B.IA.LEGAL

SCP 0165/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46377-2022-93-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la defensa; debido a que, dentro del proceso coactivo civil iniciado en su contra -como acreedor solidario- y otros, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, la nombrada autoridad mediante Auto 292/2021, le concedió la apelación en el efecto devolutivo contra el Auto Interlocutorio 282/2021 de 23 de junio que rechazó el incidente de nulidad de embargo, disponiendo que provea fotocopias para la remisión del mencionado recurso, Auto que le fue notificado en tablero, por ello no tomó conocimiento oportuno dejándolo en total indefensión, porque no pudo proveer las fotocopias requeridas; ocurriendo similar situación con actuados ulteriores, como ser el Informe de Perito evaluador del bien inmueble dado en garantía, Auto Interlocutorio 115/2021 de aprobación de la tasación del inmueble otorgado en garantía y, la Resolución de 18 de noviembre de 2021 de señalamiento de audiencia de primer remate, los que igualmente le fueron notificados de forma irregular en tablero que derivó en su desconocimiento, privándole de activar los recursos e impugnaciones en ejercicio de su derecho a la defensa, tomando conocimiento recién mediante sus familiares de la subasta y remate de su inmueble donde viven sus hijos menores de edad.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución S-15 de 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 306 vta. a 310 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad
  2. III.2. El incidente de nulidad como mecanismo idóneo para la resolución de aspectos procesales que conlleven la nulidad de actuaciones intra proceso

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2023-S3 Sucre, 5 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46377-2022-93-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-15 de 10 de marzo 2022, cursante de fs. 306 vta. a 310 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Cáceres Cárdenas contra Marcelo Cortez Candia, Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 111 a 116, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de abril de 2016, mediante Escritura Pública 178/2016 suscrita ante la Notaria de Fe Pública Segunda de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, actuó como garante solidario de Mario Mendieta “Medina” -lo correcto es Mamani- y Gloria Silva Porcel de Mendieta para el pago de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), deuda que no fue pagada al acreedor Roberto Emilio Ramos Ortega; consecuentemente, dicho fiador el 10 de febrero de 2021 presentó ante el Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social -Primero- de Yapacaní del citado departamento -ahora accionado-, demanda coactiva civil contra Mario Mendieta Mamani y Gloria Silva Porcel de Mendieta como deudores principales y como garantes solidarios a María Magdalena Rojas Terán y su persona, causa que se tramitó con normalidad hasta que se dictó el Auto 292/2021 de 26 de julio, que concedió la apelación en el efecto devolutivo contra el Auto Interlocutorio 282/2021 de 23 de junio, que rechazó el incidente de nulidad de embargo, además dispuso la provisión de fotocopias para la remisión del mencionado recurso, Auto que le fue notificado en tablero por ello no tomó conocimiento del mismo, viéndose imposibilitado de cumplir con la provisión de fotocopias dejándolo en indefensión total y lesionando su derecho a la defensa. Es así que, posteriormente se realizaron otros actuados sin su conocimiento privándole de ejercer su derecho a la defensa, razón por la que no le fue posible interponer los recursos e impugnaciones que creyere conveniente, llegó hasta tal punto su indefensión que a través de sus familiares que viven en Yapacaní, tomó conocimiento de la subasta y remate del bien inmueble donde viven sus hijos menores de edad; siendo las siguientes actuaciones procesales notificadas ilegalmente y pasibles a recursos o impugnaciones: a) Informe de Perito evaluador del bien inmueble en garantía, que puede ser impugnada en el plazo previsto por el art. 417.II del “Código de Procedimiento Civil” -siendo lo correcto Código Procesal Civil (CPC)-, que le fue notificado en tablero el 4 de noviembre de 2021, actuación procesal que no tuvo conocimiento hasta la primera audiencia de remate, es por ello que no hizo uso de su derecho a la defensa; b) Auto Interlocutorio 115/2021 de 12 de noviembre, de aprobación de la tasación del inmueble otorgado en garantía, pasible a recurso de apelación en el efecto devolutivo en función al art. 259.II del CPC, que le fue notificado el 30 de noviembre de 2021; y, c) Resolución de 18 de noviembre de 2021, de señalamiento de audiencia de primer remate, que le fue notificada juntamente con el Auto Interlocutorio 115/2021 por tablero judicial, por lo que nuevamente no pudo asumir defensa. Todos estos actuados, fueron ilegalmente notificados en tablero y tres de ellas con el mismo testigo inclusive, cuando se lo debió hacer de forma personal o al correo electrónico de su abogada que fueron puestos a conocimiento del “Juzgado” mediante memorial de 7 de mayo de 2021, por lo que se lo dejó en total indefensión, al no existir igualdad de partes conculcando su derecho a la defensa que derivó en la imposibilidad de realizar, interponer y gestionar todos los medios de defensa que la ley le franquea.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela, estima vulnerado su derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada y consiguientemente se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la notificación de 1 de septiembre de 2021 cursante a “…fs. 66 del expediente de la materia…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 299 a 306, presentes el peticionante de tutela acompañado de su abogada, la autoridad accionada y el tercero interesado Roberto Emilio Ramos Ortega; y, ausentes los demás terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Marcelo Cortez Candia, Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 297 a 298 vta., y en audiencia, manifestó que: 1) Radica en el Juzgado a su cargo el proceso coactivo civil planteado por Roberto Emilio Ramos Ortega contra Mario Mendieta Mamani, Gloria Silva Porcel de Mendieta, Wilson Cáceres Cárdenas y María Magdalena Rojas Terán, sobre cobro de $us20 000.- más intereses, costas y costos, con base en la Escritura Pública 178/2016, título coactivo al tenor del art. 408.I del CPC, donde el impetrante de tutela renunció expresamente a proceso ejecutivo y constituye en garantía el bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 7.04.3.01.0010046, por lo que no puede negar que por mutuo propio se constituyó en garante solidario en el cumplimiento de la obligación de pago a favor de Roberto Emilio Ramos Ortega en el plazo de dos años computables a partir de 6 de abril de 2016; el nombrado peticionante de tutela, tampoco puede negar la existencia de la obligación antes mencionada que está vencida y menos pretender librarse de la garantía hipotecaria que él mismo constituyó; 2) Dictada la Sentencia 46/2021 de 12 de febrero, el accionante se apersonó voluntariamente pidiendo conciliación intraprocesal y oponiendo excepción de pago documentado parcial sin ser citado ni emplazado formalmente, es decir válidamente asumió defensa por lo que no puede alegar indefensión; asimismo, a petición del impetrante de tutela el 1 de junio de 2021 se realizó audiencia de conciliación donde estuvieron presentes ambas partes -incluso el prenombrado- y luego de agotar propuestas y contrapropuestas no pudo llegarse a una solución amistosa del conflicto; por su parte, mediante memorial de “fs. 32” de obrados el peticionante de tutela planteó incidente de nulidad de embargo, que fue rechazado por Auto Interlocutorio 282/2021; igualmente, el 23 de junio de 2021 se pronunció Sentencia definitiva que declaró improbada la excepción de pago parcial planteada por el accionante, con costas y costos, decisión que fue notificada a la abogada del ahora impetrante de tutela conforme consta en la diligencia a “fs. 49” -se entiende del expediente principal-; seguidamente, el 6 de julio de 2021 el peticionante de tutela planteó apelación contra el Auto Interlocutorio 282/2021, que fue concedido en el efecto devolutivo por Auto 292/2021, otorgándose el plazo de cuarenta y ocho horas para los gastos en fotocopias del cuaderno de apelación conforme al art.

259.2 in fine del CPC, notificándose al accionante en tablero el 1 de septiembre de 2021 y, en atención al informe del Secretario del referido Juzgado se determinó la ejecutoria del Auto 292/2021; posteriormente, en ejecución de fallos, se presentó avalúo pericial que fue notificado al impetrante de tutela “en su domicilio” conforme consta en las fotografías y diligencias, entonces ante la falta de observación se aprobó el avaluó comercial del bien inmueble dado en garantía por el peticionante de tutela, conforme consta por Auto Interlocutorio 115/2021; en prosecución de trámites, se fijó primera audiencia pública de remate para el 13 de enero de 2022, notificándose a las partes el 30 de noviembre de 2021, al margen de la publicación de prensa también se realizó la difusión mediante Radio Televisión Ichilo en ésta localidad. La primera audiencia de remate fue realizada sin existir postores; ante ello, a petición del ejecutante se fijó segunda audiencia pública de remate del bien inmueble dado en garantía para el 4 de marzo del 2022, habiéndose realizado amplia difusión en Radio Televisión Ichilo, también se publicó el aviso de remate en el matutino La Estrella del Oriente el 18 de febrero de igual año y se notificó a las partes el mismo día; finalmente, el 4 de marzo de 2022, se llevó acabo la segunda audiencia pública de remate del bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 7.04.3.01.0010046 del accionante y ante la ausencia de postores, el martillero a petición del acreedor dio por adjudicado el predio a favor de Roberto Emilio Ramos Ortega por el monto de $us29 760,63.-(veintinueve mil setecientos sesenta 63/100 dólares estadounidenses). Lo detallado, demuestra que no es evidente la indefensión alegada, pues el impetrante de tutela desde el inicio tuvo conocimiento del proceso y ejerció defensa; 3) Si bien se afirma la existencia de irregularidades procesales; empero, en la tramitación de la causa el peticionante de tutela no planteó incidente de nulidad en ejecución de fallos, buscando la reparación de un presunto proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, lo que -se aclara- de ningún modo podría ser considerado como una situación en la que la autoridad jurisdiccional esté revisando su propia actuación, pues como lo reconoce la doctrina los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes; por ende, existe causal de improcedencia reglada de la acción tutelar prevista por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) porque no se agotó el mecanismo idóneo; y, 4) La justicia constitucional, no puede inmiscuirse directamente en la actividad interpretativa efectuada por la justicia ordinaria, pudiendo intervenir únicamente cuando existe estado de indefensión y se hubiesen agotado los mecanismos ordinarios de defensa, lo que no acontece en la especie, al no haberse activado incidente de nulidad en ejecución de fallos, tampoco está pendiente de resolver algún recurso de apelación por el Tribunal de alzada que autorice la intervención de la justicia constitucional; contrariamente, las actuaciones judiciales están a derecho y los actos de comunicación procesales posteriores a la citación y emplazamiento de los ejecutados, fueron realizados en sujeción al art. 82.I del CPC, sin que exista vulneración de derechos y garantías constitucionales en razón a que se cumple con el principio de reserva de ley, denotándose más bien que el accionante está intentando eludir la carga procesal de asistencia al juzgado impuesta por el art. 84.II del citado Código, dilatar la tramitación de la causa con el planteamiento de una acción de defensa sin haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa fijados por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 0495/2005-R de 10 de mayo y, sobrecargar el sistema de justicia con planteamientos alejados de la verdad y la buena fe. Con tales argumentos solicitó se deniegue la tutela con condenación de costas y costos a favor del Órgano Judicial.

I.2.3. Participación de los terceros interesados

Roberto Emilio Ramos Ortega, mediante su abogado en audiencia manifestó que: i) Lo alegado por el impetrante de tutela no es evidente, pues siempre estuvo a derecho en el proceso coactivo civil habiendo presentado distintas solicitudes, asimismo la reclamación del prenombrado a través de esta acción tutelar está orientada al Auto de concesión de la apelación en el efecto devolutivo, por una supuesta infracción del derecho a la defensa, pero no hace mayor argumentación respecto a los demás puntos; ii) El peticionante de tutela, tenía cuarenta y ocho horas para proveer los “recursos” necesarios a fin de la remisión de su apelación ante el Tribunal de alzada, que no fue cumplido, situación que desembocó en la declaratoria de caducidad del recurso interpuesto, que está prevista en el “procedimiento civil”; en ese entendido, de la revisión del expediente del proceso coactivo civil se puede establecer que no existió indefensión, pues si bien el accionante a través de su abogada alega que todas las actuaciones le fueron notificadas en tablero; empero, omite tomar en cuenta lo establecido por el art. 82 del CPC, que determina que los abogados tienen la carga procesal de asistencia obligatoria a la Secretaría del Juzgado o Tribunal; y, iii) Durante el proceso, estuvo predispuesto a llegar a un acuerdo con el impetrante de tutela previo pago del capital y los intereses, pues su pretensión no fue quedarse con su inmueble sabiendo que hay niños de por medio que estarían viviendo en esa propiedad, olvidándose el peticionante de tutela que al momento de constituirse como garante, renunció a los trámites del proceso ejecutivo y se sometió al proceso coactivo, debiendo considerarse además que su persona es de la tercera edad por lo que pertenece a un grupo vulnerable. Argumentos con los cuales, solicitó se deniegue la tutela, con imposición de costas y costos. Mario Mendieta Mamani, Gloria Silva Porcel de Mendieta y María Magdalena Rojas Terán, no concurrieron a la audiencia programada ni presentaron escrito alguno, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 150, 167 a 168.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución S-15 de 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 306 vta. a 310 vta., concedió la tutela solicitada sin costas, ordenando se notifique de manera correcta el Auto 292/2021, al ser la notificación que inició la vulneración de derechos fundamentales, para que a partir de dicha notificación se vaya realizando los diferentes trámites judiciales con resguardo del derecho a la defensa, garantizando que los sujetos procesales puedan acceder a los recursos que le franquea la norma una vez conocidos los actuados judiciales; decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se establece que las diligencias de notificación al accionante fueron realizadas en tablero judicial, mas no vía electrónica cuando el mismo presentó en un memorial esta posibilidad adjuntando la dirección electrónica correspondiente, habiendo el Juez accionado aceptado ese domicilio procesal para hacer conocer ulteriores providencias; entonces, se extraña que no se haya realizado las notificaciones a esa dirección, cuando las mismas ni siquiera indicaban que el oficial de diligencias tenga que trasladarse a una ubicación o que pueda indicar que no ha tenido el tiempo, o que las partes no han coadyuvado para realizar esta diligencia de notificación, sino que tenía la oportunidad de realizar la diligencia de manera digital, para que la finalidad de la notificación sea cumplida, entonces si no se asume conocimiento, evidentemente se le vulnera el derecho fundamental a la defensa, más aun cuando éste ha indicado con claridad un domicilio procesal; además de ello, no implica, ni es de difícil acceso para el personal de apoyo jurisdiccional, sino es de manera digital, actualmente permitido, tanto por la norma como por lo modulado por la jurisprudencia constitucional; b) Ante esta verdad material existente, la Sala Constitucional no puede evadir la misma, porque en todo proceso debe prevalecer el respeto a los derechos y garantías constitucionales, el derecho a la igualdad dentro del proceso de las partes y, en marco al análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos ante cualquier situación, al existir dentro del cuaderno procesal el memorial presentado señalando dicha dirección, el decreto emitido por la autoridad jurisdiccional que admite este domicilio y que dentro del proceso se realizó diferentes actuados y se notificó en tablero judicial y que el impetrante de tutela en ningún momento ha vuelto a hacer uso de estos porque no tenía conocimiento como lo manifiesta; por ello el Tribunal de garantías debe partir de un equilibrio, estando supeditado al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos y pruebas objetivas que emergen de la verificación de los documentos y conocimientos de los hechos, para que, a partir de ello, conforme a lo ampliamente modulado por la jurisprudencia constitucional, impere el valor superior de justicia, “…que obliga a que toda autoridad constitucional o administrador de justicia, en el marco de la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final, en consecuencia al haber evidenciado todos estos elementos, éste tribunal de garantías, evidentemente ha considerado que en el caso concreto corresponde conceder la tutela solicitada…” (sic); al evidenciarse que las notificaciones realizadas no han cumplido con la finalidad de que el peticionante de tutela asuma conocimiento de los diferentes actos procesales y esto implicó que actualmente se encuentre en la etapa final, que va a afectar a menores de edad, generándoles un daño irremediable, en el entendido de que esto podría amenazar con un desalojo sin que este haya asumido conocimiento en su oportunidad, aclarando que, esto no implica que este Tribunal de garantías esté actuando de manera invasiva sobre un análisis de fondo dentro del proceso principal, porque como se indicó precedentemente no valora prueba respecto a esos elementos, sino únicamente se está refiriendo a la vulneración del derecho fundamental a la defensa haciendo un análisis en el marco al equilibrio, para que el proceso principal se lleve a cabo sin ningún vicio de nulidad, resguardando de esta manera los derechos fundamentales de todos los sujetos procesales; y, c) El tercero interesado alega que pertenece a un grupo de protección reforzada, al ser una persona de la tercera edad, y resguardando también esta situación, es que, corresponde precautelar que el proceso no sea tramitado con vicio de nulidad, de esta forma las partes tendrán y realizarán el trámite resguardando todos los principios que la rigen y sin ningún vicio de nulidad; a partir de ello, amerita conceder tutela exhortando a los abogados “defensores” de los sujetos procesales, acudan a los juzgados para realizar el seguimiento oportuno de los procesos, puesto que, este tipo de ausencia no puede generar una vulneración de derechos fundamentales para los sujetos procesales, en el marco a lo que rige la ética profesional de cada abogado. Seguidamente, tanto el tercero interesado como el Juez accionado, solicitaron se aclare y complemente la Resolución dictada por la Sala Constitucional, en el siguiente punto: considerando que la pretensión del accionante fue la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, se precise si la concesión de tutela tiene efectos anulatorios de todas las actuaciones realizadas desde “fs. 66”. Al efecto, la Sala Constitucional precisó que: habiéndose concedido tutela hasta la notificación de “fs. 66”, implica que todos los actos se retrotraen hasta ese actuado, puesto que a partir de ello el impetrante de tutela podrá hacer uso de su derecho a la defensa, debiendo la autoridad jurisdiccional tramitar la causa resguardando derechos y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2021, Roberto Emilio Ramos Ortega interpuso demanda coactiva civil contra Mario Mendieta Mamani y Gloria Silva Porcel de Mendieta, en su condición de deudores; y, María Magdalena Rojas Terán y Wilson Cáceres Cárdenas -ahora peticionante de tutela-, en su condición de garantes, por la suma de $us20 000.-, más pago de intereses devengados, daños y perjuicios, costas y honorarios profesionales; al efecto, cursa la Sentencia 46/2021 de 12 de febrero, dictada por Marcelo Cortez Candia, Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, mediante la que ordenó a los prenombrados deudores y garantes, pagar a tercero día a su acreedor lo adeudado más intereses, sea de forma directa o mediante ejecución forzosa de subasta y remate de los bienes propios de los ejecutados a embargarse, para que con su producto se cancele la obligación, más costas y costos (fs. 20 a 25 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 282/2021 de 23 de junio, el Juez accionado rechazó el incidente de nulidad de embargo presentado por el accionante, con costas y costos (fs. 53 a 54); al efecto, habiendo el prenombrado presentado apelación contra tal determinación, previo traslado, la nombrada autoridad judicial mediante Auto 292/ 2021 de 26 de julio, concedió dicho recurso en el efecto devolutivo, ordenando se eleven antecedentes ante el Tribunal de alzada en fotocopias legalizadas, conminando a la parte recurrente que en el plazo de caducidad de cuarenta y ocho horas computables desde su notificación, provea los gastos para las fotocopias en cuestión, bajo alternativa de disponerse la ejecutoria de la “sentencia definitiva” impugnada en caso de incumplimiento, conforme manda el art. 259.2 in fine del CPC (fs. 64 vta.). En atención al Informe de 4 de octubre de 2021 presentado por el Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, respecto a la no provisión de los recaudos solicitados, mediante Auto 574/2021 de 5 de octubre, determinó la “…EJECUTORIA del citado fallo judicial…” (sic) con los efectos previstos por el art. 1451 del Código Civil (CC [fs. 86 a 87]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la defensa; debido a que, dentro del proceso coactivo civil iniciado en su contra -como acreedor solidario- y otros, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, la nombrada autoridad mediante Auto 292/2021, le concedió la apelación en el efecto devolutivo contra el Auto Interlocutorio 282/2021 de 23 de junio que rechazó el incidente de nulidad de embargo, disponiendo que provea fotocopias para la remisión del mencionado recurso, Auto que le fue notificado en tablero, por ello no tomó conocimiento oportuno dejándolo en total indefensión, porque no pudo proveer las fotocopias requeridas; ocurriendo similar situación con actuados ulteriores, como ser el Informe de Perito evaluador del bien inmueble dado en garantía, Auto Interlocutorio 115/2021 de aprobación de la tasación del inmueble otorgado en garantía y, la Resolución de 18 de noviembre de 2021 de señalamiento de audiencia de primer remate, los que igualmente le fueron notificados de forma irregular en tablero que derivó en su desconocimiento, privándole de activar los recursos e impugnaciones en ejercicio de su derecho a la defensa, tomando conocimiento recién mediante sus familiares de la subasta y remate de su inmueble donde viven sus hijos menores de edad.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad

Respecto a esta causal reglada de improcedencia, la SCP 0089/2020-S3 de 16 de marzo, precisó que: «De acuerdo a lo establecido por el art. 128 de la CPE, esta garantía jurisdiccional, procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar tiene por objeto: ‘…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir’. Así también, es importante traer a colación lo dispuesto por el art. 25.1 de la CADH, al expresar que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, la ley o la presente Convención; precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el art. 410 de la CPE, mecanismo de defensa eficaz para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad. Esta acción de defensa, por mandato constitucional se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero, implica el agotamiento previo de los recursos o medios efectivos e idóneos que el orden jurídico prevé -art. 129.I de la CPE-, y el segundo tiene que ver con el plazo para plantear este medio de defensa que se fijó en seis meses conforme dispone el art. 129.II de la Norma Suprema. Sobre el primero de los principios de referencia, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al reiterar las reglas y subreglas establecidas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a que habrá subsidiariedad, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”» (lo resaltado nos corresponde).

III.2. El incidente de nulidad como mecanismo idóneo para la resolución de aspectos procesales que conlleven la nulidad de actuaciones intra proceso

En lo que atañe a este tópico, la SCP 1111/2019-S1 de 27 de noviembre, recogiendo los entendimientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0249/2012 de 29 de mayo y 0450/2012 de 29 de junio, estableció que: «“El incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un acto; su característica principal es que se lo tramita de manera paralela al proceso principal.

En ese orden, en la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, se refirió lo siguiente: ‘…conforme se tiene señalado en los fundamentos expuestos en el punto precedente, es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y

POR TANTO

, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional’.

De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantía constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar (…)”.

Asimismo, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, determinó que: “La nulidad es la desviación de los medios de proceder, no es un fin en sí misma, sino que invocada, tiene un valor instrumental destinado a reconducir la aplicación del derecho. Las nulidades pueden generarse en el transcurso del trámite del proceso, en la fase de emisión del fallo, en su ejecución o posterior a ella, aún cuando el caso hubiere adquirido calidad de cosa juzgada. A decir de los tratadistas Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilson Jaime Villarroel Montaño en su libro, Derecho Procesal Orgánico y Ley del Órgano Judicial: “Constituyen vicios de nulidad, por ejemplo, la falta de notificación en la forma prevista por el procedimiento, la omisión de fijación de puntos de hecho en el auto de apertura de la estación probatoria, etc… En rigor, los más importantes vulneran los principios y garantías constitucionales del debido proceso” (pág. 262).

En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: ‘…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución’.

En esa comprensión, ‘es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional’ (SC 0788/2010-R de 2 de agosto).

En conclusión, el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional; pudiendo ser interpuesto en cualquier etapa del proceso, inclusive en la fase posterior a la ejecutoria del fallo, ante la autoridad donde se produjo la irregularidad; y en caso de considerar que las lesiones alegadas persisten, corresponderá plantear contra dicha resolución, el recurso de apelación o de alzada, agotando de esa manera las vías idóneas de impugnación intraprocesal, y en caso de no obtener una resolución favorable que repare sus derechos vulnerados, entonces recién quedará expedita la jurisdicción constitucional; empero, una vez agotados los mecanismos de reclamación en la vía ordinaria; como se señaló, la cosa juzgada pierde su valor cuando fue el resultado de vulneración de derechos y garantías”».

III.3. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene advertido ut supra, el peticionante de tutela alega que dentro del proceso coactivo civil iniciado en su contra -como acreedor solidario-, y otros, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, la nombrada autoridad mediante Auto 292/2021 de 26 de julio, le concedió la apelación en el efecto devolutivo contra el Auto Interlocutorio 282/2021 de 23 de junio, que rechazó el incidente de nulidad de embargo, disponiendo que provea fotocopias para la remisión del mencionado recurso, Auto que le fue notificado en tablero, por ello no tomó conocimiento oportuno dejándolo en total indefensión, porque no pudo proveer las fotocopias requeridas; ocurriendo similar situación con actuados ulteriores, como ser el Informe de Perito evaluador del bien inmueble dado en garantía, Auto Interlocutorio 115/2021 de 12 de noviembre de aprobación de la tasación del inmueble otorgado en garantía y, la Resolución de 18 de noviembre de 2021 de señalamiento de audiencia de primer remate, los que igualmente le fueron notificados de forma irregular en tablero que derivó en su desconocimiento, privándole de activar los recursos e impugnaciones en ejercicio de su derecho a la defensa, tomando conocimiento recién mediante sus familiares de la subasta y remate de su inmueble donde viven sus hijos menores de edad.

Identificado el objeto procesal de la acción tutelar en estudio; en primera instancia, atañe contextualizar el mismo en función a los antecedentes que componen el expediente constitucional; en ese entendido, conforme se tiene descrito en las Conclusiones II.1 y II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por memorial presentado el 10 de febrero de 2021, Roberto Emilio Ramos Ortega interpuso demanda coactiva civil contra Mario Mendieta Mamani y Gloria Silva Porcel de Mendieta, en su condición de deudores; y, María Magdalena Rojas Terán y el ahora accionante, como garantes, por la suma de $us20 000.-, más pago de intereses devengados, daños y perjuicios, costas y honorarios profesionales; al efecto, cursa la Sentencia 46/2021 de 12 de febrero, dictada por el Juez accionado, mediante la que ordenó a los prenombrados deudores y garantes, pagar a tercero día a su acreedor lo adeudado más intereses, sea de forma directa o mediante ejecución forzosa de subasta y remate de los bienes propios de los ejecutados a embargarse para que con su producto se cancele la obligación, más costas y costos; posteriormente, a través del Auto Interlocutorio 282/2021, la autoridad accionada rechazó el incidente de nulidad de embargo presentado por el impetrante de tutela, con costas; al efecto, habiendo el prenombrado presentado apelación contra dicha determinación, previo traslado, la nombrada autoridad judicial mediante Auto 292/2021, concedió dicho recurso en el efecto devolutivo, ordenando se eleven antecedentes ante el Tribunal de alzada en fotocopias legalizadas, conminando a la parte recurrente que en el plazo de caducidad de cuarenta y ocho horas computables desde su notificación, provea los gastos para las fotocopias en cuestión, bajo alternativa de disponerse la ejecutoria de la “sentencia definitiva” impugnada en caso de incumplimiento, conforme manda el art. 259.2 in fine del CPC. Así, en atención al Informe de 4 de octubre de 2021 presentado por el Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, respecto a la no provisión de los recaudos solicitados, mediante Auto 574/2021 de 5 de octubre, la autoridad accionada determinó la “…EJECUTORIA del citado fallo judicial…” (sic) con los efectos previstos por el art. 1451 del CC.

Bajo tales antecedentes, el peticionante de tutela activó la presente acción de defensa denunciando la transgresión de su derecho a la defensa, porque distintos actuados y resoluciones posteriores a la dictación del Auto Interlocutorio 282/2021, le habrían sido notificados indebidamente en tablero del Juzgado, cuando se lo debió hacer de forma personal o al correo electrónico de su abogada que fueron puestos oportunamente a conocimiento de la autoridad judicial accionada, consecuentemente con esa forma de comunicación procesal se le hubiere dejado en total estado de indefensión porque no tuvo conocimiento de los mismos, viéndose restringido de realizar, interponer y gestionar todos los medios de defensa y recursivos que la ley le franquea en defensa de sus derechos; solicitando por ello, que la justicia constitucional le conceda la tutela y anule obrados del proceso coactivo mencionado hasta el vicio más antiguo, concretamente hasta “fs. 66”.

Al respecto, corresponde tener presente que acorde al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional en sujeción al principio de subsidiariedad, no constituye un mecanismo alterno a los medios de impugnación y/o recursos existentes en la instancia ordinaria como medios expeditos e idóneos, para la reparación de lesión de derechos o garantías constitucionales que les asiste a los sujetos procesales inmersos en una causa judicial; consecuentemente, previo a la actuación de esta acción de defensa corresponde que la parte accionante agote todas las vías existentes, para recién activar la justicia constitucional a efectos del resguardo de sus derechos considerados vulnerados.

En ese sentido, considerando que el impetrante de tutela cuestiona las notificaciones que le fueron realizadas dentro del proceso de ejecución coactiva donde tiene la condición de coactivado, pretendiendo que la justicia constitucional proceda a anular una serie de actuados procesales -como establece en su petitorio- hasta el vicio más antiguo; se debe tomar en cuenta el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se tiene establecido al incidente de nulidad como el medio idóneo para cuestionar en sede ordinaria aspectos procesales suscitados dentro del trámite judicial, como evidentemente lo es el tema de las notificaciones, consecuentemente el peticionante de tutela antes de activar esta acción tutelar, debió presentar el respectivo incidente de nulidad intra proceso, para que el Juez accionado como titular de la causa y director de la misma, verifique y establezca si resultan evidentes las deficiencias denunciadas con afectación a su derecho a la defensa y si corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo ordenando la renovación de los actos procesales ordinarios presuntamente realizados con afectación a los derechos y garantías que le asisten como parte procesal, y en caso de no recibir una respuesta acorde a sus pretensiones formular los mecanismos de impugnación establecidos por el Código Procesal Civil, para que la instancia superior ordinaria revise la labor del Juez de la causa, y una vez agotada la instancia ordinaria de continuar la lesión aducida, corresponderá recién acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional; no pudiendo el accionante, pretender utilizar a esta acción de defensa como un medio alterno al que tiene en sede ordinaria y que este Tribunal proceda a revisar distintos actuados procesales ordinarios, sin tomar en cuenta el principio de subsidiariedad que la rige.

A lo señalado, es pertinente a su vez aclarar que la referencia realizada por el accionante, en sentido que tuvo conocimiento recién mediante sus familiares de la subasta y remate de su inmueble donde viven sus hijos menores de edad, que ello no es posible ser considerado como una excepción a la subsidiariedad, por cuanto de una parte, no invoca dicha situación como una situación de inminente daño irreparable e irremediable que hubiese podido, eventualmente en la situación fáctica, ser considerado para excepción a la subsidiariedad concurrente en el presente caso, sumado a que tampoco explicó ni demostró el cumplimiento de los presupuestos para proceder a dicha consideración y análisis, y menos aún comprobó la afectación a sus hijos menores de edad con la situación procesal de remate ahora invocada.

En ese entendido, al no haberse agotado la vía idónea intraprocesal, a través del incidente de nulidad, denunciando los aspectos ahora referidos a la supuesta defectuosa notificación con actuados dentro del proceso coactivo civil seguido contra el impetrante de tutela y otros, el prenombrado no observó el principio de subsidiariedad característico de la acción de amparo constitucional, lo que deviene en que se deba denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución S-15 de 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 306 vta. a 310 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0165_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d0c5c2ebb38eeb2bd38d24c26e3ca441f3aabae90b5f7d3839f0222dccda3b62

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