Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, a la motivación, fundamentación, valoración de la prueba y a la seguridad jurídica, indicando que por Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro: 1) Confirmó su detención preventiva ratificando la concurrencia del riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, basándose en una interpretación incorrecta de una reunión previa con la victima; 2) Realizó una valoración inadecuada de los antecedentes y de la prueba; 3) Mantuvo la medida privativa de libertad omitiendo aplicar principios constitucionales de proporcionalidad, de favorabilidad y de progresividad; y, 4) No se consideró la presunción de inocencia; por lo que, solicita que: i) Se deje sin efecto el Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre; y, ii) Se disponga la procedencia de su apelación y, en el plazo más breve posible, se emita una nueva resolución disponiendo y dando por enervado el inc. 2) del art. 235 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del citado departamento; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52625-2023-106-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Arispe Crespo contra Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 24 a 26, el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, el 23 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Cautelar Cuarto de la Capital del departamento de Oruro celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva debido a una supuesta concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo a la obstaculización en la averiguación de la verdad. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, mediante Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora demandada, confirmó íntegramente la Resolución apelada, señalando que el juez de instancia, habría valorado la conducta integral del imputado, incluso su accionar previo a la reunión desarrollada en su oficina.
Por lo señalado, considera que la Vocal demandada, incurrió en una inadecuada valoración de los antecedentes porque, si bien en la reunión en su oficina dijo: “…sino se comportan bien la víctima y la testigo, se llamaría a la fuerza pública…”, esa advertencia respondía al carácter impulsivo de la víctima y de su abogada y no tenía nada que ver con el hecho que se investiga, tampoco se consideraron los elementos de prueba ni los fundamentos presentados en audiencia, ordenando una detención preventiva desproporcionada en contradicción a la normativa penal, sin hacer mención alguna a los principios de favorabilidad y progresividad, tampoco consideraron que la carga de la prueba correspondía a la parte acusadora conforme al art. 231 bis del CPP.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, a la motivación y fundamentación, valoración de la prueba y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitó que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre; y, b) Se disponga la procedencia de su apelación y en el plazo más breve posible, se emita una nueva resolución disponiendo y dando por enervado el núm. 2) del art. 235 del CPP.
Celebrada la audiencia pública de 13 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) La Vocal demandada no realizó fundamentación propia, se limitó a señalar “…estar de acuerdo con el criterio y la posición adoptada por el A quo…” (sic), no expuso las razones por las que la misma sustenta su decisión; lo cual, repercute en una resolución sin motivación; 2) Tanto la Vocal demandada como la Jueza, aplicaron retroactivamente el riesgo de obstaculización, pues la reunión con la que sustentaron su detención preventiva se produjo un mes y un poco más antes que fallezca la víctima, pero no han invocado norma alguna que les habilite a actuar de esa forma; 3) Al inicio de la audiencia de medidas cautelares, denunció que fue aprehendido en su oficina mediante allanamiento con policías bajo amenazas y permaneció detenido por más de ocho horas, casi veinticuatro horas; empero, la autoridad judicial rechazó su reclamo sin efectuar un análisis adecuado de los hechos denunciados, omitiendo pronunciarse de manera fundamentada sobre la legalidad de la aprehensión; y, 4) Fue tratado como culpable desde un inicio, sin considerar la presunción de inocencia.
Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 34 a 35 vta., señaló que: i) El impetrante de tutela no consideró que la tutela al debido proceso en acciones de libertad, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino que está reservado para aquellos casos que estén vinculados con la libertad física o de locomoción; caso contrario, debe ser tutelado por la acción de amparo constitucional; por lo que, no basta con señalar la vulneración de un derecho, sino, que se debe argumentar y motivar de manera suficiente; ii) Si bien el accionante señala escuetamente y solo de manera enunciativa que no se hubiera realizado una adecuada valoración de los elementos de prueba y de una falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado, esto no basta, sino, que debe existir una argumentación suficiente a efectos de establecer la existencia de lesión a algún derecho, principio o garantía constitucional por la suscrita Vocal; iii) El accionante pretende revalorizar la prueba pero la jurisdicción constitucional no es una instancia revisora, solo procede si hay arbitrariedad, apartamiento de razonabilidad y uso de prueba inexistente; iv) Respecto al agravio contenido en el núm. 2 del art. 235 del CPP, se evidenció que sí existían elementos suficientes para ver que concurre ese riesgo procesal, pues existe una testigo plenamente identificada -Janet Soria Pardo, tía de la fallecida-, quien relató que hubo amenazas, intimidación; además, se realizó una valoración integral considerando que es válido analizar los hechos en conjunto, no es retroactividad, sino que es una valoración integral de hechos previos; y, v) A través de esta acción tutelar, se están introduciendo nuevos argumentos como la observación de la inexistencia de elementos probatorios para acreditar el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, que no se denunció ante el juez cautelar y menos ante la suscrita Vocal.
Ronald Martin Armando Vargas en representación del Ministerio Público, por informe oral, cursante de fs. 43 vta. a 44, solicitó se deniegue la tutela impetrada manifestando que: a) En lo sustancial, la investigación seguida contra el accionante no constituye persecución ilegal ni procesamiento indebido, sino, que se sustenta en elementos indiciarios, principalmente la declaración de una testigo presencial, quien refirió la existencia de actos de coerción y amenazas ejercidos contra una mujer que posteriormente se quitó la vida; b) Si bien el accionante no sería autor directo del hecho, su conducta se encontraría vinculada bajo la figura de cooperación en el ilícito investigado, adecuándose preliminarmente al tipo penal de homicidio suicidio, conforme a los elementos cursantes en el cuaderno de investigación; c) En las audiencias cautelar y de apelación, se acreditaron los presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP, así como la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del mismo cuerpo normativo, referido a la posibilidad de influir negativamente en testigos, debido a actos de intimidación atribuidos al imputado; d) Si bien el requerimiento fiscal inicial solicitó detención preventiva por cuatro meses, la autoridad jurisdiccional, en aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad, dispuso su reducción a dos meses; plazo dentro del cual, el Ministerio Público deberá concluir la etapa investigativa; e) Con relación a las denuncias de vulneración de derechos, sostuvieron que no existió aprehensión ilegal ni persecución indebida, señalando que el accionante fue conducido a dependencias policiales y posteriormente aprehendido conforme a procedimiento y dentro de los plazos legales establecidos en el art. 226 del CPP; y, f) El solicitante de tutela no identificó ni fundamentó de manera clara los derechos presuntamente vulnerados, limitándose a invocar genéricamente el debido proceso; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada y se mantengan firmes las resoluciones emitidas por la autoridad demandada.
La Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital de departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del citado departamento, por Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante denunció un supuesto procesamiento indebido, alegando vulneración del debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, fundamentación, proporcionalidad y valoración de la prueba; sin embargo, del análisis del Auto Interlocutorio de medidas cautelares y del Auto de Vista cuestionado, se evidenció que ambas resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas, con una valoración integral de los elementos indiciarios; 2) Se verificó que la concurrencia del presupuesto material del art. 233.1 del CPP fue sustentada en elementos de convicción como declaraciones testificales y otros indicios que permiten inferir la probable participación del imputado, sin que en esta etapa se requiera prueba plena; 3) En cuanto al riesgo procesal de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, se estableció que el mismo fue acreditado en base a hechos objetivos, como la existencia de una reunión en la que se habrían producido amenazas a la víctima y testigos, lo cual fue valorado integralmente por las autoridades jurisdiccionales; 4) Se determinó que los agravios del accionante se dirigen a cuestionar la valoración probatoria y la determinación de riesgos procesales, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no pueden ser revisados mediante la acción de libertad; y, 5) Esta acción tutelar no constituye una instancia adicional para revisar decisiones judiciales ni sustituir la labor de la justicia ordinaria, correspondiendo al accionante; en su caso, enervar los riesgos procesales a través de mecanismos propios como la cesación a la detención preventiva. En vía de complementación, el accionante indicó que: i) No se analizó su cuestionamiento respecto a la aplicación del riesgo de obstaculización, ya que el hecho utilizado para sustentar dicho riesgo ocurrió antes del inicio de la investigación; por lo que, considera que se aplicó indebidamente y de forma retroactiva el art. 235.2 del CPP; ii) No se explicó ni fundamentó bajo qué norma legal se puede valorar conductas anteriores a la apertura de la investigación para sustentar un riesgo procesal; iii) No se dio respuesta a su denuncia de aprehensión ilegal; y, iv) Tampoco se verificó si la Vocal demandada resolvió o no estos reclamos, omitiéndose pronunciamiento al respecto. Al respecto, la Jueza de garantías señaló que: a) La Vocal demandada sí dio respuesta a los cuestionamientos planteados, indicando que la valoración de las circunstancias del hecho no se limita al momento de la imputación formal, sino que puede considerar conductas previas del imputado; b) Asimismo, explicó que la imputación formal se sustenta en una investigación previa que incluye hechos anteriores y que existen mecanismos legales para impugnar dicha imputación si se considera indebida; y, c) En cuanto a la denuncia de aprehensión ilegal, sostuvo que este aspecto debía ser reclamado y resuelto ante el juez cautelar en ejercicio del control jurisdiccional; instancia en la cual, ya habría sido atendido.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Auto Interlocutorio 828/2022 de 23 de noviembre; por el cual, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gustavo Richard Morejón Flores y Fernando Arispe Crespo, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, por el fallecimiento de Carla Lucrecia Herrera Saavedra, previsto y sancionado por el art. 256 párrafo IV del Código Penal (CP), dispuso la detención preventiva de los imputados en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 2 a 11). II.2. Cursa Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, que resolvió el recurso de apelación impetrado por Fernando Arispe Crespo, Gustavo Richard Morejón Flores, Milca Martha Saavedra Pardo de Herrera y la representación del Ministerio Público en contra del Auto Interlocutorio 828/2022, que, en revisión, declaró improcedente los recursos de apelación impetrados, y en su mérito, confirmó la Resolución impugnada ordenando que se mantenga firme e incólume (fs. 12 a 22), con los siguientes argumentos. “…corresponde a esta autoridad remitirnos a los argumentos contenidos en la resolución recurrida, y a ese respecto art. 233 núm. 1 del CPP, el Juez A quo a fs. 210 vlta., a 211 del testimonio de apelación hace un análisis, no solo de la carga argumentativa expuesta por las partes en audiencia de 23 de noviembre, sino también que va analizando la imputación formal y todos los elementos de prueba contenidos en la imputación formal, mismos que le llevan a dicha autoridad a la convicción de la existencia del hecho y la probable participación de los imputados en el hecho, máxime que para la realización de la imputación formal no se requiere de prueba plena, no se requiere como refería la defensa técnica de Fernando Arispe, no existe elementos de prueba señalaba, señalaba no se le ha indicado, como, de qué manera Fernando Arispe habría amenazado, habría realizado cierta influencia en la víctima, a efectos de que ella asuma esa decisión de auto eliminarse.
Sin embargo de los antecedentes que hacen a la causa y de todos los elementos probatorios contenidos en la imputación formal, sin duda se establece de manera incidiría pero clara y objetiva sobre la existencia de los hechos, pues en el caso en cuestión efectivamente se tiene que Gustavo Morejón tenía una relación con la víctima, y que como producto de las desavenencias en la pareja la misma se separó habiendo detrás de esa vivencia, de esa separación violencia familiar, violencia física, violencia psicológica que la víctima fallecida dio a conocer al Ministerio Público a través de una denuncia, y como emergencia de ello Gustavo Morejón inicia otros procesos penales como el de lesiones y el de robo que presuntamente habría realizado su pareja fallecida en el departamento en el que convivían juntos, ahora donde ingresa la participación de Fernando Arispe, pues de los hechos fácticos, de la prueba contenida en la imputación formal, pues ingresa precisamente en que dicho profesional abogado resulta ser el abogado en esas dos causas; inclusive en la de violencia familiar, resulta siendo el abogado patrocinante, de cuyos elementos de prueba se tiene entre ellos la declaración de la tía, como la victima iba siendo amenazada, amedrentada, con el argumento de que si no daba $us 20.000 se iba inclusive a detenerla en el momento se le iba a seguir con estos procesos, se le iba a denigrar en el trabajo, se le iba denigrar en las redes sociales y es ahí donde entra la participación de Fernando Arispe.
…de ahí que tratándose de una imputación no se puede exigir a cabalidad la concurrencia de todos los elementos constitutivos del ilícito penal que se le están endilgando a los imputados, pues como bien saben las partes, lo que se viene persiguiendo y juzgando son los hechos, no los tipos penales, pues el tipo penal inclusive puede ir cambiando; entonces, la exigencia a cabalidad de todos los elementos constitutivos del tipo en una imputación formal, no corresponde, exigir prueba plena no corresponde, lo contrario importaría hablar de una Sentencia, estamos en etapa investigativa y la imputación requiere de indicios racionales, objetivos y eso es lo que se tiene en el caso en cuestión, por ende esa apreciación de agravio del núm. 1 del art. 233 del CPP, invocado por la parte recurrente, Fernando Arispe, no resulta siendo coherente, por lo que el presupuesto material en este caso en cuestión, resulta concurrente.
…en cuanto al agravio vinculado al núm. 2 del art. 235. del CPP (peligro de obstaculización) cuando nos señala el apelante, que el Juez A quo habría dado por concurrente el mismo en subjetividades, cuando correspondía al Ministerio Público y la parte víctima, demostrar con prueba la concurrencia de dicho riesgo procesal, y en el caso en cuestión, no se habría demostrado, máxime cuando el fundamento del Juez A quo para dar concurrente al mismo, nos señala el recurrente que habría sido vinculado a un encuentro, a una reunión en la oficina de Fernando Arispe en el que se habría amenazado tanto a la víctima como a la tía, y que ese argumento no sería siendo cierto; a ese punto, en el criterio de amplitud que tiene esta autoridad, se ha permitido la participación del imputado Fernando Arispe Crespo, quien a tiempo de la exposición de los agravios nos ha referido que los argumentos del Juez A quo, no serían siendo cierto, toda vez que en esa audiencia, que reconoce sí existió, empero en esa reunión en su despacho, jamás se habría amenazado a la víctima y a la tía, y que si bien se habría manifestado que se iba a llamar a un funcionario policial, de ninguna forma habría hecho referencia al comandante departamental, sino otro funcionario policial y que señaló este argumento en el entendido que el señor Morejón le habría señalado el temperamento que tenía la víctima y es por esa circunstancia a afectos de que no exista grescas entre ambos, habría manifestado el imputado que si no se comportaba bien, podría llamar al funcionario policial, precisamente a efectos de que no se produzca algún mal entendido o una gresca entre ellos, empero jamás fue como señalaría la autoridad jurisdiccional A quo, a tiempo de dar por concurrente dicho riesgo procesal, es más, refiere que no se estaría demostrando cómo, o de qué manera habría influencia en la tía, cuando lo que se manifestó en esa reunión era dirigido a la víctima y de ninguna manera a la tía, es más, refiere que esa reunión se dio mucho antes de la imputación, en consecuencia refiere que sí esa reunión fue antes, cómo se puede argumentar en un hecho anterior a la existencia de este riesgo de obstaculización, aspectos que no habrían sido considerados por la autoridad A quo.
Así expuesto al agravio, remitiéndonos a la Resolución recurrida la autoridad inferior, a fojas 213 vta. del testimonio de apelación, señala: " criterio de este despacho jurisdiccional, se ha dado por acreditado varios riesgos procesales de fuga en la presente causa y para analizar el art. 235 debe hacerse mención lo que señala la autoridad Fiscal, de que existe una testigo presencial del presente hecho de nombre Janet Soria Pardo, donde habría evidenciado las amenazas e intimidación a su persona coma a la víctima fallecida, o sea esta testigo amenazándole, intimidando de que llamarían al comandante departamental, este aspecto ya causa convicción antes este despacho de que ambos imputados Fernando Arispe y Gustavo Richard Morejón Flores amenazan, intimidan para que la víctima y la testigo se encuentran amedrentada por las declaraciones de los imputados... Ese es el razonamiento del Juez A quo para la concurrencia del núm. 2 del art. 235 del CPP, ahora bien, remitiéndonos a lo que la norma procesal señala al respecto, dice: "2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente"; numeral que sin duda nos remite a dar lectura al art. 235 que señala: "Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes", vale decir, que en el caso en cuestión la autoridad jurisdiccional pues sin duda, ese hecho, lo ha subsumido al núm. 2 del art. 235 del CPP, pues sus razonamientos han ido vinculados precisamente a que dicha autoridad, necesariamente tenía que hacer una valoración integral del hecho, sin devienen de mucho antes de la imputación formal, entonces, pretender señalar que no concurre dicho riesgo procesal, porque esa reunión fuera mucho antes de la imputación formal, no tiene sustento alguno, pues la misma norma procesal señala que la autoridad jurisdiccional, debe hacer ese análisis integral vinculado a las circunstancias que hacen al hecho, de ahí que la autoridad jurisdiccional, de manera objetiva, ha establecido la concurrencia del mismo, vinculado a la existencia de esa obstaculización a personas no subjetivas, sino objetivas, cuando se ha señalado inclusive que en esa reunión estaba presente la tía, no se está manejando argumentos subjetivos, se está estableciendo de manera objetiva esa influencia a esa persona que ha estado en esa reunión, de ahí que a criterio de esta autoridad, tampoco existe sustento en el agravio denostado por la parte recurrente, por ende, concurrente dicho riesgo procesal para Fernando Arispe Crespo, donde básicamente sus agravios los has centrado en el presupuesto material y en este riesgo de obstaculización...” (sic)
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, a la motivación, fundamentación, valoración de la prueba y a la seguridad jurídica, indicando que por Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro: 1) Confirmó su detención preventiva ratificando la concurrencia del riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, basándose en una interpretación incorrecta de una reunión previa con la victima; 2) Realizó una valoración inadecuada de los antecedentes y de la prueba; 3) Mantuvo la medida privativa de libertad omitiendo aplicar principios constitucionales de proporcionalidad, de favorabilidad y de progresividad; y, 4) No se consideró la presunción de inocencia; por lo que, solicita que: i) Se deje sin efecto el Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre; y, ii) Se disponga la procedencia de su apelación y, en el plazo más breve posible, se emita una nueva resolución disponiendo y dando por enervado el inc. 2) del art. 235 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación, así al respecto señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia 1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» (las negrillas fueron añadidas).
235 del Código de Procedimiento Penal- La SCP 0804/2023-S1 de 12 de julio refirió que:
Con relación al peligro de obstaculización, el art. 235 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, dispone que: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentalmente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentran:
1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; 3. Que el imputado amenaza o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia; 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo; 5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad.
La parte final del artículo referido, también señala: “El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad”.
Con relación al peligro de obstaculización de la verdad, la SC 0225/2004-R de 14 de febrero-reiterada entre otras por la SC 0301/2011-R de 29 de 2 7En el FJ III.3, señala: “Respecto a que ya no se puede alegar obstaculización del proceso para negar la cesación de la detención, porque ya finalizó la investigación, este argumento no tiene sustento jurídico ni racional, puesto que lo que estipulan las normas previstas en el art. 233.2 CPP, para disponer una detención, es que se tenga demostrada `La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculice la averiguación de la verdad´. De las citas legales, se colige que la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto es a la obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte, por otra la averiguación de la verdad; no puede establecerse según el sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cosa juzgada material, razonamiento que se encuentra en su totalidad corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos prescritos en las normas previstas en el art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de administración de justicia. Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, significaría desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer lo que entienden los recurrentes, importaría que la etapa del proceso oral ante un tribunal jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público tendría que decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados cometieron o no el delito que se les imputó, pero esta facultad no ha sido atribuida a esta autoridad”.
marzo y la SCP 0711/2012 de 13 de agosto- señala que, la finalización de la etapa investigativa no es un argumento jurídico ni racional que permite desvirtuar el peligro de obstaculización de la verdad ; toda vez que, la verdad de los hechos, saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal sobre la culpabilidad o no del procesado, adquirió calidad de cosa juzgada material; entendimiento que se encuentra corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos establecidos en el art. 235 del CPP; pues no solo hacen referencia a los fiscales, sino también, a las autoridades judiciales, a otros funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia, que están obligados a colaborar con la averiguación de la verdad material; en consecuencia, el peligro de obstaculización de la verdad, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, sino, que puede generarse desde el inicio con la citación de la imputación formal hasta la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del proceso penal; es decir, hasta su conclusión, cuando se agoten todas las circunstancias a través de los recursos pertinentes.
Considerando que las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, se constituyen en un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; el mismo se encuentra relacionado con la actividad investigativa del Ministerio Público, la cual, está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual; y, con la materialización de dicha actividad en juicio oral, hasta la conclusión del proceso penal con una sentencia ejecutada; es por esta razón, que los fiscales y autoridades judiciales al momento de analizar estas circunstancias, están obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como el deber de tomar en cuenta la condición de persona en desarrollo en caso de niñas, niños o adolescentes, tal como lo estableció la Corte IDH en el caso VRP, VPC y otros Vs. Nicaragua; En ese marco, desde una perspectiva de género y sobre la base de lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar lo siguiente:
1) En casos de violencia contra la mujer emerge la obligación de actuar con la debida diligencia, adoptando los mecanismos de investigación necesarios a efectos de sancionarla; 2) El deber de garantizar los derechos de una mujer víctima de violencia, adquiere especial intensidad en relación con las niñas y adolescentes; pues a la condición de mujer, la vulnerabilidad consustancial a la niñez se encuentra mayormente enmarcada y potenciada; de donde se tiene, que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia; lo cual se traduce, en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implican violencia por razones de género o pueden derivar en tal violencia; surgiendo de esta forma, el deber estatal de actuar con estricta diligencia en la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes; 3) El deber de la debida diligencia en la actuación del Ministerio Público, implica que las autoridades a cargo de la investigación, la lleven delante de oficio y sin dilataciones, con determinación, eficacia y de manera seria, imparcial y efectiva, brindando confianza a las víctimas de violencia, para su protección; y, 4) El Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña; para la cual, las obligaciones de la debida diligencia y la adopción de protección de protección deben extremarse, además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidas por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la misma; pues, de lo que se trata es de proteger sus derechos de forma integral, salvaguardando su posterior desarrollo, velando por su interés superior y evitando su revictimización;
De donde se tiene que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos:
i) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, ii) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presente cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:
ii.a) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; más aún, la minoría de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración; ii.b) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contiene elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-; ii.c) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima oa su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos; ii.d) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio; ii.e) Existen objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar de que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación , como por ejemplo: el entorno social, la minoría de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los coparticipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, ii.f) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba ; toda vez que, debe considerar que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consumen en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia.
La SCP 1636/2025-S1 de 30 de diciembre estableció que:
El entendimiento que consideró esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, establece que también fue posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre[5], resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la jurisdicción constitucional, la SCP 1215/2012 citada, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señala que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales (las negrillas son nuestras).
La SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, se ha pronunciado sobre el deber de observar el principio de proporcionalidad a tiempo de aplicar medidas cautelares, exponiendo el siguiente razonamiento:
«El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre-no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147:
Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7:
En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.
En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal, “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable.
La SCP 0885/2019-S2 de 25 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento:
La garantía de presunción de inocencia constituye un elemento del debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, que permite que toda persona sometida a un proceso sea tratada como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad a través de sentencia condenatoria ejecutoriada. Configure un mecanismo protector en procesos judiciales o administrativos que prohíba cualquier tipo de presunción de culpabilidad.
Se encuentra consagrada por el arte. 116.I de la CPE, que dispone: "Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado". De manera concordante, el art. 6 del CPP, señala que: "Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión". En ese marco la SCP 0885/2019-S2 de 25 de septiembre sobre la presunción de inocencia aplicada en medidas cautelares, indicó que:
Ahora bien, toda vez que la garantía constitucional de presunción de inocencia rige a lo largo del desarrollo del proceso, no existe razón alguna para que la misma no sea observada en la etapa procesal de consideración de medidas cautelares, en razón que además de ser una regla para el procesamiento del imputado al margen de toda presunción de culpabilidad, dispone la carga probatoria acusatoria, sea esta particular o fiscal. Bajo dicho entendimiento, el juez cautelar garantía de derechos y garantías constitucionales, necesariamente debe fundar la existencia de los riesgos procesales partiendo del análisis y valoración de los elementos de convicción y de la prueba aportada por la parte constreñida a hacerlo, obligación, que conforme a lo dispuesto en los arts. 116.I de la CPP y 6 del CPE, de ningún modo recae en el presumido inocente.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, a la motivación y fundamentación, valoración de la prueba y a la seguridad jurídica, indicando que por Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro: a) Confirmó su detención preventiva ratificando la concurrencia del riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, basándose en una interpretación incorrecta de una reunión previa con la víctima; b) Valoró inadecuadamente los antecedentes y la prueba presentada; c) Omitió aplicar principios constitucionales de proporcionalidad y favorabilidad; y, d) No se consideró la presunción de inocencia. Identificado el acto lesivo, corresponde remitirse a los antecedentes del caso, de donde se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otro, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, por el fallecimiento de Carla Lucrecia Herrera Saavedra, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 828/2022 de 23 de noviembre, ordenando la detención preventiva de los imputados en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (Conclusión II.1); esta Resolución fue apelada por las partes procesales incluido el impetrante de tutela. La apelación fue resuelta por Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre; por el cual, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante y los otros apelantes y confirmó el Auto Interlocutorio 828/2022, ordenando que esta resolución se mantenga firme e incólume (Conclusión II.2). Identificado el acto lesivo planteado a través de la presente acción de libertad, desarrollados los antecedentes remitidos a este Tribunal y considerando lo expuesto por la parte accionante, corresponde analizar cada denuncia de forma separada como se hará a continuación. Con relación a la confirmación de la detención preventiva ratificando la concurrencia del riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, basándose en una interpretación incorrecta de una reunión previa con la víctima. El accionante sostiene que la Vocal demandada vulneró sus derechos al confirmar la detención preventiva, ratificando la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, sobre la base de una interpretación incorrecta de una reunión previa desarrollada en su oficina profesional, atribuyéndole indebidamente amenazas o actos de intimidación hacia la víctima y una testigo. Al respecto, cabe precisar que del texto mismo de la norma -art. 235 del CPP-, señala que este riesgo, se configura ante toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado, con su comportamiento, entorpecerá la averiguación de la verdad; disponiendo además que su análisis debe realizarse mediante una evaluación integral de las circunstancias concurrentes; entre ellas, cuando el imputado amenace o influya negativamente sobre las víctimas, testigos o partícipes a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; de igual forma, la parte final de dicha disposición prevé expresamente que el peligro de obstaculización no puede fundarse en meras presunciones abstractas, sino en información precisa y circunstanciada aportada en audiencia, con razonabilidad suficiente para inferir que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional anotada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ha analizado el peligro de obstaculización, señalando que éste no se limita únicamente a la etapa preparatoria, sino que puede proyectarse hasta la conclusión del proceso penal, siendo legítimo que las autoridades judiciales valoren integralmente antecedentes que razonablemente permitan advertir riesgos para la averiguación de la verdad; ahora bien, los casos relacionados con violencia contra la mujer, también previstos en este Fundamento Jurídico cobra mayor relevancia, dado que, deben analizarse también los estándares reforzados de la debida diligencia, que establece que tanto el Ministerio Público como las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de adoptar medidas efectivas de protección orientadas a evitar la revictimización y garantizar la averiguación de la verdad material, pudiendo inclusive efectuar una valoración integral de antecedentes y circunstancias objetivas vinculadas al entorno de violencia denunciado. De la revisión integral del Auto de Vista 336/2022, se advierte que la Vocal demandada no se limitó a confirmar de manera mecánica la decisión del Juez a quo, sino que desarrolló una fundamentación orientada a explicar por qué consideró concurrente el riesgo procesal de obstaculización, a tal efecto señaló que: 1) Existían declaraciones testificales vinculadas con procesos penales seguidos contra la víctima, referencias a posibles afectaciones laborales y sociales que daban cuenta de actos de amedrentamiento hacia la víctima fallecida en la presencia de una testigo; actos que además, se constituían en intimidatorios y que habrían generado temor tanto en la víctima como en su entorno familiar; 2) La reunión desarrollada en la oficina del imputado constituía un antecedente relevante para efectuar una “valoración integral” de las circunstancias del caso; y, 3) El art. 235.2 del CPP habilita precisamente ese análisis integral de comportamientos que razonablemente permitan inferir una posible afectación a la averiguación de la verdad, aspectos que daban cuenta de actos de amedrentamiento e intimidación hacia la testigo desde la perspectiva asumida por la Vocal demandada y le permitieron inferir razonablemente la existencia del riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP. Asimismo, la autoridad demandada explicó que, tratándose de una etapa investigativa, no correspondía exigir prueba plena, sino únicamente la concurrencia de elementos indiciarios objetivos; en ese contexto, no resulta evidente que la autoridad jurisdiccional hubiera efectuado una interpretación arbitraria o absolutamente irrazonable del art. 235.2 del CPP, pues la conclusión asumida no se sustentó únicamente en una frase aislada atribuida al accionante, sino en un conjunto de antecedentes descritos en la imputación formal y en declaraciones incorporadas al cuaderno procesal.
Ahora bien, el accionante sostiene que la reunión valorada ocurrió con anterioridad a la imputación formal y que, por ello, no podía ser utilizada para acreditar el riesgo de obstaculización; sin embargo, la Vocal demandada respondió expresamente dicho agravio señalando que el propio art. 235 del CPP exige una “evaluación integral de las circunstancias existentes”, sin restringir temporalmente los hechos susceptibles de valoración únicamente a actuaciones posteriores a la imputación formal; dicha interpretación, no resulta manifiestamente arbitraria ni irrazonable desde una perspectiva constitucional. A lo señalado se suma que, en delitos vinculados a violencia contra la mujer, la autoridad jurisdiccional debe efectuar el análisis de los riesgos procesales bajo estándares reforzados de protección y debida diligencia, considerando la situación de vulnerabilidad de la víctima; contexto en el cual, la valoración integral de antecedentes vinculados con presuntas intimidaciones no constituye por sí misma una actuación arbitraria; por lo que, con relación a esta denuncia no se advierte vulneración de derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación y motivación conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a la valoración inadecuada de los antecedentes y de la prueba. El accionante, denuncia como acto lesivo que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 336/2022, confirmó la detención preventiva dispuesta en su contra, realizando -a su criterio- una valoración inadecuada de los antecedentes y de la prueba. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional desarrollada por este Tribunal citada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, ha establecido que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de las autoridades jurisdiccionales ordinarias; no obstante, excepcionalmente la justicia constitucional puede ejercer control tutelar cuando: i) Las autoridades se aparten de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) Omitan arbitrariamente la consideración de las pruebas, parcial o totalmente; y, iii) Basen su decisión en una prueba inexistente o en hechos diferentes a los utilizados como sustento argumentativo; precisándose además, que la labor de la jurisdicción constitucional no consiste en sustituir a la jurisdicción ordinaria mediante una nueva valoración probatoria, sino únicamente en verificar si dicha actividad fue desarrollada dentro de parámetros de razonabilidad, objetividad y respeto al principio de verdad material. En ese entendido de la atenta lectura de la acción de libertad no se advierte que el accionante haya explicado cómo es que la Vocal demandada se habría alejado de los marcos de razonabilidad y equidad o existiría ausencia de los mismos en la labor valorativa. De igual forma, este Tribunal no advierte que la Vocal demandada hubiera sustentado su decisión en pruebas inexistentes, ni tampoco que hubiese omitido arbitrariamente considerar elementos relevantes introducidos por el accionante; por el contrario, se evidencia que la autoridad jurisdiccional respondió expresamente a los agravios formulados en apelación, analizando los cuestionamientos relacionados con la reunión sostenida en la oficina del accionante y a todo el contexto de la misma, la supuesta inexistencia de amenazas, la temporalidad de dichos hechos y la alegada falta de demostración del riesgo procesal. De igual forma, la decisión impugnada no revela una valoración manifiestamente arbitraria o irrazonable; toda vez que, la autoridad demandada explicó, con base en el contenido del art. 235 del CPP, que el peligro de obstaculización debe surgir de una evaluación integral de las circunstancias del caso y que, tratándose de posibles actos de influencia o intimidación sobre víctimas y testigos, podían considerarse antecedentes previos vinculados al contexto investigativo. Dicho razonamiento, además, guarda correspondencia con la jurisprudencia constitucional relativa al peligro de obstaculización en hechos vinculados a violencia contra la mujer, la cual reconoce que las autoridades judiciales deben actuar con debida diligencia reforzada y valorar integralmente aquellos elementos objetivos que permitan prever posibles actos de presión, intimidación o influencia negativa sobre víctimas y testigos, evitando escenarios de revictimización y garantizando la averiguación de la verdad material. Finalmente, al no ser de competencia de la jurisdicción constitucional la revalorización de la prueba no corresponde efectuar la revisión de la valoración probatoria que se pretende; razón por la cual, corresponde denegar la tutela sobre esa denuncia. Respecto a la denuncia de vulneración de los principios de proporcionalidad, favorabilidad y progresividad. El accionante sostiene que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 336/2022 que declaró improcedente la apelación, habría omitido aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad, favorabilidad y progresividad, afectando su derecho a la libertad personal. Al respecto, corresponde precisar que la jurisprudencia inscrita en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional precisó que toda medida restrictiva de derechos -como la detención preventiva- debe superar un juicio de proporcionalidad, que comprende: a) La idoneidad de la medida; b) Su necesidad; y, c) La proporcionalidad en sentido estricto; es decir, que la afectación al derecho fundamental no resulte excesiva en relación con la finalidad perseguida y que esta privación de libertad en etapa cautelar debe ser excepcional, necesaria, proporcional y debidamente fundamentada, sustentada en elementos objetivos que acrediten la existencia de riesgos procesales. Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde analizar si el Auto de Vista impugnado desconoció los principios de proporcionalidad, favorabilidad y progresividad, como denuncia el accionante; en ese marco, de la revisión integral de la Resolución cuestionada, se advierte que la autoridad demandada, al confirmar la detención preventiva: 1) Verificó la concurrencia del presupuesto material -art. 233.1 del CPP-, estableciendo la existencia de indicios suficientes sobre el hecho y la probable participación del imputado; 2) Ratificó la existencia del riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, en base a elementos objetivos como declaraciones testificales que dan cuenta de actos de amedrentamiento; y, 3) Analizó la temporalidad de la medida, validando el plazo de dos meses fijado por el Juez a quo, bajo un criterio de necesidad y razonabilidad, descartando incluso la ampliación solicitada por otras partes. En ese contexto, este Tribunal advierte que la autoridad demandada sí realizó implícitamente el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: La medida resulta idónea, al estar orientada a evitar la obstaculización de la investigación, necesaria, en tanto se consideró la existencia de riesgos procesales no desvirtuados por el imputado y es proporcional en sentido estricto, al haberse limitado su duración a un plazo concreto -dos meses-, susceptible de revisión y no haberse impuesto de manera indefinida o excesiva. Respecto al principio de favorabilidad, si bien el art. 7 del CPP establece que en caso de duda debe aplicarse la medida menos gravosa; en el caso concreto, no se evidencia la existencia de una situación de duda razonable sobre la concurrencia de los riesgos procesales, ni la propuesta concreta de medidas sustitutivas idóneas por parte del imputado que permitan neutralizar dichos riesgos. En cuanto al principio de progresividad, el accionante se limita a su invocación genérica, sin demostrar de qué manera su aplicación habría modificado la decisión asumida, máxime cuando dicho principio no implica la eliminación automática de medidas cautelares legalmente impuestas, sino su compatibilidad con estándares de protección de derechos, lo cual -como se ha visto- fue observado en el caso concreto. En consecuencia, no se advierte que la Vocal demandada haya omitido la aplicación de los principios de proporcionalidad, favorabilidad y progresividad; por el contrario, la resolución impugnada evidencia una decisión fundamentada, razonable y compatible con los estándares constitucionales e interamericanos sobre la restricción de la libertad personal. Sobre la denuncia de que no se consideró la presunción de inocencia. Sobre la denuncia de vulneración a la presunción de inocencia, que a criterio del accionante no fue considerado, corresponde hacer referencia al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, que establece que la presunción de inocencia también constituye una regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal; en virtud de la cual, debe partirse de su inocencia y, en consecuencia, restringir al mínimo las medidas limitativas de sus derechos; por lo que, si bien la presunción de inocencia rige durante toda la tramitación del proceso, ello no impide la imposición de medidas cautelares cuando concurren elementos de convicción suficientes y riesgos procesales debidamente fundamentados, cuya acreditación corresponde al Ministerio Público y no al imputado poder disponer la detención preventiva. En el caso concreto, se advierte que la decisión asumida se sustenta en la valoración de elementos objetivos aportados al proceso, sin trasladar indebidamente la carga probatoria al imputado ni afirmar su culpabilidad, sino únicamente estableciendo su probable participación en los hechos investigados, en el marco del estándar propio de la etapa investigativa; por lo que, no se advierte que el mismo haya sido vulnerado en el caso concreto; toda vez que, las autoridades jurisdiccionales no han efectuado un juicio anticipado de responsabilidad penal, sino que se han limitado a verificar la concurrencia de los presupuestos exigidos para la imposición de medidas cautelares personales, conforme al art. 233 del CPP; en consecuencia, al tratarse de una medida de carácter provisional, no sancionatorio, debidamente fundamentada en elementos de convicción y riesgos procesales, no se evidencia vulneración al derecho a la presunción de inocencia, el cual se mantiene incólume hasta la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En el marco de todo lo desarrollado, se evidencia que la resolución impugnada contiene motivación suficiente, una fundamentación clara sobre las razones fácticas y jurídicas que sustentan la resolución, al igual que realizan una valoración adecuada la prueba a partir de una perspectiva de género, y tampoco se identifica lesión al derecho a la presunción de inocencia; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica denunciado como lesionado, se tiene que la vía constitucional no tutela principios de manera independiente, si no, cuando están vinculados a un derecho comprendido dentro de los presupuestos de activación de esta acción tutelar; en consecuencia, al no evidenciarse dicho extremo, no existe mérito para resolver al respecto y, por ende, se debe denegar la tutela en relación a la vulneración del principio a la seguridad jurídica. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del citado departamento; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
3 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 350. Párrafo 289.
4 Criterio asumido del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 287.
5 Criterio asumido del Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala; a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 134 y 173.
6 1Criterio asumido de los Casos J vs. Perú, a través de la Sentencia de 27 de noviembre de 2013 sobre Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 350; y, Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 185.
7 Criterio asumido en el Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, a través de la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 292 y 294.
8 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párrafo 147. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf 9Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia (2007), Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 7. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0164_2026-S3.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): 327755a84f7bc8db1b62444ec3664bbb63156a564054f81b1a615a746ade1bc9
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