B.IA.LEGAL

SCP 0163/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52476-2023-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de legalidad y seguridad jurídica citando en efecto el art. 115 de la CPE; y, en audiencia de garantías complementaron el elemento valoración de la prueba; alegando que, el Vocal codemandado, emitió el Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, revocando en parte el Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, y en consecuencia, dispuso la detención preventiva de cuatro de ellos y mantuvo el arresto domiciliario y otras medidas cautelares personales contra el resto; sin considerar los agravios que formularon en su recurso de apelación, de manera que incurrieron en falta de fundamentación, e indebida valoración de la prueba, así como la ausencia de individualización de su participación en el hecho investigado; actuando bajo una supuesta e ilegal injerencia político-institucional de los Ministerios de Gobierno y de Justicia; asimismo, que la imputación nula y que se cometieron actos de tortura durante su aprehensión en instalaciones de la Policía Boliviana; sin embargo, estos actos no fueron investigados por dicha institución, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público ni por el Vocal demandado.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 03/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 177 vta. a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Vocal demandado por vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 508 de 25 de noviembre de 2022, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, b) Que el Vocal demandado o quien ejerza dicho cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de los accionantes no haya sido modificada a la fecha de la emisión del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela respecto a Iván Manolo Lima Magne, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Roger Rider Mariaca Montenegro, Jhonny Omar Chávez Bascope y Julio Baldivieso Baldivieso, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52476-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 177 vta. a 181 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Albaro Choque Pérez, Jimmy Carlos Aguilar Espíndola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, Sebastián Méndez Sevilla, David Grageda Tali, Isidro Zelaya Fernández, Juan José Valdivia Montenegro y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez contra Iván Manolo Lima Magne, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces Ministros de Justicia y Transparencia Institucional y de Gobierno respectivamente; Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Jhonny Omar Chávez Bascope, Comandante Departamental de la Policía Boliviana y Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) estos últimos de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 19 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en audiencia de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2022, expusieron pruebas con la que demostraron que no tuvieron participación alguna en el incendio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, debido a que algunos ya se encontraban aprehendidos en ese momento y otros no tenían relación alguna con el hecho, porque no se encontraban en el lugar indicado; de ahí que, el Ministerio Público formuló la imputación formal sin la debida motivación y fundamentación; toda vez que, se limitó a identificarlos, omitiendo precisar su participación en el hecho investigado. Denunciaron nulidad de la imputación y actos de tortura durante su aprehensión en instalaciones de la Policía Boliviana; sin embargo, estos actos no fueron investigados por la citada institución, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público ni por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy codemandado-, inobservando su obligación de investigar dichos actos. En la audiencia de medidas cautelares, el Juez de control jurisdiccional dispuso su detención domiciliaria entre otras medidas; pese a que, invirtió la carga de la prueba en su contra, para demostrar su inocencia y la inconcurrencia de los riesgos procesales; además, tergiversó los hechos y omitió valorar la prueba que presentaron, así como pronunciarse respecto a la legalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y la imputación formal; asimismo, no consideró que la SCP “276/2018” prohíbe la aplicación de medidas cautelares sustentadas en suposiciones y conjeturas, como ocurrió en su caso. Habiendo formulado recurso de apelación -contra el Auto de 15 de noviembre de 2022-, el Vocal codemandado resolvió dicha impugnación a través del Auto de Vista 508 del citado mes y año, revirtiendo la detención domiciliaria -para Albaro Choque Pérez, Sebastián Méndez Sevilla, Isidro Zelaya Fernández y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez- y disponiendo su detención preventiva en el centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz; no obstante, dicha determinación de alzada es injusta, infundada, irracional, arbitraria e incongruente; en razón a que, el prenombrado no consideró los agravios que formularon, los cuales estaban referidos a la falta de fundamentación, valoración errónea e incongruente de la prueba y ausencia de individualización de su participación en el hecho investigado, transgrediendo de esa manera los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como la proporcionalidad y razonabilidad de la decisión asumida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en audiencia de garantías complementaron el elemento de valoración de la prueba, sin citar disposición constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Su inmediata libertad; b) Dejar sin efecto el Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022 dictado por el Vocal codemandado, debiendo este emitir nuevo fallo, determinando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; asimismo, librar inmediatamente el mandamiento de libertad en su favor; c) El cese de las persecuciones ilegales, detenciones arbitrarias, actos de intimidación y amenazas por ejercer su derecho a la protesta y a la libertad de expresión, de pensamiento y asociación; y, de la injerencia de los Ministerios de Gobierno y de Justicia y Transparencia Institucional en las actuaciones judiciales; d) La protección de su vida y libertad; e) Responsabilidad penal para los que cometieron torturas y ataques inhumanos; y, f) La reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 170 a 177 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) El Vocal codemandado omitió valorar la prueba de descargo consistente en documentos y videos, los cuales acreditan que cuando se incendiaba la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se encontraban en sus domicilios, de donde salieron al promediar las 15:30 a 16:00 horas; 2) La indicada autoridad fue inducida en error, debido a que el informe de acción directa y el acta de requisa, falsamente refieren que fueron aprehendidos al interior de dicho predio y que en sus mochilas portaban palos, explosivos, armas blancas y objetos contundentes, con los que hubieran perpetrado los delitos endilgados y documentos; sin embargo, los videos presentados como prueba acreditan otra cosa; 3) En el caso de Jimmy Carlos Aguilar Espíndola, se demostró que éste salió de su domicilio a horas 15:23; es decir, posteriormente al referido incendio; 4) En el video se advierte que Juan Pablo Sánchez Gómez y Josué Moisés Arias Tórrez, no fueron aprehendidos en esa sede sindical; es más, a éste último lo detuvieron en el centro de la ciudad, específicamente en la calle René Moreno y Republiqueta, con Bs250.- (doscientos cincuenta 00/100 bolivianos) y las llaves de su vivienda, sin ningún tipo de arma u objeto contundente; 5) El Ministerio de Gobierno y el de Justicia y Transparencia Institucional carecen de legitimación “pasiva y activa” para intervenir en la acción de libertad, y como terceros interesados no pueden hacer uso de la palabra; 6) El codemandado Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue quien emitió el Auto de Vista cuestionado sin la debida motivación y fundamentación, omitiendo valorar prueba; y, 7) Sebastián Méndez Sevilla, es un periodista que el día y lugar de los hechos se encontraba cubriendo una nota periodística, quien fue incriminado sin sustento fáctico alguno.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Iván Manolo Lima Magne, entonces Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, por informe cursante de fs. 25 a 26 vta. del Anexo, y ratificado en audiencia, manifestó que: i) Dicha repartición gubernamental no se apersonó al referido proceso penal, por lo que desconoce el mismo y los actos investigativos desarrollados; ii) La parte accionante, antes de acudir a la jurisdicción constitucional debió agotar los mecanismos intraprocesales, en atención a la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; iii) Los impetrantes de tutela no acreditaron que sus vidas estén en peligro, ilegalmente perseguidos o indebidamente procesados; de manera que, al no haber acreditado la concurrencia de las causales de procedencia de la acción de libertad, previstas en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), es improcedente; y, iv) No es evidente que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) realizó actos de hostigamiento y persecución contra los peticionantes de tutela; por lo expuesto, solicitó que se deniegue la tutela impetrada. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces Ministro de Gobierno; a través de sus representantes, por informe escrito cursante de fs. 8 a 12 vta. del Anexo, ratificado en audiencia, refirió que: a) Los impetrantes de tutela no acreditaron la concurrencia de las causales de procedencia de la acción de libertad; toda vez que, se limitaron a desarrollar una larga transcripción de sentencias constitucionales plurinacionales y fragmentos de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin establecer su vinculación con el caso concreto así como de la audiencia cautelar; además, su propio relato de los antecedentes fácticos del “paro cívico”; b) No individualizaron la manera en la que se lesionó los derechos fundamentales de cada uno de los diez impetrantes de tutela; c) Tampoco se precisó las partes del Auto de Vista cuestionado que vulneran los derechos de los nombrados; situación que pone en indefensión a los accionados, porque no conocen con precisión el reclamo respecto a cada uno de los prenombrados; y, d) No basta identificar a los derechos presuntamente transgredidos sino que debe demostrarse la forma en que los accionados provocaron dicha lesión; por lo manifestado, pidió la denegatoria de tutela. Jhonny Omar Chávez Bascope, Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, mediante su representante, por informe escrito cursante de fs. 72 a 73 vta., ampliado en audiencia, manifestó que: 1) Las movilizaciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra afectaron el derecho a la libertad de locomoción de la ciudadanía; razón por la cual, la Policía Bolivia realizó operaciones tácticas para evitar mayores daños; 2) Sebastián Méndez Sevilla, manifestó que no está de acuerdo con lo manifestado en la acción de libertad; en ese sentido, es necesario determinar si dicha acción tutelar fue interpuesta con su consentimiento, a objeto de determinar la responsabilidad de quien la suscribió en su nombre; 3) En la acción de libertad se cuestiona el Auto de Vista 508, ya que su persona carece de legitimación activa; y, 4) Las aprehensiones de los impetrantes de tutela se efectuaron en el marco del art. 277 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en ese sentido, encontrándose aperturada una causa penal contra los prenombrados, estos deben acudir ante el Juez de control jurisdiccional para realizar sus reclamos; por lo expuesto solicitó que se deniegue la tutela impetrada. Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 30. Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 35. Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la UTOP Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 33.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 177 vta. a 181 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes, se advierte que Iván Manolo Lima Magne y Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces Ministros Justicia y Transparencia Institucional y de Gobierno, Roger Rider Mariaca Montenegro, ex Fiscal Departamental, Jhonny Omar Chávez Bascope, Comandante Departamental de la Policía Boliviana y Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la UTOP, éstos últimos del departamento de Santa Cruz, no tuvieron participación alguna en los hechos denunciados; ii) Fueron otros efectivos policiales no identificados, quienes aprehendieron a los peticionantes de tutela, en cumplimiento de sus funciones; iii) Habiendo en la audiencia de medidas cautelares denunciado la vulneración de sus derechos, sin obtener respuesta, correspondía interponer acción de libertad contra el Juez de control jurisdiccional; consiguientemente, existen actos consentidos; además, dicho mecanismo de defensa debió ser activado únicamente por los cuatro accionantes que se encuentran detenidos preventivamente; y, iv) El Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, se encuentra debidamente motivado y fundamentado en lo concerniente a la probabilidad de autoría y el establecimiento de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 y 2, y 235.2 del CPP; de manera que se cumplió con los requisitos exigidos por el art. 233.1, 2 y 3 del mismo cuerpo legal; así como con las exigencias de los arts. 124 y 173 del adjetivo penal. Vía enmienda, complementación y aclaración, la parte impetrante de tutela solicitó al Juez de garantías que: a) Respecto a Luis Mateo Hurtado Gutiérrez, aclare que la dirección exacta de su domicilio es calle Ñuflo de Chávez 111, conforme acredita el acta de verificación notarial presentado en audiencia de medidas cautelares y no calle Ñuflo Chávez 11, como erradamente se consignó en el acta de declaración informativa del prenombrado; y, b) A partir del acta de verificación notarial de domicilio real y laboral, complemente que Albaro Choque Pérez, cuenta con un domicilio y un trabajo; peticiones que fueron rechazadas por la indicada autoridad, al considerar que la Resolución 03/2022 se encontraba debidamente motivada.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sortero de la presente causa

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 12 de noviembre de 2022, Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación e imputación formal contra Albaro Choque Pérez, Jimmy Carlos Aguilar Espíndola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, Sebastián Méndez Sevilla, David Grageda Tali, Isidro Zelaya Fernández, Juan José Valdivia Montenegro y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez -ahora accionantes- por la presunta comisión de los delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, previstos y sancionados por los arts. 206, 332, 132, 141 Quinter, 130 y 141 Catorceter, del Código Penal CP (fs. 114 a 124). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 15 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Noveno en suplencia legal de su similar Cuarta ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso las siguientes medidas cautelares personales contra los impetrantes de tutela: 1) Fianza juratoria; 2) Presentación ante el Ministerio Público todos los viernes; 3) Prohibición de concurrir en la zona donde se produjo el incendio; 4) Fianza personal; 5) Arraigo; y, 6) Detención domiciliaria de horas 21:00 a 6:00, con habilitación para salir a trabajar y estudiar (fs. 158 a 169). II.3. A través del Auto de Vista 508 de 25 de noviembre de 2022, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy codemandado-, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio de 15 de igual mes y año, disponiendo: i) La inconcurrencia de la probabilidad de autoría de los delitos de tenencia y porte o portación ilícita e instigación pública a delinquir; así como, del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; ii) La concurrencia de los riesgos de fuga descritos en el art. 234.1, 2 y 7 del citado Código respecto a Albaro Choque Pérez, Sebastián Méndez Sevilla, Isidro Zelaya Fernández y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez; en consecuencia, su detención preventiva por treinta días en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz; y, iii) Mantener las medidas cautelares personales Jimmy Carlos Aguilar Espindola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, David Grageda Tali y Juan José Valdivia Montenegro, dispuestas en la resolución recurrida.

Vía complementación, en el mismo acto procesal, dispuso que, por Secretaría, se emita el mandamiento de detención preventiva contra los nombrados en el inc. ii) del párrafo precedente (fs. 27 a 43 del Anexo).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de legalidad y seguridad jurídica citando en efecto el art. 115 de la CPE; y, en audiencia de garantías complementaron el elemento valoración de la prueba; alegando que, el Vocal codemandado, emitió el Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, revocando en parte el Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, y en consecuencia, dispuso la detención preventiva de cuatro de ellos y mantuvo el arresto domiciliario y otras medidas cautelares personales contra el resto; sin considerar los agravios que formularon en su recurso de apelación, de manera que incurrieron en falta de fundamentación, e indebida valoración de la prueba, así como la ausencia de individualización de su participación en el hecho investigado; actuando bajo una supuesta e ilegal injerencia político-institucional de los Ministerios de Gobierno y de Justicia; asimismo, que la imputación nula y que se cometieron actos de tortura durante su aprehensión en instalaciones de la Policía Boliviana; sin embargo, estos actos no fueron investigados por dicha institución, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público ni por el Vocal demandado.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:

Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP.

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La siguiente sistematización fue extraída de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo:

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

6El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 7El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 8El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que, el Ministerio Público de oficio instauró proceso penal contra los accionantes por la presunta comisión de los delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado; a raíz de la toma e incendio de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Santa Cruz, -ocurrido el 11 de noviembre de 2022-; en ese sentido, mediante Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción Penal Noveno en suplencia legal de su similar Cuarta ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso -entre otras medidas cautelares personales- su detención domiciliaria de horas 21:00 a 6:00 (Conclusiones II.1 y II.2). Determinación que habiendo sido impugnada a través del recurso de apelación incidental, fue revocada parcialmente por el Vocal codemandado mediante el Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, que determinó: a) La detención preventiva por treinta días, en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz de Albaro Choque Pérez, Sebastián Méndez Sevilla, Isidro Zelaya Fernández y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez; y, b) Mantener las medidas cautelares personales dispuestas en la resolución recurrida, a favor de Jimmy Carlos Aguilar Espindola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, David Grageda Tali y Juan José Valdivia Montenegro (Conclusión II.3). En cuanto a la nulidad de la imputación, y la tortura durante la aprehensión, la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad sistematizada por la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, ha establecido que no es posible activar la vía constitucional directamente si antes no se agotaron los medios de defensa intraprocesales ante la jurisdicción ordinaria; en el marco de dicho entendimiento, no es posible examinar las denuncias referidas a los defectos de la imputación formal ni a las torturas durante la aprehensión, puesto que los accionantes antes de acudir ante la justicia constitucional debieron activar el incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la imputación formal; y, denunciar su ilegal aprehensión ante el Juez cautelar también por medio de un incidente; al no haber procedido de esta manera no es posible examinar esta denuncia, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela sobre la misma. Con relación al Auto de Vista impugnado. En cuanto la problemática principal, los accionantes únicamente identifican al Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, dictado por el citado Vocal, como el presunto acto lesivo de sus derechos fundamentales enunciados, cuestionando que no se consideraron los agravios que formularon en su recurso de apelación, de manera que incurrieron en falta de fundamentación, e indebida valoración de la prueba; así como, la ausencia de individualización de su participación en el hecho investigado; actuando bajo una supuesta e ilegal injerencia político-institucional de los Ministerios de Gobierno y de Justicia. En ese sentido, de la revisión del indicado Auto de Vista, se advierte que los peticionantes de tutela formularon como único agravio de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de noviembre de 2022, la falta de una debida motivación, fundamentación y congruencia respecto a la concurrencia del requisito para la detención preventiva previsto en el art. 233.1 del CPP; es decir, la probabilidad de autoría de los delitos endilgados, debido a que el Ministerio Público no individualizó la participación de cada uno de ellos en los hechos denunciados, ni identificó la prueba para sustentar el cumplimiento de dicha condición; toda vez que, los accionantes también denunciaron la omisión de valoración de la prueba de descargo, consistente -según refirieron en audiencia de garantías- en videos, documentos y actas notariales que, a su criterio, demostrarían que algunos de ellos no se encontraban en el lugar de los hechos al momento del incendio, que otros ya habían sido aprehendidos previamente o que determinadas afirmaciones contenidas en el informe de acción directa y en las actas policiales no se correspondían con la realidad fáctica. Cabe señalar que, de la revisión del Auto de Vista denunciado, se advierte que la autoridad demandada se apartó de los fundamentos del Auto Interlocutorio dictado por el Juez de instancia; en consecuencia, la valoración y fundamentación relativas a los presupuestos cautelares fueron introducidas recién en el Auto de Vista, a raíz de los recursos promovidos por los ahora accionantes, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia; en ese sentido, este Tribunal ingresará a evaluar la fundamentación y la valoración de la prueba en términos constitucionales; toda vez que, dichos fundamentos fueron incorporados únicamente en alzada, lo cual implicará también el tratamiento de los demás puntos denunciados, esencialmente la incongruencia alegada, al encontrarse esta absorbida por tales elementos. En ese sentido respecto, la supuesta falta de fundamentación y valoración de la prueba denunciada, este Tribunal ingresara a realizar un tratamiento individual de cada accionante Respecto al accionante Álvaro Choque Pérez De la revisión del Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022, se advierte que el Vocal codemandado, al analizar la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, sostuvo que el prenombrado no acreditó de manera suficiente la existencia de un trabajo lícito y habitual; señalando que, únicamente refirió desempeñarse como “ferretero”, sin consignar mayores precisiones en su declaración informativa respecto al lugar donde desarrollaría dicha actividad. Al respecto, este Tribunal advierte que la fundamentación expuesta por la autoridad demandada resulta insuficiente y carente de razonabilidad; puesto que, no explicó de manera concreta por qué la omisión de consignar en la declaración informativa mayores datos sobre el lugar de trabajo que tendría en la entidad, que serían suficientes para desvirtuar el arraigo laboral alegado, menos aun cuando -conforme sostuvieron los accionantes- se habría presentado documentación y actas notariales orientadas a demostrar la existencia de actividad laboral y domicilio conocido; en efecto, la autoridad judicial no efectuó una valoración individualizada de tales elementos ni explicó las razones jurídicas por las cuales les restó eficacia probatoria, limitándose a realizar afirmaciones genéricas respecto al incumplimiento del presupuesto previsto en el art. 234.1 del CPP.

Asimismo, el Auto de Vista tampoco exterioriza una fundamentación suficiente respecto a la vinculación concreta del prenombrado con los hechos investigados; pues, si bien menciona de manera general la existencia de actos violentos y la participación grupal de varias personas, no desarrolla cuál habría sido la conducta específica atribuible a Álvaro Choque Pérez, ni cómo los elementos de convicción colectados permiten sostener razonablemente la probabilidad de autoría exigida por el art. 233.1 del CPP. Consiguientemente, se evidencia vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación respecto al referido accionante. Respecto al accionante Jimmy Carlos Aguilar Espíndola De la revisión del Auto de Vista cuestionado, se advierte que respecto al nombrado, el Vocal codemandado determinó mantener las medidas cautelares personales impuestas por el Juez cautelar, considerando concurrentes determinados riesgos procesales. Ahora bien, los accionantes sostuvieron que Jimmy Carlos Aguilar Espíndola demostró que salió de su domicilio a horas 15:23; es decir, con posterioridad al momento en que se habría producido el incendio investigado; sin embargo, del contenido de la resolución impugnada se observa que dicha alegación no mereció pronunciamiento específico por parte de la autoridad demandada; en efecto, el Tribunal de alzada omitió referirse de manera expresa a la prueba de descargo consistente en videos y otros elementos que, según la parte accionante, desvirtuaban su presencia en el lugar de los hechos. Tal omisión resulta relevante constitucionalmente, debido a que la referida prueba se encontraba directamente vinculada con la determinación de la probabilidad de autoría; y, con la legalidad de las medidas cautelares impuestas; defectos que vulneran el debido proceso no solo en su el elemento de congruencia, en su dimensión externa sino también el derecho a la defensa; y a la motivación de las resoluciones judiciales respectivamente, por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto al accionante Juan Pablo Sánchez Gómez Se denuncia que el prenombrado no fue aprehendido al interior de la sede sindical incendiada y que existirían registros audiovisuales que demostrarían dicha circunstancia; sin embargo, del Auto de Vista cuestionado se observa que el Vocal codemandado no efectuó consideración específica alguna respecto a tales alegaciones, limitándose a realizar una referencia conjunta y genérica sobre la existencia de indicios suficientes respecto de todos los imputados; en ese contexto, este Tribunal advierte que la autoridad demandada incumplió el deber de fundamentación individualizada exigido en materia cautelar; toda vez que, las medidas restrictivas de derechos deben sustentarse en elementos concretos y diferenciados respecto a cada imputado, más aún cuando los recurrentes denunciaron expresamente ausencia de individualización de conductas. En consecuencia, se evidencia una fundamentación insuficiente respecto a la situación jurídica de Juan Pablo Sánchez Gómez, que vulnera el derecho al debido proceso, justificando la concesión de la tutela solicitada. Respecto al accionante Jaredt Vargas Cruz Con relación al prenombrado, el Auto de Vista impugnado mantuvo las medidas cautelares personales impuestas en primera instancia; de la revisión de dicha resolución, se observa que la autoridad demandada efectuó una exposición genérica sobre los riesgos procesales, sin desarrollar de manera concreta cuáles serían los elementos individualizados que sustentarían la concurrencia de los mismos respecto al accionante, con lo cual de igual manera se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación. Respecto al accionante Josué Moisés Arias Torrez Se denuncia que el prenombrado fue aprehendido en inmediaciones distintas al lugar del hecho investigado, concretamente en la calle René Moreno y Republiqueta, portando únicamente dinero y llaves de su domicilio, sin armas ni objetos contundentes; no obstante, del Auto de Vista cuestionado se evidencia que la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre tales alegaciones, pese a que las mismas incidían directamente en la determinación de la probabilidad de autoría y en la individualización de la conducta atribuida al prenombrado; en ese entendido, se constata que el Vocal codemandado no dio respuesta efectiva a uno de los agravios formulados en apelación, vulnerando el principio de congruencia que rige las resoluciones judiciales, así como el derecho a la defensa. Respecto al accionante Sebastián Méndez Sevilla Conforme se tiene señalado en la demanda y ratificado en audiencia de garantías, Sebastián Méndez Sevilla alegó que al momento de los hechos se encontraba realizando cobertura periodística, extremo que -según sostuvo-podía verificarse mediante registros audiovisuales y otros elementos de descargo; sin embargo, el Auto de Vista cuestionado dispuso su detención preventiva, limitándose a sostener la concurrencia de riesgos procesales de manera genérica, sin efectuar una valoración concreta e individualizada de la prueba presentada por la defensa; asimismo, la autoridad demandada no explicó razonadamente por qué los elementos de descargo carecerían de aptitud para desvirtuar la probabilidad de autoría atribuida al prenombrado, omisión que adquiere especial relevancia constitucional al encontrarse comprometido el derecho a la libertad personal.

En consecuencia, respecto a Sebastián Méndez Sevilla se evidencia vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba. Respecto al accionante David Grageda Tali Con relación al precitado, si bien el Auto de Vista impugnado no agravó su situación jurídica, sin embargo, omitió verificar la concurrencia del requisito de probabilidad de autoría de forma individualizada con respecto a este encausado con precisión de la conducta concreta que se le atribuye; omisión que, lesiona el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, en cuyo mérito el tribunal de apelación, se encuentra compelido a revisar de oficio la concurrencia de los requisitos de validez constitucional de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Respecto al accionante Isidro Zelaya Fernández El Vocal codemandado dispuso la detención preventiva de Isidro Zelaya Fernández por el lapso de treinta días, sustentando dicha determinación en la concurrencia de riesgos procesales previstos en el art. 234 del CPP. No obstante, del análisis del Auto de Vista se evidencia que la fundamentación desarrollada respecto al prenombrado resulta genérica y carente de individualización suficiente; toda vez que, la autoridad demandada no precisó cuáles serían los elementos concretos que demostrarían peligro de fuga u obstaculización atribuibles específicamente a su persona. Asimismo, tampoco se advierte valoración expresa de los elementos de descargo ofrecidos por la defensa, particularmente aquellos orientados a demostrar arraigo natural y ausencia de participación directa en los hechos investigados. Consiguientemente, respecto a este accionante se evidencia vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación. Respecto al accionante Juan José Valdivia Montenegro Respecto al citado accionante, el Tribunal de alzada determinó mantener las medidas sustitutivas impuestas por el Juez cautelar; sin embargo, igualmente omitió revisar la motivación suficiente en cuanto a la concurrencia del requisito de la probabilidad de autoría; puesto que, no existe referencia alguna a la conducta concreta que se le atribuye, lo cual, vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada.

Respecto al accionante Luis Mateo Hurtado Gutiérrez De la revisión del Auto de Vista 508, se advierte que la autoridad demandada dispuso la detención preventiva del prenombrado argumentando insuficiencia en la acreditación de domicilio y arraigo natural. Sin embargo, los accionantes señalaron que en audiencia cautelar se presentó acta de verificación notarial que acreditaba de manera objetiva el domicilio real de Luis Mateo Hurtado Gutiérrez, ubicado en la calle Ñuflo de Chávez 111; elemento respecto del cual el Vocal codemandado no emitió valoración expresa ni fundamentó las razones por las cuales le restaría eficacia probatoria. En ese contexto, este Tribunal advierte que la resolución impugnada incurrió en omisión de valoración de prueba relevante vinculada directamente con la determinación del riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP. Asimismo, la autoridad judicial tampoco desarrolló una fundamentación individualizada sobre la probable participación del accionante en los hechos investigados, limitándose a efectuar referencias genéricas respecto al contexto de conflictividad social existente en la ciudad de Santa Cruz. Por consiguiente, se evidencia vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba respecto a Luis Mateo Hurtado Gutiérrez. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 03/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 177 vta. a 181 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Vocal demandado por vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 508 de 25 de noviembre de 2022, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, b) Que el Vocal demandado o quien ejerza dicho cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de los accionantes no haya sido modificada a la fecha de la emisión del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela respecto a Iván Manolo Lima Magne, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Roger Rider Mariaca Montenegro, Jhonny Omar Chávez Bascope y Julio Baldivieso Baldivieso, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo.Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

2 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

3 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

4 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 5El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0163_2026-S3.pdf · páginas 1 a 21.

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