B.IA.LEGAL

SCP 0168/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de marzo de 2025

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53654-2023-108-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de defensa, presunción de inocencia y juez natural, en razón a que: a) La Resolución de Directorio 02/2022 de 6 de mayo, no tiene fuerza legal, debido a que la FBB no cuenta con personería jurídica, puesto que el DS de 10 de julio de 1939, en ninguno de sus cuatro artículos reconoce la personería jurídica de dicha entidad; b) La Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitida por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, resulta ilegal, al habérsela dictado vulnerando el derecho al debido proceso, al tramitarse el proceso y sancionarlo con una normativa distinta a la contenida en los Estatutos y Reglamentos de la Federación Boliviana de Basquetbol, debido a que ésta no cuenta con personería jurídica, pues dicha personería pertenece a la Federación Boliviana de Basket-Ball, y esta última no tiene reglamentos ni estatutos; y, c) El 10 y 30 de agosto de 2022, solicitó se le entregue los documentos, con la finalidad de asumir defensa dentro del proceso al que fue sometido injustamente, sin recibir respuesta alguna; por lo que, se vio obligado a interponer otra acción de amparo constitucional para obtener dicha documentación, entregándole lo solicitado el 23 de septiembre de ese año, constatando a través de ella la falta de fundamentación e incongruencia de las resoluciones emitidas, tanto por el Directorio de la FBB, como por el Tribunal de Penas de esa Federación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de co…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 259 a 266 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° ANULAR obrados hasta el acta de audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que de forma inmediata el Presidente de la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, en observancia del art. 7.V literal d. de la Ley 1104, convoque al Vocal de la Sala Constitucional siguiente en número a los fines de dirimir la controversia y conformar el quorum requerido para la validez y eficacia de la resolución a emitirse, previa exigencia de la devolución de la Orden Instruida que acredite la citación al demandado Gilver Saúl Villarroel Valencia, y en caso de existir nuevos Vocales designados, sean éstos quienes de forma inmediata convoquen a nueva audiencia para resolver la problemática planteada y de persistir la disidencia de uno de ellos, observen el procedimiento establecido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Nulidad procesal por falta de número de votos para dictar resolución en las Salas Constitucionales
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2025-S1 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53654-2023-108-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 006/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 259 a 266 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Velásquez Montoya contra Juan Luis Coronado Deranja, Presidente y Gilver Saúl Villarroel Valencia, Secretario General, ambos de la Federación Boliviana de Basquetbol (FBB); Ronald Nardo Montero Ruiz, Presidente; Shara Cristina Medina Tarifa, Vice Presidenta; Raúl Félix Wilde Lema Reyes, Secretario; y, Enrique Casanova Salinas, Vocal, todos del Tribunal de Penas de la citada Federación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 23 y 30 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 102 a 114 y 150 a 151, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de abril de 2021, por efecto de la convocatoria “CONGRESO ORDINARIO GESTION 2020-21” el Directorio de la FBB” convocó a los Presidentes de Asociaciones Municipales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Sucre, Beni, Potosí, Bermejo, Villazón, Tupiza, El Alto, Quillacollo, Montero, Camiri, Villamontes, Llallagua, Huanuni, Viacha, Uncía, Yacuiba, Entre Ríos, y Sacaba; Presidentes de “CONABB”, “ATEBO”, “ANABB”, “ANEBB”, “MAXIBASQUET”; Presidentes y miembros de la Comisión Técnica de la “F.B.B.” y Presidentes de Asociaciones Departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Beni, con el asunto de la convocatoria al Congreso Federativo Ordinario en sede Cochabamba, cuyo orden del día en su numeral 8, señalaba: “Elección del directorio gestión 2021-2025” (sic). El 1 de mayo de 2021, se realizó el “CONGRESO ORDINARIO GESTION 2020-21” en el que se eligió y posesionó al nuevo Directorio, siendo elegido Juan Luis Coronado Deranja, Presidente de la FBB -ahora demandado- y su persona como segundo Vicepresidente de la referida Federación. A principios de junio de 2021, el ahora demandado le entregó el libro de actas para que su persona pueda hacer notariar el mismo, además de elaborar el poder de representación para el precitado Presidente de la FBB, con la finalidad de realizar diferentes actuaciones en beneficio de la institución; sin embargo, la “Notaria de Fe Pública”, le indicó que no puede entregarle dicho documento, debido a que la indicada institución no cuenta con el correspondiente certificado de personería jurídica, reglamentos y estatutos vigentes. A fines de junio de 2021, comenzaron las discrepancias con el Presidente de la FBB por su carácter arrogante y autoritario, por querer implementar un plan estratégico sin consulta alguna a las Asociaciones del país, la restructuración de la Liga Boliviana de Basquetbol (LiboBásquet) para que se convierta en profesional y se cree una división de ascenso, la convocatoria a un “campus” con un costo de Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos) por persona, para jóvenes sub-18, con el propósito de conformar la selección nacional en esa categoría, entre otros temas controvertidos. Por efecto de estas discrepancias tanto el Presidente, el Secretario General, el Tesorero, el Vocal Primero y el Vocal Segundo, sacaron una propuesta de estatuto y reglamento con el fin que sean aprobados en el Congreso de 18 de febrero de 2022, aspecto que ocurrió a pesar de las diferentes observaciones realizadas por su persona, entre ellas, que el acta de convocatoria al Congreso lleva el nombre de Federación Boliviana de “Basket ball” aparentemente fundada el 9 de febrero de 1936, a pesar que todo el trabajo previo así como los estatutos y reglamentos se menciona a la Federación Boliviana de Basquetbol. En marzo de 2022, tuvo una discusión con el Presidente de la FBB y los clubes de la Libobásquet porque dichos clubes consolidan un patrocinio de sponsor televisivo que compró los derechos deportivos de transmisión de la liga. Luego de varios intentos de reunirse con el Presidente de la Federación, los clubes de la liga deciden no jugar la Libobásquet y por el contrario, determinan crear la liga nacional que sería administrado por ellos, decisión que fue apoyada por su persona en conferencia de prensa como opinión personal y no como Vicepresidente de la Federación Boliviana de Basquetbol. El 6 de mayo de 2022, se emite la Resolución de Directorio 02/2022, a través de la cual ordenan: a) Remitir todos los antecedentes y documentos de cargo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Boliviana de Basquetbol, para su procesamiento y sanción correspondiente, dentro del marco del debido proceso; y, b) Solicitar con carácter de urgencia las suspensión de sus funciones como segundo Vicepresidente de la Federación Boliviana de Basquetbol a su persona hasta la sustanciación del proceso, por supuestas transgresiones muy graves al estatuto y reglamentos, usurpación de funciones y representación de la FBB, por manifestaciones contrarias a las disposiciones del Directorio conforme los arts. 11, 12, y 21 del “Reglamento General”, e incurrir en una manifiesta desobediencia a los Reglamentos y Estatuto, falta de respeto y rebeldía a las disposiciones de Directorio. El 17 de mayo de 2022, el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, vía correo electrónico, le notificó con la decisión de iniciarle un proceso por efecto de la Resolución de Directorio 02/2022 de 6 de mayo, además de recibir también la comunicación de la suspensión del cargo de segundo Vicepresidente de esa Federación. El 18 de mayo de 2022, conjuntamente con Miguel Ángel Aliaga Daza, enviaron una carta a Juan Luis Coronado Deranja, Presidente de la FBB y a Gilver Saúl Villarroel Valencia, Vicepresidente de la misma, haciendo referencia a la comunicación de procesamiento, rechazando la Resolución de Directorio 02/2022 por falta de fuerza legal, debido a que la Federación Boliviana de Basquetbol no cuenta con personería jurídica, puesto que el Decreto Supremo (DS) de 10 de julio de 1939, en ninguno de sus cuatro artículos reconoce la personería jurídica de dicha institución, de igual manera rechazaron la decisión adoptada por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol. El 23 de junio de 2023, fue notificado con la Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitida por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, a través de la cual se determinan ser ciertos los hechos denunciados contra su persona y de Miguel Ángel Aliaga Daza, por infringir los arts. 14, 15 y 18 del Estatuto de la Federación Boliviana de Básquet; y, 106 y 109 del Reglamento General, disponiendo la suspensión definitiva al cargo de segundo Vicepresidente de la Federación Boliviana de Basquetbol, con la pérdida de derechos federativos como dirigente y Presidente de la Asociación Departamental de Basquetbol de Potosí. Resolución que fue emitida de forma ilegal, pues no existió un debido proceso, al tramitar el proceso con reglamentos y estatutos totalmente diferentes; pues, por un lado señalan “ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACION BOLIVIANA DE BASQUETBOL” y por otro, el Tribunal de Penas los menciona como “REGLAMENTOS DE LA FEDERACION DE BASQUET”, razón por la cual, reiteradas veces solicitó se le entregue los documentos requeridos (10 y 30 de agosto de 2022), con la finalidad de asumir defensa dentro del proceso que injustamente fue sometido, sin recibir respuesta alguna, por lo que, se vio obligado a plantear una acción de amparo constitucional para conseguir dicha documentación, obteniendo la misma el 23 de septiembre de 2022, a través de la cual pudo evidenciar la falta de fundamentación y la incongruencia de las resoluciones emitidas tanto por el Directorio de la FBB como por el Tribunal de Penas de esa Federación, al haberle sancionado con una normativa distinta a la contenida en los Estatutos de la Federación Boliviana de Basquetbol, con normativa ilegal, ya que esa institución no cuenta con personería jurídica, pues la misma pertenece a la Federación Boliviana de Basket-Ball, y esta última no cuenta con reglamentos o estatutos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de defensa, presunción de inocencia y juez natural, citando al efecto los arts. 24, 115.II, 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Anular la Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitido por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol; y, 2) Se ordene la restitución de su persona como segundo Vicepresidente de la indicada Federación y Presidente de la Asociación Departamental de Basquetbol de Potosí.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 243 a 258 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró el contenido de la acción tutelar, y haciendo uso de la palabra señaló que: i) Tiene una trayectoria de veintinueve años como jugador de basquetbol y como dirigente deportivo; ii) Las selecciones se las saca de los torneos nacionales no de un “campus” pagado, desde ahí comenzaron las diferencias con el Presidente de la Federación Boliviana de Basquetbol; iii) Se enteró por comentarios que el propósito de la actitud del mencionado Presidente de la Federación era destruir lo que se había construido en Potosí; y, iv) El campeonato que llevó adelante el mencionado Presidente, no fue tan exitoso como los anteriores y la Liga Nacional a la que apoyó está compuesta por clubes con mérito deportivo, lo que no ocurre con la liga que se formó el pasado año; y, v) Cree que su posesión se sigue manteniendo al ser un deportista consumado y no puede permitir el favoritismo, como se quería hacer con el Club La Salle de Tarija para que salga campeón. Respondiendo a las preguntas del Vocal Constitucional señaló que: a) La Federación Boliviana de Basket-Ball nace por “los años 30”, pero no se tiene certeza ya que en la Gaceta Oficial no se tiene ese dato; b) No tiene evidencia en qué momento la Asociación de Basquetbol se cambió a Basket-Ball; c) No existe documentación que acredite el registro de la FBB en el Ministerio de Autonomías ni en el Ministerio de “Deportes”; d) A través de una documentación de 2014 se intentó regularizar el nombre de Basquetbol; y, e) Su persona y el resto del directorio fueron elegidos con el estatuto de 2014. Con la palabra el abogado de la parte accionante indicó que: 1) De acuerdo a la fotocopia legalizada que les entregó el Presidente de la FBB, señala que se aprueban los Estatutos de la Federación Boliviana de Basket-Ball, supuestamente en 1939; 2) De acuerdo a lo informado por el Director de la Gaceta Oficial, la Federación Boliviana de Basquetbol no tiene personería jurídica; 3) La documentación respecto al estatuto y reglamento de Basket-Ball les entregaron horas antes de llevarse a cabo la audiencia de la anterior amparo constitucional; 4) La convocatoria para ser elegido como directivo señala Federación Boliviana de Basquetbol y no dice Basket-Ball, tampoco existe un registro como Federación de Basquetbol; 5) Existen dos reglamentos; 6) Evidentemente recibió una notificación por correo el 22 de septiembre de 2022 y el “amparo” entiende que fue el “23”; y, 7) La Resolución 03/2022 es consecuencia de la Resolución de Directorio 02/2022.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Luis Coronado Deranja, Presidente de la Federación de Basquetbol; y, Ronald Nardo Montero Ruiz, Presidente; Shara Cristina Medina Tarifa, Vice Presidenta; Raúl Félix Wilde Lema Reyes, Secretario; y, Enrique Casanova Salinas, Vocal, todos del Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, a través de su apoderado, en audiencia, señalaron que: i) La Resolución de Directorio 02/2022, fue notificada a la parte accionante el 19 de mayo de 2022, haciéndole conocer que se le está iniciando un proceso administrativo, ahora bien, haciendo el cómputo correspondiente, el plazo de los seis meses para interponer la presente acción tutelar ha vencido el 19 de noviembre de 2022; empero, la misma fue interpuesta el 23 de diciembre de igual año, es decir, fuera del plazo de caducidad establecido; ii) Respecto a la Resolución 03/2022, el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que, no procede la acción de amparo constitucional contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, el cual no haya sido interpuesto en el momento procesal oportuno, en ese sentido, el 22 de septiembre de 2022, se le notificó al accionante con la referida resolución vía correo electrónico, haciendo conocer que si no está de acuerdo puede recurrir al próximo Congreso, tal como lo establece el art. 25 del Reglamento General de esa Federación, al no haberlo hecho incumplió el principio de subsidiariedad al no dar oportunidad de que las autoridades administrativas se pronuncien sobre el particular; iii) En cuanto al derecho a la defensa, se le notificó al accionante con el inicio del proceso, con el propósito que asuma defensa, plantee excepciones o incidentes, ofrezca pruebas etc., para que observe los aspectos que en la presente acción tutelar los está cuestionando; sin embargo, nunca se presentó al proceso, lo que evidencia que no se lo dejó en indefensión, peor aún, si después de la notificación dejan transcurrir seis meses para interponer la presente acción tutelar; iv) La acción de amparo constitucional fue interpuesta por el accionante para obtener documentación, la cual fue denegada en la jurisdicción constitucional; v) En cuanto a la vulneración de derechos del juez natural y el principio de legalidad, los términos son muy genéricos para que ameriten una respuesta; vi) En cuanto a la presunción de inocencia, si el accionante consideraba que era inocente debió presentarse al proceso para acusar de que se está actuando indebidamente o arbitrariamente; sin embargo, no lo hizo, no ofreció un solo elemento probatorio, entonces mal puede pretenderse se revisen actos que ya fueron dilucidados; vii) La Federación Boliviana tiene una personería desde 1939, por ello, funciona a través de sus reglamentos, estatuto y normativa correspondiente, y con base a estos documentos se eligió al nuevo Directorio el 1 de mayo de 2021, Directorio del que formaba parte el accionante; y, viii) Si el demandante de tutela cuestiona la personería de la FBB, el mismo está desconociendo su elección como segundo Vicepresidente; y, ix) De acuerdo a la certificación adjunta el Ministerio de Autonomías certifica sobre la personería otorgando un plazo de validez, razón por la cual la Federación tiene validez mientras no exista una resolución que declare su inconstitucionalidad. Con base a estos argumentos, solicita se deniegue la tutela impetrada. Respondiendo a las preguntas del Vocal Constitucional, indicó que: a) De acuerdo al Código Procesal Constitucional se tienen seis meses para interponer la acción de amparo constitucional y al impetrante de tutela se le notificó -se entiende con la Resolución de Directorio 02/2022- el 19 de mayo de 2022, y tenía plazo para presentar la acción de defensa hasta el 19 de noviembre de ese año; sin embargo, fue interpuesta el 23 de diciembre de dicho año, cuando ya había precluido su derecho; b) En cuanto a la subsidiariedad, con la Resolución 03/2022, le notifican el 22 de septiembre de 2022, y le dicen en el marco del art. 25 del Reglamento General que cualquier reclamo que tengan debe recurrir al próximo Congreso; c) Respecto a la normativa y los documentos, fueron enviados al correo del accionante antes de llevarse adelante la audiencia del anterior amparo constitucional planteado, razón por la cual le deniegan la tutela; d) El denominativo de “Basquetbol” no tiene personería, el que tiene es el Basket-Ball; empero, ante la instancia internacional se utilizan ambos denominativos; y, e) El accionante fue elegido con la personería de Basket-Ball. Gilver Saúl Villarroel Valencia, Secretario General de la FBB, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno -no consta citación alguna en el expediente-.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, por Resolución 006/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 259 a 266 vta., concedió en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso y el principio de legalidad y denegó en relación a la Resolución de Directorio 02/2022 y los demás derechos denunciados, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 03/2022; con base en los siguientes fundamentos: 1) No corresponde el análisis y consideración con relación a la Resolución de Directorio 02/2022, en el marco del principio de inmediatez; 2) En cuanto a la Resolución 03/2022, la misma está fundada en diferente normativa a la que hace mención, “empero de la revisión de la misma refiere por ejemplo al Estatuto de la Federación Boliviana de Basquetbol que en su Art. 31 determina: ‘El Tribunal Superior de disciplina deportiva debe conocer, fallar necesariamente todos los asuntos que le sean remitidos por el Director Ejecutivo a través del presidente ejecutivo’” (sic). En ese sentido, de la revisión de ese Estatuto, señalado en la Resolución 03/2022 en su art. 33 se puede evidenciar que el mismo refiere: “‘El directorio de la federación ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años…’; es decir no tiene relación con el argumento expuesto una vez mencionado el artículo al cual se pretende aplicar en esta resolución, también se encuentra otro aspecto el ‘Reglamento General de la Federación Boliviana de Basquetbol en su Art. 2º, tribunal superior de disciplina deportiva, sección 1 en su artículo (no se refiere al artículo) establece que es competencia del Tribunal Superior de disciplina deportiva resolver las infracciones cometidas en contra de los estatutos, reglamentos y las normas generales deportivas’. Ahora bien, si se está señalando un capítulo segundo como lo había referido la parte hoy accionante existen no solo un capítulo segundo dentro de esta normativa o este Reglamento General de la Federación Boliviana de Basquetbol, y también no se refiere a qué artículo es el que se está aplicando para poder observar a que capitulo se estaría refiriendo, apoyándose para realizar esta fundamentación legal dentro de esta resolución, es decir no se evidencia que exista la normativa o la fundamentación legal correspondiente dentro de la resolución es sí, pues la fundamentación legal no es precisa al momento de ser nombrada” (sic); 3) “…en la parte resolutiva de esta resolución que señala normativa contenida en el Art. 14, 15, 18 del Estatuto de la Federación Boliviana de Basquetbol, en su Art. 106, 119 de su Reglamento General, artículos 1 y 2 del Reglamento de campeones consagrados antes de ser dirigentes activos en aplicación del Art. 28 inciso a) núm. 3 del Reglamento del Tribunal de Penas, del Código de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol; referir que se ha revisado estos artículos antes de ingresar a esta audiencia y se puede evidenciar que los mismos refieren a otros antecedentes, no a lo que podría ser aplicado en la parte resolutiva de una resolución, además también se ha encontrado otros antecedentes, es decir se menciona diferentes artículos como son el Art. 116 del Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Basquetbol, se evidencia que en dicho estatuto orgánico no se tiene ese número de artículos, sino en ese estatuto únicamente se tiene 71 artículos, lo cual genera confusión” (sic); 4) Existe una fundamentación legal en la Resolución 03/2022 que no tiene relación con todo lo que se está exponiendo o motivando en dicha resolución, incluso existen artículos que no están dentro de la norma, lo que vulnera el derecho al debido proceso; 5) Se le consultó a la parte demandada cuál es la normativa que se aplicó en la Resolución 03/2022, quien señaló que se utilizaron diferentes normativas, referidas a la FBB y la Federación Boliviana de Basket-Ball, lo que vulnera el principio de legalidad, al corresponder según la parte accionante a dos distintas disciplinas; y, 6) Respecto a los otros derechos denunciados como vulnerados, no se evidencia la misma. En vía de complementación, el accionante a través de su abogado, solicitó a la Sala Constitucional que aclare respecto: i) Al voto emitido por el Vocal Constitucional Marcos Abel Miranda Castro, quien emitió su voto en sentido que se anule tanto la Resolución 03/2022 emitida por el Tribunal de Penas de la FBB como la Resolución de Directorio 02/2022; y, ii) A la restitución de sus derechos como Vicepresidente de la citada Federación y como Presidente de la Federación Departamental de “Basquet” -de Potosí-. Con la palabra el Vocal Constitucional Marcos Abel Miranda Castro señaló que: a) Mantener la Resolución de Directorio 02/2022, implicaría dar lugar a que se cumpla la última parte de la indicada resolución en la que se establece que “‘por estas acciones no pueda ejercer ninguna acción ya sea dirigencial o representativa en ningún estamento de la Federacion’” (sic), sugiriendo una especie de sanción, sin que se haya cumplido el procedimiento y dictado la correspondiente resolución, por esa razón en su voto sugirió se deje sin efecto ambas resoluciones; b) Restablecer sus derechos de la parte accionante más que una orden es un efecto propiamente de la determinación asumida; y, c) Su voto es porque se deje sin efecto ambas resoluciones. Al respecto, la Sala Constitucional mediante Auto emitido en audiencia, señaló que: 1) De acuerdo a la SCP 0225/2019-S4 de 16 de mayo, como Tribunal de garantías únicamente pueden ingresar al análisis de la última resolución, pues será esta resolución que modifique o corrija las resoluciones inferiores en caso de encontrar vulneraciones de derechos; 2) De acuerdo a lo señalado por las partes la Resolución de Directorio 02/2022, fue notificada a la parte accionante el 19 de mayo de 2022, y el plazo de seis meses se cumplió el 19 de noviembre de ese año; por lo que, no se puede ingresar a considerar dicha Resolución por el principio de inmediatez; 3) De los argumentos contenidos en la Resolución de Directorio 02/2022 no se establece que estuviera imponiendo una sanción contra el ahora impetrante de tutela; y, 4) Al dejarse sin efecto la Resolución 03/2023, se restablece al accionante al cargo que ejercía antes de ser sancionado con la indicada Resolución. Ante la pregunta del abogado de la parte accionante, respecto a la interpretación de la Resolución, que se aclare sobre la postura del Vocal Constitucional, en sentido que se dejen sin efecto ambas resoluciones y cuál sería la del Vocal Presidente. El Vocal Presidente, señaló que ya se hizo la correspondiente aclaración.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Directorio 02/2022 de 6 de mayo, por la que la FBB hace saber que David Velásquez Montoya -ahora accionante-, en reiteradas oportunidades habría realizado declaraciones contra las determinaciones del Directorio y de la misma Federación, de forma pública y por medios de comunicación masiva; y, que en un acto público durante una conferencia de prensa efectuada el 3 de mayo de 2022, en la ciudad de Potosí, hizo declaraciones ofensivas contra la mencionada Federación y su Directorio, alentando a la creación de una supuesta Liga Nacional, la cual sería irregular y atentatoria al Estatuto y los Reglamentos de la Federación, así como estamentos y los principios “FIBA”, Resolución que en su parte resolutiva dispuso remitir todos los antecedentes, y la documentación probatoria y de cargo a la Comisión Disciplinaria de la FBB, para su procesamiento y sanción correspondiente; y, solicitar con carácter de urgencia la suspensión de sus funciones como segundo Vicepresidente de la mencionada Federación hasta la conclusión del proceso (fs. 4 a 5). II.2. Consta Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitida por el Tribunal de Penas de la FBB, en cuya parte resolutiva, determina: i) Que el ahora impetrante de tutela junto con una tercera persona, infringieron y burlaron los principios y la normativa contenida en los arts. 14, 15, 18, del Estatuto de la citada Federación Boliviana de “Básquet”; 106 y 119 del Reglamento General; 1 y 2 del Reglamento de Campeonatos, con la agravante de ser dirigentes activos, en aplicación del art. 28 inc. a) núm. 3 del Reglamento del Tribunal Superior de Penas y del Código de Penas de la Federación Boliviana de “Básquet”; y, ii) La suspensión definitiva del ahora demandante de tutela, de los cargos de segundo Vicepresidente de la FBB y Presidente de la Asociación Departamental de Basquetbol de Potosí (fs. 6 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de defensa, presunción de inocencia y juez natural, en razón a que: a) La Resolución de Directorio 02/2022 de 6 de mayo, no tiene fuerza legal, debido a que la FBB no cuenta con personería jurídica, puesto que el DS de 10 de julio de 1939, en ninguno de sus cuatro artículos reconoce la personería jurídica de dicha entidad; b) La Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitida por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, resulta ilegal, al habérsela dictado vulnerando el derecho al debido proceso, al tramitarse el proceso y sancionarlo con una normativa distinta a la contenida en los Estatutos y Reglamentos de la Federación Boliviana de Basquetbol, debido a que ésta no cuenta con personería jurídica, pues dicha personería pertenece a la Federación Boliviana de Basket-Ball, y esta última no tiene reglamentos ni estatutos; y, c) El 10 y 30 de agosto de 2022, solicitó se le entregue los documentos, con la finalidad de asumir defensa dentro del proceso al que fue sometido injustamente, sin recibir respuesta alguna; por lo que, se vio obligado a interponer otra acción de amparo constitucional para obtener dicha documentación, entregándole lo solicitado el 23 de septiembre de ese año, constatando a través de ella la falta de fundamentación e incongruencia de las resoluciones emitidas, tanto por el Directorio de la FBB, como por el Tribunal de Penas de esa Federación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Nulidad procesal por falta de número de votos para dictar resolución en las Salas Constitucionales; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Nulidad procesal por falta de número de votos para dictar resolución en las Salas Constitucionales

Conforme al art. 5 de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, “Las Salas Constitucionales están compuestas por dos (2) vocales…” En cuanto al número de votos para dictar resolución, el art. 53 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que: “Las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros”. La Ley 1104, en su art. 7.V literal d., prevé: “En caso que no exista o haya impedimento legal de todas y todos los Vocales de las Salas Constitucionales, se convocará a la o el Vocal de la Sala Departamental de la jurisdicción ordinaria del mismo Departamento en el siguiente orden: Salas Penales, Civiles y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, Trabajo y Seguridad Social, en cada caso según orden de precedencia”. En el marco de lo descrito, las Salas Constitucionales al constituirse en entes colegiados, debe contar con el quorum necesario a fin de emitir sus resoluciones, siendo perfectamente aplicable el contenido normativo previsto en el art. 53 de la LOJ, que como se tiene establecido, señala que las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros. Asimismo, en el marco de lo establecido en el art. 7.V literal d., de la Ley 1104, aplicable por supletoriedad, cuando no exista el número suficiente de votos para dictar resolución en las Salas Constitucionales, el Presidente de la Sala debe convocar a otro Vocal Constitucional de la siguiente Sala Constitucional donde hubiera y de no existir convocará a un Vocal ordinario en el orden establecido en la referida normativa.

Sobre el particular el Auto Constitucional 0148/2020-RCA de 29 de octubre, señaló que:

Al respecto, resulta inconcebible que una resolución emitida por una Sala Constitucional que determine no admitir una acción tutelar, se encuentre firmada únicamente por un Vocal, omitiendo observar que al ser esta un tribunal colegiado, compuesto por dos miembros, conforme establece el art. 5 de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, ambos debieron suscribirla para que reúna la condición de validez.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de defensa, presunción de inocencia y juez natural, en razón a que: i) La Resolución de Directorio 02/2022 de 6 de mayo, no tiene fuerza legal, debido a que la FBB no cuenta con personería jurídica, puesto que el DS de 10 de julio de 1939, en ninguno de sus cuatro artículos reconoce la personería jurídica de dicha entidad; ii) La Resolución 03/2022 de 23 de junio, emitida por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol, resulta ilegal, al habérsela dictado vulnerando el derecho al debido proceso, al tramitarse el proceso y sancionarlo con una normativa distinta a la contenida en los Estatutos y Reglamentos de la Federación Boliviana de Basquetbol, debido a que ésta no cuenta con personería jurídica, pues dicha personería pertenece a la Federación Boliviana de Basket-Ball, y esta última no tiene reglamentos ni estatutos; y, iii) El 10 y 30 de agosto de 2022, solicitó se le entregue los documentos, con la finalidad de asumir defensa dentro del proceso al que fue sometido injustamente, sin recibir respuesta alguna; por lo que, se vio obligado a interponer otra acción de amparo constitucional para obtener dicha documentación, entregándole lo solicitado el 23 de septiembre de ese año, constatando a través de ella la falta de fundamentación e incongruencia de las resoluciones emitidas, tanto por el Directorio de la FBB, como por el Tribunal de Penas de esa Federación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Resolución de Directorio 02/2022, se hace saber que el ahora accionante, en reiteradas oportunidades habría realizado declaraciones contra las determinaciones del Directorio y de la misma Federación, de forma pública y por medios de comunicación masiva; y, que en un acto público durante una conferencia de prensa efectuada el 3 de mayo de 2022, en la ciudad de Potosí, hizo declaraciones ofensivas contra la mencionada Federación y su Directorio, alentando a la creación de una supuesta Liga Nacional, la cual sería irregular y atentatoria al Estatuto y los Reglamentos de la Federación, así como estamentos y los principios “FIBA”, Resolución que en su parte resolutiva dispuso remitir todos los antecedentes, y la documentación probatoria y de cargo a la Comisión Disciplinaria de la FBB, para su procesamiento y sanción correspondiente; y, solicitar con carácter de urgencia la suspensión de sus funciones como segundo Vicepresidente de la mencionada Federación hasta la conclusión del proceso (Conclusión II.1). En mérito a ello, el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol emite la Resolución 03/2022 de 23 de junio, en cuya parte resolutiva, determina que el ahora impetrante de tutela junto con una tercera persona, infringieron y burlaron los principios y la normativa contenida en los arts. 14, 15, 18, del Estatuto de la citada Federación Boliviana de “Básquet”; 106 y 119 del Reglamento General; 1 y 2 del Reglamento de Campeonatos, con la agravante de ser dirigentes activos, en aplicación del art. 28 inc. a) núm. 3 del Reglamento del Tribunal Superior de Penas y del Código de Penas de la Federación Boliviana de “Básquet”; y, la suspensión definitiva del ahora demandante de tutela, de los cargos de segundo Vicepresidente de la FBB y Presidente de la Asociación Departamental de Basquetbol de Potosí (Conclusión II.2). Previo a ingresar al fondo de la problemática planteada y en el marco del debido proceso constitucional, se advierte la existencia de actuaciones y/u omisiones ilegales e indebidas en las que incurrieron los Vocales Constitucionales, en la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional; en ese sentido, corresponde en principio brindar un detalle del trámite desarrollado en la mencionada audiencia y se tiene que: Finalizada la participación de las partes procesales (accionante y demandados), el Presidente de Sala concedió la palabra al Vocal Marcos Abel Miranda Castro, quien luego de fundamentar su posición respecto a la problemática planteada, emitió su voto, señalando que se debe conceder la tutela, dejando sin efecto tanto la Resolución de Directorio 02/2022, emitida por el Directorio de la FBB, así como la Resolución 03/2022 (fs. 256 a 258 vta.). Posteriormente, el Vocal Presidente Vladimir Humberto Velásquez Ortega, emitió la Resolución 006/2023 de 6 de febrero, concediendo en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso y el principio de legalidad, y denegó con relación a la Resolución de Directorio 02/2022 y los demás derechos denunciados, disponiendo dejar sin efecto solo la Resolución 03/2022; señalando en sus fundamentos que no corresponde el análisis y consideración respecto a la Resolución 02/2022, al no haber observado el principio de inmediatez. En vía de complementación, en audiencia, el accionante a través de abogado solicitó a la Sala Constitucional se aclare respecto al voto emitido por el Vocal Constitucional Marcos Abel Miranda Castro, indicando que éste había determinado se anule tanto la Resolución 03/2022 emitida por el Tribunal de Penas de la Federación Boliviana de Basquetbol como la Resolución de Directorio 02/2022. Al respecto, con la palabra el Vocal Constitucional Marcos Abel Miranda Castro señaló que su voto es porque se deje sin efecto ambas resoluciones. A continuación, el Presidente de la Sala Constitucional emitió en audiencia un Auto, mediante el cual determinó lo siguiente: a) De acuerdo a la SCP 0225/2029-S4, como Tribunal de garantías únicamente pueden ingresar al análisis de la última resolución, pues será esta resolución que modifique o corrija las resoluciones inferiores en caso de encontrar vulneraciones de derechos; y, b) De acuerdo a lo señalado por las partes la Resolución 02/2022, fue notificada a la parte accionante el 19 de mayo de 2022, y el plazo de seis meses de cumplió el 19 de noviembre de 2022, por lo que, no se puede ingresar a considerar dicha Resolución por el principio de inmediatez. Posteriormente, se procedió a la firma de la Resolución por ambos Vocales. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las Salas Constitucionales al constituirse en entes colegiados, debe contar con el quorum necesario a fin de emitir sus resoluciones, siendo perfectamente aplicable, el contenido normativo previsto en el art. 53 de la LOJ, que como se tiene sentado, establece que las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros. Asimismo, en el marco de lo establecido en el art. 7.V literal d. de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, aplicable por supletoriedad, cuando no exista el número suficiente de votos para dictar resolución en las Salas Constitucionales, el Presidente de la Sala debe convocar a otro Vocal Constitucional de la siguiente Sala Constitucional donde hubiera y de no existir convocará a un Vocal ordinario en el orden establecido en la referida normativa. En ese sentido, en el caso en análisis se advierte del contenido de la Resolución 006/2023, que la misma no cuenta con dos votos uniformes, pues, por un lado, el voto del Vocal Constitucional Marcos Abel Mirada Castro es por dejar sin efecto tanto la Resolución de Directorio 02/2022 emitida por el Directorio de la FBB como la Resolución 03/2022 pronunciada por el Tribunal de Penas de esa Federacion, en cambio la Resolución emitida está de acuerdo al voto del Vocal Presidente Vladimir Humberto Velásquez Ortega, quien determinó que corresponde el análisis de la Resolución 02/2022 al no haber observado el principio de inmediatez y en virtud a ese razonamiento, se concede en parte la tutela impetrada dejando sin efecto la Resolución 03/2022. En ese contexto, se advierte que no existía mayoría absoluta para dictar la Resolución; por lo que, correspondía al Presidente de Sala, en el marco del art. 7.V literal d. de la Ley 1104, convocar al Vocal Constitucional de la otra Sala para que con su voto dirima la controversia, pues como se dijo anteriormente, al ser la Sala Constitucional un ente colegiado (órgano compuesto por dos o más personas para tomar decisiones), para que la referida Resolución emitida tenga validez y eficacia, debe contar con el quorum necesario. Por lo expuesto, se evidencia que los Vocales constitucionales inobservaron el procedimiento establecido cuando no existe uniformidad en el voto, generando en los justiciables inseguridad jurídica al no poder comprender cuál de las decisiones adoptadas por los Vocales Constitucionales a tiempo de emitir su voto será la que se cumpla; toda vez que, se reitera, la decisión emitida fue asumida sin contar con el quorum necesario al efecto, privando al impetrante de tutela contar con una determinación que sea el resultado de un análisis y razonamiento consensuado exteriorizado a partir de la emisión de un criterio compartido que a su vez, evidencie que los entendimientos asumidos no son producto de la arbitrariedad, sino del trabajo razonado y conjunto, más aún considerando la complejidad y las particularidades presentadas en el caso, aspecto que demuestra la relevancia de lo observado. En esa línea de razonamiento, se advierte que Vocales Constitucionales al emitir la Resolución 006/2023, omitieron considerar los arts. 7. V literal d. de la Ley 1104; y, 53 de la LOJ; por lo que, obraron de forma incorrecta e ilegal al no observar el trámite procesal previsto cuanto no existe uniformidad de votos, lo que requiere una corrección procesal y en el marco de lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, disponer la nulidad de obrados hasta el acta de audiencia pública, a objeto de que el Presidente de la Sala Constitucional observando lo establecido en el art. 7.V inc. d) convoque a otro Vocal Constitucional para que con su voto dirima la controversia suscitada.

III.3. Otras consideraciones

Se advierte también de los actuados procesales que la acción fue dirigida contra Gilver Saúl Villarroel Valencia, Secretario General de la FBB; no obstante, a pesar del informe emitido en audiencia por la Secretaría de Sala en sentido que todos los demandados fueron notificados mediante orden instruida el 2 de febrero de 2023, no consta diligencia de citación respecto al referido demandado, pues la diligencia de citación cursante a fs. 174, se encuentra vacía, en ese sentido, deberá subsanarse dicha observación con la presentación de la comisión instruida que acredite el actuado de citación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al emitir la Resolución 006/2023 de 6 de febrero, sin el número necesario de votos; y, conceder en parte la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 259 a 266 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° ANULAR obrados hasta el acta de audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que de forma inmediata el Presidente de la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, en observancia del art. 7.V literal d. de la Ley 1104, convoque al Vocal de la Sala Constitucional siguiente en número a los fines de dirimir la controversia y conformar el quorum requerido para la validez y eficacia de la resolución a emitirse, previa exigencia de la devolución de la Orden Instruida que acredite la citación al demandado Gilver Saúl Villarroel Valencia, y en caso de existir nuevos Vocales designados, sean éstos quienes de forma inmediata convoquen a nueva audiencia para resolver la problemática planteada y de persistir la disidencia de uno de ellos, observen el procedimiento establecido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0168_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): b9749da0c363880c635f5bca325e7da1f0050e3e9abf06954f734e05fe9be26a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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