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SCP 0164/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
61727-2024-124-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de los derechos de sus hijos AA y BB, a la libertad, el debido proceso en sus vertientes de una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y los derechos de los niños; toda vez que, siendo que la autoridad competente le otorgó la guarda de sus dos hijos, accedió a la petición de su padre de que pasen sus vacaciones con él bajo el compromiso de que retornen antes del 5 de enero de 2024; sin embargo, hasta la formulación de la acción de libertad, los menores no le fueron restituidos por el accionado; quien además, no deja que los vea. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 5 de febrero, cursante de fs. 56 a 57, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el citado Juez de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes
  2. III.2. La guarda de los hijos dispuesta en proceso de desvinculación conyugal y asistencia familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2024-S3 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 61727-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2024 de 5 de febrero, cursante de fs. 56 a 57, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Nelly Fernández Franco en representación sin mandato de AA y BB contra Edwin Tarqui Tarqui.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 1 de febrero de 2024, cursante de fs. 25 a 27, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción.

Dentro del proceso de asistencia familiar que sigue contra Edwin Tarqui Tarqui -ahora accionado-, por Resolución 668/2022 de 6 de septiembre, emitida por la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso otorgarle la guarda y tenencia de sus dos hijos AA y BB; en este sentido, al inicio de sus vacaciones escolares de fin de año de la gestión 2023, su padre le pidió que puedan visitarlo, pedido al cual accedió por recomendación de la Psicóloga del Juzgado quien sugirió que se fortalecerían las relaciones paterno filiales; en tal razón sus hijos deberían retornar a su hogar antes del 5 de enero de 2024. Sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, su padre no los regresó ni deja que los vea; por tal razón, acudió ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde le indicaron que debería apersonarse ante la Jueza de la causa, instancia en la que presentó un memorial pidiendo se oficie a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que procedan al rescate de sus hijos; empero, aún no cuenta con una respuesta, pues únicamente le dicen que su expediente se encuentra en despacho. Alega que, el demandado incumple una disposición judicial, al retener ilegalmente a sus dos hijos menores de edad, incurriendo en el delito de sustracción o retención ilegal de éstos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados los derechos de sus hijos AA y BB a la libertad, el debido proceso en sus vertientes de una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa, a la seguridad jurídica y los derechos de los niños, citando al efecto a los arts. 23.I, II y III, 58, 59.I y II, 60, 61.I, 115. 116 y 1119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la cesación de la privación de libertad de los menores de edad por parte del accionado y sean restituidos al hogar materno.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 55 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela por intermedio de sus abogados, ratificó íntegramente los términos expuestos en el memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe del accionado

Edwin Tarqui Tarqui, en audiencia a través de su abogado, refirió lo siguiente: a) No es evidente lo expuesto por la accionante; puesto que sus hijos AA y BB no están siendo privados de su libertad, por el contrario, se encuentran con él desde septiembre de 2023, además de que asisten normalmente a clases; por lo que es evidente que no se encuentran restringidos de su libertad; por otra parte, existen muchos problemas por parte de la impetrante de tutela, quien brindo malos tratos a sus hijos; b) La solicitante de tutela planteó la acción de libertad, al conocer que dentro del proceso de asistencia familiar que ella le sigue, en respuesta a su pretensión de que sus hijos pasen nuevamente a vivir con su madre, se solicitó que previamente se realice un estudio biopsicosocial de los niños; por ello es que no se tiene ningún problema en cumplir con lo que determine la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, no sin antes se efectúe dicho estudio; y c) Se cuenta con audios que demuestran que la accionante maltrataba a sus hijos ejerciendo violencia psicológica, y es eso precisamente lo que se quiere evitar, razón por la cual se pidió también que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asista al peritaje pretendido para que no exista influencia de ninguno de los padres y se haga un trabajo en beneficio de los menores, pues no resulta justo que retornen a un hogar donde recibieron malos tratos; por ello pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 06/2024 de 5 de febrero, cursante de fs. 56 a 57, concedió la tutela impetrada, determinando que el accionado en el plazo de cuarenta y ocho horas restituya a los menores AA y BB a la guarda y tenencia de su madre; asimismo en observancia a la SCP 0971/2019-S2 de 21 de octubre, se dispone que el Juzgado Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, haga cumplir la decisión y adopte todas las medidas necesarias para el rescate y la protección de los menores; expresando al efecto los siguientes fundamentos: 1) En relación a la guarda de hijos en procesos de desvinculación conyugal o asistencia familiar, la SCP 0135/2023- S2 de 7 de abril, sentó jurisprudencia en el sentido que en todos aquellos casos en los que exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor, dicha Resolución debe ser inexcusablemente cumplida por ambos progenitores; sin que éstos puedan desconocer unilateralmente la decisión judicial, mientras esté vigente y no haya sido revocada; 2) De la revisión de antecedentes se llega a establecer que el señalado Juzgado Público, mediante Resolución 668/2022 de 6 de septiembre, dispuso la guarda de los menores AA y BB en favor de la hoy impetrante de tutela, decisión que fue quebrantada por el progenitor ahora accionado, la cual se encuentra vigente y no fue revocada; de lo que se concluye que el accionado ejerció una medida de hecho al no restituir la guarda de los menores incumpliendo la prenombrada Resolución.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso familiar sobre asistencia familiar seguido por Karina Nelly Fernández Franco -ahora accionante- contra Edwin Tarqui Tarqui -hoy accionado- la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 668/2022 de 6 de septiembre, declaró probada en parte la demanda disponiendo que el prenombrado accionado como obligado suministre por concepto de asistencia familiar a favor de su dos hijos AA y BB la suma de Bs1000.-(mil bolivianos), computable a partir de la citación con la demanda. “Por otra parte, en atención al interés superior de los menores y a objeto de mantener las relaciones paterno filiales, se fija horario de visitas los días domingos desde horas 14:00 p.m. hasta horas 18:00 p.m. debiendo recoger a los menores y devolverlos a la hora establecida” (sic [fs. 20 a 22 vta.]). II.2. Mediante memorial presentado el 5 de enero de 2024, la impetrante de tutela, solicitó a la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emita mandamiento de rescate de sus hijos retenidos ilegalmente (fs. 23 a 24). II.3. Consta decreto de 9 de enero de 2024, en el que la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dispuso el traslado del memorial presentado por la solicitante de tutela al ahora accionado para que se pronuncie en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas (fs. 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de los derechos de sus hijos AA y BB, a la libertad, el debido proceso en sus vertientes de una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y los derechos de los niños; toda vez que, siendo que la autoridad competente le otorgó la guarda de sus dos hijos, accedió a la petición de su padre de que pasen sus vacaciones con él bajo el compromiso de que retornen antes del 5 de enero de 2024; sin embargo, hasta la formulación de la acción de libertad, los menores no le fueron restituidos por el accionado; quien además, no deja que los vea. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes

Sobre el tema, la SCP 0971/2019-S2 de 21 de octubre, señaló que: “La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala:

Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)'.

En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: 'La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…'.

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales.

Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: '…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…'; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre” (negrillas agregadas).

III.2. La guarda de los hijos dispuesta en proceso de desvinculación conyugal y asistencia familiar

La SCP 0971/2019-S2, antes citada siguiendo la línea de la SCP 1028/2016-S3 de 28 de septiembre, emitió el siguiente entendimiento: “…en todos aquellos casos en los que exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad -sea por acuerdo homologado o resolución judicial de guarda- mediando en consecuencia la intervención del juez especializado, dicha determinación debe ser respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa decisión judicial... Sin embargo, tal como lo establece el art. 62 del CNNA 'La guarda podrá ser revocada mediante Resolución Judicial, de oficio o a instancia de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente', de ahí que el informe que deberá ser emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -instancia encargada de realizar el seguimiento a esta medida según dispone el art. 60.II del referido Código- y posteriormente ser escuchado la opinión de la niña, niño o adolescente; aspectos que deberán ser analizados y evaluados necesariamente por el juzgador a fin de revocar o no, la guarda. En ese sentido al considerarse la institución de la guarda de carácter provisional, la autoridad judicial podrá modificar dicha medida en cualquier tiempo, tal como lo establece, el art. 212.IV del CFPF, el cual aludiendo a la asignación de la guarda de los hijos, establece que: 'La autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las resoluciones modificatorias que requiera el interés de las y los hijos'; sin que tal decisión pueda ser objeto de impugnación, conforme el art. 272.I de dicho Código” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante activa la presente acción de libertad, aludiendo la lesión a los derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y los derechos de los niños; puesto que, habiendo accedido a la solicitud del accionado que sus hijos de quienes tiene la guarda otorgada por autoridad competente, pasen vacaciones finales con él, con el compromiso de retornarlos el 5 de enero de 2024, éste, hasta la interposición de esta acción tutelar, no los restituyó al seno materno, negándose a que los vea. Precisado el objeto procesal, en principio corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta posible la presentación directa de esta acción de defensa en los casos donde se encuentren involucrados los derechos de menores de edad, no siendo imprescindible agotar con anterioridad otros mecanismos de defensa. Con este parámetro, de la lectura de los antecedentes cursantes, se tiene que mediante Resolución 668/2022 de 6 de septiembre, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada en parte la demanda por asistencia familiar que interpuso la impetrante de tutela contra el accionado, además de fijar el monto a cancelar, estableció lo siguiente: “Por otra parte, en atención al interés superior de los menores y a objeto de mantener las relaciones paterno filiales, se fija horario de visitas los días domingos desde horas 14:00 p.m. hasta horas 18:00 p.m. debiendo recoger a los menores y devolverlos a la hora establecida” (sic [Conclusión II.1]); por otra parte, la nombrada accionante, por memorial presentado el 5 de enero de 2024, pidió a la Jueza antes citada, la emisión de mandamiento de rescate de sus hijos retenidos ilegalmente (Conclusión II.2); ante ello, a través de decreto de 9 del mismo mes y año, la autoridad judicial señalada, determinó correr traslado al ahora accionado (Conclusión II.3). Al respecto, en mérito a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en los casos donde exista una intervención y resolución judicial que defina la situación legal de un menor de edad o resolución judicial de guarda definida por un Juez especializado, dicha decisión será respetada y cumplida en sus alcances y efectos por ambos progenitores, sin que ninguno de ellos pueda apartarse de esa disposición judicial. En virtud de dicho razonamiento jurisprudencial, el hoy accionado debió cumplir con lo dispuesto en la Resolución 668/2022 de 6 de septiembre, en la que la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, expresamente estableció y definió el régimen de visitas al cual podía acceder; y si bien éste, en su intervención en audiencia de acción de libertad, expuso que la razón por las que sus hijos continúan aun viviendo con él, es porque su madre les brindo malos tratos y que por ello, previamente a restituirlos requirió a la Jueza de la causa, disponga se realice un estudio biopsicosocial de los menores, lo cual no implica un justificativo razonable para quebrantar unilateralmente como parte procesal la Resolución judicial que definió la situación legal de sus hijos; puesto que, tiene expedita la vía ordinaria a efectos de interponer una demanda de revocatoria de la guarda de los menores o modificar el régimen de visitas, según lo establecido en el art. 216 (AUTORIDAD PARENTAL, DERECHO DE VISITA, SUPERVISIÓN Y TUTELA) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-. En tal razón es que, en atención al interés superior del niño y el principio de inmediación directa entre la autoridad judicial y las partes en disputa, se llega a la convicción de que la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, ante el memorial descrito en la Conclusión II.2, debió disponer la restitución de los menores AA y BB a su madre, ahora accionante y no así correr en traslado el referido escrito; pues le correspondía asumir las medidas correspondientes a efectos de hacer cumplir la determinación antes asumida es decir la Resolución 668/2022, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, bajo los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2024 de 5 de febrero, cursante de fs. 56 a 57, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el citado Juez de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0164_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 40f7a53cc343069aea70e642beefa22b6464bda43d4bb718ca5e330061d404b3

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