B.IA.LEGAL

SCP 0165/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
44701-2022-90-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, manifestando que habiéndose pronunciado Resolución de cesación de detención preventiva a su favor, ante su solicitud de ofrecimiento de garantes personales como parte de las medidas sustitutivas dispuestas, la Jueza demandada: i) Convocó a audiencia para considerar dicho ofrecimiento, a pesar de que el acto procesal no está contemplado en el procedimiento y suspendió la misma por su inasistencia, cuando únicamente se requería la presencia de sus fiadores y no la suya; y, ii) Ante una nueva petición de su parte, señaló nueva audiencia que volvió a ser suspendida, esta vez con el fundamento de que contra la Resolución de cesación a la detención preventiva se encontraba pendiente un recurso de apelación incidental, y que únicamente consideraría su requerimiento una vez acompañe el respectivo Auto de Vista que lo resuelva. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2023-S4 Sucre, 21 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44701-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gary Mahel Villarpando Zerda contra Lucy Orellana Soria, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgazama del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 02 de diciembre de 2021, cursante de fs. 29 a 35, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 29 de octubre de 2021, fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva dispuesta por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, quien el 3 de noviembre del mismo año, remitió la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento, ante el cual, el 18 de igual mes y año, presentó ofrecimiento de sus garantes personales, habiendo la Jueza hoy demandada señalado audiencia para el 21 de noviembre de 2021, a efectos de considerar su aceptación, extremo que no se encuentra previsto en el procedimiento. Dicha audiencia se suspendió debido a que su persona no se encontraba presente, lo cual no era necesario pues solo debía verificarse la presencia de sus fiadores o garantes personales; por lo que, tuvo que reiterar su solicitud de aceptación de estos últimos, habiéndose establecido nueva audiencia para el 26 de noviembre de 2021, la cual fue nuevamente suspendida, esta vez, a petición del Ministerio Público que arguyó haberse interpuesto apelación contra “la Resolución de fecha” (se entiende, la que dispuso la cesación de su detención preventiva); por lo que la mencionada autoridad jurisdiccional dispuso que debía reiterarse el requerimiento (de aceptación de garantes o fiadores) una vez resuelta la referida apelación y adjuntando el respectivo Auto de Vista, extremo que afecto su situación jurídica, considerando que cumplió con todas las medidas sustitutivas impuestas para que se le otorgue su libertad. A la fecha de interposición de esta acción de defensa, han transcurrido más de diez días en que solicitó la aceptación de sus garantes, siendo lo más grave que la Jueza demandada consideró un recurso de apelación que “no está en su poder”, pues no cursa en los actuados a su cargo, y que además, no tiene carácter suspensivo de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0522/2011-R de 25 de abril, debiendo considerarse además que su libertad solo puede ser ordenada una vez se cumpla con la fianza personal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante invocó como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso y a una justica pronta y oportuna citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda “la acción de libertad” y en consecuencia, se ordene el señalamiento de audiencia para ofrecimiento de garantes otorgándole su libertad de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 46 vta., presentes el solicitante de tutela, la autoridad demandada, así como el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia ratificó los argumentos de su acción tutelar así como su petitorio, añadiendo que en la audiencia de 26 de noviembre de 2021, la Jueza demandada sostuvo que de su parte actuaron con deslealtad procesal al no haberse resuelto la apelación interpuesta contra la Resolución que le concedió la cesación a su detención preventiva, con lo cual, las vulneraciones cometidas por dicha autoridad consisten en primer lugar, en haber dispuesto el señalamiento de una audiencia no prevista por el procedimiento, y en segundo lugar, considerar y resolver que no se tomará en cuenta (su requerimiento de aceptación de garantes personales) hasta que no sea resuelta dicha apelación.

En réplica a lo informado por la autoridad demandada señaló que “consta en los actuados presentados en acción y que han sido arrimados a solicitud de la parte, toda vez que no se nos concedía copia de ningún tipo de acta, en virtud del art. 180 de la CPE, la verdad material consta en el cuadernillo de la presente acción el acta de suspensión de fecha 23 de noviembre y de fecha 26 de noviembre…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Lucy Orellana Soria, Jueza del Tribunal de Sentencia Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, en audiencia informó: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de violación de niña, niño o adolescente, y abuso sexual con agravante; en la audiencia suspendida de 23 de noviembre de 2021, el abogado del impetrante de tutela manifestó desconocer el motivo; por el cual, su defendido no se conectó a la respectiva audiencia virtual de ofrecimiento de garantes personales, por lo que suspendió la misma; b) Ante una nueva solicitud, mediante Decreto de 25 de igual mes y año, señaló audiencia para el día siguiente, donde advirtió la ausencia del acta en el que se (emitió la Resolución que le) concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva, habiendo manifestado el abogado del solicitante de tutela que la misma ya estaba adjuntada, lo que no era evidente; c) A su turno, la autoridad fiscal hizo conocer que (la Resolución de cesación de detención preventiva) se encontraba en grado de apelación; por lo que, de su parte llamó la atención al abogado defensor por falta de lealtad procesal; d) Es de conocimiento de los abogados causídicos que ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del referido departamento, únicamente se remiten el pliego acusatorio, la declaración del imputado y la nota de remisión que indica la situación jurídica de este último así como el penal donde se encuentra, y que no cuentan con actuados tramitados en la etapa preparatoria; e) Quien peticiona “la cesación” es quien debe acompañar los actuados correspondientes, mínimamente “el acta” de aplicación de medidas cautelares y Autos de cesación que se hubiese llevado a cabo ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la referida localidad, a efectos de que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la citada localidad tenga conocimiento del estado de la causa y pueda emitir una Resolución conforme a derecho; y, f) La audiencia convocada no era una de “aceptación” sino de “ofrecimiento” de garantes personales, en la cual como autoridad tenía que verificar si evidentemente se cumplía o no con la presentación de los mismos, desconociendo de su parte de quienes se trataban al no contar con “el acta”. Solicito se “rechace” la presente acción.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público en audiencia manifestó ser evidente lo informado por la Jueza demandada, quien obró de manera objetiva no pudiendo emitir ningún criterio máxime si no se acompañaba ninguna documentación pertinente a efecto de sustanciar la audiencia; por lo que, no habría ninguna vulneración. Solicito se “rechace la petición de la defensa”.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 47 a 51, concedió la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada que en el plazo de veinticuatro horas convoque a audiencia de consideración de ofrecimiento y aceptación de fianza personal del procesado, con los siguientes fundamentos: 1) En el caso, se reclama que no se atendió la solicitud de aceptación de garantes personales, y que primero se suspendió la audiencia por inconcurrencia del procesado a la audiencia convocada, lo cual según este último sería innecesario; al respecto, debemos considerar que según lo establecido por el art. 8 del CPP, el imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba, a formular peticiones y observaciones que considere oportunas y a defenderse por sí mismo, lo contrario, sería lesionar ese derecho, el debido proceso y la igualdad de las partes de participar en las actuaciones procesales, no pudiendo abreviarse el análisis de cumplimiento de las condiciones exigidas a momento de “asumir” la cesación a la detención preventiva; en consecuencia, no existe irregularidad en dicho accionar; 2) Con relación a la determinación de suspender la audiencia de 26 de noviembre de 2021, por existir apelación pendiente contra la Resolución de 29 de octubre de ese año, que determinó la cesación de detención preventiva del impetrante de tutela, de acuerdo a la SCP 0253/2021-S3 de 26 de mayo, es posible continuar la tramitación del requerimiento con relación a las medidas cautelares de carácter personal, en el caso, de ofrecimiento y aceptación de fianza personal, cuando existe apelación pendiente de resolución, si la misma fue formulada por la parte contraria, esto es, el querellante, víctima o Ministerio Público; 3) En el caso, la apelación contra la Resolución de 29 de octubre de 2021, fue interpuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba; por lo que, al no ser formulada por el acusado, no puede ser motivo para la suspensión de la audiencia hasta que sea resuelta la misma o se acompañe el Auto de Vista respectivo; 4) La necesidad (de contar con) el “acta” de aplicación de cesación a la detención preventiva no puede ser motivo de suspensión de audiencia sin un nuevo señalamiento para atender la solicitud de ofrecimiento de garantes, pues la autoridad demandada podía ordenar que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, remita la misma hasta la fijación de una nueva fecha de audiencia; y, 5) Al no haberse atendido la petición de ofrecimiento y aceptación de fianza personal en tiempo oportuno y de manera correcta, se vulneró el derecho al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Yesenia Alanes Salazar contra Gary Mahel Villarpando Zerda, por la presunta comisión de los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente y abuso sexual, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, emitió la Resolución de 29 de octubre de 2021, en audiencia pública de la misma fecha; por la cual, dispuso que el referido procesado “sea puesto en libertad en sustitución a la detención preventiva dispuesta bajo las siguientes medidas personales distintas a la detención preventiva” (sic); entre dichas medidas figuran: la detención domiciliaria, arraigo y obligación de ofrecer tres (3) fiadores personales con domicilio conocido y solvencia acreditada en el departamento de Cochabamba, entre otras (fs. 40 a 42 vta.). II.2. Cursa “Acta de Suspensión de Audiencia de Ofrecimiento de Fiadores Personales” de 23 de noviembre de 2021, llevada a cabo ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba integrado por Lucy Orellana Soria, Isis Karen Castillo Vela y Oscar Sandro Vera Vera, Jueces; en la cual consta que luego de informarse por Secretaría sobre la ausencia del procesado ahora impetrante de tutela y la consiguiente manifestación del abogado defensor en el sentido de desconocer el motivo por el cual el referido procesado no se encontraría conectado a la respectiva audiencia virtual, dicho Tribunal dispuso la suspensión del referido acto procesal solicitando al Centro Penitenciario El Abra del referido departamento, remitir informe sobre porque el procesado no se conectó a la citada audiencia virtual (fs. 43 y vta.). II.3. Mediante “Acta de Suspensión de Audiencia de Ofrecimiento de Fiadores Personales” de 26 de noviembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, dispuso la suspensión de audiencia, llamando la atención a la defensa técnica del acusado por falta de lealtad procesal al no informar que la causa se encontraba en grado de apelación y sumado a ello, que no acompañó el Auto de Vista concesión de cesación a la detención preventiva, no contando dicho Tribunal con ese actuado en los antecedentes remitidos, debiendo el procesado acompañar dicho auto (fs. 44 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, manifestando que habiéndose pronunciado Resolución de cesación de detención preventiva a su favor, ante su solicitud de ofrecimiento de garantes personales como parte de las medidas sustitutivas dispuestas, la Jueza demandada: i) Convocó a audiencia para considerar dicho ofrecimiento, a pesar de que el acto procesal no está contemplado en el procedimiento y suspendió la misma por su inasistencia, cuando únicamente se requería la presencia de sus fiadores y no la suya; y, ii) Ante una nueva petición de su parte, señaló nueva audiencia que volvió a ser suspendida, esta vez con el fundamento de que contra la Resolución de cesación a la detención preventiva se encontraba pendiente un recurso de apelación incidental, y que únicamente consideraría su requerimiento una vez acompañe el respectivo Auto de Vista que lo resuelva. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada

La SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado.

Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.

III.2. Análisis del caso concreto

Expuestas las dos problemáticas planteadas, resulta preciso considerar en inicio que de los antecedentes de la presente acción de libertad en la cual se denuncia una presunta dilación en la consideración del ofrecimiento de garantes personales del accionante para hacer efectiva la cesación de su detención preventiva, con relación a las suspensiones de audiencia que en criterio de este último fueron dilatorias y por ello lesivas de sus derechos fundamentales invocados, se advierte que ambas fueron suscritas por el pleno del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, es decir, por los tres Jueces Técnicos que integran el mismo y no únicamente por Lucy Orellana Soria, autoridad hoy demandada.

Tal extremo sin embargo, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia constitucional, no afecta el establecimiento de la legitimación pasiva en esta acción, y por ello, no impiden ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en virtud al principio de informalismo que rige esta acción de defensa y por el cual, se ha establecido que: “…en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada…” (las negrillas son nuestras [SCP 0358/2005-R de 12 de abril, y en el mismo sentido, la SCP 1178/2005-R de 26 de septiembre, entre otras]). Con dicha aclaración, e ingresando ya al análisis de la primera problemática identificada; por la cual, el impetrante de tutela denuncia que frente a su solicitud de ofrecimiento de garantes personales, el Tribunal demandado no debió convocar a audiencia pública para su consideración al no estar previsto dicho acto procesal en el procedimiento de la materia, y menos, una vez instalada la misma proceder con su suspensión debido a su inasistencia cuando sólo se requería la presencia de sus fiadores; al respecto, teniendo en cuenta que la finalidad de dicha pretensión implica que la autoridad judicial valore la situación patrimonial del garante, bajo el marco del principio de inmediación, puede disponer su consideración en audiencia; teniendo bajo el cual, la suspensión dispuesta, tampoco constituye acto indebido, pues la misma fue generada efecto de la inasistencia del accionante al aludido verificativo, conforme el mismo reconoce en esta acción tutelar; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. En relación a la segunda problemática glosada, referida a que el solicitante de tutela habría dispuesto la suspensión de la segunda audiencia convocada, esta vez, en mérito a que a ese momento aún no se resolvió la apelación incidental presentada contra la Resolución de 29 de octubre de 2021 que le concedió la cesación de su detención preventiva, y que únicamente, procedería a un nuevo señalamiento cuando se acompañe el respectivo Auto de Vista; de la revisión de obrados cursantes en antecedentes, se advierte que tal extremo no resulta evidente, y que si bien, la Jueza Presidente llamó severamente la atención a la defensa del hoy impetrante de tutela por no habérsele informado con relación a dicha apelación pendiente, no consta una mención expresa de que la suspensión se deba a dicho motivo, sino más bien, a que este último no acompañó el acta de audiencia en que se pronunció la referida Resolución de 29 de igual mes y año, siendo esta última la que requirió debía ser presentada junto con una nueva petición.

Dicho extremo es corroborado por el propio accionante en su demanda de acción de libertad, en la que menciona que la referida juzgadora no podía considerar “el recurso de apelación sin estar en su poder toda vez que no consta en actuados que tiene a su cargo” (fs. 30), con lo que se constata la alegación que en su descargo presentó dicha autoridad jurisdiccional, al señalar que la suspensión de audiencia pronunciada se fundamentó en el hecho de que no podía considerar ningún ofrecimiento de garantes al no contar con el antecedente relativo a la Resolución de cesación de detención preventiva donde constaba entre otras, la imposición de la medida sustitutiva de ofrecimiento de garantes, y que era obligación del solicitante de tutela acompañar dicho actuado. De ahí que, la exigencia del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, para disponer un nuevo señalamiento de audiencia, no era la de acompañar el Auto de Vista que resuelva la apelación incidental interpuesta contra la Resolución de 29 de octubre de 2021, que concedió la cesación de su detención preventiva como erróneamente asumió el impetrante de tutela y lo denunció en esta acción de libertad, sino más bien, de que presente esta última Resolución de instancia, considerando que la misma fue pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama de la citada localidad, poco antes de remitir la causa ante dicho Tribunal, el cual no contaba con tal antecedente. Tal extremo resulta también evidente en el acta de audiencia de 26 de noviembre de 2021, en el cual, luego de registrarse el informe de Secretaría en relación a que la defensa técnica no acompañó prueba en formato digital conforme el protocolo de audiencias virtuales, la Jueza Presidente –antes que al Ministerio Público– concedió la palabra al abogado del ahora accionante, para que se refiera a la falta del acta (y Resolución) de cesación a la detención preventiva, quien manifestó que: “a nosotros nos han informado que ya estaba adjuntado el acta de cesación a la detención preventiva” (fs. 44); en ese mérito, la referida autoridad jurisdiccional determinó expresamente que el procesado ahora accionante: “…no acompañó el auto donde se concedio la cesación a la detención preventiva, este tribunal no tiene el dicho auto en los antecedentes donde se concedio las medidas personales, ha esta instancia solo se remitio la acusación, la declaración del acusado y la nota de cortesía, para mejor proveer conforme a derecho el impetrante debe acompañar el dicho auto, en consecuencia corresponde suspender el presente acto procesal, hasta nueva petición de partes” (Conclusión II.3). Nótese que en ningún momento, se exigió al solicitante de tutela la presentación del Auto de Vista que resuelva la apelación contra la Resolución que le concedió la cesación de su detención preventiva, y respecto a que no se hizo conocer a dicho Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, sobre la existencia de la referida apelación pendiente de resolución, únicamente consta una llamada de atención a la defensa técnica, más en ningún momento un condicionamiento de la misma respecto de la consideración de ofrecimiento de garantes personales; de ahí que, este Tribunal no advierte la lesión de derechos fundamentales denunciada, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. Por consiguiente, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, no evaluó adecuadamente los antecedentes del caso, adoptando una decisión incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primera de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0165_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): f44eabd20121bc1bc1f5f94e74e953e7e7ace8e42a89503a06edbf4083066a35

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