B.IA.LEGAL

SCP 0163/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48162-2022-97-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso, legítima defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones debido a que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de Santa Cruz negó la remisión del expediente original al Tribunal de alzada para resolver la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 07/2022 que declaró infundada su excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso tras siete años sin imputación formal, exigiendo que proporcione copias de los quince cuerpos del cuaderno procesal pese a su falta de recursos económicos; tampoco dio respuesta a su recurso de reposición contra dicha negativa; y, junto con el Secretario Abogado, incurrió en dilación indebida al no remitir el expediente en el plazo legal, lo que ha impedido la resolución oportuna del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el plazo para remitir el recurso de apelación incidental de excepciones e incidentes ante el Tribunal de alzada; y, ii) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 45 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, disponiéndose la inmediata remisión del recurso de apelación incidental planteado por el hoy impetrante de tutela siempre y cuando no se haya efectivizado al presente conforme a los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para remitir el recurso de apelación incidental de excepciones e incidentes ante el Tribunal de alzada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2024-S1 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48162-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 45 vta. a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Edson Flores Villegas en representación sin mandato de Marco Estenssoro Cisneros contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 33 a 36, la parte accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 26 de febrero de 2021 presentó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora demandada; toda vez que, el referido proceso penal se sustancia ya hace siete años sin que hasta la fecha exista imputación formal en su contra; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 07/2022 de 26 de febrero, la referida Jueza -ahora demandada-, declaró infundada la citada excepción. A tal efecto, por escrito de 29 de marzo de 2022 formuló recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio solicitando: “(…) sean remitidos los expedientes procesales, bajo el principio de Gratuidad, celeridad (…)” (sic), ante el Tribunal de alzada, así mediante providencia de 31 del mismo mes y año, la autoridad demandada determinó que no procedía tal petición bajo el razonamiento que: “…NO ES LA PRIMERA VEZ HACE LOS RECUROS DE APELACIÓN y NO PROVEE LAS FOTOCOPIAS, AL SER UNA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO SE DEBE REMITIR LAS FOTOCOPIAS DE LOS 15 CUERPOS DEL CUADERNO PROCESAL, PARA TAL EFECTO SE CONMINA AL SEÑOR MARCO ESTENSSORO CISNEROS COMO PARTE RECURRENTE PROVEER LAS FOTOCOPIAS PARA SU REMISIÓN AL TRIBUNAL DE AZADA, TODA VEZ QUE EL JUZGADO NO CUENTA CON EL SUFICIENTE MATERIAL DE PAPEL Y FOTOCOPIADORA…” (sic); y, con relación al “Otrosí 1”, contestó: “…con relación a la solicitud de remisión del cuaderno procesal en original No ha Lugar toda vez que se tiene señalada audiencia de excepciones e incidentes planteados por Sergio Estenssoro Cisneros…” (sic). Ante esta situación, interpuso recurso de reposición contra dicho proveído alegando que carecía de los recursos económicos necesarios para obtener copias de los quince cuerpos que conforman el expediente procesal sin que al presente haya recibido respuesta alguna a su impugnación presentándose así una lesión a lo previsto por los arts. 54.2 y 5 en relación al art. 405 del Código Procesal Penal (CPP), haciéndose extensiva la responsabilidad al Secretario Abogado del Juzgado por no remitir el expediente dentro del plazo establecido por Ley. Bajo ese marco, la Jueza hoy demandada al no dar una respuesta pronta y oportuna al recurso de reposición contra la providencia de 31 de marzo de 2022 y haberle negado la remisión de los expedientes en original al Tribunal de alzada a efecto que se resuelva la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 07/2022, sumado a la omisión del secretario abogado de dicho despacho judicial quien incumplió con sus atribuciones que le confiere los arts. 56.5.6 y 7 del CPP, toda vez que tiene el deber de remitir las apelaciones y coordinar con las “GESTORAS” para la remisión de los expedientes ante el Tribunal de alzada, transgresiones que ocasionaron una dilación indebida en la tramitación del proceso penal que se le sigue.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, legítima defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto, los arts. 115.II y 180.I de Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El impetrante de tutela solicitó se conceda la tutela y se ordene la remisión del expediente original ante el Tribunal de alzada a efecto de que se dilucide la apelación incidental interpuesta en cumplimiento del plazo establecido en el art.

405 del adjetivo penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 31 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 45, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela por intermedio de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos señaló: a) Hace más de dos años se dictó una resolución de rechazo; sin embargo, su situación jurídica al presente se encuentra en vilo, por lo que, la remisión de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada resulta de vital importancia debiéndose considerar que debido a que se encuentra procesado por más de ocho años carece de recursos para obtener las fotocopias legalizadas; motivo por el cual, se pidió que se proceda a la remisión conforme prescribe el art. 405 del CPP dentro del plazo de veinticuatro horas; b) La Jueza demandada de forma dilatoria no respondió al recurso de reposición planteado contra el proveído de 31 de marzo de 2022 sin analizar que su petitorio de fondo es que se resuelva la situación procesal, emitiéndose una resolución que sea favorable o desfavorable debiéndose considerar que así como la autoridad jurisdiccional demandada justifica la denegatoria de remisión del expediente bajo el argumento de que su despacho judicial no cuenta con recursos para proveer las copias necesarias de los dieciséis cuerpos de antecedentes procesales, también su persona se encuentra en la misma situación al haber soportado el proceso y los gastos que este acarrea por más de ocho años de trámite de la causa penal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Marianela Jimena Salazar Cisneros, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante informe escrito cursante a fs. 41 vta., en audiencia señaló: 1) El 23 de noviembre del 2020 se dictó resolución de rechazo de denuncia sin que a la fecha se haya presentado las notificaciones con la Resolución del Fiscal Departamental de Santa Cruz; a ello se debe considerar que la excepción de extinción de la acción penal fue presentada el 1 de marzo del 2021, es decir posterior al rechazo de la denuncia; 2) El 31 de marzo de 2022 se ordenó la remisión del proceso en cuestión ante la Sala Penal de turno, sin embargo, debido a que son dieciséis cuerpos todo el expediente se pidió que se provean las fotocopias correspondientes para su remisión; 3) En relación a que recién se le notificó el 23 de mayo de 2022 con el proveído de 31 de marzo del mismo año, de la revisión de los antecedentes se puede corroborar que todo el retraso que se generó es atribuible al hoy accionante que viene suspendiendo audiencias con la presentación de certificados médicos; y, 4) Sus actuaciones están enmarcadas dentro de lo que la ley establece y en ningún momento se ha vulnerado los derechos del hoy impetrante de tutela tampoco concurren los parámetros de la acción de libertad para que se conceda la tutela al no estar ilegalmente perseguido, detenido o privado de libertad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 08/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 45 vta., a 48 vta., denegó la tutela solicitada bajo el fundamento que el ahora accionante no se encuentra privado de su libertad sugiriéndose que dada la naturaleza del proceso penal en cuestión, a efectos de precautelar la tramitación del proceso, éste sea remitido al Consejo de la Magistratura o entidad pertinente a efecto de realizar la “francatura” de las fotocopias del expediente o en su caso se proceda a su digitalización para su remisión ante las autoridades pertinentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 07/2022 de 14 de febrero, dictada por la Jueza ahora demandada que declara infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesta por Marco Estenssoro Cisneros -hoy impetrante de tutela- (fs. 2 a 18 vta.). II.2. Consta memorial de 29 de marzo de 2022 por el que el demandante de tutela formula apelación incidental contra dicha determinación judicial pidiendo al Tribunal de alzada su revocatoria y en consecuencia disponga la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso al amparo de los arts. 404, 405, 406 y siguientes del CPP (fs. 19 a 29 vta.). II.3. A través de la providencia de 31 de marzo de 2022, la Jueza hoy demandada conminó a Marco Estenssoro Cisneros -ahora accionante- provea las fotocopias necesarias para la remisión del cuaderno de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 07/2022 ante el Tribunal de alzada, toda vez que, su despacho judicial no cuenta con el suficiente material de “papel y fotocopiadora” determinando además “no ha lugar” a la remisión del cuaderno procesal en original debido a la programación de audiencias para considerar excepciones e incidentes planteados por el denunciado Marco Estenssoro Cisneros (fs. 30). II.4. Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, Marco Estenssoro Cisneros

-ahora impetrante de tutela- formuló recurso de reposición contra la providencia de 31 de marzo de igual año solicitando que se modifique la decisión judicial y ordene la remisión del expediente al Tribunal de alzada de turno a fin de que se resuelva su recurso de apelación incidental (fs. 31 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso, legítima defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones debido a que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de Santa Cruz negó la remisión del expediente original al Tribunal de alzada para resolver la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 07/2022 que declaró infundada su excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso tras siete años sin imputación formal, exigiendo que proporcione copias de los quince cuerpos del cuaderno procesal pese a su falta de recursos económicos; tampoco dio respuesta a su recurso de reposición contra dicha negativa; y, junto con el Secretario Abogado, incurrió en dilación indebida al no remitir el expediente en el plazo legal, lo que ha impedido la resolución oportuna del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el plazo para remitir el recurso de apelación incidental de excepciones e incidentes ante el Tribunal de alzada; y, ii) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para remitir el recurso de apelación incidental de excepciones e incidentes ante el Tribunal de alzada

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0670/2022-S1 de 19 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 403 del CPP, norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas; entre los que se encuentra el art. 403 del CPP, establece:

El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: 1. La que resuelva la suspensión condicional del proceso. 2. La que resuelve una excepción o incidente. 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución: 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6.la que declara la extinción de la acción penal; 8 La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena; 10. La que resuelva a reparación del daño y, 11. Las demás señaladas por este código. El art. 404 del CPP, norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece:

Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dicto. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar. El art. 405 del CPP, norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece:

La Jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las (24) horas siguientes para que este resuelva. El extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida” A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, en similar trámite, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio , señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo el Tribunal de alzada que resolver dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder los tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del citado Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el 7 cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso, legítima defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones debido a que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital de Santa Cruz negó la remisión del expediente original al Tribunal de alzada para resolver la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 07/2022 que declaró infundada su excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso tras siete años sin imputación formal, exigiendo que proporcione copias de los quince cuerpos del cuaderno procesal pese a su falta de recursos económicos; tampoco dio respuesta a su recurso de reposición contra dicha negativa; y, junto con el Secretario Abogado, incurrió en dilación indebida al no remitir el expediente en el plazo legal, lo que ha impedido la resolución oportuna del recurso de apelación.

Ahora bien, de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional se evidencia que mediante Auto Interlocutorio 07/2022 de 14 de febrero, dictado por la Jueza ahora demandada quien declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesta por Marco Estenssoro Cisneros -hoy impetrante de tutela- (Conclusiones II.1). A tal efecto, el prenombrado accionante formuló recurso de apelación incidental contra dicha resolución conforme al trámite previsto por el art. 404 y siguientes del CPP (Conclusiones II.2); luego, mediante providencia de 31 de marzo de 2022, la autoridad demandada conminó a Marco Estenssoro Cisneros -ahora accionante-provea las fotocopias necesarias para la remisión del cuaderno de apelación incidental contra la Resolución referida ante el Tribunal de alzada, toda vez que, su despacho judicial no cuenta con el suficiente material de “papel y fotocopiadora” determinando además “no ha lugar” a la remisión del cuaderno procesal en original debido a la programación de audiencias para considerar excepciones e incidentes planteados por el denunciado Marco Estenssoro Cisneros (Conclusiones II.3). Finalmente, por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, el hoy impetrante de tutela formuló recurso de reposición contra dicha providencia de 31 de marzo de igual año, solicitando que se modifique la decisión judicial y ordene la remisión del expediente al Tribunal de alzada de turno a fin de que se resuelva su recurso de apelación incidental (Conclusiones II.4.). Bajo esa relación de antecedentes, en el caso que se examina, inicialmente cabe manifestar que se denuncia la dilación en la remisión de la apelación incidental formulada contra la Resolución que rechazó la excepción de extinción por duración máxima del proceso, que se halla regulada por el art. 405 del CPP modificado por la Ley 1173; en ese marco, resulta que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el planteamiento de excepciones e incidentes, su trámite, así como la apelación de los mismos, no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales, ni del trámite de presentación de imputación formal y la consiguiente aplicación de medidas cautelares de carácter personal; consecuentemente, en el caso concreto, si bien el ahora accionante no se encuentra cumpliendo la medida extrema, si se manifiesta una vinculación indirecta con el derecho a la libertad, debido a que la apelación cuestiona el rechazo de una excepción extintiva de la acción penal. Bajo ese marco fáctico, cabe mencionar que la apelación incidental normada por el art. 403 y siguientes del CPP, que procede, entre otras actuaciones, contra la Resolución: “…2) (…) que resuelve una excepción o incidente (…)” establece la forma de su interposición, así el art. 404 del mismo Código adjetivo, precisó que: “El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente…”, en seguida, respecto a su remisión, el art. 405 de la misma norma adjetiva señala: “La Jueza, el Juez o Tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas siguientes para que éste resuelva”. Ahora bien, del análisis de los antecedentes procesales y la normativa aplicable, se constata que el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 07/2022, que rechazó la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no fue remitido a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro del plazo de 24 horas previsto por el art. 405 del CPP. Esto se debió a la providencia de 31 de marzo de 2022, en la cual la autoridad jurisdiccional demandada conminó al accionante a proporcionar copias de los quince cuerpos del expediente, justificando esta exigencia en la falta de materiales del juzgado. Además, se denegó la remisión del expediente original argumentando la programación de audiencias relacionadas con otro imputado.

Esta actuación conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional se configura una dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso, específicamente en su elemento de celeridad, ya que la normativa del art. 405 del CPP, de carácter obligatorio, no establece requisitos adicionales para su cumplimiento. La autoridad judicial debió identificar y remitir las piezas procesales esenciales, evitando prolongar de forma injustificada el trámite bajo pretextos formales no contemplados en la norma. Asimismo, el recurso de reposición interpuesto contra dicha providencia tampoco fue resuelto en el plazo y forma establecidos por el art. 402 del CPP, lo que evidencia una omisión de su deber de tramitar con prontitud las solicitudes procesales. Desde una interpretación constitucional, el principio de gratuidad establecido en el art. 178.I de la CPE prohíbe que la falta de provisión de recaudos sea utilizada como justificación para impedir la tramitación de un recurso, ya que esto genera un estado de indefinición jurídica y afecta derechos fundamentales como la libertad. Por tanto, las omisiones señaladas vulneraron el derecho al debido proceso del accionante, justificando la concesión de la tutela solicitada.

Finalmente, respecto al Secretario del Juzgado, se aclara que, al no ostentar facultades jurisdiccionales, carece de legitimación pasiva en esta acción tutelar, ya que sus funciones se limitaron a cumplir la providencia emitida por la autoridad judicial demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 45 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, disponiéndose la inmediata remisión del recurso de apelación incidental planteado por el hoy impetrante de tutela siempre y cuando no se haya efectivizado al presente conforme a los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

3 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio

preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0163_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 83dedc35252ddc63c5b06aba2c005be535677ad4f9f8990defa69dc255d51ebf

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