Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de mayo de 2024
Concede la tutela
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a los principios de celeridad, probidad, eficiencia y eficacia, toda vez que la autoridad judicial demandada no emitió el mandamiento de libertad definitivo, pese a que cumplió con la pena impuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos: 1) La activación de la acción de libertad por apresamiento ilegal o indebido; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 4) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 4 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba emita en el día el mandamiento de libertad del accionante, siempre y cuando no se hubiere ya emitido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2024-S1 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48168-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2022 de 4 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Torrez Ortiz en representación sin mandato de Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 3 de junio de 2022, cursante de fs. 12 a 15, el accionante a través de su representante, manifestó los siguientes argumentos:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de robo agravado, fue aprehendido el 28 de abril de 2019, cumpliendo condena en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba desde el 29 del mismo mes y año, emergente de la Sentencia condenatoria que lo sanciona con cuatro años de presidio; sin embargo, el 4 de agosto de 2021, obtuvo el beneficio de redención rebajándose su condena a tres años, un mes y cinco días de presidio. Con ese antecedente, el 2 de junio de 2022 solicitó a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del referido departamento -ahora demandada- su libertad definitiva y en aplicación al art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, y se libre el mandamiento respectivo, toda vez que se encontraba detenido tres años, un mes y seis días; sin embargo, la secretaria del referido despacho judicial informó que se encuentra recluido tres años, un mes y dos días; ante tal actuado procesal a través de memorial del 3 del referido mes y año, observó dicho informe y reiteró su pedido de libertad. Dicho informe no consideró que fue aprehendido el 28 de abril de 2019, fecha en la que debió iniciar el cómputo del cumplimiento de la pena conforme consta en el expediente; sin embargo, la autoridad demandada pidió con carácter previo se adjunte documentación que respalde la observación, desconociendo que la referida información se halla plasmada en la sentencia condenatoria dictada en su contra, dilatando y retrasando innecesariamente su derecho a la libertad.
El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad vinculado a los principios de celeridad, probidad, eficiencia y eficacia; citando al efecto, los arts. 23.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene a la Jueza ahora demandada en el día expida la correspondiente Resolución y mandamiento de libertad definitivo.
Celebrada la audiencia virtual de 4 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 44 a 45, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante se ratificó en los términos de su demanda tutelar, además señaló que la Jueza demandada debió revisar minuciosamente los antecedentes por los que se ordenó su detención preventiva para luego realizar el cómputo correcto y advertir que se cumplió la totalidad de la condena, al no obrar de tal manera, provocó que continúe privado de libertad.
Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 4 de junio de 2022, cursante de fs. 40 a 43 vta., manifestó lo siguiente: a) Una vez recepcionada la solicitud, dispuso la realización del cómputo de la pena que se efectuó al instante, en base a los datos del legajo procesal y el informe del Centro Penitenciario de San Antonio de donde se tiene que el sentenciado ingresó el 29 de abril de 2019 faltándole tres días para el cumplimiento de su condena; b) El 3 de junio de 2022 presentó memorial adjuntando una copia de la motivación fáctica de la sentencia, en forma inmediata, se respondió que debe presentar documentación que acredite el ingreso al referido centro penitenciario, ya que no consta ningún actuado que evidencie lo manifestado, y con esta providencia se le notificó también en el acto; c) El accionante no tomó en cuenta que el debido proceso en el nuevo orden constitucional se encuentra como un derecho, garantía y principio, precautelando el mismo se emitió providencias y autos acorde al sistema de garantías, buscando un equilibrio entre los derechos del sentenciado y la enorme carga procesal que tiene el despacho, ante la acefalía de los otros dos Juzgados de Ejecución Penal, realizando audiencias diarias y en el menor tiempo posible; d) La libertad encuentra límites en el art. 23.I de la CPE, y si bien es cierto que se garantiza una justicia sin dilaciones, no es menos evidente que la acción de defensa no se activa de manera inmediata, siendo obligación de los Tribunales de garantías analizar los factores que incidieron en la demora si es que la misma existe; e) El accionante se limita a exigir el acceso a la justicia sin dilaciones, establecidos en el art. 115 de la CPE, sin tomar en cuenta los factores que inciden en el normal desarrollo de las actividades del despacho judicial y que debe informarse con documentación idónea que respalde la determinación a tomarse, se procedió de esa manera, sin demora alguna, como se evidencia en las copias adjuntas al informe y las cartillas de notificación cursantes en el proceso, factores que deben ser analizados porque no sólo alteran el normal desenvolvimiento de las labores judiciales, por ende inciden en el cumplimiento de los plazos procesales, no existe dilación, menos negligencia; y, f) En el caso del accionante, lejos de motivar de manera adecuada con la fundamentación objetiva su solicitud, acude directamente a la acción tutelar; por lo que solicitó se deniegue su pretensión.
Limber Gregorio Claure Sandoval, Fiscal de Materia, en audiencia señaló: a) Se debe considerar la carga procesal que tiene la autoridad demandada al estar en suplencia de los Juzgados de Ejecución Penal Primero y Segundo, además en el juzgado de la que es titular, debe despachar las causas dentro de las veinticuatro horas; b) La autoridad jurisdiccional se ciñó estrictamente al informe emitido por la secretaria en cuanto al cumplimiento del plazo de condena; y, c) La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sentó línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de libertad en los supuestos de que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, en ese marco el accionante pudo solicitar la corrección correspondiente para el cómputo del plazo y de ese modo la jueza poder tomar una decisión en relación al mismo, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada por subsidiariedad.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 07/2022 de 4 de junio, cursante de fs. 46 a 49, deniega la tutela impetrada, señalando los siguientes fundamentos: 1) En el decreto de 3 de junio de 2022 la Jueza de Ejecución Penal -ahora demandada- dispuso que con carácter previo adjunte la documentación que respalde su observación, pues no se tiene documentación, que “acredite que el sentenciado ingreso al penal en dicha fecha ….”, tomando como base el certificado de permanencia; 2) No se evidencia que la Jueza demandada haya dilatado los actos administrativos, actuó con celeridad que el caso amerita, respondiendo las peticiones en el día y notificando dentro de las veinticuatro horas a las partes; 3) Tratándose de actuaciones jurisdiccionales, debe concurrir de manera simultánea dos requisitos para que vía acción de libertad se analice la vulneración al debido proceso, en el caso el decreto de 3 de junio de 2022 no es la causa directa de la privación de libertad del acusado, pues este emerge del cómputo del cumplimiento de la condena emitido por la secretaria abogada y fue puesto a conocimiento de las partes para que sean observadas, precisamente en ese entendido el accionante efectuó la observación. En cuanto al segundo requisito, no existe un estado de indefensión dado que cuenta con un abogado defensor del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); en consecuencia, no concurre los dos presupuestos de manera simultánea; y, 4) La resolución que emitió la autoridad demandada es un decreto, el accionante podía interponer el recurso de reposición previsto en el art. 401 del CPP como medio ordinario, si consideraba que con la emisión del mismo se afectaba sus derechos y se habría incurrido en error, no puede pretender vía acción de libertad suplir actuaciones propias de la jurisdicción ordinaria, bajo estos razonamientos opera la subsidiaridad excepcional dentro de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de declaración del imputado recepcionado el domingo 28 de abril de 2019 a horas 13:30 (fs. 2 y vta.) II.2. Consta Sentencia 72/2019 contra Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi por la comisión del delito de robo agravado de 29 de octubre de 2019, imponiendo la pena de tres años y cuatro meses de privación de libertad (fs. 3 a 5 vta.). II.3. Por certificado de permanencia y conducta de 29 de noviembre de 2020, se certifica que la permanencia de Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi en el centro penitenciario de San Antonio fue desde el 29 de abril de 2019 al 26 de noviembre de 2020 (fs. 6). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 56/2021 de 4 de agosto, se concede el beneficio de redención al condenado Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi, imponiendo nueva pena a cumplir de tres años, un mes y cinco días de privación de libertad (fs. 7 y vta.).
II.5. A través del memorial presentado el 2 de junio de 2022 por Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi solicita se extienda mandamiento de libertad definitiva (fs. 8). II.6. Cursa informe de cómputo de pena de Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi elaborado por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, que refiere: “De lo expuesto, se concluye que al presente el prenombrado condenado tiene la pena cumplida de: 3 (tres) AÑOS 1 (un) mes y 2 (tres) días” [sic. (fs. 9)]. II.7. Por escrito presentado el 3 de junio de 2022, el ahora accionante observó el informe y reiteró solicitud de libertad definitiva, mereciendo la providencia de 3 de junio de 2022 que señala:
“En cuanto a la observación y solicitud realizada por esta parte de que se compute el tiempo de pena del señor Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi desde el 28 de abril de 2019, con carácter previo adjunte documentación que respalde su observación y el dato que proporciona, toda vez que de la revisión de antecedentes no cursa ningún actuado que acredite que el sentenciado ingreso al penal en dicha fecha, sino más bien, el certificado de permanencia y conducta emitida por el penal de San Antonio, se tiene que el pre nombrado ingreso al penal el 29 de abril de 2019, fecha que se toma en cuenta para realizar cómputos anteriores cursantes en el proceso que en su momento no fueron observados por esta parte” (fs. 11). II.8. Cursa foto de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial en el que se advierte el ingreso del memorial el 2 de junio de 2022, la remisión a despacho, decreto, informe de cómputo y la notificación a las partes el mismo día. Asimismo, el 3 de igual mes y año, se advierte recepción del escrito, emisión del decreto y notificación a las partes en el día del proceso penal que se le siguió al impetrante de tutela (fs. 43).
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a los principios de celeridad, probidad, eficiencia y eficacia, toda vez que la autoridad judicial demandada no emitió el mandamiento de libertad definitivo, pese a que cumplió con la pena impuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos: 1) La activación de la acción de libertad por apresamiento ilegal o indebido; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 4) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0526/2020-S1 de 18 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: Con relación a la libertad de los privados de libertad, ya sea por cumplimiento de la condena, o la concesión de la libertad condicional, o la cesación de la detención preventiva, el art. 39 de la Ley de Ejecución de Penas (LEPS), señala que: “Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno”.
La jurisprudencia constitucional en torno al apresamiento ilegal o indebido, tiene el siguiente desarrollo: La SC 0906/2004-R de 16 de junio, ha previsto que:
…Este precepto fundamental, en cuanto al último supuesto jurídico de apresamiento indebido o ilegal, no sólo está referido al inicio del apresamiento, vale decir, a que para apresar a la persona no se cumplen las formalidades legales, sino también al apresamiento indebido que pueda darse cuando se ha extralimitado el tiempo dispuesto por Ley y se hubieran cumplido las condiciones para obtener la libertad física, pues en estos casos la autoridad competente debe hacer cesar la limitación inmediatamente y poner en libertad al apresado; y para el caso de no hacerlo, incurre en apresamiento indebido y en consecuencia en lesión del derecho a la libertad física. Complementando dicho entendimiento, la SC 1002/2005-R de 22 de agosto, estableció que el apresamiento ilegal también se produce por la oposición a la otorgación de los beneficios en la ejecución de la condena, a pesar de haberse cumplido los requisitos.
1En el F.J. III.1, se señala: El recurso de hábeas corpus, ha sido instituido para resguardar la libertad física y la locomoción de las personas, lo que se colige de la interpretación justa y correcta del art. 18 de la CPE, que dispone “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales”. Este precepto fundamental, en cuanto al último supuesto jurídico de apresamiento indebido o ilegal, no sólo está referido al inicio del apresamiento, vale decir, a que para apresar a la persona no se cumplen las formalidades legales, si no también al apresamiento indebido que pueda darse cuando se ha extralimitado el tiempo dispuesto por Ley y se hubieran cumplido las condiciones para obtener la libertad física, pues en estos casos la autoridad competente debe hacer cesar la limitación inmediatamente y poner en libertad al apresado; y para el caso de no hacerlo, incurre en apresamiento indebido y en consecuencia en lesión del derecho a la libertad física. 2En el F,J. III.4. se señala: Consiguientemente, conforme a lo referido procedentemente, indulto y libertad condicional son dos institutos diferentes, con finalidades distintas, por lo que los vocales recurridos no podían sustentar su negativa de conceder el beneficio impetrado por el actor aduciendo que la Constitución en los casos como el presente, tratándose del delito de asesinato, establece una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, por cuanto el actor en ningún momento solicitó indulto alguno, que tampoco podía hacerlo pues la atribución de concederlo corresponde al Poder Legislativo, habiendo realizado así una interpretación errada del precepto constitucional (art. 17 de la CPE), mismo que no hace referencia alguna a la libertad condicional, encontrándose en manos del legislador ordinario establecer los requisitos para acceder a ella, los cuales en la especie, según señalan los propios vocales demandados, se encuentran cumplidos, pese a lo cual le negaron el beneficio, ello deriva en que el apresamiento del recurrente, en principio legal por la existencia de mandamiento de condena emanado de autoridad competente, se convierta en apresamiento indebido, atribuible a un acto ilegal de los recurridos, al oponerse a otorgar un beneficio pese a estar cumplidos los requisitos que señala la ley, circunstancia que abre la tutela que brinda el hábeas corpus y determina la procedencia del recurso.
Dichos entendimientos fueron confirmados en la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en la que se señala:
…es obligación del Órgano Judicial restituir de inmediato la libertad de las personas que se encuentren privadas de la misma de forma injustificada, que hubieran cumplido su condena, o en los casos en los cuales se hubiera vencido el plazo máximo para culminar el proceso judicial en su contra y con ello para mantener la detención preventiva, pues al ser el único competente para dictaminar la privación de libertad de los ciudadanos, es también el único responsable por el tiempo que las personas estuvieren indebidamente detenidos; de no hacerlo, es culpable de daño jurídico, el cual puede ser por su actividad ilegal, indebida o desproporcionada, o por vías de hecho, cuando no exista justificativo alguno y total omisión por parte del Órgano Judicial en resguardar la libertad de alguien detenido sin motivo alguno o cuando éste hubiera desaparecido por el paso del tiempo, lo que puede ocurrir por cumplimiento de la condena y por caducidad de la detención preventiva. Dicho entendimiento citado por la SCP 0666/2015-S2 de 10 de junio, SCP 0805/2015-S2 de 21 de julio, y la SCP 0549/2018-S3 de 25 de septiembre; y, entre otras. En suma, se incurre en apresamiento ilegal o indebido cuando la privación de libertad de una persona que fue dispuesta conforme a derecho por autoridad competente, excede el tiempo establecido por ley, o se mantiene después del cumplimiento de la condena o la cesación de la detención preventiva; así como cuando se deniega indebidamente la concesión de los beneficios que la ley otorga en la ejecución de la pena.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, ratificado por la SCP 0332/2021-S1 de 16 de agosto, entre otras, asumieron el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado 3En el F.J. III.4, se señala: “En el ámbito del sistema constitucional que configura un Estado de derecho basado en la asignación de fines y objetivos al Estado, siendo uno de ellos el de garantizar la seguridad y la protección de la dignidad de las personas y de todos sus derechos, conforme al art. 8.2 y 8.4 de la CPE, la función judicial no sólo debe limitarse al cumplimiento formal de sus funciones, sino que también debe verificar que sus resoluciones y órdenes sean efectivamente cumplidas, bajo el principio de la eficacia judicial, consagrado por el art. 180.I de la CPE; pero además, es el encargado del cumplimiento del fin estatal de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, sin que éstos sean sustraídos por otros particulares, el propio Estado y más aun EVITANDO CONVERTIRSE EL MISMO ÓRGANO JUDICIAL EN EL AUTOR DE VULNERACIONES A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS; por ello, es obligación del Órgano Judicial restituir de inmediato la libertad de las personas que se encuentren privadas de la misma de forma injustificada, que hubieran cumplido su condena, o en los casos en los cuales se hubiera vencido el plazo máximo para culminar el proceso judicial en su contra y con ello para mantener la detención preventiva, pues al ser el único competente para dictaminar la privación de libertad de los ciudadanos, es también el único responsable por el tiempo que las personas estuvieren indebidamente detenidos; de no hacerlo, es culpable de daño jurídico, el cual puede ser por su actividad ilegal, indebida o desproporcionada, o por vías de hecho, cuando no exista justificativo alguno y total omisión por parte del Órgano Judicial en resguardar la libertad de alguien detenido sin motivo alguno o cuando éste hubiera desaparecido por el paso del tiempo, lo que puede ocurrir por cumplimiento de la condena y por caducidad de la detención preventiva.”
tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la 4El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 5El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0263/2019-S2 de 21 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. El principio de celeridad debe guiar la actuación de toda autoridad judicial; y en ese sentido, la actividad procesal debe ser desarrollada con prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso; debiendo entender que la tardía atención y resolución de un caso que involucre un derecho fundamental, afecta no solo a los derechos al debido proceso y a un plazo razonable, sino también, al principio de seguridad jurídica; este entendimiento fue asumido, entre otras, por la SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el Juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras.
6El FJ III.1.2, señala: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos pertenecen). 7El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. 8El FJ III.3, refiere: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
Ahora bien, de acuerdo al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, en su art. 401 prevé el recurso de reposición, que procede contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; sin embargo, a efecto de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, salvo que la parte accionante, de manera paralela, hubiere activado ese recurso y la vía constitucional; supuesto en el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo, porque podrían existir resoluciones contradictorias sobre el mismo tema.
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado a los principios de celeridad, probidad, eficiencia y eficacia, toda vez que la autoridad judicial demandada no emitió el mandamiento de libertad definitivo, pese a que cumplió con la pena impuesta. Previamente a ingresar al fondo de la presente acción de tutela, se hace necesario aclarar lo referido por la Jueza de garantías, quien consideró como uno de sus argumentos para denegar la tutela, que ante la emisión del proveído de 3 de junio de 2022, el accionante debió haber interpuesto el recurso de reposición; al respecto corresponde tomar en cuenta el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que la falta de interposición del recurso de reposición no puede considerarse como una causal de subsidiariedad excepcional para denegar la tutela impetrada porque dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, por lo que la parte accionante no tenía el deber de acudir a la jurisdicción ordinaria planteando ese recurso, consiguientemente superada esa causal de denegatoria, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada por el impetrante de tutela. Ahora bien, de los antecedentes aparejados al expediente, se tiene que dentro del proceso penal instaurado contra el peticionante de tutela, por la comisión del delito de robo agravado, se constata que efectivamente que prestó su declaración el domingo 28 de abril de 2019 a horas 13:30 (Conclusión II.1) y habiéndose sometido a procedimiento abreviado, se emitió la Sentencia 72/2019 de 29 de octubre, que le impuso la pena de tres años y cuatro meses de privación de libertad (Conclusión II.2); pena que fue modificada mediante Auto Interlocutorio 56/2021 de 4 de agosto, por el cual se concede el beneficio de redención al condenado –ahora accionante- y se le impuso la pena a cumplir de tres años, un mes y cinco días de privación de libertad (Conclusión II.4). En ese contexto, a través del memorial presentado el 2 de junio de 2022 el impetrante de tutela solicitó se extienda mandamiento de libertad definitiva (Conclusión II.5), ante tal solicitud la Jueza demandada dispuso que por Secretaría se elabore dicho informe; así la secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba informó que “De lo expuesto, se concluye que al presente el prenombrado condenado tiene la pena cumplida de: 3 (tres) AÑOS 1 (un) mes y 2 (tres) días” [sic. (Conclusión II.6)]. Actuación procesal que en conocimiento del solicitante de tutela fue refutada a través del escrito de 3 de junio de 2022, que observó el informe y reiteró la solicitud de libertad definitiva adjuntando fotocopia de la parte de la motivación fáctica de la Sentencia 72/2019, mereciendo la providencia de 3 de junio de 2022 que señala:
“En cuanto a la observación y solicitud realizada por esta parte de que se compute el tiempo de pena del señor Carlos Fernando Gutiérrez Huarachi desde el 28 de abril de 2019, con carácter previo adjunte documentación que respalde su observación y el dato que proporciona, toda vez que de la revisión de antecedentes no cursa ningún actuado que acredite que el sentenciado ingreso al penal en dicha fecha, sino más bien, el certificado de permanencia y conducta emitida por el penal de San Antonio, se tiene que el pre nombrado ingreso al penal el 29 de abril de 2019, fecha que se toma en cuenta para realizar cómputos anteriores cursantes en el proceso que en su momento no fueron observados por esta parte” (Conclusión II.7).
Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional se incurre en una privación de libertad ilegal o indebida, cuando si bien es dispuesta por autoridad competente; empero, excede el tiempo establecido por ley o se mantiene después del cumplimiento de la condena o la cesación de la detención preventiva; así como cuando se deniega indebidamente la concesión de los beneficios que la ley otorga en la ejecución de la pena. En ese antecedente se advierte que del acta de declaración del imputado, así como del acápite de la motivación fáctica de la Sentencia 72/2019 de 29 de octubre, se señala que:
“En fecha 28 de abril de 2019, a horas 05:00 a.m. aproximadamente, se constituyeron en dependencias de la FELCC de Punata, los señores SAUL WILSON ROCHA, CARMEN ROSA ARIAS y JAVIER ELIAS ARIAS con un aprehendido identificado como CARLOS FERNANDO GUTIERREZ HUARACHI, de 18 años de edad, habiendo una de las víctimas (Javier Elías Arias) manifestado que cuanto se estaba retirando a su domicilio, esto por la calle Junín, aproximadamente, a horas 04:00 a.m., del día domingo 28 de abril de 2019, fue interceptado por tres sujetos que estaban a bordo de una motocicleta, habiendo dos de ellos descendido del mismo para directamente agredir físicamente y sustraerle sus pertenencias como ser su celular, empero que gracias a la pronta intervención de SAUL WILSON ROCHA se logró aprehender al ahora procesado mientras que los otros dos se dieron a la fuga” Lo que evidencia inicialmente que el peticionante de tutela fue aprehendido desde el 28 de abril de 2019. Ahora bien, el art. 365 del CPP refiere: “Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, incluso en sede policial”, lo que implica que a efectos del cómputo de la pena debe además computarse el día en que fue aprehendido, en este caso el 28 de abril de 2019. Sin embargo, pese a que en la Sentencia referida constaba como antecedente ante la Jueza ahora demandada el escrito presentado el 3 de junio de 2022 por el accionante, también se adjuntó una fotocopia de la parte de motivación fáctica de la señalada resolución, elementos que no fueron considerados y por lo tanto no se advirtió que desde la indicada fecha de su aprehensión hasta el 2 de junio de 2022, ya transcurrió los tres años, un mes y cinco días; es decir, el peticionante de tutela cumplió su condena al finalizar el referido día; así al 3 de junio del 2022 ya se encontraba recluido de manera indebida en el mencionado centro penitenciario. De este modo, si bien los memoriales presentados por el impetrante de tutela fueron providenciados y notificados en el mismo día de su recepción como dan cuenta que en tiempos se aplicó los fundamentos jurídicos III.2 y III.3; empero, no se actuó con eficiencia y eficacia al no percatarse la autoridad demandada que el procesado cumplió efectivamente su condena el 2 de junio de 2022, lo que ocasionó una dilación indebida, ya que a la postre provocó que el ahora accionante permanezca indebidamente privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba. Al respecto, es pertinente reiterar lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo referido a la celeridad procesal, y con relación al caso concreto que se analiza, el art. 39 de la LEPS, textualmente señala: “(Libertad).- Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno”, resultando muy claro ese mandato, al disponer que quien cumplió su condena debe ser liberado de inmediato, puesto que a partir del día en que se cumple la condena, la privación de libertad se convierte en apresamiento ilegal e indebida. Consecuentemente, la privación de libertad en el presente caso se prolongó por más de un día y medio, considerando que al día de la audiencia tutelar -4 de junio- el accionante continuaba en dicha situación jurídica, evidenciándose que se vulneró de manera flagrante el derecho a la libertad, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 4 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba emita en el día el mandamiento de libertad del accionante, siempre y cuando no se hubiere ya emitido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
9 El FJ III.4, manifiesta: “…dada la naturaleza no subsidiaria de esta acción; el agraviado debe tener en cuenta que la norma adjetiva penal le da la facultad de interponer recurso de reposición para impugnar en este caso, el decreto de fijación o suspensión de audiencia, y que puede ser activado oralmente en el acto y resuelto de inmediato en la misma audiencia, y si es por escrito, puede ser interpuesto en veinticuatro horas y resuelto en igual plazo, de tal manera que en la misma instancia se reencauce el proceso y se restablezcan sus derechos. Por tanto, ante esta situación dilatoria, puede acudir directamente a la acción de libertad, o en su defecto antes de interponer esta acción tutelar, puede formular recurso de reposición; empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo. Entendimiento ya fue establecido en la SC 0030/2010-R de 13 de abril”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0165_2024-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): e6db5d6814f6aa9936f537b0f9131c6117f49408aa3be7f04352ff97b9db81aa
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