Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de cesación de su detención preventiva en aplicación del art. 239 del CPP, presentada el 13 de septiembre de 2022, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de defensa, 26 de igual mes y año, no señaló día y hora de audiencia, para la consideración de dicha solicitud. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en solicitudes que involucre la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del imputado; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y de acceso a la justicia pronta y oportuna vinculado a la libertad del accionante, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50460-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Pablo Cárdenas Céspedes en representación sin mandato de Milton Fredy Navía Escalera contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 5 a 9 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia, contra su persona por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 165/2022 de 10 de marzo, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses. Transcurrido el lapso de tiempo, el 13 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa no se señaló día y hora de audiencia para la consideración de su solicitud.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, conforme a lo mencionado en la audiencia de consideración de esta acción de libertad pidió que de forma inmediata sea puesto en libertad al haber transcurrido el tiempo de investigación.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Denuncia actos ilegales de hechos cometidos por el Juez ahora accionado, con el propósito de evitar la libertad de su defendido y forzar su detención; ya que, transcurridos los seis meses de su detención preventiva, por memorial de 13 de septiembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa no se señaló día y hora de audiencia para considerar su solicitud, transcurriendo diecisiete días; b) De conformidad con la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, existen presupuestos de procedencia para la ampliación de la detención preventiva, tal como establecen los arts. 233 en su última parte y 235 Ter del Código de Procedimiento Penal (CPP); siendo entre ellos un requerimiento fundamentado por parte del Ministerio Público, lo cual no sucedió en el presente caso; ya que, como se puede advertir del memorial de 31 de agosto de ese año y el Requerimiento Fiscal de 2 de septiembre del mismo año, cuando el denunciante que no es parte dentro del proceso penal le solicita ampliación de la investigación, el Fiscal de Materia únicamente indica “se tiene presente” amplíese, no existiendo un requerimiento fundamentado para tal ampliación; c) El art. 233 del citado Código y sus modificaciones, principalmente dispone que existe un plazo para que se lleve adelante la etapa preparatoria; en ese sentido, por algo y por un motivo el Juez hoy accionado, al momento de emitir sus resoluciones determinó seis meses de detención preventiva para realizar los tres actos pendientes de investigación que no se realizaron, contando con el tiempo suficiente para realizar todos los actos de investigación; y tomando en cuenta que conforme a la Constitución Política del Estado, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario dentro de un debido proceso, fueron pacientes esperando a que todas las diligencias de investigación se realicen; sin embargo, continúa privado de libertad, hecho que es irregular e ilegal; puesto que, el Juez ahora accionado debió ejercer control jurisdiccional; y, d) En cuanto a la supuesta observación de falta de firma del accionante en el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, aquello no es cierto; por cuanto, se encuentra firmado; además, no le hicieron llegar ninguna notificación como tampoco tuvo acceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz a efectos de revisar el cuaderno de control jurisdiccional.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) Es evidente que el accionante solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, debe considerarse que la anterior semana su autoridad se encontraba en traslado de oficinas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al Edificio “MUMANAL”; asimismo, se observó el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, de conformidad con lo previsto por el art. 109 del CPP, ante la falta de firma de imputado -accionante-; sin embargo, esa observación “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- no fue subsanada, siendo responsabilidad de la defensa técnica y no de su autoridad, considerando que no existe ninguna vulneración a ningún derecho menos al debido proceso; y, 2) Se debe tomar en cuenta que no es su responsabilidad considerar un memorial que no cumple con las formalidades exigidas por ley; en consecuencia, pidió se deniegue la tutela solicitada, al no existir materia para poder interponer la acción de libertad.
El Juez de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 26 a 31, concedió la tutela solicitada, disponiendo que dentro de las veinticuatro horas siguientes, se señale día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva; bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, conforme a la información proporcionada; así como, la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se establece que por Auto Interlocutorio 165/2022, se dispuso la aplicación de la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses, tiempo que debió computarse a partir del 10 de marzo al 10 de septiembre de 2022, que sería la conclusión de dicho término y encontrándose privado de su libertad en el marco de la ley, corresponde considerar el fondo del problema jurídico planteado; ii) Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, la jurisprudencia reiterada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que debe observarse en los casos que así amerite el referido principio, citando la SCP 0534/2019-S4 de 23 de julio, y que en el caso en análisis concluido el plazo de los seis meses -conforme manifestó y argumentó- el accionante el 13 de septiembre de 2022, el nombrado solicitó la cesación de su detención preventiva en mérito al art. 239.2 del CPP y del análisis de dicho escrito, se establece que tiene la firma del abogado suscribiente y la firma ilegible del nombrado, sin evidenciar el respectivo nombre en la misma; por lo que, el Juez ahora accionado por decreto de 15 del mismo mes y año, resuelve textualmente “En atención al memorial que antecede, previamente venga con la firma del impetrante, conforme al Art. 109 del C.P.P., la defensa sin mandato es exclusivo para defensores estatales y ésta autoridad desconoce a quien le corresponde la firma del memorial que antecede” (sic); es decir, que el Juez hoy accionado efectuó una observación; no obstante, de que se evidencia que el memorial tenía firma; sin embargo, exige pie de firma; posterior a esta actuación procesal, en el cuaderno de control jurisdiccional no existe otro acto procesal; es decir, que el accionante no formuló recurso de reposición, por el cual podría haber indicado que la firma le correspondía, y solicitar día y hora de audiencia, extremo que inicialmente motivaría la aplicación del principio extraordinario de subsidiariedad; y, iii) Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes antes expuestos es necesario también pronunciarse con relación al principio de celeridad en los procesos penales y la acción de libertad de pronto despacho que reclama el accionante, citando a la SCP 0518/2017-S2 de 5 de junio y considerando los antecedentes del presente caso, si bien operaría el principio de subsidiariedad, no es menos cierto que conforme con la jurisprudencia señalada, se debe establecer que la situación jurídica del accionante es de detenido preventivo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, teniendo la posibilidad de acceder a una cesación de la detención preventiva que la ley le otorga conforme el art. 239.2 del CPP, facultad que fue utilizada por el nombrado; puesto que, conforme a dicho precepto legal el plazo hubiese concluido el 15 de septiembre de 2022 y “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- el representante del Ministerio Público no solicitó la ampliación del término; en consecuencia, el Juez ahora accionado debió garantizar los derechos del accionante y de acuerdo a lo establecido por el art. 239.2 de dicho Código, señalar audiencia para la consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin observar el memorial presentado, motivo por el que corresponde conceder la tutela solicitada. En vía de aclaración, complementación y enmienda el Juez hoy accionado, solicitó que: a) Se complemente y enmiende, con base en qué prueba o qué elemento se llegó a concluir que el Ministerio Público no presentó una solicitud de ampliación de la detención preventiva del accionante, tomando en cuenta que dicha solicitud figura en la revisión del Sistema Hermes; y, b) Que la Resolución 05/2022, emitida por el Juez de garantías sea remitida al Ministerio de la Presidencia, tomando en cuenta que es el denunciante en el proceso penal. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, mediante Auto de 27 de septiembre de 2022, complementando la Resolución 05/20022; señaló que: 1) Del análisis del cuaderno de control jurisdiccional remitido, se establece que no existe ningún memorial presentado por el Ministerio Público solicitando la ampliación de la detención preventiva del accionante tal como afirma el Juez ahora accionado, advirtiéndose únicamente el memorial presentado por el accionante, no existiendo otro memorial posterior al 10 de septiembre de 2022, fecha en la que concluía el plazo de los seis meses; puesto que, a partir de ello el Fiscal de Materia debió haber solicitado la ampliación de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP; sin embargo no lo hizo, lo que hace entender que faltan algunos actos o actuaciones, respecto a la documentación que habría sido adjuntada, 2) En cuanto a una solicitud de ampliación de investigaciones, dirigida al Fiscal de Materia, no se debe confundir con una solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva, lo que no tiene relación en lo absoluto con el art. 239.”II” -siendo lo correcto 2- del nombrado Código; 3) Llama la atención que no se encuentre en antecedentes una solicitud del Ministerio Público de ampliación de plazo de la detención preventiva; y, 4) En cuanto a la remisión de la Resolución 05/2022 al Ministerio de la Presidencia, no ha lugar; puesto que, dicha Cartera de Estado no es parte dentro de la acción de libertad; y si bien la misma es denunciante dentro del proceso penal del cual devino esta acción de defensa, se hace recuerdo que dicho proceso se encuentra bajo el respectivo control jurisdiccional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 165/2022 de 10 de marzo, pronunciado Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, por el cual se determinó la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, del imputado Milton Fredy Navia Escalera -ahora accionante-, por el lapso de seis meses (fs. 15 a 21 vta.). II.2. Mediante memorial de 31 de agosto de 2022, dirigido a Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia; Miguel Ángel Barrios Aguilar y Álvaro Alejandro Apaza Mejía, Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Técnico en Transparencia ambos del Ministerio de la Presidencia, reiteraron la ampliación de investigación, pidiendo se cite en calidad de testigos a nueve personas (fs. 4), mereciendo en respuesta el decreto de 2 de septiembre de igual año, por el cual el mencionado Fiscal de Materia, señaló que: “Se tiene Presente Amplíese como solicita y sea con las formalidades de ley y la misma dese conocimiento a la autoridad jurisdiccional” ([sic] fs. 4 vta.). II.3. Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, ante el Juez hoy accionado, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, en aplicación del art. 239 del CPP, dada la importancia del derecho a la libertad que es el objeto de la pretensión, pidiendo que se señale día y hora de audiencia (fs. 3).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de cesación de su detención preventiva en aplicación del art. 239 del CPP, presentada el 13 de septiembre de 2022, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de defensa, 26 de igual mes y año, no señaló día y hora de audiencia, para la consideración de dicha solicitud. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en solicitudes que involucre la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del imputado; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., señala que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, sobre el particular, recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tema, señalando que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, establece que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud de cesación de su detención preventiva en aplicación del art. 239 del CPP, presentada el 13 de septiembre de 2022, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de defensa, 26 de igual mes y año, no señaló día y hora de audiencia, para la consideración de dicha solicitud.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que por Auto Interlocutorio 165/2022, el Juez ahora accionado, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses (Conclusión II.1.). Posteriormente, el 13 de septiembre de 2022, el nombrado solicitó la cesación de su detención preventiva, argumentando que ante la Resolución de Imputación Formal 26/2022 y Auto Interlocutorio 165/2022 de medidas cautelares, de acuerdo a la normativa vigente dispone que cesarán las mismas por el cumplimiento de la causal prevista por el art. 239 del CPP, protestando presentar prueba documental vía virtual mediante la Secretaría del despacho y la Oficina Gestora de Procesos, antes de la audiencia correspondiente en cumplimiento a la SCP 1121/2016-S3 de 18 de octubre, dada la importancia del derecho a la libertad que es el objeto de la pretensión, solicitando se señale día y hora de audiencia (Conclusión II.3.). Ahora bien, bajo esos antecedentes, se advierte que el accionante al haber cumplido con la medida extrema de detención preventiva por el tiempo de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en atención al Auto Interlocutorio 165/2022 de 10 de marzo, fecha a partir de la cual se computa el plazo antes mencionado; cumpliéndose el mismo el 10 de septiembre de igual año; solicitó la cesación de su detención preventiva; por consiguiente, el Juez ahora accionado contaba con el plazo de cuarenta y ocho horas para señalar audiencia de consideración de dicha solicitud, conforme establece el art. 239 del CPP; sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad -26 del citado mes y año-, la misma no fue señalada, transcurriendo trece días, dilatando de esta manera la resolución de la situación jurídica del accionante. En ese contexto, es preciso referir que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento, de los antecedentes descritos previamente, se tiene que el Juez hoy accionado, produjo una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante; puesto que, si bien el memorial de 13 de septiembre de 2022, fue observado por decreto de 15 del mismo mes y año, al considerarse que faltaba el pie de firma del imputado -accionante-, ese decreto tampoco fue notificado en tiempo oportuno para que fuera subsanada dicha observación, conforme se advierte de la Resolución 05/2022 pronunciada por el Juez de garantías quién revisó el cuaderno procesal del proceso penal del cual devino esta acción de defensa, en el que se advierte que posterior a dicho decreto, no existe acto procesal alguno. Es decir que, la demora en el señalamiento de audiencia y de acuerdo a lo citado en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que especifica que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; ya que, la vulneración de dicho derecho se encuentra en la demora o dilación indebida de la tramitación y resolución de una solicitud. En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; puesto que, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Por consiguiente, ante la solicitud de cesación de detención preventiva del accionante, el Juez ahora accionado tenía el plazo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento de día y hora de audiencia para la consideración de dicha solicitud y así resolver la situación jurídica del accionante, conforme lo previsto por el art. 239 del CPP; por lo que, al no haber actuado de esa manera generó una dilación injustificada que en los hechos derivó en incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal del nombrado; y si bien, existe una solicitud presentada el 31 de agosto de 2022, ante el Fiscal de Materia, por el cual se reiteró la ampliación de la investigación la cual fue decretada indicando que: “Se tiene Presente Amplíese como solicita y sea con las formalidades der ley y la misma dese conocimiento a la autoridad jurisdiccional” ([sic] Conclusión II.2.); sin embargo, conforme a la revisión del cuaderno de investigación efectuada por el Juez de garantías, no se encontraba dicha solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva por parte del Ministerio Público; en consecuencia, el Juez ahora accionado desconoció también los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la Norma Suprema, lo cual conlleva la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y de acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculados a la libertad física del accionante. Por otra parte, es pertinente aclarar que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad de pronto despacho, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del accionante, decisión que concierne ser asumida por la autoridad judicial que conoce de la causa penal. Finalmente, corresponde referirnos a la actuación del Juez de garantías, que a efectos de la resolución del caso concreto consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal para su revisión, y que siendo estos documentos en los cuales fundó su razonamiento, correspondía que los mismos sean remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); en mérito a ello, se exhorta al Juez de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remitan todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y de acceso a la justicia pronta y oportuna vinculado a la libertad del accionante, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0164_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97fc175797c61f2c1ee9aa11835ca5e1c506abcb5e33fc2475dd5a46fb610bc3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →