Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, tutela judicial efectiva, el debido proceso; y, al principio de celeridad, por cuanto en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascuala Escobar Quispe en contra del accionante: i) Transcurrieron siete días calendario y cinco días hábiles sin remitir en alzada la apelación de la audiencia de ampliación de detención preventiva, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto en el art. 251 del CPP; ii) La secretaria del referido juzgado en lugar de remitir los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los envió al Juzgado de Sentencia contra la violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien dispuso la devolución por Auto interlocutorio fundamentado, y la referida secretaria negó su recepción; y, iii) El Juez cautelar no resolvió la solicitud de procedimiento abreviado, por cuanto perdió competencia con la presentación previa de la acusación formal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 50750-2022-102-AL (viene de la pág. 11). 1. CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente en relación a la lesión al derecho la libertad y por conexitud al debido proceso y al principio de celeridad; conforme a los fundamentos precedentemente anotados y sobre el Juez y la Secretaria del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por no remitirse la apelación de forma inmediata en el plazo previsto por ley; y, 2. DENEGAR la tutela sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo por activación paralela de dos acciones de libertad, referente a la salida alternativa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50750-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Weimar Molina López en representación sin mandato de Wilfredo Cecilio Limachi Quispe contra Lucio Fermín Flores Alarcon Juez; y, Gema Limachi Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., y fs. 31 a 33 vta., el accionante a través de sus representantes manifestó que:
Interpuso dos acciones de libertad, ambas el 23 de septiembre de 2022, las cuales radicaron ante el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías. La primera acción de Libertad interpuesta en contra del Juez y la Secretaria de Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el proceso penal con CUD 201502022202971, seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascuala Escobar Quispe en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. de Código Penal (CP), en cuyo mérito se encontraba cumpliendo detención preventiva.
En audiencia de ampliación de detención preventiva el 16 de septiembre de 2022 el Juez de la causa, dispuso la continuación de la medida, obviando establecer el plazo para la misma, incumpliendo el art. 233 y 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto apeló en audiencia la Resolución de 16 del mismo mes y año. Sin embargo, transcurrieron siete días calendario y cinco días hábiles sin que se remita la apelación en alzada, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto para el efecto por el art. 251 del citado Código. La Secretaria del referido Juzgado, en lugar de remitir los antecedentes de la apelación a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, el cual devolvió el cuaderno de control jurisdiccional mediante el Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2022 indicando que el proceso se encuentra con actos jurisdiccionales sin resolver, ante tal hecho, la secretaria se negó a recibir el referido cuaderno. El Fiscal de Materia remitió al Juez de la causa Resolución de Acusación Formal y posteriormente la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, en virtud a la primera acción de libertad que interpuso con Resolución de 9 de septiembre de 2022 del Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías. La segunda acción de libertad se interpuso solo en contra del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, señaló que en el mismo proceso penal con CUD 201502022202971, en la audiencia de ampliación de detención preventiva, la autoridad judicial dispuso que en virtud de la Acusación Fiscal presentada el 2 de septiembre de 2022 perdió competencia y ordenó se remita la misma en el día al juzgado correspondiente, e hizo caso omiso a su solicitud de resolver la salida alternativa de Procedimiento abreviado por concentración de actos y principio de celeridad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, tutela judicial efectiva, el debido proceso; y, al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, disponga la remisión de la apelación de 16 de septiembre de 2022 al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Que la Secretaria del referido juzgado cumpla su rol y atribuciones conforme la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; c) Que el referido Juez señale día y hora de audiencia de consideración de la salida alternativa de Procedimiento Abreviado en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, d) Señale día y hora de audiencia de ampliación de detención preventiva a fin de establecer el plazo de detención.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 37 vta., se realizaron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes reiteraron íntegramente los términos de ambas acciones tutelares. El Juez de garantías preguntó al accionante, si la salida alternativa de procedimiento abreviado fue presentada en forma posterior a la acusación formal, respondiendo afirmativamente que la acusación formal fue presentada el 2 de septiembre de 2022 y la salida alternativa el 12 del mismo mes y año.
Lucio Fermín Flores Alarcon Juez; y, Gema Limachi Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 35.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 38 a 40, dispuso la unificación de ambas acciones de libertad; y en consecuencia concedió en parte la tutela impetrada con relación al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que remitan la apelación interpuesta en el plazo de veinticuatro horas una vez notificados con la resolución; y, denegó respecto del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, en cuanto a la petición de señalar audiencia para resolver la salida alternativa de Procedimiento abreviado; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a la línea jurisprudencial el Juez de instrucción cautelar tiene competencia hasta la presentación de la Acusación Formal y en caso de tener actos pendientes deben ser resueltos y saneados antes de remitir los antecedentes al Juzgado de Sentencia; 2) Debió remitirse la apelación interpuesta en el plazo de veinticuatro horas a la Sala Penal de turno previo sorteo, siendo la audiencia de ampliación de medida cautelar un acto pendiente dispuesto previamente a la presentación de la Acusación formal; y, 3) Respeto del señalamiento de audiencia para resolver la salida alternativa de procedimiento abreviado no se ingresa al análisis de la misma por cuanto se emitió un proveído de devolución de cuaderno de control jurisdiccional el 21 de septiembre de 2022 por autoridad competente y por existir una acción de libertad de 9 del mismo mes y año en la que se solicita emitir la resolución de procedimiento abreviado, lo cual generaría criterios distintos en cuanto a su tramitación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Requerimiento conclusivo de Acusación Formal presentado el 2 de septiembre de 2022 en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascuala Escobar Quispe contra Wilfredo Cecilio Limachi Quispe por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. de CP con CUD 201502022202971 (fs.11 a 14). II.2. Memorial de solicitud de fecha y hora de audiencia para considerar solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentado en 6 de septiembre de 2022 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y decreto correspondiente al memorial indicando que la referida autoridad perdió competencia (fs. 15 y 16) II.3. Requerimiento conclusivo de Procedimiento abreviado presentado el 12 de septiembre de 2022 y Decreto correspondiente de 13 de septiembre de 2022 emanado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz (fs.17 a 19 vta., y 20) II.4. Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2022, emitido por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, que dispuso la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de origen por existir solicitud expresa de procedimiento abreviado sin resolver (fs.24).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, tutela judicial efectiva, el debido proceso; y, al principio de celeridad, por cuanto en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascuala Escobar Quispe en contra del accionante: i) Transcurrieron siete días calendario y cinco días hábiles sin remitir en alzada la apelación de la audiencia de ampliación de detención preventiva, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto en el art. 251 del CPP; ii) La secretaria del referido juzgado en lugar de remitir los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los envió al Juzgado de Sentencia contra la violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien dispuso la devolución por Auto interlocutorio fundamentado, y la referida secretaria negó su recepción; y, iii) El Juez cautelar no resolvió la solicitud de procedimiento abreviado, por cuanto perdió competencia con la presentación previa de la acusación formal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, hizo una primera aproximación doctrinal en cuanto al reconocimiento implícito contenido en el art. 125 de la CPE cuando se denuncia una dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante, así en cuanto a la clasificación del hábeas corpus, actual acción de libertad, traslativa o de pronto despacho, determinó que su objeto es el de “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en cuanto a la forma de actuar de toda autoridad que tome conocimiento de una solicitud realizada por una persona privada de libertad, previa cita de la SC 0862/2005 de 27 de julio, concluyó que: “ʽ…que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’ (…). (…) es por ello que la jurisprudencia constitucional, en cuanto a la celeridad que se debe otorgar a las solicitudes de cesación de detención preventiva, no sólo en su tramitación y consideración sino también en su efectivización, ha señalado en la SC 0862/2005-R, que: ‘... el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido’. En ese sentido y conforme a los preceptos constitucionales mencionados y a la jurisprudencia glosada precedentemente, todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (Razonamiento asumido y reiterado en las SSCCPP 0017/2012 de 16 de marzo, 0741/2013-L de 22 de julio y 0995/2014 de 5 de junio, entre otras).
De la exposición referida se advierte que, la autoridad que se encuentra a cargo de resolver las solicitudes vinculadas a la libertad de una persona privada de libertad, en razón de la apelación de una audiencia de ampliación de detención preventiva debe tramitarla de manera pronta y oportuna de tal forma que en el plazo señalado por ley o en uno prudencial, el afectado tenga conocimiento y certeza sobre los extremos resueltos de su petición y en consecuencia pueda activar los reclamos o impugnación pertinente a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, la SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, estableció que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.
Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”»(Las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
En consecuencia, de la jurisprudencia citada se tiene establecido que para activar la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial por violación de derechos tutelados por la acción de libertad debe concurrir el presupuestos, relativo al incumplimiento de las tareas propias del referido servidor o por incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional respecto de las tareas propias del servidor, con los cuales se lleguen a lesionar derechos constitucionales protegidos por la acción de libertad.
Consideraciones previas Interpuso dos acciones de libertad, el 23 de septiembre de 2022, dentro del mismo proceso penal con CUD 201502022202971, ambas radicadas ante el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías quien dispuso “unificar” (sic [lo correcto es acumular]) las acciones referidas a fines de su resolución. En tal sentido al interpretar los arts. 6.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 4 de la Ley de Creación de Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de noviembre de 2018- respecto a la facultad de acumulación procesal de las acciones constitucionales por los Jueces y Tribunales de garantías así como las Salas Constitucionales, la Comisión de Admisión de este Tribunal, refirió en el AC 003/2014-CA-S de 3 de febrero que: “Dentro del contexto de la interpretación previsora o prudente, que exige el operador de justicia constitucional efectuar una exégesis en la que considera la incidencia no solo sobre derechos y garantías constitucionales, sino también respecto a los principios tales como los de celeridad, economía procesal y concentración, materializados en los procedimientos constitucionales, que fueron descritos precedentemente, se abre la posibilidad de los jueces y tribunales de garantías, de poder acumular procesos constitucionales, siempre y cuando se observe para ese efecto el parágrafo II numerales 1, 2 y 3 del art. 6 del CPCo; no hacerlo, constituiría generar duplicidad en el trabajo de los jueces y tribunales de garantías, desconociendo los principios que rigen la actividad procesal de la justicia constitucional” (las negrillas corresponden al texto original). Entendimiento reiterado por Sentencias Constitucionales Plurinacionales como la 0967/2021-S2 de 29 de diciembre y 0687/2020-S4 de 10 de noviembre. En ese contexto en el caso de análisis se tiene por cumplido los presupuestos contemplados en el art. 6.II del CPCo; por lo que, con base en el entendimiento jurisprudencial y normas anteriormente descritas en resguardo de los principios procesales de celeridad y concentración de actos, se prosigue con el siguiente análisis.
El accionante a través de sus representantes, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, tutela judicial efectiva, el debido proceso; y, al principio de celeridad, toda vez que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascuala Escobar Quispe contra el accionante: a) Transcurrieron siete días calendario y cinco días hábiles sin remitir en alzada la apelación de la audiencia de ampliación de detención preventiva; b) La Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz en lugar de remitir los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia, los remitió al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y ante su devolución se niega a recibirlo; y, c) El Juez cautelar no resolvió la solicitud de procedimiento abreviado, quien alegó haber perdido competencia con la presentación previa de la acusación formal.
Respecto al punto a) conforme se tiene expuesto, es evidente que dentro del referido proceso penal la apelación a la Resolución de ampliación de detención preventiva del 16 de septiembre de 2022 no fue remitida a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del plazo de veinticuatro horas conforme lo dispone el art. 251 del CPP, siendo el Juez de la causa la autoridad llamada por Ley para velar por su cumplimiento tomando en cuenta que se trata de una persona privada de su libertad, petición que al encontrarse vinculada al derecho a la libertad física debió ser tramitada con la mayor celeridad posible y el no realizarlo de esa manera provocó la incertidumbre en el procesado respecto de conocer una respuesta pronta a su apelación y dilucidar la situación jurídica en la que se encuentra, provocando una restricción de su derecho a la libertad, conforme los los alcances dispuestos por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo esta taxativa al señalar que, toda autoridad que conozca una solicitud por parte de una persona que se encuentra privada de su libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible puesto que dicha solicitud se encuentra relacionada al derecho a la libertad física evitando conculcar la restricción de este derecho. Haciendo notar al respecto, que si bien la autoridad judicial conforme jurisprudencia constitucional, perdió competencia a partir de la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público (Conclusión II.2) la audiencia de ampliación de detención preventiva fue una determinación asumida con anterioridad a la presentación de la referida acusación, denotándose un acto pendiente de resolver el cual no se desarrolló de forma completa en su tramitación, puesto que interpuesta la apelación no fue elevada en alzada dentro del plazo legal, consiguientemente se constituye en una dilación indebida que lesionó el principio de celeridad; el debido proceso vinculado de forma directa al derecho a la libertad del detenido preventivo; por lo que corresponderá su tutela.
En relación al punto b) la Secretaria codemandada, al remitir los antecedentes al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, en lugar de la Sala Penal del referido Tribunal, y ante la devolución de antecedentes negar su recepción, omitió realizar actos propios de su función lo cual también contribuyó en un mayor retraso en resolver la apelación del detenido preventivo, actuación vinculada de forma directa con el derecho a su libertad conforme lo dispuestos por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo esta taxativa al señalar que si la vulneración del derecho a la libertad emana del incumplimiento o inobservancia de las obligaciones o funciones del personal de apoyo jurisdiccional, este adquiere la legitimación pasiva. Dicho fundamento jurídico refiere que el acto ilegal no deviene solamente de la función jurisdiccional; sino que también puede hacerse presente en virtud a las omisiones de carácter administrativo señalando entre ellas el incumplimiento de plazos, la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, haciendo una especial mención al tratarse de audiencias de consideración de medidas cautelares. Siendo evidente en el caso presente que los actos de la Secretaria codemandada en relación a la no remisión oportuna, equivocación de Juzgado, sumado a la negativa de recibir el cuaderno de control jurisdiccional cuando fue devuelto, mediante un auto interlocutorio fundamentado y emanado por autoridad competente, (Conclusión II.6) constituyen actos de dilación indebida provocando la restricción del derecho a la libertad de la persona detenida preventivamente, a objeto de que pueda conocer de manera oportuna y celera las respuestas de los agravios apelados. Determinándose por consiguiente conceder la tutela respecto del Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz respecto al incumplimiento del plazo legal para remitir la apelación al superior en grado. En relación al punto c) Respecto del señalamiento de audiencia del Juez de la causa, para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado presentada por el Ministerio Público en favor del accionante, (Conclusión II.4) se puede colegir de la intervención del impetrante de tutela a través de su representante en la audiencia de garantías, así como de la revisión de los antecedentes, que el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado fue presentado en virtud a la acción de libertad interpuesta el 9 de septiembre de 2022 y en la referida acción tutelar el petitorio solicita como primer punto que el Fiscal de Materia emita el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado y como segundo punto solicita que la autoridad jurisdiccional señale fecha y hora de audiencia para tratar y resolver la salida alternativa referida (Conclusión II.1) razón por la cual, al existir una acción de libertad sustanciada con dicho petitorio y planteada con anterioridad, se deniega la tutela en relación a la tutela judicial efectiva, del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, sin ingresar al fondo por activación de vías paralelas y al contar ya con un pronunciamiento en esa anterior acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 50750-2022-102-AL (viene de la pág. 11). 1. CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente en relación a la lesión al derecho la libertad y por conexitud al debido proceso y al principio de celeridad; conforme a los fundamentos precedentemente anotados y sobre el Juez y la Secretaria del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por no remitirse la apelación de forma inmediata en el plazo previsto por ley; y, 2. DENEGAR la tutela sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo por activación paralela de dos acciones de libertad, referente a la salida alternativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0164_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): bbc0504419ae6ed64141fe8d3815bc07363d3f4be872e4bb2b04aa71d843d67a
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