B.IA.LEGAL

SCP 0165/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50767-2022-102-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad de locomoción y al debido proceso; así como del principio de celeridad; toda vez que, los Jueces ahora demandados, no celebraron la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó sea desarrollada de forma virtual, sin considerar que esta privado de libertad, no habiéndose celebrado el aludido acto procesal hasta la interposición de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 vta. a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, sobre el derecho a la libertad y al principio de celeridad por conexitud, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional las autoridades demandadas celebren la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y, 2º Denegar respecto al derecho a la vida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el señalamiento de audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva y la celeridad en su tramitación
  3. III.3. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50767-2022-102-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 vta. a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Romero Moron contra Juan Carlos Tinuco Salazar y María Isabel Sosa Castellanos, Jueces; y, Jazmín Mariel Ocampo Moscoso, Secretaria todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 y 28 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 4 a 9 vta.; y, 11 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias, tenencia porte o portación de armas asociación delictuosa, secuestro, el 19 de septiembre de 2022, solicitó audiencia virtual de cesación de la detención preventiva; ya que, sus abogados radican en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, obteniendo la respuesta recién el 27 de igual mes y año a horas 9:57, se anotició que el referido verificativo fue programado para la citada fecha a horas 11:00, negándole la oportunidad de que se desarrolle de forma remota. Al estar comprometida su libertad, debió aplicarse lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0373/2016-S1 de 31 de marzo y 0887/2017-S2 de 21 de agosto, es decir de manera inmediata señalarse audiencia para reanalizar su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho a la libertad de locomoción; y, el principio de celeridad, citando a ese efecto los arts. 22, 23, 115.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 7, 8, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La notificación a los funcionarios y autoridades demandadas para que se presenten a la audiencia de garantías portando mandamiento de detención domiciliaria; y, b) Su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 26 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándolo indicó que: 1) Sufrió un atentado contra su vida en la carceleta pública de Bermejo del departamento de Tarija al ser amenazado con un cuchillo; y, 2) Al no brindar la modalidad virtual para la audiencia de cesación a la detención preventiva se lesionaron los derechos a la petición, y al debido proceso al programar el mismo día que le notificaron la audiencia de consideración de su situación jurídica.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Carlos Tinuco Salazar y María Isabel Sosa Castellanos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; por informe escrito presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 a 30 vta., señalaron que: i) En el memorial de 19 de mismo mes y año, el accionante no consignó de forma completa el celular de su abogado que reside en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; ii) El 22 de mismo mes y año, la Secretaria codemandada ingresó ese escrito con una nota explicando los motivos del retraso en su tramitación; posterior a ello, el 23 del señalado mes y año emitieron el decreto fijando la audiencia impetrada para las 11:00 del 27 de idéntico mes y año, fecha en la que se notificó al peticionante de tutela a horas 9:57 empero no pudo notificarse a su abogado que se encuentra en otro distrito por estar incompleto el número de celular; iii) En la audiencia en cuestión se encontraba el prenombrado empero sin su defensa técnica pese a que le autorizaron el uso de la aplicación WhatsApp para que se conecten, incluso se le pidió otorgue el número completo de celular de Kevin Thompson –su abogado- con quien la secretaria codemandada se comunicó, refiriendo este profesional que se suspenda el actuado; y, iv) Difiriéndose la audiencia para el 28 de septiembre de 2022, instalada la misma se verificó la inasistencia de los abogados del accionante pese a que se extendió el link de la plataforma Cisco Webex y se realizó varias llamadas al celular del referido profesional. Jazmín Mariel Ocampo Moscoso, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, por informe escrito presentado el 29 de septiembre de 2022, refirió que: a) Que recepcionado el memorial de 19 del señalado mes y año, del impetrante de tutela por el cual solicitaba audiencia de cesación de la detención preventiva el mismo se hubiera “entrepapelado” en un traslado y re funcionalización de los ambientes donde desempeñaba sus funciones, y la demora en la notificación con el mismo se debe a que no cuentan con oficial de diligencias, asimismo no podía efectuar ese tipo de comunicaciones antes de las 9 por cuanto goza de hora de lactancia; y, b) En el desarrollo del verificativo programado para el 27 del indicado mes y año logró contactar vía WhatsApp con el abogado Kevin Thompson quien le expreso que no podía ingresar en ese momento a dicho actuado pidiendo se difiera el mismo y habiéndose señalado nueva audiencia para el 28 de igual mes y año tampoco concurrieron los abogados del impetrante de tutela pese a que se generó link para audiencia virtual.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, mediante Resolución 02/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 vta. a 32, concedió en parte la tutela solicitada respecto a la dilación a tiempo de señalar la audiencia de cesación de la detención preventiva fuera de las cuarenta y ocho horas de plazo, disponiendo que los Jueces demandados señalen de forma inmediata audiencia de cesación si es que no fue celebrada aún sea en el término establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Además se exhortó y recomendó a las autoridades demandadas a observar en todo momento lo establecido en el citado artículo que fue modificado por el art. 2.IV de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto al reclamo de la accionante de que su solicitud de cesación de la detención preventiva de 19 de septiembre de 2022, se hubiera atendido recién el 27 de mismo mes y año, no resulta cierto por cuanto cursa se produjo una re funcionalización de juzgados específicamente el reacondicionamiento del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; en virtud a ello y de la nota de la Secretaria codemandada se advierte que el referido escrito ingresó a despacho el 22 del indicado mes y año, y fue providenciado en veinticuatro horas dentro el plazo que establece la norma al ser un acto administrativo el impetrante de tutela mediante su abogado desde el momento de presentación de su memorial tenía la posibilidad de hacer el seguimiento correspondiente de su trámite ante el Tribunal; 2) En el decreto de 23 de similar mes y año, no existe fundamentación que justifique el señalamiento de la audiencia para el 27 del mencionado mes y año; toda vez que, el art. 239.1 del CPP es claro al establecer que las solicitudes de esa naturaleza deben ser atendidas dentro las cuarenta y ocho horas; por otro lado, el peticionante de tutela fue notificado horas antes de celebrarse ese actuado por lo que la orden de conducción también se libró a destiempo; y, 3) Las autoridades demandadas no observaron el principio de celeridad previsto en el art 180.I de la CPE, al no desarrollar la audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, generándose una demora o dilación injustificada; no obstante, la falta de realización del citado verificativo también atañe al peticionante de tutela cuyos abogados defensores no se hicieron presentes pese a su legal notificación. Vía complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicitó el pronunciamiento sobre su petición de otorgarle libertad inmediata. En sustanciación y resolución el Juez de garantías rechazó dicha solicitud alegando que, su libertad debe ser analizada en una audiencia de cesación de la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, a horas 13:22, a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, José Luis Romero Moron -accionante- impetró audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa nota de 22 de igual mes y año, firmada por Jazmín Mariel Ocampo Moscoso, Secretaria del citado Tribunal de Sentencia Penal -codemandada-en la cual consignó: “En la fecha ingresa a despacho debido a que el memorial fue entrepapelado durante el traslado de secretaría debido a la refuncionalización de los juzgados. Certifico” (sic [fs. 2]). II.3. Mediante proveído de 23 de mismo mes y año, Maria Isabel Sosa Castellanos Jueza del merituado Tribunal de Sentencia -demandada-, señaló audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva para las 11:00 horas del 27 del mencionado mes y año, decisión que fue notificada al impetrante de tutela en la citada fecha a horas 9:57 (fs. 16 y 17). II.4. De acuerdo al acta de idéntica fecha, el verificativo programado se difirió para el 28 del mencionado mes y año, ordenando expresamente a la secretaria a tomar recaudos necesarios para habilitar una sala virtual mediante plataforma Cisco Webex y dando por notificadas las partes presentes es decir el peticionante de tutela y el representante del Ministerio Público, firmando en constancia los Jueces ahora demandados (fs. 18 a 19). II.5. Consta acta de suspensión de audiencia de cesación de la medida extrema de 28 de septiembre de 2022, ante la inasistencia de los abogados del accionante las autoridades demandadas dispusieron: “1. Tener por DECAIDA la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por Jose Luis Romero Moron” (sic [fs. 21 y vta]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad de locomoción y al debido proceso; así como del principio de celeridad; toda vez que, los Jueces ahora demandados, no celebraron la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó sea desarrollada de forma virtual, sin considerar que esta privado de libertad, no habiéndose celebrado el aludido acto procesal hasta la interposición de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre el señalamiento de audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva y la celeridad en su tramitación

Al respecto, la SCP 0547/2021-S2 de 20 de septiembre sostuvo que: «La SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, señalando a la SCP 0766/2014 de 21 de abril, que a su vez cita a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, respecto a la celeridad hizo énfasis en que: “‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido se promulgó la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: ‘(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código’”. En ese sentido, se concluye que conforme prevé el art. 239 del CPP, el juez o tribunal ordinario que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva, que se encuentre comprendida en los numerales 1, 2, 5 y 6, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; en efecto, el artículo es taxativo para la programación del referido acto procesal; además, la autoridad judicial deberá garantizar bajo su responsabilidad, la comparecencia de los sujetos procesales, desplegando de forma eficaz y efectiva todas las acciones que devengan de su poder ordenador y disciplinario, a fin de cumplir con lo dispuesto en el citado artículo y evitar su diferimiento -audiencia de cesación de la detención preventiva-; un actuar contrario, supondría una dilación indebida, que merecerá tutela por parte de este Tribunal. En armonía con lo expuesto en el acápite que precede, se advierte que en concordancia con lo previsto en el art. 239.2 del citado Código, el art. 235 ter de dicha norma, en lo que respecta a la aplicación de la detención preventiva refiere lo siguiente: “…si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad”; con lo que, se confirma la obligación que tiene la autoridad judicial de señalar audiencia en el mismo acto que resuelve una cuestión planteada por los sujetos procesales; es así que, a la luz del principio de celeridad, los operadores de justicia deben realizar un uso efectivo del tiempo, medios y herramientas jurídicas contenidas en los procedimientos y, ante cualquier falencia esta debe corregirse a la brevedad, evitando dilatar, diferir o retrasar actuaciones que quebrantan el mencionado principio, el cual se encuentra en relación con otros principios inmersos en el proceso penal.

De forma excepcional, de acuerdo a lo previsto en el art. 113.II del CPP se puede suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando sea atribuible a causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, debiendo la autoridad judicial en el mismo acto, señalar de oficio fecha y hora del nuevo verificativo, caso contrario incurriría en actos dilatorios e indebidos, lesionando con ello el debido proceso y por la naturaleza del acto procesal, comprometería el derecho a la libertad del justiciable, resultando en consecuencia, viable su tutela a través de la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho; así también lo entendió la SCP 1322/2014 de 30 de junio, que refirió: “…del acta de suspensión de la audiencia, se evidencia que la autoridad demandada no habría fijado nueva fecha de audiencia (…) dicha omisión justamente vulnera el derecho del accionante, pues si bien al encontrarse los sujetos procesales en la audiencia correspondía programar de oficio una nueva fecha quedando los mismos notificados en dicha audiencia y al no haberlo hecho así, afecta la celeridad que amerita la tramitación de una solicitud vinculada a la libertad del accionante”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial

La SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, señalo que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”.

En consecuencia, de la Sentencia Constitucional Plurinacional precitada, se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción y opera en dos situaciones: 1) Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones » (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad de locomoción y al debido proceso; así como del principio de celeridad; toda vez que, los Jueces ahora demandados, hasta la interposición de esta acción de defensa no celebraron la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó sea desarrollada de forma virtual, sin considerar que esta privado de libertad. En antecedentes, cursa memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva de 19 de septiembre de 2022, presentado por el accionante a los jueces demandados, que mereció la nota de 22 de mismo mes y año signada por la Secretaria codemandada quien asevera que en esa fecha puso en conocimiento de las autoridades tal petición (Conclusiones II.1 a II.3) Por decreto de 23 del indicado mes y año, la Jueza codemandada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 27 de mismo mes y año, acto que se suspendió para el 28 de idéntico mes y año, a su vez este nuevo acto procesal no se desarrolló ante la inconcurrencia de la defensa técnica del impetrante de tutela determinando los Jueces demandados: “1. Tener por DECAÍDA la solicitud de cesación…” (sic [Conclusiones II.4 y 5]). Con carácter prioritario se debe analizar la presunta lesión al derecho a la vida del impetrante de tutela, quien en el desarrollo de la audiencia de garantías manifestó que fue amenazado con un cuchillo; sin embargo, no identificó a su agresor, el contexto, lugar o circunstancias en que se suscitó tal escenario; o, si denunció de ello oportunamente a las autoridades a cargo del recinto penitenciario o al representante del Ministerio Público, a efectos de que asuman las acciones pertinentes; por lo cual, al carecer de elementos que permitan establecer que su vida fue amenazada o estuvo en peligro no es posible conceder la tutela al respecto; máxime si se considera que: “… es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto), en ese entendido y al no haber advertido este Tribunal la concurrencia de lesión o peligro directo al citado derecho ya que se trataría de una aseveración genérica. Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese marco, el peticionante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva, habiéndose fijado -según los antecedentes-audiencia para el 27 de septiembre de 2022, la que fue suspendida y reprogramándose la mencionada pretensión para el 28 del mismo mes y año, actuado al cual no concurrió la defensa técnica del accionante pese a que se habilitó las condiciones para que se desarrolle de forma remota y si bien esta situación no puede atribuirse a los Jueces demandados, los mismos cometieron un exceso al determinar por “DECAÍDA” la solicitud de cesación de la detención preventiva aspecto que no está reconocido en el ordenamiento procesal penal vigente por cuanto el art. 239 del CPP establece que ante la inconcurrencia de alguna de las partes deberá obrarse conforme los alcances del art. 133 del mismo Código, el cual establece reglas para proceder ante las distintas eventualidades que para el caso en específico aplicaría:

“II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. (…) Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.” Bajo ese marco se tendría que haber convocado a un defensor de oficio y celebrar el acto procesal, asumiendo a la vez sanciones al defensor quien conocía de dicho actuado y más aún al ser de otro distrito estaba constreñido a tomar las previsiones necesarias; sin embargo, aquello no aconteció, aspecto que este Tribunal no puede convalidar; en virtud a ello, concierne conceder la tutela disponiendo que la audiencia de cesación de la detención preventiva sea sustanciada de forma inmediata; en armonía con lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el principio de celeridad rige en esa clase de solicitudes; ya que, “…del acta de suspensión de la audiencia, se evidencia que la autoridad demandada no habría fijado nueva fecha de audiencia (…) dicha omisión justamente vulnera el derecho del accionante, pues si bien al encontrarse los sujetos procesales en la audiencia correspondía programar de oficio una nueva fecha quedando los mismos notificados en dicha audiencia y al no haberlo hecho así, afecta la celeridad que amerita la tramitación de una solicitud vinculada a la libertad del accionante…” (SCP 1322/2014 de 30 de junio [las negrillas nos corresponden]). En ese entendido, al no fijar una nueva fecha de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, los Jueces demandados mantuvieron en suspenso la revisión de la situación jurídica del impetrante de tutela, aspecto que se configura en una dilación indebida que afecta al principio de celeridad que en el caso concreto está vinculado al derecho a la libertad del prenombrado; por lo que, corresponde otorgar la tutela pedida. Por otra parte, el peticionante de tutela, impetró se conceda su libertad inmediata, al respecto debe considerarse que la aplicación de una medida cautelar personal esta reglada por los requisitos descritos en el art. 233 del CPP, asimismo su cesación esta normada por el art. 239 del mismo compilado legal, por tales motivos no corresponde a este Tribunal otorgar tal beneficio sino deberá estar a las resultas de la celebración de la audiencia pertinente.

Finalmente, en lo relativo al a Secretaria codemandada, su participación se circunscribe en ingresar el memorial de 19 de septiembre de 2022, de solicitud de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, recién el 22 de mismo mes y año, aduciendo que hubiese sufrido un extravío producto de una reestructuración de juzgados y aparente adecuación de los ambientes donde fungen esos despachos; y que, al carecer de oficial de diligencias y gozar de hora de lactancia, se vio limitada en dar continuidad al desarrollo de la causa que atañe al impetrante de tutela. No obstante, la documentación y demás efectos de la oficina en la que funge el juzgado al cual asiste están bajo su responsabilidad no pudiendo excusarse en que el memorial fue puesto a conocimiento de los jueces oportunamente una vez hallado, cuando el mismo estuvo casi tres días sin respuesta, lo que derivó en que se suscite una demora innecesaria en su trámite, y por ende se inobserve los plazos previstos en el art. 239 del CPP para ese tipo de solicitudes; en ese entendido, concierne conceder la tutela también contra la mencionada funcionaria. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 vta. a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, sobre el derecho a la libertad y al principio de celeridad por conexitud, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional las autoridades demandadas celebren la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y, 2º Denegar respecto al derecho a la vida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0165_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

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