B.IA.LEGAL

SCP 0166/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 13 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46502-2022-94-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la alimentación y a un salario justo; toda vez que, el demandado incumplió lo dispuesto por la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32 de 17 de diciembre de 2021, emitida por el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que dispuso la reincorporación a su fuente laboral; no obstante, haber sido notificado con dicha orden el 20 de ese mes y año.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 164 a 165 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad
  2. III.2. Clasificación de los servidores públicos en el Estatuto del Funcionario Público
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0166/2023-S2 Sucre, 13 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46502-2022-94-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 164 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Milenka Isabel Alfaro Calderón contra Mayber Lenin Aparicio Loayza, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 29 de diciembre de 2021, cursantes de fs. 15 a 20 y 30 a 34, la accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de febrero de 2019, ingresó a trabajar al SEDES La Paz, ocupando el cargo de Jefa de la Unidad de Transparencia; sin embargo, el 17 de junio de 2021, fue sorprendida con la entrega del Memorándum MR-0144/21 de la indicada fecha, de conclusión de la relación laboral; si bien, no realizó acciones contra el citado comunicado, se enteró que desde el 11 del señalado mes y año, se encontraba en estado de gestación; ante tal extremo, por prueba de embarazo y los exámenes practicados en su ente gestor -Caja Nacional de Salud (CNS)-, solicitó su reincorporación mediante nota de 11 de agosto de igual año, adjuntando la prueba pertinente, reiterando su pretensión el “…24 de septiembre y 18 de noviembre de 2021…” (sic); sin embargo, no obtuvo respuesta alguna; por lo que, el 24 de agosto de ese año, presentó denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por despido ilegal e injusto.

Tras seguir el procedimiento administrativo, la Dirección General de Servicio Civil, dependiente de la referida cartera de Estado, emitió a su favor la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32 de 17 de diciembre de 2021; por la cual, dispuso su reincorporación al mismo puesto laboral que ocupaba, otorgando el plazo máximo de cinco días a partir de su notificación para cumplir dicha instrucción; no obstante, la autoridad demandada “hasta la fecha” de presentación de la acción de amparo constitucional incumplió lo determinado, prolongando la lesión de sus derechos y del ser en gestación. Sus atribuciones devienen de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017- y su cargo no estaba contemplado en el Estatuto del Funcionario Público, ni en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tampoco se trataba de una servidora pública de libre nombramiento, provisoria y menos ocupaba un cargo jerárquico -aclarando que su ítem TGN-20064 corresponde a Analista-. Más bien, al haber excedido el umbral de los noventa días, se encontraba en un vacío normativo; y, aún sin aceptar la calidad de servidora pública de libre nombramiento, pidió que se considere su estado de gravidez y la jurisprudencia que consideró la inamovilidad de dichos funcionarios, protegiendo sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la alimentación y a un salario justo, citando al efecto los arts.45.I, 46.I; y, 48.II y VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cumplimiento de la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32, con el correspondiente pago de salarios devengados desde su despido ilegal y demás derechos sociales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 163, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de la acción tutelar y ampliándolos señaló que: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a sus competencias, resolvió su demanda a través de un proceso sumario, en el cual las partes presentaron todas las pruebas de cargo y descargo, que fueron valoradas. Tras su análisis, instruyó su reincorporación al cargo que ocupaba; por lo que, solicitó la tutela a efectos de que se cumpla lo dispuesto por el mencionado Ministerio, en atención a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, aplicable a su caso según la jurisprudencia constitucional contenida en la “SCP 0532/2021”.

I.2.2. Informe del demandado

Mayber Lenin Aparicio Loayza, Director Técnico del SEDES La Paz, a través de sus representantes, por memorial presentado el 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 145 a 160 y en audiencia de garantías, solicitó se declare improcedente la presente acción tutelar, arguyendo que: a) El SEDES La Paz es una entidad estatal; por lo mismo, se rige conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-y en caso de actos administrativos, según la Ley de Procedimiento Administrativo. En tal mérito, la accionante para dejar sin efecto el Memorándum MR-0144/21 inobservó el plazo contemplado en el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); b) Correspondía considerar que fue designada por necesidad de cubrir servicios mientras se institucionaliza el cargo de Jefa de la Unidad de Transparencia de esa entidad; por lo que, tenía la calidad de servidora pública de libre designación; c) A la conclusión de la relación laboral, la prenombrada inició dos trámites, uno en la Defensoría del Pueblo y otro ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que terminó con la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32; sin embargo, no se tomó en cuenta que el cargo sería de libre nombramiento, al gozar de la confianza de la anterior Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del SEDES La Paz, circunstancia que cambió con la autoridad actual. Por lo que, la “…conminatoria contradice lo considerado y dispuesto por el dictamen 01/2015…” (sic) -no indicó fecha- de la Procuraduría General del Estado y la SCP 0900/2013 de 20 de junio; d) Se debió considerar el contenido de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0600/2019-S4, 0635/2020-S4 y 0285/2021-S4; además, observando que no correspondía “…asignaciones familiares al caso por ser que en fecha agosto de 2021 recién la accionante habría puesto en conocimiento su estado de gestación dos posterior a su desvinculación” (sic); correspondiendo en el caso de análisis, que se proteja al Estado; e) En los informes legales internos de la entidad -no indicó cuales-, se podía advertir que la peticionante de tutela, a efectos de la inamovilidad laboral que solicitó, incumplió con la presentación de los requisitos contemplados en el art. 3 inc. a) del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009; f) A través de la Unidad Jurídica del SEDES La Paz, por nota requirieron que la CNS brinde información “…para desvirtuar el tema de la gestación…” (sic), habiéndose respondido que la paciente estaba embarazada. Sin embargo, era una servidora provisoria; por lo que, no se transgredió su derecho al trabajo; g) “…todas las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, no siempre son vinculantes para el Servicio Departamental de Salud, toda vez que estos pueden tener otra modalidad de entendimiento…” (sic) y diversos fallos constitucionales que no concedieron la tutela; y, h) Con el vínculo laboral disuelto, el empleador no tenía obligación de continuar con la “prestación correspondiente”; sin embargo, para no trasgredir derechos y garantías del ser en gestación, se observó casos en los que no se concedió la tutela; empero, se dispuso el pago de los subsidios sin reincorporar a la madre.

I.2.3. Participación de la Defensoría del Pueblo

Myrna Romero, representante de la aludida institución, asistió a la audiencia de garantías; empero, no intervino en la misma.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 33/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 164 a 165 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento de la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32, con base a los siguientes fundamentos: 1) La guarda normativa a los progenitores en su calidad de trabajadores, sean de servicio público o privado, tiene que ver sustancialmente con la vocación de proteger los derechos y las garantías del ser concebido hasta que nacido, cumpla un año de edad; y, 2) La administración podrá alegar que el trabajador no es de carrera y que sería provisorio, descontándose, el carácter de aquellos que se encuentran bajo un régimen contractual especifico; sin embargo, ese no sería el caso, existiendo una Instructiva de Reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruyendo a la MAE del SEDES La Paz, proceder a la reincorporación laboral de la impetrante de tutela a su fuente de trabajo, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación -Jefa de la Unidad de Transparencia de dicha entidad-, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, en el plazo máximo de cinco días. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el demandado a través de su abogada, pidió se siente en acta que el demandado “…no podría admitir la concesión al fallo que ha emitido, al mismo tiempo velar por la (…) reincorporación al mismo cargo, toda vez que ella ocupaba el cargo de Jefe de Transparencia y de acuerdo al presupuesto de la institución, no estaría contemplado ese aspecto y no cumpliría el perfil que le corresponde” (sic); en sustanciación y resolución, la aludida Sala Constitucional, mediante Auto de igual data, señaló que conforme la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, la autoridad o parte demandada debe dar estricto cumplimiento cuando de reincorporación se trata; lo que, implica hacer cumplir dicho precedente; por lo que, declaró no ha lugar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum MI-013/19 de 11 de febrero de 2019, Freddy Rolando Valle Calderón, entonces Director Técnico del SEDES La Paz, comunicó a Milenka Isabel Alfaro Calderón -accionante- que, “…por necesidad de servicio a partir de la fecha, mientras se institucionaliza el cargo, es Designado(a) JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA del SEDES La Paz. Debiendo coordinar sus funciones con el Director Técnico de la Institución. Sus haberes le serán cancelados con el ítem TGN-20064” (sic [fs. 55]). II.2. A través del Memorándum MR-0144/21 de 17 de junio de 2021, Maritza Huarachi Mamani, entonces Directora Técnica del SEDES del citado departamento, en “…uso de sus atribuciones legales según Decreto Supremo 25233. Art. 9 inciso k) en concordancia con el Art. 33…” (sic), dio por concluida la relación laboral con la impetrante de tutela (fs. 14). II.3. Mediante escrito presentado el 24 de agosto de 2021, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la solicitante de tutela denunció su despido ilegal e injustificado; pues, su persona se encontraba en gestación desde el 11 de junio de igual año (fs. 82 a 85). II.4. Por Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32 de 17 de diciembre de 2021, el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruyó a la MAE del SEDES La Paz, “…proceder a la REINCORPORACIÓN LABORAL de MILENKA ISABEL ALFARO CALDERÓN (…) a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación como Jefe de Unidad de Transparencia del Servicio Departamental de Salud La Paz - SEDES, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sea en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de su notificación con la presente” (sic [fs. 101 a 106]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la alimentación y a un salario justo; toda vez que, el demandado incumplió lo dispuesto por la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32 de 17 de diciembre de 2021, emitida por el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que dispuso la reincorporación a su fuente laboral; no obstante, haber sido notificado con dicha orden el 20 de ese mes y año.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inamovilidad laboral de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad

En cuanto al tema, la SCP 0634/2020-S2 de 9 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, sostuvo que: [En el nuevo orden constitucional, el Estado «…reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral» (art. 62 de la CPE); además, protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones (art. 64.II de la CPE). Asimismo, la Constitución Política del Estado, con el fin de otorgar protección al trabajador o trabajadora, incorporó los principios del Derecho Laboral, así el art. 48.II de la CPE, estableció que: «Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador». La SCP 1508/2012 de 24 de septiembre, refirió que: «En ese orden el art. 4 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, ratificó la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral y en especial: i) El principio protector en base a las reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; ii) Principio de la continuidad de la relación laboral; iii) Principio intervencionista; iv) Principio de la primacía de la realidad; y, v) Principio de no discriminación, sin ser excluyentes de los ya establecidos anteriormente o que pudieran surgir con posterioridad». La SCP 0076/2012 de 12 de abril, estableció que: «En función a los referidos mandatos constitucionales, a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, en sus arts. 1 y 2, se desarrolló que la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado, no pueden ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; normativa que se sustenta además en valores y otros derechos fundamentales, como el derecho a una fuente laboral estable y en el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, en la atención de los servicios públicos y privados».

El Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto de la inamovilidad laboral de los progenitores, hasta que las hijas o los hijos cumplan un año de edad, a través de la SCP 0272/2012 de 4 de junio, determinó que: «La protección de los progenitores se encuentra prevista en el art. 48.VI de la CPE, que garantiza su inamovilidad laboral, conforme al siguiente texto: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (…). En ese sentido, la jurisprudencia constitucional plurinacional se ha pronunciado a través de la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señalando: “…el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y, c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: ‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral.

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’.

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia”. En los casos en que la trabajadora o el trabajador, sujetos a protección laboral por su estado de embarazo o de progenitor, respectivamente, que hubiesen incurrido en una causal de despido justificado y/o falta disciplinaria en su fuente de trabajo, que amerite sanción de destitución previo proceso, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la sanción de despido impuesta a la mujer embarazada trabajadora o al progenitor trabajador, debe ser diferida, hasta el año del nacimiento del hijo o de la hija, en protección fundamentalmente, a los derechos de éstos últimos. Así, la referida Sentencia, se pronunció en los siguientes términos: “En remisión al art. 48.VI de la CPE, citado en el Fundamento Jurídico que precede, queda claro que la mujer en estado de gestación o lactancia, no puede ser removida de su puesto de trabajo hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; previsión constitucional que versa sobre la protección de la maternidad por parte del Estado, que es extensible al progenitor varón a efectos de precautelar el derecho a la vida, la salud y a la seguridad social, tanto de la madre como del recién nacido desde el momento de su concepción. Así, debe entenderse por el pronunciamiento del Tribunal

Constitucional, cuando en aquellos casos en los que ambos-madre y progenitor- hubieran sido sometidos a proceso administrativo, disciplinario y/o determinado su destitución -por incurrir en contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria- dicha sanción deberá postergarse en tanto su hijo o hija cumpla un año de edad (Con similar intelecto, la SC 1330/2010-R de 20 de septiembre). De lo que se concluye que, la inamovilidad laboral de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele, la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe posponerse a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable”. Del mismo modo, la SC 0434/2010-R de 28 de junio, cuyo contenido ilustra: 'La Ley 975 de 2 de marzo de 1988, referida a la inamovilidad funcionaria, en su art. primero señala que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”, (…). (…) recientemente (…) ha sido extendida hacia el padre del menor hasta que su hija o hijo cumpla un año, medida progresiva que como no podía ser de otra manera amplía el campo de protección al futuro capital humano del Estado Plurinacional, que fue positivado con la promulgación del DS 0012 de 19 de febrero, que en su art. 2 señala: “(INAMOVILIDAD LABORAL). La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. Entonces, la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger» (así también la SCP 1903/2012 de 12 de octubre)] (el resaltado y subrayado nos pertenecen).

III.2. Clasificación de los servidores públicos en el Estatuto del Funcionario Público

Sobre el particular, la SCP 1118/2022-S3 de 29 de agosto, sostuvo que: “El ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público (EFP), abarca a todos los servidores públicos que presten servicios con relación de dependencia con cualquier entidad estatal, independientemente de su fuente de remuneración; norma que establece como clasificación de los funcionarios públicos, los funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos. Al respecto, el art. 5 del EFP, señala que: ‘a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto’. El art. 71 del citado Estatuto, respecto a la condición de funcionario provisorio, estableció que: ‘Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7 de la presente Ley’.

En ese sentido, es importante precisar que los servidores públicos electos, designados y de libre nombramiento no forman parte de la carrera administrativa; por lo tanto, no tienen derecho a la estabilidad laboral, conforme lo señalan los arts. 233 de la CPE y 5 del EFP, y respecto a los funcionarios provisorios -distintos a los de libre nombramiento- la SC 0474/2011-R de 18 de abril, interpretando el art. 71 del EFP reconoció que en la Administración Pública continúa existiendo servidores públicos provisorios, entendidos como aquellos cargos sujetos a la carrera administrativa; empero, de manera provisional, ya que no ingresaron por el procedimiento regular establecido en el ordenamiento jurídico sino por la decisión discrecional de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), quienes tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral dado su forma de ingreso” (las negrillas y subrayado fueron agregados).

III.3. Análisis del caso concreto

Expuesto el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la relación de los antecedentes y Conclusiones arribadas en esta acción de amparo constitucional, resulta evidente que, el 11 de febrero de 2019, a través del Memorándum MI-013/19 de la citada fecha, Freddy Rolando Valle Calderón, entonces Director Técnico del SEDES La Paz, comunicó a la accionante que, “…por necesidad de servicio a partir de la fecha, mientras se institucionaliza el cargo, es Designado (a) JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA del SEDES La Paz. Debiendo coordinar sus funciones con el Director Técnico de la Institución. Sus haberes le serán cancelados con el ítem TGN-20064” (sic [Conclusión II.1]); asimismo, el 17 de junio de 2021, mediante Memorándum MR-0144/21 de la señalada fecha, Maritza Huarachi Mamani, entonces Directora Técnica del SEDES La Paz, en “…uso de sus atribuciones legales según Decreto Supremo 25233. Art. 9 inciso k) en concordancia con el Art. 33…” (sic), dio por concluida la relación laboral con la peticionante de tutela (Conclusión II.2); en virtud a dicha determinación, por medio de escrito presentado el 24 de agosto de ese año, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la solicitante de tutela denunció su despido ilegal e injustificado; pues, su persona se encontraba en gestación desde el 11 de junio de igual año (Conclusión II.3); en tal sentido, el 17 de diciembre de ese año, el Director General de Servicio Civil del referido Ministerio emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32 de la indicada data; por el cual, intimó a la MAE del SEDES La Paz, “…proceder a la REINCORPORACIÓN LABORAL de MILENKA ISABEL ALFARO CALDERÓN (…) a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación como Jefe de Unidad de Transparencia del Servicio Departamental de Salud La Paz - SEDES, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sea en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de su notificación con la presente” (sic [Conclusión II.4]). Bajo los antecedentes descritos ut supra, a través de este mecanismo de defensa, la impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la alimentación y a un salario justo; toda vez que, el demandado incumplió lo dispuesto por la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32, emitida por el Director General de Servicio Civil del citado Ministerio, que dispuso la reincorporación a su fuente laboral; no obstante, haber sido notificado con dicha orden el 20 de diciembre de 2021. En el caso concreto, la accionante conforme el Memorándum MI-013/19, emitido por Freddy Rolando Valle Calderón, entonces Director Técnico del SEDES La Paz, por necesidad de servicio, mientras se institucionaliza el cargo, fue designada como Jefa de la Unidad de Transparencia de la referida institución (Conclusión II.1); asumiendo de dicho antecedente que, en la administración pública continúa existiendo servidores públicos provisorios, concebidos como aquellos cargos sujetos a la carrera administrativa; empero, de manera provisional, ya que no ingresaron por el procedimiento regular establecido en el ordenamiento jurídico; deduciendo de aquello, que la impetrante de tutela al haber sido designada conforme establece el Memorándum MI-013/19, no sujeta a las disposiciones relativas a la carrera administrativa, tal cual se precisó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, señalando que: “…‘Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7 de la presente Ley’…” (SCP 1118/2022-S3 [las negrillas y el subrayado son nuestros]). En ese antecedente, conforme se tiene manifestado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 48.VI de la CPE, garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y de los progenitores, “…independientemente de que /se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción (…) no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (SCP 0198/2013 [énfasis añadido]); por ello, tomando en cuenta los aspectos descritos y el precedente constitucional referido, concierne garantizar los derechos de la madre gestante y el padre progenitor hasta que el niño o niña cumpla el año de edad; máxime, si dicha garantía trasunta en el derecho al trabajo como uno fundamental para el ejercicio de otros derechos como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la alimentación, la vivienda y la educación, entre otros, que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable; en consecuencia; conforme se precisó en el citado Fundamento Jurídico, a través del DS 0012, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, “…En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral” (SCP 0198/2013); en ese entendido, ante el evidente incumplimiento de la determinación laboral, impartida por el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 32, y bajo las directrices jurisprudenciales citadas supra, corresponde a la MAE del SEDES La Paz, “…proceder a la REINCORPORACIÓN LABORAL de MILENKA ISABEL ALFARO CALDERÓN (…) a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación como Jefe de Unidad de Transparencia del Servicio Departamental de Salud La Paz - SEDES, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sea en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de su notificación con la presente” (sic). En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 164 a 165 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, quien es de Voto Aclaratorio; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0166_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a1737904cbcb93413130a1d9cb441a14eb97b2b6ca9a252ff7d94b825b3e4531

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