B.IA.LEGAL

SCP 0169/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
50975-2022-102-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, seguridad social y al interés superior del niño, niña y adolescente; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde mayo de 2017, donde no se pagó el beneficio de subsidio de lactancia a la primera hija de 12 subsidios, tampoco se canceló el subsidio de pre natalidad por 5 meses y el subsidio de lactancia por 12 meses para la segunda hija; más al contrario, tras una decisión unilateral, haciendo una oferta de pago se impuso que dichos beneficios sean entregado en especie y en un plazo prolongado, sin considerar los principios normativos y la finalidad de las asignaciones familiares, que deben ser canceladas u otorgadas oportunamente; por ello solicita el pago de dichas asignaciones en efectivo, calculable en relación al salario mínimo nacional.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes temas: i) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; ii) De las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 127/2022-S1 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, respecto a la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y al interés superior del niño; 2° Disponer se proceda al pago y/o entrega de las asignaciones familiares devengadas, respecto a la primera hija de la madre accionante: consistentes en el pago de 5 meses de subsidio prenatal y 12 meses del subsidio de lactancia en dinero efectivo; y, en cuanto a la segunda hija: el pago de 12 meses de subsidio lactancia, correspondiendo su cancelación en dinero efectivo; todo ello descontando los pagos previos que ya hubiere recibido la citada impetrante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social
  2. III.2. De las asignaciones familiares: Subsidios devengados
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50975-2022-102-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 127/2022-S1 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leovid Barrientos Pérez y Fernando Jenry Vega Arancibia en representación sin mandato de sus hijos los menores AA contra Santos Simón Vicente Corma, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarvita del Departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 8 de agosto de 2022, cursante de fs. 50 a 61, la parte accionante expresó los siguientes argumentos hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorándum G.A.M.T. 015/2015 de 1 de julio, su persona Leovid Barrientos Pérez, desempeñó funciones como Responsable de Planificación y Presupuestos del GAM de Tarvita desde el 1 de julio de 2015 al 30 de abril de 2021, donde apenas tuvo conocimiento que estaba en estado de gestación, hizo conocer tal condición al Alcalde del referido municipio. Se emitió el certificado de atención prenatal de 20 de enero de 2017, otorgada por la Unidad de Coordinación Consulta Externa del Policlínico de la Caja Nacional de Salud de Sucre, control de prenatalidad realizada hasta el nacimiento de su hija el 24 de junio de 2017, que actualmente cuenta con 5 años de edad. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) entregó los paquetes por subsidio de pre natalidad de cinco (5) meses en beneficio de su hija de cinco años y el subsidio de natalidad canceladas en su integridad, quedando pendientes los subsidios de lactancia de doce (12) meses; posteriormente, quedo embarazada de su segunda hija, informando de igual forma a su Alcalde, se autorizó el prenatal de acuerdo al Certificado de atención prenatal de fecha 15 de febrero de 2019, otorgada por CIMFA 25 de mayo, del Policlínico de la Caja Nacional de Salud de Sucre, donde solamente se otorgó el subsidio de natalidad equivalente a un salario mínimo nacional. En tales antecedentes, de manera reiterada solicitó ante la autoridad empleadora el pago del subsidio prenatal y lactancia pendientes; y, la parte empleadora a través de nota CITE: M.A.E. GAMT 0029/2022 de 14 de febrero, realizó una oferta de pago contrario a la Constitución Política del Estado y las normas que regulan la seguridad social, siendo este acto de forma unilateral y una imposición sin considerar los principios normativos de los programas de asistencia que el Estado otorga a las mujeres embarazadas que son de carácter irrestricto, no siendo coherente que entreguen el pago de subsidios en especie, debiendo entregarse en efectivo por parte de la entidad empleadora, toda vez que, por el lapso del tiempo transcurrido erogó gastos para la alimentación y este beneficio está orientado a reforzar y fortalecer “en su momento” el desarrollo de sus hijas -lactantes- conforme prevé el art. 3.3 del Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, la cual establece la compensación económica de las asignaciones familiares cuando el empleador no cancela de manera oportuna, siendo que la entrega mensual no correspondería, por ello se cuestiona la forma de su cumplimiento, ya que la norma dispone la entrega en efectivo, de igual forma hace hincapié a la necesidad y prioridad la atención al niño y adolescente, la protección de sus especiales derechos de forma retroactiva para precautelar la vida y salud. Finalmente, se vulnero los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación de los menores por parte de la entidad empleadora, siendo que el periodo para el pago de sus beneficios concluyó y lo que se busca es que se cancele en efectivo, detallando que el impago es desde mayo de 2017, donde no se canceló el beneficio de subsidio de lactancia a la primera hija de (12 subsidios), tampoco se canceló el subsidio de pre natalidad por 5 meses y el subsidio de lactancia por (12 meses) para su segunda hija, aclarándose que se tiene pagado solo cinco (5) meses de subsidio de pre natalidad y el subsidio de natalidad de su primera hija.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social y al interés superior del niño, niña y adolescente, citando al efecto los arts. 14.II; 15.I; 18, 22, 45.I, II, III, V y VI, 60, 109, 110, 321.II y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, e impugnado la nota CITE: M.A.E. GAMT 0029/2022 de 14 de febrero, que defiere el pago de las asignaciones familiares subsidio prenatal y de lactancia al nacimiento de los menores, se “disponga la cancelación de asignaciones familiares retroactivas de 5 meses de Subsidio Prenatal y 12 meses de Subsidio de Lactancia en relación a nuestra hijita S.V.B. Y también otros 12 meses de Subsidio de Lactancia por nuestra hija D.E.V.B. en COMPENSACIÓN a la falta de provisión oportuna, sea un SOLO PAGO y EN EFECTIVO, calculable todo a razón de un salario mínimo nacional por asignaciones familiares pendientes…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 194 a 200, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su demanda de amparo constitucional, y ampliando la misma señaló que acción tutelar fue instaurada por el incumplimiento de pago de subsidios de lactancia y prenatal, donde la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASSUS) está en la obligación de hacer efectivo el pago de las asignaciones familiares a través de su normativa donde se obstaculiza a los beneficiarios que puedan recurrir a la acción tutelar y protección vía amparo, eso en virtud y aplicación de la “SCP 2056/2013” que establece la salvedad en caso de cumplimiento de la resolución por parte de la ASSUS, cuando se trata de derechos a la vida y atención de grupos prioritarios como ocurre en el caso presente; asimismo, cursaron una nota al Alcalde del municipio de Tarvita, donde retiran la aceptación de forma de pago de las asignaciones familiares; además, señalan que estos derechos serian imprescriptibles conforme los arts. 48 inc. 3 y 4; y, 60 de la CPE, arguyendo que la entidad empleadora tendría la intención de hacer incurrir en error, prorrogando para cuatro años lo que debía ser cumplido dentro el primer año, atentado contra seguridad social, igualdad, alimentación, salud, maternidad segura y el principio de interés superior del niño, niña y adolescente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Santos Simón Vicente Corma, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarvita del Departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito de 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 177 a 178 vta., expresó que: a) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que no agotó los medios recursivos idóneos en contra de la resolución que le ocasionaría agravios, además que debió interponer la acción de amparo constitucional en el momento que cumplió los 5 meses de gestación; es decir, en enero de 2017; b) Existe actos consentidos por la parte accionante, ya que se llegó a un acuerdo entre la entidad empleadora (GAM de Tarvita), misma que refirió, que como ex funcionaria de la institución, conocería la crisis que atraviesa, dando así una respuesta positiva a través de una carta de aceptación del acuerdo registrado; c) Además, que recién acudió a la ASSUS en la gestión 2021 -entidad creada por DS 3561 aprobada el 16 de mayo de 2018-, con el fin de hacer prevalecer sus derechos, ya que la entidad tiene como fin regular, controlar, supervisar y fiscalizar el seguro de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios consistentes en subsidios prenatal y de lactancia relativas a la maternidad, garantizando la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; y, d) El acuerdo fue cumplido por parte de la institución, ya que hasta la actualidad -el 9 de mayo de 2022- se ha depositado ante el SEDEM el pago en tres cuotas concepto de subsidio prenatal y lactancia, los cuales han sido recogidos, reiterando que la acción de amparo debió ser formulada a los 5 meses de gestación, es decir, desde mes de enero de 2017, por lo que se solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera de departamento de Chuquisaca, por Resolución 127/2022-S1 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 201 a 204, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Desde el 1 de julio de 2015 al 30 de abril de 2021, Leovid Barrientos Pérez -ahora impetrante de tutela-, desempeño funciones en el cargo de Responsable de Planificación y Presupuestos del Gobierno Autónomo Municipal GAM de Tarvita. En vigencia de esa relación laboral hizo conocer su estado de gestación al Alcalde de Tarvita, en la que la unidad de consulta externa del policlínico de la Caja Nacional de Salud, el 20 de enero de 2017 emitió el certificado de atención prenatal, firmando el empleador el control de pre natalidad hasta el momento del nacimiento de su hija mayor, respecto de quien se canceló en su integridad el subsidio pre natal de natalidad, quedando pendiente el subsidio de lactancia equivalente a doce meses; 2) La peticionante de tutela informó a su empleador el nacimiento de segunda hija el 22 de julio de 2019, quien autorizó el subsidio prenatal de acuerdo al certificado de atención prenatal; que, en relación a ella se habría otorgado el subsidio de natalidad equivalente a un salario mínimo nacional, asimismo, ante las reiteradas solicitudes a la entidad empleadora del pago de subsidio prenatal y lactancia pendientes, la Alcaldía, mediante nota CITE: M.A.E. GAMT 0029/2022, realizó una oferta de pago contraria a la CPE y las normas que regulan la seguridad social, constituyendo una decisión unilateral y una imposición sin considerar los principios normativos de estos programas de asistencia que el Estado otorga a las mujeres embarazadas y que son de carácter irrestricto; 3) No resulta coherente que se efectué el pago de subsidios en especie, pues debe ser entregado en efectivo, ya que por el lapso de tiempo transcurrido se erogaron gastos de alimentación, en atención que estos subsidios están dirigidos a reforzar y proteger el derecho de los menores lactantes -que este caso ya no lo son-; y, que conforme a lo precitado por el art. 3.3 del Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado por RM 1676 de 22 de enero de 2011, se prevé la compensación económica de las asignaciones, reiterando que el GAM de Tarvita no cumplió con el pago de subsidio de lactancia de su primera hija en su totalidad, de pre natalidad y lactancia respecto de su segunda hija, por lo que, se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales; 4) Establecido el problema jurídico planteado a través de esta acción de amparo constitucional, en sentido que el GAM de Tarvita, con acto administrativo definitivo de 14 de febrero de 2022 pretende prolongar el pago de los beneficios de primer orden hasta el año 2026, con pago directo al SEDEM, cuando por mandato de la CPE y el Reglamento de Asignaciones Familiares corresponde su pago en efectivo; por lo que, denuncian la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida, salud y alimentación en efectivo, siendo dichas asignaciones familiares retroactivas de 5 meses de subsidio prenatal y 12 meses de lactancia en relación a su hija menor y 12 meses de lactancia respecto de su hija mayor; 5) En relación a lo alegado por la parte demandada en sentido que los accionantes habrían incurrido en las causales de improcedencia de inmediatez y subsidiariedad, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha flexibilizado sobre el cumplimiento de estos principios, disponiendo que es posible su abstracción en los casos que estén involucrados derechos de mujeres gestantes o niños menores hasta un año de edad, por lo que, no concurren estas causales de improcedencia; y, 6) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a los actos consentidos señaló puntualmente que, frente a una probable lesión o restricción de un derecho fundamental o garantía, la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir ante dicha situación, ya sea reclamando el hecho ilegal y formulada las acciones pertinentes, o en su caso consentir el hecho o llegar a un acuerdo, como es el caso, con la persona o autoridad que afecta su derecho por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de acciones legales; se reitera que el consentimiento libre y expreso supone una acción voluntaria de la persona de someterse al acto que en su momento no lo objetó como vulnerador de derechos, tomando más bien una actitud pasiva frente a este supuesto acto vulnerador, donde no reclamo oportunamente, aceptando la oferta de pagos del GAM de Tarvita.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorándum G.A.M.T. 15/2015 de 1 de julio, correspondiente a Leovid Barrientos Pérez, de asignación de funciones al cargo de Responsable de Planificación y Presupuestos del GAM de Tarvita, suscrita por Reynaldo Cruz Villalba, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (fs. 5). II.2. Por Certificado de Trabajo, el entonces Alcalde del GAM de Tarvita del Departamento de Chuquisaca, refriere que Leovid Barrientos Pérez -ahora peticionante de tutela-, desempeño funciones públicas en dicho ente municipal, desde el 1 de julio de 2015 al 30 de abril de 2021 (fs. 7). II.3. Cursa certificados de nacimiento de las menores DEVB, nacida el 24 de mayo de 2017; y, de SVB con fecha de nacimiento el 22 de junio de 2019, hijas de la parte ahora impetrante de tutela (fs. 23 y 35). II.4. A través de Notas de 12 de abril y 30 de agosto, ambos de 2021, dirigida al ex Alcalde del GAM de Tarvita, Leovid Barrientos Pérez -ahora peticionante de tutela- entre otros funcionarios de la entidad municipal, solicitaron la compensación retroactiva del subsidio de lactancia, que debió ser regularizada desde las gestiones 2016 y 2018, ello en merito a la Constitución Política del Estado y Resolución Ministerial 1676 de 22 de noviembre del 2011, que aprueba el Reglamento de Asignaciones Familiares (fs. 12 a 13).

II.5. Mediante carta de 29 de noviembre de 2021, presentada ante la Responsable Departamental de la ASUSS de Chuquisaca, Leovid Barrientos Pérez -ahora accionante- denuncia el incumplimiento de los pagos de lactancia correspondiente a la gestión 2017 de su primera hija; y, el de lactancia pre y post natalidad de su segunda hija (fs. 14 y 18). II.6. Por Nota CITE: EXT/ASUSS/DGE/ORCBBA/ODCHUQ/0275/2021/E-ASUSS/2021-10839 de 1 de diciembre de 2021, la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) - Chuquisaca, conmina al GAM de Tarvita, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su notificación, realice el pago de los subsidios prenatal y de lactancia que le adeuda a Leovid Barrientos Pérez -ahora impetrante de tutela-, y que en contrario emitirán las notas de cargo con las multas correspondientes por la infracción (fs. 101 a 103). II.7. Consta Documento de Oferta de Pago signado CITE: M.A.E. GAMT 0029/2022 de 14 de febrero, suscrito por Santos Simón Vicente Corma, Alcalde del GAM de Tarvita del Departamento de Chuquisaca, dirigida a Leovid Barrientos Pérez -ahora accionante-, proponiendo el pago de las asignaciones familiares en un periodo de 5 años, pagando 6 meses cada gestión, concluyendo en la gestión 2026 donde se pagaría un concepto de 7 meses, haciendo un total de 31 meses (fs. 8 a 11). II.8. A través de Nota de 14 de marzo de 2022, dirigida al Alcalde del GAM de Tarvita, Leovid Barrientos Pérez -impetrante de tutela- acepta la modalidad de pago propuesto para las asignaciones familiares de lactancia (fs. 148). II.9. Por Carta Notarial de 30 de septiembre de 2022, dirigida a Santos Simón Vicente Corma, Alcalde del GAM de Tarvita, Leovid Barrientos Pérez -peticionante de tutela-, retira la aceptación de la forma de pago de las asignaciones familiares y pide cumplimiento de la norma suprema (fs. 183 a 184 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, seguridad social y al interés superior del niño, niña y adolescente; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde mayo de 2017, donde no se pagó el beneficio de subsidio de lactancia a la primera hija de 12 subsidios, tampoco se canceló el subsidio de pre natalidad por 5 meses y el subsidio de lactancia por 12 meses para la segunda hija; más al contrario, tras una decisión unilateral, haciendo una oferta de pago se impuso que dichos beneficios sean entregado en especie y en un plazo prolongado, sin considerar los principios normativos y la finalidad de las asignaciones familiares, que deben ser canceladas u otorgadas oportunamente; por ello solicita el pago de dichas asignaciones en efectivo, calculable en relación al salario mínimo nacional.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes temas: i) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; ii) De las asignaciones familiares: Subsidios devengados; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social

Sobre el particular, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia. En consonancia con ese precepto, el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y que los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; es así que, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles. Por otro lado, el derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, y por el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando señala que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XVI, establece que:

"Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". En ese marco, la jurisprudencia constitucional, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, expresando en la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, que:

“…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona”. Ahora bien, considerando que la acción de amparo constitucional, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez; por cuanto, el primero, implica que sólo es procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que franquea la ley, apareciendo esta acción como el único medio de defensa, para la protección inmediata del derecho o garantía; es decir que, no puede reemplazar a los medios o recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr la reparación de los derechos supuestamente vulnerados; y el segundo, que conforme al art. 129 de la CPE, implica que la acción de amparo constitucional busca resguardar de manera oportuna el derecho o la garantía y por eso su configuración procesal es sencilla y expedita para la protección inmediata del derecho; es posible establecer excepciones a dichos principios cuando la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del accionante. Así, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció que:

“…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable”. Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha determinado que dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a la vinculación que tiene con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad.

En esa línea, la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, estableció que el ejercicio del derecho a la seguridad social no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos fundamentales exigen, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección; agregando que, la seguridad social al ser un instrumento de justicia social, debe prevalecer a las formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez; concluyendo que por el contenido del derecho de acceso a la justicia previsto en el art. 115 de la CPE, existe la necesidad de protección del derecho a la seguridad social de manera efectiva, sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva; pues, no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales.

derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la 'institucionalidad judicial' por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales”.

En similar sentido, la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, manifestó lo siguiente: “El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”.

La jurisprudencia glosada, guarda coherencia con el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, partiendo de la distinción que efectúa la doctrina entre el derecho material, de fondo o sustantivo y el derecho formal, ritual o adjetivo; el primero, como su nombre lo indica, es sustancial pues consagra en abstracto los derechos; el segundo, establece la forma de la actividad jurisdiccional, cuya finalidad es la realización de tales derechos, es decir se traduce en un medio que tienen los integrantes de una determinada sociedad para lograr la efectiva tutela de sus derechos. De ahí, el derecho formal tiene una naturaleza instrumental y adjetiva frente al derecho sustancial.

En ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen el denominado “principio de prevalencia del derecho sustancial”, que se ha desarrollado ante la problemática emergente de la prevalencia de lo formal o lo material que tiene particular importancia en materia constitucional. Este principio ha tenido un profuso desarrollo en Colombia, donde se encuentra inclusive consagrado en el art. 228 de su Constitución Política, que al respecto estipula que: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial …”; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia C1512/00 de 8 de noviembre de 2000, ha precisado que: “…La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida”

De acuerdo a la doctrina este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento u inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia glosada, se debe señalar que: “Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional”.

El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha conocido como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en si mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

Luego, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, refiriéndose no solo a los principios de subsidiariedad sino también de inmediatez con la que debe ser interpuesta esta acción tutelar, sostuvo que:

“…si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, ante la protección de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible agotar los medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la impetrante y del ser en gestación o ya nacido, que es la vida, la salud y la seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas”. En tal sentido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, estableció que:

“Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (el resaltado es agregado). De lo que se concluye que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales -sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación-, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos.

III.2. De las asignaciones familiares: Subsidios devengados

Respecto a esta temática, con carácter previo es necesario remitirnos a la Constitución Política del Estado que en su art. 45, garantiza el acceso al derecho a la seguridad social para todas las bolivianas y bolivianos bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; haciendo especial mención, en el parágrafo III, respecto a la cobertura de atención por maternidad, paternidad y asignaciones familiares entre otras; y por otra parte, en el parágrafo V establece que:

“Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos). Así también, los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH [art. 22]), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVI), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC [art. 9]), reconocen el derecho a la seguridad social; así el art. 9 inc. 2) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", respecto a la cobertura de este derecho para personas que trabajan, expresa:

“Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto” (resaltado añadido). El Código de Seguridad Social -Ley de 14 de diciembre de 1956- en su art. 4 estableció que las asignaciones familiares comprenden: los subsidios, matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar; y, de sepelio, habiéndose agregado por Decreto Supremo (DS) 4677 de 29 de septiembre de 1957, el “Subsidio Pre-familiar”; definiéndose el término subsidio en el art. 13 inc. h) de dicha norma, como:

“Las prestaciones periódicas reconocidas a los asegurados en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, maternidad, accidente del trabajo y enfermedad profesional y las acordadas por el régimen de Asignaciones Familiares” (negrillas agregadas). Cabe señalar que le régimen de Asignaciones Familiares comprende el Título III del referido Código. Ahora bien, con la promulgación del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 modificado por el DS 2892 de 1 de septiembre de 2016, en su art. 25, se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado:

“a) Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad. b) Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c) Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. d) Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. Las Cajas de Salud serán las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones” (las negrillas son nuestras). A partir de ello, la SCP 0841/2006-R de 29 de agosto, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, ha manifestado que todo trabajador del sector público y privado tiene derecho a contar, entre otros aspectos, con las prestaciones de corto plazo como son las asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad y que la misma debe ser cumplida en forma obligatoria por el empleador, refiriendo que:

“En este marco normativo, se concluye que todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad”. En esa misma línea, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, en mérito a lo dispuesto por el art. 45.V de la CPE, precedentemente citado, ha señalado que el Estado es el ente obligado a resguardar las etapas de gestación, que comprenden el periodo prenatal y posnatal, para que se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal manera que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido:

“Bajo ese contexto, la igualdad contenida en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad se constituye en formal, al reconocer a todos los miembros de la sociedad en un plano de igualdad; empero, lo que se busca a través de su observancia en todos los ámbitos jurídicos, es su efectiva materialización, como sería el caso de mujeres embarazadas o madres de un niño o niña menor de un año, cuya situación respecto de los demás u otros sectores, por su especial condición, se encuentra en un plano desigual, dado que durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. Así entonces, la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citando el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, concluyó que al ser la seguridad social un derecho fundamental, por mandato constitucional, se garantiza el efectivo cumplimiento del pago de las asignaciones familiares, correspondiéndole al empleador, del sector público o privado, cumplir con dichas prestaciones; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales; esto, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-; en ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos.

2 En su F.J. III.2.3, señala que: “Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: “…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida".

Agregando la SC 0841/2006-R de 29 de agosto que: “…el Capítulo III del Código de Seguridad Social, referido a las cotizaciones, en su art. 215 y ss. sobre la obligación del empleador a cotizar a un ente gestor de salud, a efecto de que los trabajadores y sus beneficiarios por ley tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, prescribe lo siguiente: 'Todo empleador sujeto al campo de aplicación está obligado a presentar mensualmente a las Administraciones Regionales de la Caja doble ejemplar de sus planillas de cotizaciones a los regímenes contenidos en el presente Código, juntamente con la planilla de pagos directos de Asignaciones Familiares y de Subsidios de incapacidad temporal con su respectivo resumen. Estas planillas deberán ser entregadas en un plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente'”.

En este marco normativo, se concluye que todo trabajador del sector público o privado, tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada o como progenitor lo que ocurre en el presente caso, que cuenta con protección especial por la Constitución política del Estado y las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad”.

Ahora bien, bajo esa tesitura, también es necesario referirnos a la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, que aprueba el Reglamento de Asignaciones Familiares, estableciendo en su art. 1, como objeto del mismo:

“Normar y garantizar la otorgación de las Asignaciones Familiares a la población beneficiaría de manera oportuna y eficiente, contribuyendo al estado nutricional de la madre a partir del 5to mes de embarazo y del niño(a) en su primer año de vida, siendo los beneficiarios el trabajador(a), la esposa o cónyuge e hijos, con relación laboral directa e indirecta preservando su salud para vivir bien” (negrillas insertadas). A su vez, en el art. 3 de la misma normativa se define con precisión los tipos de subsidios y su forma de pago, señalando que:

“1. Asignaciones Familiares. Es un Régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad - sepelio), que son otorgados por los empleadores a las beneficiarias(os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes que regulan este beneficio en todo el territorio nacional. 2. Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a las beneficiarías, de una asignación mensual en productos alimenticios inocuos, no transgénicos con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente a un salario mínimo nacional. La duración del subsidio prenatal comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece al nacimiento de la(s) niña(s) o niño(s). 3. Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente a un salario mínimo nacional por cada hijo(a) durante sus primeros doce meses de vida. 4. Subsidio de Natalidad. Consiste en la otorgación a los beneficiarios (as), de una cancelación única en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hija(o). Para recibir este beneficio el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido al Ente Gestor, al que se encuentra asegurado, que le dará derecho al subsidio de natalidad. 5. Subsidio de Sepelio. Consiste en el pago a los beneficiarios(as) de un desembolso único en dinero, equivalente a un salario mínimo nacional, por el fallecimiento de cada hija(o) menor de 19 años. Para recibir este beneficio, la trabajadora o el trabajador debe acreditar éste derecho con la entrega de una fotocopia del Certificado de Defunción al empleador” (las negrillas son agregadas). Bajo ese marco, en el art. 9 de la RM 1676, se han establecido las obligaciones de los empleadores respecto al cumplimiento de las asignaciones familiares entre las cuales están, la de depositar mensualmente a la distribuidora un monto equivalente a un salario mínimo nacional, destinado a cubrir la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia; y, el de realizar el pago en dinero por concepto de natalidad y/o sepelio que serán otorgadas directamente por el empleador a la beneficiaria(o). Por otra parte, también la misma norma ha previsto casos particulares respecto a estas asignaciones familiares, tal es el caso de la cesantía del trabajador (art. 16) y la compensación retroactiva (art. 19) refiriendo respecto del primero que si el trabajador o trabajadora quedase cesante por voluntad propia continuará recibiendo las asignaciones familiares por dos meses más y en caso de despidos deberá acudir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y, en cuanto al segundo caso, respecto de la compensación retroactiva, establece los siguientes casos:

“1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivos los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna. 2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional”. A su vez, la normativa mencionada establece en su art. 21.1 inc. a) como una de las prohibiciones para los empleadores, el de otorgar a los beneficiarios el subsidio prenatal y lactancia en dinero; y en el numeral 2 inc. a) prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero. En ese entrever, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) aprobó el Reglamento para la Distribución de los Subsidios, cuyo objeto, establecido en el art. 1, es:

“…regular la distribución de los paquetes de los subsidios a la población beneficiaria de manera oportuna y eficiente a través de los distintos canales de distribución (Directo, Horizontal y Vertical)”. Así, el art. 28 de este Reglamento, consolida como un derecho del beneficiario de los subsidios prenatal y de lactancia el de recibir los productos de manera oportuna y puntual. En esta normativa, en cuanto a las obligaciones de las y los beneficiarios, desarrolladas por el art. 27, establece en su inc. e) que se debe:

“Recoger el paquete el subsidio prenatal y de lactancia en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario, contabilizados a partir del día hábil siguiente a la facturación al empleador efectuada por el SEDEM”. Es decir que las boletas entregadas por el empleador para el recojo del subsidio tienen una vigencia de seis meses a partir de la presentación de la planilla mensual que se efectiviza hasta el décimo día de cada mes, conforme establece el art. 26 inc. h) del citado Reglamento.

Aquí también existe la previsión de los “Paquetes Retroactivos” que establece que:

“Cuando se generen paquetes retroactivos del Subsidio Prenatal y de Lactancia, el SEDEM habilitará en el Sistema de Distribución de Subsidios el valor retroactivo para que los empleadores consoliden y procedan el pago para su posterior facturación”. Bajo todas las consideraciones expuestas, corresponde referirnos a la temática puntual de referencia relativa a los subsidios devengados y a la forma de pago de estos con relación a la oportunidad en la cual se deben hacer efectivos. Para ello, primero debemos determinar qué se entiende por el término “oportuno (a)” a efectos de la entrega de un beneficio; en ese entrever, tenemos que el diccionario de la Real Academia Española define el referido término como lo “que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene”, así también entre otras, un concepto más preciso establece que:

“El adjetivo oportuno, procede del latín “opportunus”, integrado el término por “ob” en el sentido de “frente a” y por “portus” que se traduce como “puerto”, en referencia a que se ha llegado al puerto adecuado en el momento indicado. Es que lo oportuno es aquello que acontece en el momento favorable y adecuado, cuando las circunstancias distan de ser adversas, sino por el contrario son las propicias para los resultados esperados. Lo contrario es lo inoportuno”. En esa idea, cuando nos referimos al tiempo oportuno o a una manera oportuna estamos implicando que algo sucede o se realiza en circunstancias o un momento bueno para producir el efecto deseado o favorable para un fin determinado; es decir, que en el caso de los subsidios -prenatal y de lactancia- lo oportuno está implícitamente ligado a la finalidad de la entrega del beneficio, es decir el objetivo que tiene, de proporcionar tanto a la madre como al recién nacido, alimentos con los nutrientes necesarios para un normal desarrollo. Bajo ese parámetro conceptual, en el caso de los subsidios, especialmente el pre natal, de natalidad y lactancia, la normativa antes desarrollada ha establecido que estos deben ser entregados al trabajador de forma oportuna, entonces en la lógica, quiere decir que, estos deben ser entregados en un lapso de tiempo que permita cumplir el fin para el cual están destinados, que en este caso es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, lo cual permite inferir que las asignaciones familiares de subsidio prenatal, natal y de lactancia pueden y deben pagarse hasta ese momento, es decir hasta que el menor nacido cumpla su primer año, siendo este pago de cumplimiento estrictamente obligatorio dada la naturaleza del derecho a la seguridad social. Ahora bien, en aquellos casos en los que no fue cumplida la obligación del pago de los subsidios -llámese pre natal, de natalidad y/o lactancia-independientemente del motivo; es necesario establecer si es posible su otorgación en dinero, al haberse incumplido con la oportunidad en el tiempo. A este respecto, la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, dentro de un caso, en el que el accionante demandó el pago de subsidios devengados dos meses después de que su hijo cumplió un año y sea en dinero, razonó lo siguiente:

“…la otorgación de las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata de la seguridad social que está relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio del interés superior del niño y niña, de manera que el subsidio prenatal se cumple con la entrega de una asignación mensual a los beneficiarios consistente en productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la madre gestante, equivalente a un salario mínimo nacional, siendo la duración del mismo de carácter temporal, el cual comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de nacimiento de la niña o niño; el subsidio de natalidad que consiste en el pago de un salario mínimo nacional por nacimiento de cada hija o hijo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas. En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero” (las negrillas y el subrayado son agregados).

En similar sentido, la SCP0763/2021-S3 de 15 de octubre, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte accionada proceda a la cancelación en dinero de la asignación familiar de lactancia por doce meses en virtud a que la parte demandada, no cumplió con la asignación familiar de lactancia, la cual al encontrarse vencida debe ser reconocida de manera monetaria al haber perdido -gracias a su incumplimiento- con la finalidad que tiene de proporcionar tanto a la madre como al recién nacido de los nutrientes necesarios para un normal desarrollo. Por otro lado, la SCP 1027/2019-S1 de 21 de octubre entre otras, en un caso en el que se exigía el pago de subsidios devengados, que no fueron pagados de forma oportuna, y se pedía que los mismos sean efectivos en dinero, se concedió la tutela; empero, razonando que:

“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable. Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, por cuanto su hijo nació el 15 de agosto de 2018, habiendo ejercido las funciones de Asistente Administrativa III en la UABJB, desde el 2 de abril de 2014, hasta el momento de su retiro voluntario, efectivizado el 14 de marzo de 2019; en ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses 5 De acuerdo al objeto de la presente acción de defensa, el impetrante de tutela pretende que se le reconozca el subsidio de lactancia, el cual no habría sido percibido por el lapso que debió ser cubierto por la parte empleadora; es decir, por doce meses, lo cual fue reconocido por las autoridades accionadas en sus informes presentados a consecuencia de la presente acción de defensa y ratificados en audiencia pública virtual; así, al encontrarse el subsidio de lactancia vencido, este debe ser cumplido tal como lo determinó el art. 19.1 del Reglamento de Asignaciones Familiares, que establece en la parte pertinente que la compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna.

Ahora bien, en cuanto a que la asignación familiar de lactancia deba ser reconocida en especie o en dinero, la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, ya estableció el lineamiento jurisprudencial a ser aplicado en casos análogos, al indicar que: “… la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero” (las negrillas fueron añadidas).

Conforme al lineamiento jurisprudencial, en el caso de examen, se evidencia que la ahora entidad accionada a través de sus autoridades, no cumplió con la asignación familiar de lactancia reconocida al hoy peticionante de tutela, la cual al encontrarse vencida debe ser reconocida de manera monetaria al haber perdido -gracias a su incumplimiento- con la finalidad que tiene de proporcionar tanto a la madre como al recién nacido de los nutrientes necesarios para un normal desarrollo; consecuentemente y en base a los fundamentos descritos precedentemente, corresponde otorgar la tutela solicitada, debiendo la entidad accionada proceder al pago del subsidio de lactancia por el periodo de doce meses, el cual debe ser cumplido de manera monetaria por haberse desconocido los derechos invocados en la presente acción de defensa.

correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’”. Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido- en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio. Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, seguridad social y al interés superior del niño, niña y adolescente; toda vez que, la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares desde mayo de 2017, donde no se pagó el beneficio de subsidio de lactancia a la primera hija de 12 subsidios, tampoco se canceló el subsidio de pre natalidad por 5 meses y el subsidio de lactancia por 12 meses para la segunda hija; más al contrario, tras una decisión unilateral, haciendo una oferta de pago se impuso que dichos beneficios sean entregado en especie y en un plazo prolongado, sin considerar los principios normativos y la finalidad de las asignaciones familiares, que deben ser canceladas u otorgadas oportunamente; por ello solicita el pago de dichas asignaciones en efectivo, calculable en relación al salario mínimo nacional.

Con carácter previo a analizar la problemática traída a esta instancia constitucional, corresponde considerar que la presente acción de defensa fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales; en ese contexto, estando inmiscuidos derechos a la vida, a la salud y a la alimentación corresponde superar la barrera de la subsidiariedad; a ese efecto, como sustento constitucional debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que de forma clara precisó que, si bien la acción de amparo constitucional se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales -sean del Régimen de Asignaciones Familiares o de jubilación-, no pueden estar supeditados al agotamiento de medios de impugnación existentes, considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se aperture el ámbito de protección de esta acción de defensa, evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos.

Ahora bien, establecida íntegramente la problemática, corresponde analizar, si tales denuncias son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal constitucional realizada anteriormente; en ese entendido, es correcto efectuar una contrastación de los antecedentes, y conforme a los datos consignados en la parte conclusiva del presente fallo constitucional; se tiene que, Leovid Barrientos Pérez -ahora impetrante de tutela-, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 presto sus servicios como funcionaria del GAM de Tarvita del departamento de Chuquisaca; durante esa relación laboral nacieron su dos hijas, la primera el 24 de mayo de 2017 y la segunda el 22 de junio de 2019; es así que, la citada peticionante de tutela junto a otros funcionarios, por notas de 9 de abril y 26 de agosto, ambos de 2021, solicitaron a la autoridad Edil, la compensación retroactiva del subsidio de lactancia, ya que su pago o asignación había sido incumplido, señalando que el mismo debía regularizarse desde la gestión 2016 y 2018; asimismo, y ante la falta de atención de dichas solicitudes, la señalada accionante, por notas de 26 de noviembre de 2021, denunció ante la ASUSS de Chuquisaca, el incumplimiento del pago de las asignaciones familiares correspondientes a sus hijas por parte del Alcalde del municipio de Tarvita; razón por la que, dicha instancia emitió la nota CITE:EXT/ASUSS/DGE/ORCBBA/ODCHUQ/0275/2021/E-ASUSS/2021-10839 de 1 de diciembre de 2021, conminando al GAM de Tarvita, para que en el plazo de diez días a partir de su notificación realice el pago de los subsidios prenatal y de lactancia adeudada a la impetrante de tutela, caso contrario emitirían las notas de cargo con las multas correspondientes por la infracción; en esas circunstancias, se tiene que, la entidad edil ahora demandada, a través de CITE: M.A.E. GAMT 0029/2022 de 14 de febrero, dirigida a la ahora peticionante de tutela, le propuso una oferta de pago a 5 años plazo por los 31 meses adeudados, referidos al subsidio prenatal y lactancia de sus dos hijas, concluyendo el mismo el 2026, misma que fue aceptada por la citada a través de nota de 14 de marzo de 2022 (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8).

Establecidos los antecedentes, y siendo que la parte accionante a través de esta acción de defensa denuncia la vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social y al interés superior del niño, niña y adolescente, señalando que su empleador no cumplió con la otorgación ni el pago de las asignaciones familiares que le corresponden respecto a sus dos hijas, consistentes en un subsidio prenatal y lactancia; afirmaciones que fueron reconocidas por la entidad demandada mediante el informe de 1 de septiembre de 2021 emitido por el Alcalde del GAM de Tarvita, presentado en emergencia de la presente acción de amparo constitucional, quien afirmó que, el no pago de dichas asignaciones familiares data desde el 2017, empero, que dicho incumplimiento era responsabilidad de la anterior gestión, puesto que su persona era una autoridad entrante; no obstante, y con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la madre impetrante de tutela, acudió a las oficinas de la ASUSS, donde con la prenombrada habrían llegado a un acuerdo para el pago de las asignaciones familiares adeudadas.

Ahora bien, teniendo en cuenta esos antecedentes, corresponde precisar en virtud al precedente jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que, corresponde al empleador del sector público o privado cumplir con la prestación de las asignaciones familiares respectivas, consistentes en subsidios prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. En tal sentido, la otorgación de las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, toda vez que, se trata de la seguridad social que está relacionada al ejercicio de los derechos a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, de manera que el subsidio de prenatalidad que consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas. Bajo esos entendimientos y conforme se tiene verificado de las conclusiones del presente fallo constitucional, es evidente la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor de las hijas de la accionante que le correspondían en su condición de funcionaria y madre progenitora del GAM de Tarvita, tomando en cuenta que dicha prestación es un derecho irrenunciable y no obstante, que la entidad municipal demandada alegando que estarían haciéndose cargo de una nueva gestión, y que se llegó a una conciliación de pago aceptada por la misma peticionante de tutela, pretendieron cumplir dicho pago estableciendo una oferta de pago a largo plazo (5 años), la misma no condice con el fin que persigue la protección del derecho a la seguridad social en cuanto a las prestaciones del Régimen de asignaciones familiares como los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, mismos que como se dijo, son derechos irrenunciables y no admiten pacto en contrario, los cuales se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente de su hijo o hija; más aún cuando de la Conclusión II.9 del presente fallo constitucional, la madre accionante mostro su desacuerdo con la inicial aceptación -oferta de pago-; en tal sentido, y siendo el fin precautelar el interés superior de los niños, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y más aún en los primeros años de vida, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-; es deber del empleador acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, lo cual permitirá la materialización del derecho a la seguridad social para este sector, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; lo contrario implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas, y como se dijo son de cumplimiento obligatorio e inmediato para el empleador, dada la finalidad de los mismos. Consecuentemente, este incumplimiento e inobservancia por parte de la autoridad demandada, vulneró los derechos constitucionales invocados por la madre impetrante de tutela, dado que era una responsabilidad institucional; por ello, se hace viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado e incumpliendo su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, las hijas de la peticionante de tutela ya hubiesen cumplido, la primera 4 años -24 de mayo de 2021- y la segunda 2 años -22 de junio de 2021-, conforme se tiene de los certificados de nacimiento presentado por la citada madre accionante en esta acción tutelar (Conclusión II.3), de la cual, su objeto es el pago de los subsidios devengados en dinero, misma que fue interpuesta el 8 de agosto de 2021, es decir después que las menores cumplieron el año de vida. En consecuencia, corresponde disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero, correspondiente a los meses adeudados del subsidio de lactancia de la primera hija y del subsidio de prenatalidad y lactancia de la segunda hija, descontando los que ya hubiere cobrado o recogido la madre impetrante de tutela; esto conforme a la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se establece la posibilidad de la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, ya que, se reitera, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido- en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resulta ya inoportuno, desactualizado y no cumple la finalidad específica del subsidio; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada en favor de la parte accionante, respecto al subsidio de prenatalidad y lactancia que no fueron otorgados en su oportunidad. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 127/2022-S1 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, respecto a la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y al interés superior del niño; 2° Disponer se proceda al pago y/o entrega de las asignaciones familiares devengadas, respecto a la primera hija de la madre accionante: consistentes en el pago de 5 meses de subsidio prenatal y 12 meses del subsidio de lactancia en dinero efectivo; y, en cuanto a la segunda hija: el pago de 12 meses de subsidio lactancia, correspondiendo su cancelación en dinero efectivo; todo ello descontando los pagos previos que ya hubiere recibido la citada impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su F.J. III.3. señala que: …la SC 1138/2004-R de 21 de julio, sostuvo: “…el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art.1.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del

3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es> [20.04.2022].

4 Disponible en la pág. https://deconceptos.com/general/oportuno

6 R.M. 1676 de 22 de noviembre de 201; REGLAMENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES, art. 3.3 Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional; equivalente a un salario mínimo nacional por cada hijo (a) durante sus primeros doce meses de vida.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0169_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2662f91127c9f7d3537b25e812c72d52f2f8b1cb8a1578f8249f5df874fcb130

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