B.IA.LEGAL

SCP 0162/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50568-2022-102-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de agosto de 2022, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio ordenó su detención preventiva, ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental; empero, al apersonarse al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la Secretaria le indicó que aún no se encontraba revisada el acta de la audiencia; por ello, a un mes de efectuado el referido actuado procesal, “hasta la fecha” no se remitió el legajo procesal a la Sala Penal de turno, debido a que no se elaboró el acta correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad relacionado con el derecho a la libertad del accionante, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia
  2. III.2. Sobre el trámite del recurso de apelación en medidas cautelares
  3. III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0162/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50568-2022-102-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silverio Villca Callejas en representación sin mandato de José Iván Villca Arias contra Ana María Sánchez López, Jueza; y, Cyntia Mamani Mancilla, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de agosto de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada- ordenó su detención preventiva; en mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental, conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). A ese fin, habiéndose constituido en reiteradas oportunidades en Secretaría de dicho Juzgado, la Secretaria demandada le refirió que aún no se había revisado el acta de audiencia, desconociendo cuando se enviarían los actuados procesales a la Sala Penal de turno; en consecuencia, “…a un mes de celebrad[a] su audiencia no se remite hasta la fecha los actuados correspondientes por no encontrarse elaborado el acta de medidas cautelares” (sic), vulnerando así su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se remitan de forma inmediata los actuados correspondientes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Cochabamba.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 37 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las demandadas

Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el 20 de septiembre de 2022, presentó informe escrito, cursante a fs. 18 y vta., manifestando lo siguiente: a) Según los arts. 56 del CPP, y 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), es función de los secretarios labrar las actas; sin embargo, al existir sobre carga laboral, para evitar retardación de justicia, colabora con algunas actuaciones secretariales, como en el presente caso, en la elaboración del acta de medidas cautelares; b) No cuenta con personal de apoyo jurisdiccional, como auxiliar ni generadora de notificaciones; por ello, la secretaria del despacho debe realizar esas labores judiciales; y, c) El expediente motivo de esta acción tutelar, ya fue sorteado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, como resultado del recurso de apelación incidental interpuesto, conforme se evidencia de la impresión del sorteo que acompaña al informe; aclarando que, fue con recursos propios que se remitieron los antecedentes ante el Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Cyntia Mamani Mancilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 19 y vta., señaló que: 1) Una vez realizada la audiencia donde se dispuso la detención preventiva del accionante, elaboró el acta inmediatamente y pasó ante la Jueza el 20 de agosto del mismo año de manera física y por el Sistema del Número de Registro Judicial (NUREJ), para la revisión correspondiente y se pueda remitir los actuados a la sala penal respectiva; “…pero lamentablemente no se realizó la revisión del presente acta, donde se le insistía a la Sra. Juez que lo revise, que existía una apelación” (sic); 2) El 1 de septiembre de igual año, se apersonó el padre del peticionante de tutela y su abogado, para preguntar si se revisó el acta y a que Sala fue sorteada la apelación; por ello, preguntó a la indicada autoridad judicial si había terminado de revisar el acta; empero, la misma le indicó que no; 3) Hasta el 9 de septiembre del citado año, la indicada Jueza no revisó la referida acta de audiencia, y el 10 del indicado mes y año le prestó el expediente para que saque fotocopias para la apelación, ya que se encuentra sin personal para coadyuvarla; empero, “…no dejó las fotocopias y se lo llevó” (sic); y, 4) “…se le indicó que si bien el acta se le pasó de manera física y en el Sirej se tenía que revisar porque tampoco se podía realizar el sorteo o llevar a la Sala Penal sin la firma de la Sra. Juez y cuando lo termine de revisar en ese instante se hará el sorteo y la remisión, pero desconocía cuando terminaría de revisar” (sic); 5) Se exhibió el acta de la audiencia a los familiares del imputado y a su abogado, y quien tenía que revisar y firmar era la Jueza, sin lo cual no se podía sortear o remitir los actuados; “…además mi persona no puede asumir una sanción por retardación de la Sra. Juez, siendo que mi persona ha cumplido con los plazos procesales” (sic); y, 6) No generó vulneración del derecho a la libertad del impetrante de tutela; pese a tener excesiva carga procesal, en tiempo oportuno realizó el acta y la resolución correspondiente, solamente faltaba la revisión o visto bueno de la autoridad jurisdiccional; por lo que, pidió se haga una ponderación de derecho, y no solo se tome en cuenta el art. 23 de la CPE, sino también los arts. 15 y 18 de la misma Norma Suprema que priorizan el derecho a la vida y salud; por lo que, al haberse tramitado el proceso conforme a ley, y no haberse vulnerado el derecho a la libertad del solicitante de tutela, solicitó se deniegue la tutela demandada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 41 vta., concedió la tutela solicitada respecto a ambas codemandadas, exhortándose que en el futuro observen las normas específicas que hacen a las medidas cautelares y su apelación, más aún tratándose de privados de libertad, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien la jurisprudencia constitucional extendió el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP, excepcionalmente a tres días; sin embargo, el mismo debe responder a ciertas necesidades que escapan a la responsabilidad de los administradores de justicia, ya sea por la excesiva carga procesal, la complejidad del caso, las suplencias legales o cualquier otra situación que impida cumplir con el plazo previsto en la indicada norma legal; ii) La existencia de excesiva carga laboral y la falta de personal de apoyo jurisdiccional, per se, no puede ser un óbice para incumplir con la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; es decir, se debió efectuar las gestiones inmediatas para poder remitir obrados, hasta el plazo prudencial otorgado por la jurisprudencia, considerando que es evidente la existencia de responsabilidad del personal subalterno, es decir, de la Secretaria del Juzgado, quien tenía la obligación de elaborar el acta y remitir antecedentes a la sala penal de turno; iii)

Según la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, la responsabilidad de dicho personal, no implica que las autoridades judiciales revestidas de jurisdicción, dejen al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, les asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial, y de realizar el seguimiento correspondiente, ya que de no hacerlo, también asume la responsabilidad, al ser autoridades encargadas de llevar la dirección del proceso, correspondiéndoles hacer el control de las labores desempeñadas por el indicado personal, cuyo deber es verificar en sus juzgados que los procesos se desarrollen dentro de sus plazos y procedimientos específicos; y, iv) Existió una demora injustificable respecto a la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno, siendo las responsabilidades no solamente de manera unilateral por parte de la Secretaria, sino de manera conjunta a través de los administradores de justicia; advirtiendo la vulneración de los derechos constitucionales previstos en los arts. 115.II y 178.I de la CPE, que establecen que se debe garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones; correspondiendo otorgar la tutela demandada, en la vía innovativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En mérito al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 47 a 53), se dispuso la optimización de la Gestión Procesal para la resolución de acciones de libertad traslativas o de pronto despacho, según orden cronológico para su clasificación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fabiola Jaquelin López Soto contra Ivan José Villca Vargas -ahora accionante-por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); en audiencia para la aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de agosto de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora codemandada-, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenó la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario “San Sebastián Varones” de dicha ciudad. Luego de emitido el fallo supra, el peticionante de tutela a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental; a tal efecto, la Jueza demandada, por Auto dictado en la fecha, ordenó la remisión de fotocopias legalizadas ante el Tribunal Departamental de Justicia (Sala Penal de turno), en el plazo que señala la norma procesal, previa elaboración del acta, debiendo la parte apelante proveer los recaudos de ley (fs. 27 a 36).

II.2. Mediante Oficio de 19 de septiembre de 2022, la Jueza demandada remitió el legajo de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; expediente que fue decepcionado el 20 del referido mes y año, a horas 18:31, según cargo de recepción (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de agosto de 2022, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio ordenó su detención preventiva, ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental; empero, al apersonarse al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la Secretaria le indicó que aún no se encontraba revisada el acta de la audiencia; por ello, a un mes de efectuado el referido actuado procesal, “hasta la fecha” no se remitió el legajo procesal a la Sala Penal de turno, debido a que no se elaboró el acta correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado es nuestro). Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (énfasis añadido). En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.

Por su parte, el art. 3.7 de la LOJ, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).

III.2. Sobre el trámite del recurso de apelación en medidas cautelares

En relación al tema, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (el resaltado es agregado).

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de igual mes.

En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.

III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la LOJ, establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la citada ley. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, indicó que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

…este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’

Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (el énfasis y subrayado corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fabiola Jaquelin López Soto contra Ivan José Villca Vargas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante, previsto y sancionado por el art. 312 del CP; en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 19 de agosto de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenó la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario “San Sebastián Varones” de dicha ciudad. Luego de emitido el fallo supra, el peticionante de tutela a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental; a tal efecto, la Jueza demandada, por Auto dictado en la fecha, ordenó la remisión de fotocopias legalizadas ante el Tribunal Departamental de Justicia (Sala Penal de turno), en el plazo que señala la norma procesal, previa elaboración del acta, debiendo la parte apelante proveer los recaudos de ley. En mérito a ello, mediante Oficio de 19 de septiembre de 2022, la citada autoridad judicial remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; expediente que fue recepcionado el 20 del referido mes y año, a horas 18:31, según cargo de recepción.

En ese contexto, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del señalado derecho; en consecuencia, se impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas.

Por otra parte, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En virtud al razonamiento jurisprudencial supra citado, en el caso que se analiza, una vez que la indicada Jueza codemandada en audiencia de aplicación de medidas cautelares, celebrada el 19 de agosto de 2022, a horas 13:30, pronunció el Auto Interlocutorio que dispuso la medida extrema, el peticionante de tutela en el mismo acto judicial interpuso recurso de apelación incidental, cuya autoridad judicial si bien ordenó la remisión de fotocopias legalizadas ante la sala penal de turno, en el plazo que señala la norma procesal; empero, dicho envío se materializó mediante oficio de 19 de septiembre del mismo año ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, decepcionado el 20 de igual mes y año, a horas 18:31 (Conclusión II.2).

De donde se puede inferir que, desde la celebración de la aludida audiencia y posterior emisión del Auto, transcurrió más de un mes, desconociendo con ello lo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo; y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; en igual sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó que cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia, las actuaciones pertinentes serán enviadas ante el citado Tribunal, en el plazo improrrogable señalado; lo contrario, significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad. Consiguientemente, la Jueza codemandada vulneró el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculada a la libertad del solicitante de tutela, el mismo que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico e ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; toda vez que, al no supervisar que la remisión de los actuados pertinentes al superior en grado, se efectuará en el plazo previsto por la normativa legal pertinente, generó una demora injustificada e innecesaria, debiendo adoptar las medidas conducentes a objeto de cumplir con el envío correspondiente, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Ahora bien, en cuanto concierne a la Secretaria codemandada, en su condición de servidora de apoyo judicial, es preciso establecer que dicha funcionaria también tiene legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional -conforme se identificó-; sino que, las omisiones de carácter administrativo como ser: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación y el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas. Aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció; puesto que, dicha funcionaria judicial debió cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones, no solo elaborando el acta de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, sino además remitir los antecedentes ante el superior en grado, agotando todas las gestiones pertinentes y conducentes para dicho fin, afectando con su actuar el buen desempeño de las labores jurisdiccionales, ya que se procedió al envío del legajo de apelación extrañado, recién a horas 18:31 del mismo día de la celebración de la audiencia de garantías (20 de septiembre de 2022), pero en un horario posterior; adecuándose su conducta en el segundo supuesto previsto por la jurisprudencia constitucional, al haberse demorado el envío de los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada. Por consiguiente, al ser evidente la vulneración del derecho a la libertad invocado por el peticionante de tutela respecto a la falta de celeridad en la remisión del cuaderno procesal, se hace viable otorgar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad relacionado con el derecho a la libertad del accionante, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0162_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 82bf07cd22d278cccd1ddfb4bc1f52d44cd5fb3d6422bd53c5bb8e66282fabf2

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