Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de mayo de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su componente celeridad procesal; toda vez que, a efectos de cumplir con el art. 76.I de la Ley 348 y lograr su libertad, el 20 de abril de 2022, solicitó certificados del REJAP y CENVI en la ventanilla de atención al público del Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz; sin embargo, la referida solicitud fue rechazada de manera verbal por los funcionarios dependientes de dicha ventanilla, siendo derivado ante la Encargada de la indicada entidad -ahora demandada-, quien negó recibir la documentación que se presentó, señalando que debía acompañar fotocopia simple de la cédula de identidad del ahora accionante, sin otorgar valor alguno al Certificado original emitido por el SEGIP; posteriormente, el mismo día -20 de abril de 2022-, presentó memorial ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del referido departamento -ahora demandada-, solicitando acepte la Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de abril, extendida por el SEGIP, a efectos de emitir el certificado REJAP y CENVI; sin embargo, la misma no fue respondida hasta la interposición de la presente acción tutelar. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las Encargadas Distrital y del Registro Judicial de Antecedentes Penales, ambas del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que dichas funcionarias mediante la repartición correspondiente extiendan la certificación requerida en el plazo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando la parte ahora accionante no hubiera ya obtenido las certificaciones extrañadas, sea con la finalidad de someterse a una sanción alternativa prevista en el art. 76 de la Ley 348.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2024-S1 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48173-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhoselyn Ticona Zarate en representación sin mandato de Pedro Saavedra Gómez contra Laura Céspedes Sánchez, encargada Distrital y Karen Fabiola Rendón Marañón, encargada Departamental del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), ambas del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 7 de enero de 2022, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, celebró audiencia de medidas cautelares y salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de tres años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento; posteriormente, el 14 de febrero del mismo año se emitió el certificado de ejecutoria del proceso.
A efectos de cumplir con el art. 76.I de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y lograr su libertad, hizo conocer que no cuenta con cédula de identidad original ni fotocopia; por lo que, el 20 de abril de 2022 solicitó al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) la emisión del certificado de su cédula de identidad, para poder solicitar similar documentos del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de No Violencia (CENVI). Sin embargo, la referida solicitud fue rechazada verbalmente en primera instancia por la funcionaria encargada de la ventanilla de atención al público y luego por la responsable distrital -ahora codemandada-, quienes se negaron a recibir la documentación debido a que no presentó la fotocopia simple de su cédula de identidad, sin otorgar valor alguno al certificado original emitido por el SEGIP, pese a que manifestó que no se omitió ningún requisito previsto por el inc. IV del Acuerdo 38/2019 del Consejo de la Magistratura -Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial-, pues al ser un certificado original, tiene mayor valor legal que una simple fotocopia de la cédula de identidad. En consecuencia, el mismo día -20 de abril de 2022-, presentó memorial ante la encargada del Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, solicitando acepte el certificado del SEGIP a fin de que se emita los certificados REJAP y CENVI a su favor; empero, la misma no fue respondida hasta la interposición de la presente acción tutelar.
Denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su componente celeridad procesal; citando al efecto, los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se conmine a la encargada del Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz, que: a) Responda de forma escrita al memorial de 20 de abril de 2022 presentado por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); y, b) Acepte el certificado emitido por el SEGIP para la emisión de los certificados REJAP y CENVI.
Celebrada la audiencia pública el 6 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en audiencia se ratificó sobre los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos en audiencia señaló: 1) Su cédula de identidad, fue extraviada al momento de su detención preventiva ejecutada por funcionarios policiales; asimismo, revisado el cuaderno de investigación, no se pudo encontrar el referido documento, ni fotocopia simple; tampoco, se pudo contactar con algún familiar para que le facilite este documento de identificación; 2) Fue sentenciado a cumplir una pena de tres años de reclusión; sin embargo, es pasible a una sanción alternativa, conforme el art. 76 de la Ley 348 para que pueda ser beneficiado con una suspensión condicional de la pena, por lo que solicitó al SEGIP, la emisión de un certificado de identidad; posteriormente, presentó el referido certificado -emitido por el SEGIP-, junto a otros requisitos, ante el Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz; sin embargo, dicha solicitud fue rechazada de forma verbal en ventanilla de atención al público; por ello, inmediatamente acudió ante la encargada de dicha entidad -ahora accionada-, pero de igual forma, negó su solicitud por no adjuntar fotocopia simple de su cédula de identidad; y, 3) El 20 de abril de 2022, presentó memorial solicitando la emisión de los certificados de REJAP y CENVI ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se emitió ninguna respuesta; razón por la cual, no pude ser beneficiado con su libertad, siendo estos requisitos necesarios, para obtener la suspensión condicional de la pena y sanción alternativa, la presentación de los referidos certificados -REJAP y CENVI-, por lo que solicita conceda la tutela impetrada.
Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital y Karen Fabiola Rendón Marañón, Encargada del Registro Judicial de Antecedentes Penales, ambas del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz, en audiencia de la presente acción de defensa a través de su abogada, manifestaron que si bien es cierto que el 20 de abril de 2022, el accionante a través de su abogada del Servicio de Defensa Pública Plurinacional presentó el memorial solicitando acepte la certificación emitida por el SEGIP y la emisión del certificado de REJAP; al respecto, el 21 del mismo mes y año, respondió al referido memorial, notificando a la abogada del impetrante de tutela, como también se puso en conocimiento de la Encargada Distrital junto al informe de 29 de igual mes y año; informe que, entre sus partes sobresalientes, indicó que uno de los requisitos indispensables para poder acceder a un certificado de REJAP y CENVI, en caso de detenidos preventivos, es la presentación de datos completos y correctos mediante fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte, libreta de servicio militar vigente de la persona detenida; por lo que solicita se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 04/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 29 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) El accionante no agotó la vía ordinaria, al no haber formulado ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, la solicitud de orden de certificación ante el Consejo de la Magistratura, lo que implica que no agotó la vía idónea y expedita para que su derecho a la libertad sea precautelado, ya que son medios o mecanismos ordinarios que la ley franquea; en razón a que, no se puede activar la vía constitucional, cuando se activó la jurisdicción ordinaria o cuando la parte accionante no hizo uso de ella; ii) No es admisible que a través de la acción de libertad, se pretenda reparar la vulneración alegada, cuando se incumplió a cabalidad el inc. IV del Acuerdo 38/2019 del Consejo de la Magistratura -Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial-; lo cual implica que, la desidia u omisión no puede ser reencausada a través de la presente acción tutelar, ya que la parte accionante debía agotar la vía ordinaria; lo contrario, significa vulnerar el principio de seguridad jurídica y resolver hechos por los cuales la vía ordinaria no se pronunció; por lo que, se concluye que la parte accionante debió acudir a esa vía a fin de que sus derechos y garantías sean precautelados por el Tribunal a quo en razón al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, iii) Las autoridades accionadas no tienen legitimación para ser demandadas; toda vez que, el Acuerdo 38/2019 del Consejo de la Magistratura, no fue emitido por ninguna de ellas, reglamento mediante el cual se establecen los requisitos para la obtención del REJAP y CENVI; por lo que, no es posible ingresar al fondo y corresponde denegar la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia de 7 de enero de 2022 emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante salida alternativa de procedimiento abreviado que “FALLA declarando el hecho cometido como delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, previsto y sancionado por el Art. 272 Bis del Código Penal, señalando como autor y culpable del mismo a PEDRO SAAVEDRA GÓMEZ -ahora accionante- condenándolo a TRES (3) AÑOS de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz - Palmasola, desde fecha 07 de enero de 2022 hasta el 07 de enero de 2025” (sic); misma que, después de quedar legalmente notificada a las partes; en audiencia, el abogado patrocinante del procesado -ahora accionante-, renunció al recurso de apelación, solicitando se declare ejecutoriada la sentencia y se remita obrados al Juez de Ejecución Penal correspondiente (fs. 6 vta. a 7 vta.). II.2. Consta certificado de ejecutoria de 14 de febrero de 2022; mediante el cual, el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, certifica que la Sentencia de 7 de enero del mismo año se encuentra ejecutoriada (fs. 9). II.3. Cursa mandamiento de detención preventiva y de condena, ambos de 7 de enero de 2022, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, como consecuencia del Auto Interlocutorio 07 y Sentencia condenatoria ejecutoriada, ambos de la referida fecha dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP (fs. 8 y vta.; y, 11). II.4. Cursa nota CITE SPDP-DDSC-EIMV 009/2022 de 6 de abril dirigida al Director Departamental del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) de Santa Cruz, por el que la Directora Departamental del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) del referido departamento, solicitó certificación de cédula de identidad con relación a Pedro Saavedra Gómez -ahora accionante-, ya que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento y no cuenta con los recursos necesarios para tramitar su cédula de identidad (fs. 12 a 13). II.5. Se tiene Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de abril, por el que la Oficial Jurídica del SEGIP, certifica el registro correspondiente al ahora accionante, señalando que: “revisado el sistema de Cédulas de identidad del Servicio General de Identificación Personal - RUI SEGIP se encuentra el registro correspondiente: Cédula de identidad 14689015 -a nombre de-PEDRO SAAVEDRA GÓMEZ -ahora accionante-; Fecha Nacimiento 08/11/2002; Género Masculino” [sic (fs. 10)]. II.6. Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, por la Directora Departamental del SEPDEP -en representación sin mandato del ahora accionante-, ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, por el que solicita se acepte la certificación del SEGIP para la emisión del certificado REJAP y CENVI, a favor de Pedro Saavedra Gómez -ahora accionante- (fs. 3 y vta.). II.7. Por nota CITE-REJAP-NAL-CM 171/2022, de 29 de abril, a través del cual, el Encargado -Nacional- del REJAP del Consejo de la Magistratura, señala que el Acuerdo 038/2019, de 27 de febrero, Reglamento del Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial, establece en el parágrafo IV, inc. a), b), c) y d) del art. 36, sobre los requisitos a solicitud de defensa pública en representación del interesado por encontrarse detenido “c) Datos completos y correctos, mediante copia fotostática de la cédula de identidad, pasaporte, y/ o libreta de servicio militar, vigentes de la persona detenida, de la cual se solicita la certificación” [sic (fs. 33)]. II.8. Cursa nota CITE-RD/CM/SCZ/ 331/2022, de 5 de “abril” (lo correcto es mayo), emitido por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, mediante el cual pone en conocimiento el CITE-REJAP-NAL-CM 171/2022, realizado por el Encargado del REJAP del Consejo de la Magistratura en respuesta a la solicitud de 20 de igual mes año; con cargo de recepción, con el 6 de mayo de 2022, a horas 08:19 por el SEPDEP (fs. 37). II.9. El Acuerdo 038/2019 de 27 de febrero, emitido por el Consejo de la Magistratura, aprueba el Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial; mismo que, en sus consideraciones, establece que “la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo identifica los principios generales de la Actividad Administrativa, en este contexto, se considera los incisos a) Principio fundamental; e) Principio de buena fe; g) principio de legalidad y presunción de legitimidad; j) principio de eficacia; k) Principio de economía, simplicidad y celeridad, entre los más importantes a efectos de considerar la importancia del caso analizado en el presente.”; por otra parte, el objeto del referido Reglamento, conforme su art. 1 establece que: “El presente Reglamento tiene por objeto regular orgánica y funcionalmente el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) a nivel nacional y distrital; así como la obtención, registro, control y emisión de los certificados diferenciados de Antecedentes Penales y Violencia Ejercida contra una Mujer o cualquier miembro de su Familia, en el marco de la Ley 348…” (fs. 38 a 46)
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su componente celeridad procesal; toda vez que, a efectos de cumplir con el art. 76.I de la Ley 348 y lograr su libertad, el 20 de abril de 2022, solicitó certificados del REJAP y CENVI en la ventanilla de atención al público del Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz; sin embargo, la referida solicitud fue rechazada de manera verbal por los funcionarios dependientes de dicha ventanilla, siendo derivado ante la Encargada de la indicada entidad -ahora demandada-, quien negó recibir la documentación que se presentó, señalando que debía acompañar fotocopia simple de la cédula de identidad del ahora accionante, sin otorgar valor alguno al Certificado original emitido por el SEGIP; posteriormente, el mismo día -20 de abril de 2022-, presentó memorial ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del referido departamento -ahora demandada-, solicitando acepte la Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de abril, extendida por el SEGIP, a efectos de emitir el certificado REJAP y CENVI; sin embargo, la misma no fue respondida hasta la interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguientes temas: a) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; b) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; c) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0120/2020-S1 de 22 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional. Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-. El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:
Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Por otra parte, el art. 3.5 del citado Código, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual: “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo estos fines, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios procesales y la finalidad de la justicia constitucional; por lo que, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano. Lo anotado cobra mayor relevancia en las acciones de libertad, que dada su naturaleza jurídica, tienen entre sus características al informalismo, que supone la carencia de requisitos formales para su interposición y se manifiesta en la posibilidad de presentar esta acción de manera escrita u oral, sin requerir de la concurrencia de un abogado; la permisión de interponerla a nombre de otra persona, sin necesidad de mandato; la posibilidad de proteger hechos conexos no expresamente denunciados; y, de salvar los aspectos de derecho que fueron omitidos por la o el accionante, entre otros aspectos, conforme lo establece reiteradamente la propia jurisprudencia constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0120/2020-S1 de 22 de julio, asumió el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre de 2004, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a 4 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.
Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.
En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)
Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.
En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.
En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:
…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.
En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido]. Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. 6 El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.
En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”.
de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.
7 La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser 8 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 9 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El accionante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su componente celeridad procesal; toda vez que, a efectos de cumplir con el art. 76.I de la Ley 348 y lograr su libertad, el 20 de abril de 2022, solicitó certificados del REJAP y CENVI en la ventanilla de atención al público del Registro Judicial de Antecedentes Penales del departamento de Santa Cruz; sin embargo, la referida solicitud fue rechazada de manera verbal por los funcionarios dependientes de dicha ventanilla, siendo derivado ante la Encargada de la indicada entidad -ahora accionada-, quien negó recibir la documentación que se presentó, señalando que debía acompañar fotocopia simple de la cédula de identidad del ahora accionante, sin otorgar valor alguno al Certificado original emitido por el SEGIP; posteriormente, el mismo día -20 de abril de 2022-, presentó memorial ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del referido departamento -ahora accionada-, solicitando acepte la Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de abril, extendida por el SEGIP, a efectos de emitir el certificado REJAP y CENVI; sin embargo, la misma no fue respondida hasta la interposición de la presente acción tutelar. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se advierte que, el imputado se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado; en consecuencia, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia de 7 de enero de 2022, por la cual, “FALLA declarando el hecho cometido como delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, previsto y sancionado por el Art. 272 Bis del Código Penal, señalando como autor y culpable del mismo a PEDRO SAAVEDRA GÓMEZ -ahora accionante- condenándolo a TRES (3) AÑOS de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz - Palmasola, desde fecha 07 de enero de 2022 hasta el 07 de enero de 2025” [sic (Conclusión II.1)]; misma que, se encuentra ejecutoriada conforme el certificado de 14 de febrero de 2022 (Conclusión II.2) Al respecto, con la finalidad de cumplir con el art. 76.I de la Ley 348 y lograr su libertad con la aplicación de sanciones alternativas, se tiene que por nota CITE SPDP-DDSC-EIMV 009/2022 de 6 de abril, dirigida al Director Departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz, la Directora Departamental del SEPDEP del referido departamento, solicitó certificación de cédula de identidad, con relación a Pedro Saavedra Gómez -ahora accionante-, ya que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento y no cuenta con los recursos necesarios para tramitar su cédula de identidad (Conclusión II.4); petición que fue atendida por dicha entidad, emitiendo la Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de igual mes, a través de la cual, se certifica el registro correspondiente del ahora accionante (Conclusión II.5). Posteriormente, por escrito presentado el 20 del referido mes y año, la Directora Departamental del SEPDEP -en representación legal sin mandato del ahora accionante- ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-; la misma, solicitó se acepte la certificación del SEGIP para la emisión del certificado REJAP y CENVI, a favor del ahora accionante (Conclusión II.6); sin embargo, la Encargado Distrital -ahora accionada- a través de la nota CITE-RD/CM/SCZ/ 331/2022, de 5 de “abril” -lo correcto es mayo-(Conclusión II.8), puso en conocimiento de la representante del ahora accionante, la nota CITE-REJAP-NAL-CM 171/2022, emitida por el Encargado -Nacional- del REJAP del Consejo de la Magistratura, a través de la cual, manifiesta que conforme el Acuerdo 038/2019, de 27 de febrero -Reglamento del Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial-, uno de los requisitos para solicitar el certificado REJAP, es presentar “c) Datos completos y correctos, mediante copia fotostática de la cédula de identidad, pasaporte, y/ o libreta de servicio militar, vigentes de la persona detenida, de la cual se solicita la certificación” [sic (Conclusión II.7)]. Al respecto, corresponde puntualizar que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a resolver el caso con los precedentes del estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese entendido, la línea jurisprudencial sobre la tutela del derecho al debido proceso vía acción de libertad, referida en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo Constitucional, establece claramente que: “La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone”.
Ahora bien, conforme a los antecedentes anotadas se evidencia que, las funcionarias ahora accionadas, al momento de rechazar la petición del ahora accionante, señalando que se debe presentar fotocopia simple de la cédula de identidad, para la obtención de los certificados de REJAP y CENVI a su favor, no consideraron su condición de privado de libertad y carente de recursos económicos, anunciada en el memorial presentado el 20 de abril de 2022, por la Directora Departamental del SEPDEP, quien actuó en representación legal sin mandato del accionante, conforme determina el art. 109 del CPP y art. 10 de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-; de igual forma, no consideraron la Certificación SEGIP/DDSC/A.L/258/2022 de 8 de abril extendida por el SEGIP -que adjuntó a su petición-, donde claramente se establece que “revisado el sistema de Cédulas de identidad del Servicio General de Identificación Personal - RUI SEGIP se encuentra el registro correspondiente: Cédula de identidad 14689015 -a nombre de- PEDRO SAAVEDRA GÓMEZ -ahora accionante-; Fecha Nacimiento 08/11/2002; Género Masculino” (sic). En ese entendido, el hecho de negar la extensión de los referidos certificados -REJAP y CENVI-, por falta de una simple fotocopia que acredite los datos de identidad del solicitante, cuando dicha información se encuentra claramente identificada y definida en la referida certificación extendida por el SEGIP, -dicha actuación- no condice con los principios de la administración pública previstos por el art. 232 de la CPE, en cuanto al compromiso e interés social, referido a la función que cumplen los servidores públicos, como medio efectivo al servicio de la sociedad; máxime, si dichos principios son considerados por el Acuerdo 038/2019 del Consejo de la Magistratura -que aprueba el Reglamento de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial- (Conclusión II.9), como marco legal en el que debe desenvolverse la referida institución, cuando emite informes sobre los antecedentes penales de cualquier interesado; por ello, con mayor razón debieron ser aplicados, cuando la petición concreta de los certificados de REJAP y CENVI, fue realizada por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que en el marco de sus atribuciones, debe consagrar el derecho a la defensa de los procesados art. 2 de la Ley 463, privados de libertad y carente de recursos económicos. Por otra parte, se evidencia que frente a la presentación del memorial de 20 de abril de 2022 (Conclusión II.6), ante la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, solicitando acepte la Certificación extendida por el SEGIP, para la emisión de los Certificados de REJAP y CENVI a favor de Pedro Saavedra Gómez -ahora accionante-; se tiene que, mediante nota CITE-RD/CM/SCZ/ 331/2022, de 5 de “abril” (lo correcto es mayo), emitida por la referida autoridad Administrativa -ahora accionada-, se dio respuesta a la petición, recién el 6 de mayo de 2022, a horas 08:19 conforme el cargo de recepción del SEPDEP (Conclusión II.8); en ese entendido, si bien dio respuesta a la petición efectuada, la misma no fue realizada dentro de un plazo razonable, ya que conforme a los antecedentes, lo hizo doce días hábiles después de la petición, precisamente, después de interpuesta la presente acción de libertad, el día de celebración de la audiencia tutelar, sin considerar la situación de privado de libertad que tiene el ahora peticionante de tutela. En ese entendido, los actos de la Encargada Distrital y Encargada del REJAP, ambas del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz -ahora demandadas-, no guardan armonía con los fines y funciones esenciales del Estado, donde precisamente uno de ellos es, el de garantizar el cumplimiento de los valores, principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado, conforme determina en su art. 9.4, que a partir del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural; el mismo, a través de sus instituciones, debe evitar formalismos y rigorismos innecesarios que entorpecen la materialización de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, pues la eficacia de un derecho no depende de la medida y los términos trazados por una ley, decreto o reglamento, sino de la medida y los términos trazados por la propia Constitución Política del Estado.
Por ello, se evidencia que las mismas vulneraron el debido proceso, en su componente celeridad al demorar en la respuesta solicitada doce días hábiles, restringiendo injustamente el acceso a los certificados que fueron solicitados para solicitar un beneficio penitenciario; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada y recomendar a las autoridades demandadas que en el desempeño de sus funciones, consideren las circunstancias y condiciones de los interesados, a efectos de extender los certificados mencionados a favor de los mismos; servicio que en todos los casos debe ser efectuado cumpliendo la debida celeridad. En consecuencia, el Juez garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las Encargadas Distrital y del Registro Judicial de Antecedentes Penales, ambas del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que dichas funcionarias mediante la repartición correspondiente extiendan la certificación requerida en el plazo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando la parte ahora accionante no hubiera ya obtenido las certificaciones extrañadas, sea con la finalidad de someterse a una sanción alternativa prevista en el art. 76 de la Ley 348. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, desarrollada en diferentes tópicos, puede ser encontrada en la sistematización de la jurisprudencial 2012-2015, efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Disponible en: <https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/3954>..
2 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”.
3 El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0167_2024-S1_id65576.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf0582b997003fe72d3434a62fd05e11e6d2c4d9e007c93eb19c79ea92dc2f05
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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