajeno al conflicto entre las partes, cuya misión es dirimirlo o constatar una situación jurídica con efectos de cosa juzgada. En ese orden, el sumariado -accionante- no consideró la tuición que ejerce el Ministerio de Educación con relación a la Dirección Departamental de Educación de Potosí, tal como establece el -art. 2- del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación. Entonces, con la finalidad de resguardar la imparcialidad de la autoridad que juzgue al Director Departamental de Educación, existe la posibilidad de aplicar el art. 67.I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus Modificaciones -DS 26237-que se constituye en el fundamento suficiente para que, el que lleve adelante el juzgamiento sea el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación en el marco del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, al margen del principio de jerarquía normativa para la aplicación preferente del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública para procesar por los indicios de responsabilidad administrativa; ii) El art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública determina la constitución del tribunal administrativo y la SCP 0369/2021-S3, establece que el personal docente y administrativo debe ser juzgado por normativa especial consistente en el referido Reglamento; sin embargo, no precisó la forma de constitución del tribunal disciplinario en caso del juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación; por lo que, la pretensión del sumariado -accionante- de ser juzgado por el propio personal de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, rompe el principio de imparcialidad, viciando toda determinación que pueda ser asumida por dicho tribunal administrativo debido a la relación de dependencia existente entre el personal que lo compone y el Director Departamental de Educación; iii) La SCP 0369/2021-S3, enfatizó que el régimen disciplinario del Servicio de Educación Pública (SEP) cuenta con normativas específicas que regulan la conducta de sus funcionarios, estableciendo un procedimiento claro para sancionar faltas leves y graves. Ese proceso se desarrolla en dos fases: una fase sumarial, dirigida por un tribunal administrativo conforme al art. 62 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, y una fase de apelación para impugnar decisiones. En ese orden, de la revisión de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 de diciembre, se tiene que la misma determinó responsabilidad administrativa por la vulneración de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e) y f) del Reglamento de las Direcciones Departamentales de Educación; 2 y 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística en concordancia con el art. 235.2 de la CPE; 28 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 24 inc. b) y 52 inc. m) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; por lo que, no corresponde la observación respecto al incumplimiento del régimen legal aplicable para el personal del Servicio de Educación Pública, en el presente caso del Director Departamental de Educación de Potosí -accionante- siendo evidente la aplicación de la norma específica para su procesamiento y la consiguiente imposición de la sanción en la vía administrativa; iv) No se desconoce la normativa específica aplicable sino que el proceso administrativo se fundó en el art. 32 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública que determina que todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía asumen la responsabilidad, debiendo rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente por los resultados del desempeño de sus funciones; por lo que, no puede excluirse a los Directores Departamentales de Educación; por consiguiente, en el proceso sumario administrativo se determinó la vulneración de los arts. 24, 52 y 57 del indicado Reglamento; v) La pretensión de juzgamiento por un tribunal disciplinario dependiente de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, cuando esa instancia no puede cumplir con el carácter de imparcialidad y objetividad con la que debe estar investido el juez o tribunal por la relación cercana con el sumariado -accionante-, pone en riesgo el arribo a la verdad material de los hechos juzgados; y, vi) El art. 59 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, no tiene entre sus previsiones la posibilidad del juzgamiento de los Directores Departamentales de Educación con carácter específico, y si bien determina la posibilidad de juzgamiento del personal dependiente de la Dirección Departamental de Educación; sin embargo, prevé que las labores de coordinación pueden ser asumidas por Asesoría Legal de la Dirección Departamental de Educación, lo que vulneraría el principio de imparcialidad y objetividad del proceso disciplinario por la relación de dependencia entre el Asesor Legal y el Director Departamental de Educación; aspecto que fue ignorado por el sumariado -accionante- al observar la competencia del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación; 2) En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia: a) Se identificó claramente la omisión cometida por el sumariado -accionante-; puesto que, de la revisión de antecedentes se evidencia que el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 en su Considerando IV refirió que el Informe 001/2021 estableció la vulneración de los arts. 109 y 11 de la RM 001/2021 “Normas Generales de la Gestión Educativa” por parte del Director Distrital de Educación de Yocalla y del Director Departamental de Educación de Potosí -accionante- debido a que en casos de violación, y otros, contra estudiantes las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, entre otros, en caso de delitos de índole sexual contra estudiantes, tienen la obligación de denunciar el hecho de manera inmediata ante las autoridades correspondientes; asimismo, las Direcciones Distritales deberán iniciar inmediatamente el proceso sumarial en el marco de la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993, para determinar las sanciones que correspondan contra los infractores bajo alternativa de aplicación del régimen de la responsabilidad por la función pública; b) También se advierte la omisión de funciones por parte del sumariado -accionante- como Director Departamental de Educación de Potosí por adherirse a la denuncia penal seguida contra Carmelo Castro Quintanilla, el 21 de septiembre de 2021, después de transcurridos cinco meses, y a reiteradas solicitudes, omitiendo las funciones propias de su cargo cuando las Direcciones Departamentales de Educación, de conformidad al art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, tienen el plazo de cinco días para remitir a la Unidad de Gestión Personal del Servició de Educación Pública del Ministerio de Educación, el informe técnico legal aprobado por el Director Departamental de Educación, corroborándose que la imputación formal data de mayo de 2021; no obstante, según información revelada por aquel Servicio, se acreditó que la Dirección Departamental de Educación de Potosí, remitió la solicitud formal para la inserción del rótulo “observado” en octubre de ese mismo año, advirtiéndose la negligencia de la nombrada Dirección, y si bien los docentes procesados cuentan a la fecha con dicho rótulo, el trámite de solicitud fue remitido con retraso considerable; c) El Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, al no existir prueba de descargo con carácter específico, dictó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, indicando como prueba de cargo el Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 que se refirió al procesamiento de una denuncia planteada mediante Nota Interna NI/VER 0489/2022, remitida ante la Unidad de Transparencia por el Viceministerio de Educación Regular por parte del Director de la Unidad Educativa Santa Lucía del Distrito Educativo de Yocalla contra el sumariado -accionante- por supuestas irregularidades e incumplimiento de funciones al omitir sus responsabilidades a pesar de adjuntar su apersonamiento y adhesión al proceso penal; puesto que, la misma fue efectuada recién el 21 de septiembre de 2021, pasados cinco meses de la presentación de la denuncia penal, cuando las Direcciones Departamentales de Educación por mandato del art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, deben remitir el informe técnico legal aprobado por el Director Departamental de Educación y la documentación necesaria en el plazo de cinco días; omisión que fue corroborada y cursa en el Considerando VI de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 como una omisión comprobada y como fundamento para establecer la responsabilidad administrativa contra el sumariado -accionante-; d) En el Considerando VI de la señalada Resolución Final, se refiere como sustento el Informe 001/2021 sobre una denuncia de abuso sexual cometido por dos profesores en la gestión 2021, habiéndose incumplido los arts. 109 y 111 de la RM 001/2021 “Normas Generales de la Gestión Educativa” y la RS 212414 por parte del Director Distrital de Educación de Yocalla y del Director Departamental de Educación de Potosí, respectivamente; y, e) La Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, describe como sustento el incumplimiento del plazo determinado por el art. 6.IV del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo “Observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística porque el sumariado -accionante- se adhirió a la denuncia penal pasados cinco meses de su presentación, corroborándose que la imputación formal fue efectuada en mayo de 2021 y que la inserción del rótulo de “observado” data de octubre de ese año, presumiéndose el acto negligente del nombrado sumariado, advirtiéndose el retraso considerable, a pesar que ya se encuentra consignado ese rótulo; evidenciándose de esa manera el incumplimiento a la normativa especial; por lo que, la denuncia de ausencia de fundamentación y motivación sobre la responsabilidad administrativa atribuida al sumariado no es cierta, considerando que de forma reiterativa y específica se desarrollaron las omisiones atribuibles al mencionado sumariado como Director Departamental de Educación de Potosí; argumentos que tienen la finalidad de generar convicción y certeza de los motivos por los que se considera su responsabilidad administrativa, cumpliéndose con lo establecido en la SCP 0049/2020-S2 de 17 de marzo por parte de la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 al fundamentar la decisión sobre la responsabilidad administrativa; y, 3) Acerca de la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad: 1) De la revisión de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, se tiene que determinó la existencia de responsabilidad administrativa por el incumplimiento del plazo de registro del rótulo “observado” en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística, de los hechos cometidos por Carmelo Castro Quintanilla el 2021, refiriéndose que dicha Resolución Final al incumplimiento no solo de ese Reglamento sino al Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública; 2) Considerando el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, se procedió a la valoración de las funciones incumplidas como ser del art. 24 del señalado Reglamento, al no ser desvirtuada la vulneración de la normativa con prueba idónea, cumpliéndose el principio de legalidad indicado en la SCP 0394/2014; siendo que la aplicación de ese Reglamento a la presente causa, contiene disposiciones sancionatorias en sus Capítulos II y III, desvirtuándose el incumplimiento del principio de legalidad; 3) La referida Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que el indicado principio se conforma por sub principios, entre ellos, el de taxatividad; aspecto que se encuentra contemplado en el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública que fue aplicado y valorado a efectos de la fundamentación de la responsabilidad administrativa en cuyo art. 51 establece que las contravenciones a las normas que regulan el trabajo del personal de la carrera administrativa se tipifican como faltas leves y graves, y que estas últimas serán resueltas por el tribunal administrativo respectivo; por lo que, la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022, objeto de apelación se encuentra debidamente fundamentado; y, 4) Respecto al principio de tipicidad, la Resolución Final apelada cumplió con lo establecido en la SCP 0206/2018-S2 de 22 de mayo, al aplicar los arts. 24 y 52 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, detallando las faltas administrativas comedidas por el sumariado -accionante-. En cuanto a la congruencia entre los puntos de agravio expuestos en el recurso de apelación y la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, se tiene que el ahora accionante argumentó, primero la vulneración del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, denunciando que el proceso administrativo debía regirse por el Reglamento de la Carrera administrativa del Servicio de Educación Pública y no así por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus Modificaciones -DS 26237-; sin embargo, se aplicó el art. 67.I de ese último Reglamento para justificar su procesamiento por parte del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, cuando el tribunal competente para procesarlo es el tribunal administrativo previsto en los arts. 59 al 61 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, argumento que se apoya en lo establecido por la SCP 0369/2021-S3, que señaló que el tribunal administrativo del Servicio de Educación Pública es el único competente para procesar a los Directores Departamentales de Educación; por lo cual, la falta de competencia del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación vició de nulidad todo el proceso -Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 y la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022-. En respuesta el Ministro de Educación hoy accionado mediante la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, reconoció que el derecho al juez natural es parte del debido proceso y citó la SC 0074/2005 señalando que un juez imparcial no debe tener interés personal en el caso ni con relación a las partes procesales. Además, justificó la aplicación del art. 67.I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, argumentando que no existe una disposición específica sobre cómo se constituye el tribunal disciplinario para Directores Departamentales de Educación, lo que permitiría la aplicación de esa norma; por lo que, rechazó la posibilidad de juzgamiento del accionante en calidad de Director Departamental de Educación de Potosí mediante un tribunal administrativo conformado dentro de la misma Dirección, lo que rompería la imparcialidad al encontrarse sus miembros en relación de dependencia con el sumariado -accionante-. Asimismo, mencionó que la SCP 0369/2021-S3 estableció la normativa específica para el régimen disciplinario; empero, no precisó cómo debía conformarse dicho tribunal al ser el procesado un Director Departamental de Educación; por lo que, concluyó que el proceso fue realizado bajo la normativa aplicable; ya que el Asesor Legal del Ministerio de Educación podía llevar adelante el proceso contra el referido sumariado. En virtud a lo anterior, la Resolución impugnada -Resolución Ministerial de Apelación 02/2023- es congruente en cuanto a la respuesta al reclamo del juez natural e imparcial; no obstante, esa Resolución no aborda directamente si la competencia del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación vulnera el art. 59 del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública ni respondió detalladamente respecto a la competencia exclusiva del tribunal administrativo establecida según el entendimiento con la SCP 0369/2021-S3. En consecuencia, se tiene que la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 -objeto de apelación- sí responde a la impugnación sobre el juez natural e imparcial; empero, no de manera completa y específica sobre la competencia del Asesor Legal Principal y la nulidad del proceso. En este sentido, es parcialmente congruente, pero -como se señaló precedentemente- dejó aspectos sin una respuesta clara y precisa, lo que dio lugar al reclamo sobre la falta de fundamentación en relación con el derecho al juez natural y el debido proceso, que se analizará posteriormente. Ahora bien, el accionante también denunció la ausencia de fundamentación y motivación de la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, debido a que respecto al agravio expuesto en recurso de apelación con relación a la vulneración del elemento al juez natural y competente, no consideró lo establecido en la SCP 0369/2021-S3; sin embargo, al momento de presentar su informe, el Ministro de Educación ahora accionado a través de sus representantes refirió que no es aplicable porque no se refiere a un caso análogo al presente. De ello, en primer lugar, se denota que tales argumentos no fueron expuestos en la referida Resolución Ministerial impugnada, generando duda en el accionante respecto a la debida fundamentación y motivación de la misma. Bajo ese contexto, se advierte que tanto el caso resuelto por la SCP 0369/2021-S3 (Fundamento Jurídico III.1.1. de este fallo constitucional) como el presente, giran en torno a la vulneración del derecho al juez natural y al debido proceso, con énfasis en la falta de competencia del Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, y en la contradicción entre la aplicación del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, no siendo evidente la alegación del accionante respecto a no ser casos fácticos análogos. En ese sentido, se tiene que la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, efectuó transcripciones de Sentencias Constitucionales Plurinacionales sin realizar un análisis específico de su aplicabilidad al caso concreto ni justificó adecuadamente por qué consideró al Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación como competente para procesar al accionante en su calidad de Director Departamental de Educación de Potosí; puesto que, si bien se apoyó en lo dispuesto por el art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, omitió establecer la concurrencia de los requisitos establecidos para su aplicación supletoria; es decir, que la ley que presenta el vacío permita la aplicación supletoria de otras normas, y que la situación no prevista sea análoga a la regulada por otra ley (Fundamento Jurídico III.1.2. del presente fallo constitucional). Más aun, la conclusión efectuada por el Ministro de Educación ahora accionado de apartar al tribunal administrativo contradice el precedente constitucional contenido en la SCP 0369/2021-S3, generando una Resolución inconsistente con la normativa aplicable; puesto que, el marco normativo del Servicio de Educación Pública establece procedimientos administrativos disciplinarios específicos, que incluye la fase sumarial y de apelación. Las resoluciones emitidas en esos procedimientos son definitivas y no son susceptibles de recursos adicionales, como el recurso de revocatoria o el jerárquico. Bajo ese contexto, conforme se determinó en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, es fundamental seguir las disposiciones específicas del sector educativo como es el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública para el procesamiento y la impugnación de actos administrativos en ese contexto. Aspectos que; sin embargo, el Ministro de Educación ahora accionado no consideró y menos fundamentó por qué se aparta de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, por consiguiente, se evidencia la vulneración del derecho y garantía del debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, vinculados al derecho al juez natural y competente, debiendo concederse la tutela solicitada. Con relación a la congruencia respecto al agravio expuesto en el recurso de apelación sobre la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, el accionante afirmó que la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/202, menciona documentos como el Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 y la Nota Interna NI/VER 0489/2022; empero, que esta no indica quién los elaboró, cuándo ni qué valor probatorio se les asignó, incluyéndose de oficio un nuevo hecho en aquella Resolución Final, generando incongruencia aditiva, al margen de no explicar las razones específicas por las que se consideró que su persona -accionante- incumplió los arts. 109 y 111 de la RM 001/2021, “Normas Generales de la Gestión Educativa” no se detallaron las faltas graves en las que incurrió ni cómo su conducta se acomodó a las infracciones endilgadas a él. Al respecto, el Ministro de Educación ahora accionado señaló que sí se identificó la omisión cometida por el accionante y que el Informe 001/2021, ya establecía la infracción a los arts. 109 y 111 de la referida RM 001/2021; puesto que, la Dirección Departamental de Educación de Potosí incumplió su obligación de denunciar de inmediato los hechos delictivos cometidos por dos profesores ante las autoridades competentes. En ese orden, sostuvo que la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/2022 se basó en pruebas como el Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 y la Nota Interna NI/VER 0489/2022, señalando que la adhesión del accionante a la denuncia penal ocurrió cinco meses después de su presentación, por ende, se fundamentó debidamente la referida Resolución apelada que cumplió con lo establecido en la SCP 0049/2020-S2 respecto a la responsabilidad administrativa. En ese orden, se establece que la respuesta fue parcialmente congruente; puesto que, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 no respondió de forma concreta, clara y precisa acerca de la falta de valor probatorio asignado al Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 y la Nota Interna NI/VER 0489/2022, omitió pronunciarse respecto a la incongruencia aditiva denunciada, lo que vulnera el derecho y garantía al debido proceso en su elemento de congruencia. Además, la citada Resolución Ministerial impugnada, no establece una conexión clara entre las referidas pruebas y la determinación de la responsabilidad administrativa del accionante, lo que asimismo, incide en la fundamentación y motivación de la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 -hoy impugnado-, concediéndose la tutela en este punto en particular. El sumariado -accionante- al momento de plantear el recurso de apelación también cuestionó el hecho de que se le atribuyera la responsabilidad administrativa sin explicar las razones del por qué su adhesión a la denuncia penal tardía es relevante, cuando su función fue solo aprobar informes técnicos legales, cuya responsabilidad de elaboración recae en el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, menos se aclaró desde cuándo conoció la denuncia penal seguida contra dos profesores ni qué solicitudes reiteradas recibió menos quiénes las formularon. En respuesta, el Ministro de Educación hoy accionado en la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, argumentó que el accionante incumplió su función al adherirse tardíamente a la denuncia penal, afirmando que la Dirección Departamental de Educación de Potosí debía remitir el informe técnico legal debidamente aprobado en un plazo de cinco días, lo que no ocurrió, generando negligencia, considerando que la imputación formal data de “mayo” de 2021; empero, el rótulo de “observado” se insertó en octubre de ese año, lo que confirmó el retraso. La respuesta brindada por el Ministro de Educación ahora accionado resulta ser parcialmente congruente; puesto que, explica las razones por las que consideró que existió una omisión de funciones por parte del accionante; empero, no responde a la objeción del nombrado respecto a que la responsabilidad de elaborar el informe técnico legal no es parte de sus funciones; asimismo, omitió detallar en qué momento el accionante tuvo conocimiento del caso para estimar la dilación y quiénes realizaron las supuestas solicitudes reiteradas. Al mismo tiempo, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 carece de una motivación suficiente, ya que se limita a transcribir partes de otras resoluciones sin abordar de manera específica las alegaciones presentadas ni justificar la responsabilidad administrativa atribuida al impugnante -accionante-. Según la jurisprudencia constitucional y la normativa vigente, la motivación adecuada es un elemento esencial del debido proceso, ya que permite a las partes conocer los fundamentos de las decisiones y asegurar la transparencia y legitimidad del acto administrativo. La falta de esta motivación afecta la validez de la señalada Resolución. En consecuencia, se advierte la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en su elemento de congruencia vinculado a los elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, concediéndose la tutela. En cuanto a la sanción impuesta y la falta de igualdad procesal alegada por el sumariado -accionante- en su recurso de apelación, se tiene que este reclamó el hecho de que se le impuso una sanción más grave como es la destitución, cuando en un caso similar solo fue sancionado con una multa del 20% de su salario. Con relación a ello, la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, alegó que se aplicó el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, que contempla sanciones graves y leves. Además, sostuvo que la sanción se encuentra fundamentada y que se aplicó de acuerdo con las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2014 y la 0206/2018-S2. De lo anterior, se advierte que si bien el Ministro de Educación ahora accionado busca justificar la aplicación del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, no explicó por qué en un caso similar impuso una sanción menor; por lo que, la falta de argumentación respecto a la diferencia de sanciones afecta la justificación de la proporcionalidad de la sanción, lesionándose el derecho y garantía al debido proceso en su elemento de congruencia, y a su vez en los elementos de fundamentación y motivación, concediéndose la tutela. Este Tribunal Constitucional Plurinacional, atendiendo el derecho y garantía al debido proceso, concluye que si bien la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023, abordó la mayoría de los puntos de apelación con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia incurrida por la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 06/202; sin embargo, omitió responder denuncias esenciales del accionante, ya que, no respondió a la denuncia de incongruencia aditiva incurrida por la referida Resolución Final apelada, la falta de fundamentación sobre el valor probatorio otorgado al Informe Final IN/DE/UT 0240/2022 y a la Nota Interna NI/VER 0489/2022, la diferencia de la sanción con un caso similar y la falta de responsabilidad directa del accionante en la elaboración de informes; por lo que, vulneró el derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, debiendo concederse la tutela solicitada, correspondiendo al Ministro de Educación hoy accionado pronunciarse previamente respecto a la vulneración del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente, para luego proceder a responder los demás puntos vertidos en el recurso de apelación, de ser pertinente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “PARCIALMENTE” la tutela solicitada aunque con otros fundamentos, obró en parte de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023-A.A.C. de 23 de febrero, cursante de fs. 174 a 183 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, respecto al derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados al derecho al juez natural y competente, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Dejar sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 02/2023 de 27 de enero, debiendo el Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, emitir una nueva resolución ministerial pronunciándose previamente respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural y competente, para luego proceder a responder los demás puntos vertidos en el recurso de apelación, de ser pertinente; sea en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0169_2025-S1.pdf · páginas 1 a 38.

Huella digital del PDF (SHA-256): 691fca6441c326030bacce170eab5116a5095fc6fa80d15eacff06b011360544

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →