Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de abril de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y el principio de celeridad; toda vez que, encontrándose privado de libertad solicitó cesación de la detención preventiva que fue rechazada, ante lo cual interpuso recurso de apelación contra tal determinación; empero, la autoridad judicial ahora demandada en franca dilación e inobservancia del art. 251 del CPP, no remitió los antecedentes de su recurso ante el superior en grado hasta la presentación de esta acción de defensa, pese que transcurrieron más de doce días desde su interposición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0166/2023-S4 Sucre, 21 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44705-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Limbert Solares Ruiz en representación sin mandato de Diego Junior Coimbra Chono contra Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1, 6 a 7; el accionante a través de su representante sin mandado manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, habiéndose rechazado su solicitud de cesación de la detención preventiva, el 18 de noviembre de 2021, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no fue remitido ante el superior en grado conforme lo prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiendo trascurrido más de doce días de dilación indebida, lo que afecta su derecho, ya que se encuentra privado de su libertad.
El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: “a) Se conmine al accionado para que señale audiencia para su resolución dentro de las 48 horas. b) Se remita antecedentes al consejo de la magistratura para su procesamiento disciplinario. c). Remita antecedentes a la Fiscalía Departamental de conformidad al Art” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 23 y vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda de acción de libertad.
Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa ni presentó informe alguno pese a su notificación cursante de fs. 13 a 16.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 23/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado remita de manera inmediata la apelación incoada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión exhaustiva de la prueba aportada se establece que, la autoridad judicial demandada no remitió el recurso de apelación incidental de 18 de noviembre de 2021, dentro del plazo estipulado en el art. 251 del CPP, incurriendo en una dilación indebida y conculcando el derecho a la libertad y debido proceso en su vertiente celeridad, sometiendo al impetrante de tutela a un indebido procesamiento; y, 2) La autoridad demandada en su labor de administrar justicia, ejerciendo el control jurisdiccional sobre la causa debió velar porque el proceso sea resuelto oportunamente y con la debida premura, más si de por medio se encuentra involucrado el derecho a la libertad; por lo que, en virtud a los principios rectores del derecho procesal penal corresponde tutelar la finalidad de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales y el proceso se reconduzca.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 4 de noviembre de 2021, emitido por Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–; por el que, declaró improcedente la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Diego Junior Coimbra Chono –ahora accionante–, siendo notificado al impetrante de tutela el 15 de igual mes y año (fs. 20 a 22). II.2. Consta memorial de recurso de apelación presentado el 18 de noviembre de 2021, interpuesto por Diego Junior Coimbra Chono –ahora accionante– contra el Auto Interlocutorio de 4 de igual mes y año que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del ilícito de abuso sexual (fs. 2 a 5).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y el principio de celeridad; toda vez que, encontrándose privado de libertad solicitó cesación de la detención preventiva que fue rechazada, ante lo cual interpuso recurso de apelación contra tal determinación; empero, la autoridad judicial ahora demandada en franca dilación e inobservancia del art. 251 del CPP, no remitió los antecedentes de su recurso ante el superior en grado hasta la presentación de esta acción de defensa, pese que transcurrieron más de doce días desde su interposición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre señala que: “La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, señala que cuando un servidor público, no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de verdad, cuando señala que: ‘…el servidor público «…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.» (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: `La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: «Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso» y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: «…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso»; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: «…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley»´. De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, estableció que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).
Conforme se tiene de los antecedentes cursantes, el impetrante de tutela enfrenta un proceso penal por el delito de abuso sexual, a cuya consecuencia se encuentra cumpliendo la medida de detención preventiva; en ese marco, habiendo solicitado la cesación de la misma, mediante Auto Interlocutorio de 4 de noviembre de 2021, se rechazó dicha petición; es así que, contra tal determinación interpuso el recurso de apelación incidental el 18 de igual mes y año conforme el art. 251 del CPP (Conclusión II.1 y II.2), mismo que según denuncia no fue remitido ante el superior en grado hasta la interposición de la presente acción de tutela. Ahora bien, con carácter previo a resolver lo demandado, es pertinente considerar que, Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz –ahora demandado– pese a su notificación a efecto que presente informe dentro de la presente acción de defensa y asista a la audiencia de consideración de la misma; sin embargo, no presentó dicho informe, tampoco asistió a la audiencia; por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponderá tener “…por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”, al no haber sido éstos desvirtuados por la referida autoridad, correspondiendo asumir su veracidad.
A partir de ello, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, con la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es así que en el caso de autos se tiene que, el impetrante de tutela interpuso su recurso de apelación incidental, el 18 de noviembre de 2021, contra el Auto Interlocutorio de 4 de igual mes y año, ante el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, dicho recurso no hubiere sido remitido ante la Sala Penal correspondiente hasta la presentación de esta acción de defensa –30 de noviembre de 2021– es decir habiendo trascurrido doce días desde su interposición. En tal sentido, considerando que conforme prevé el art. 251 del CPP: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”, se advierte una dilación indebida que afecta el derecho a la libertad y a un debido proceso del accionante; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, corresponde aclarar que, la concesión otorgada en la presente acción tutelar únicamente abarca al trámite de la apelación de referencia, en el marco de los plazos legales para su sustanciación y no sobre el fondo de las situaciones jurídicas del impetrante de tutela – libertad– pues dicha determinación le corresponde a la autoridad jurisdiccional –Tribunal de alzada– quien deberá asumir una decisión en el marco de la normativa legal vigente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0166_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7c42d4918a5fbac9e4dde830f0d9ebc7607254985bd6b4e70e32862132c66f31
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