Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y administración de una justicia pronta y oportuna, a la defensa y a la dignidad; puesto que, ante la formulación del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, que dispuso su detención preventiva, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental referido ante el Tribunal de alzada en el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, una vez que remitieron lo hicieron de manera errada; por consiguiente, fue observado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa no subsanaron la observación efectuada a efectos de remitir nuevamente el legajo del recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad, acceso a la justicia pronta y oportuna y a la defensa, vinculados a la libertad de la accionante, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la dignidad y a la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50430-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 5/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dora Gutiérrez contra Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez y María Elva Chino Yana, Secretaria ambos del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz.
La accionante por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. “33 inc. m)” -derogado- y 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, por Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio de 2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, que fue objeto de recurso de apelación incidental; sin embargo, dicho recurso fue sorteado y remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 3 de agosto del mismo año, omitiendo el carácter de procedimiento inmediato que corresponde. Adicionalmente, el legajo de dicha apelación fue remitido de forma incorrecta, lo cual motivó a la referida Sala Penal emitir un decreto el 4 de agosto de igual año, observando la cronología del mismo y ordenando su subsanación. A pesar de ello, hasta la presentación de esta acción de defensa, el legajo no fue subsanado ni remitido a la Sala Penal correspondiente, configurándose así la vulneración de sus derechos.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y administración de una justicia pronta y oportuna, a la defensa y a la dignidad; citando al efecto los arts. 22, 23, “24”, 115.II; 178.I; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia; a) Se ordene que en el día se remita el legajo del recurso de apelación incidental a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz: y, b) En audiencia de consideración de esta acción de defensa solicitó que se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 63, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Encontrándose formulado el recurso de apelación incidental el 19 de julio de 2022, contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P, el legajo del recurso de apelación incidental recién fue remitido el 3 de agosto de 2022, incumpliendo lo previsto por los arts. 130 y 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), causándole indefensión; puesto que, se encontraba en espera de lo que dispongan los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz sin poder solicitar la cesación de su detención preventiva hasta que se resuelva dicho recurso; ya que, podría producirse una dualidad de criterios; 2) Al remitirse el legajo del referido recurso de apelación de manera desordenada y sin guardar el orden cronológico los Vocales de la indicada Sala Penal dispusieron que sea devuelto ante el juzgado de origen, el cual se encuentra en la localidad de Pucarani del departamento de La Paz; sin embargo, una vez recibido dicho legajo del recurso de apelación incidental no fue remitido nuevamente a la respectiva Sala Penal, ocasionando dilación, retardación de justicia y un estado de indefensión; asimismo, se encuentra indebidamente procesada; ya que, no se cumplió con los plazos previstos en el Código de Procedimiento Penal; 3) El legajo del recurso de apelación incidental supuestamente fue remitido -el 7 de septiembre de 2022-; a las 14:30 horas, en consecuencia, se entendería que ya no existe daño emergente al ser subsanado el mismo; sin embargo, se debe considerar que a partir de la interposición del señalado recurso de apelación el 19 de julio -de 2022- hasta la celebración de la audiencia de consideración de la acción de defensa -8 de septiembre de ese año-, transcurrieron casi dos meses, en los que los Vocales de la referida Sala Penal no tuvieron conocimiento del recurso formulado; 4) El Juez ahora accionado pudo alegar que su Juzgado se encuentra en provincia; sin embargo, la línea jurisprudencial otorga el plazo de tres días permitidos para un retraso en la remisión; no obstante, transcurrió más de ese plazo sin que el recurso de apelación incidental respecto a la medida cautelar sea de conocimiento de los Vocales la citada Sala Penal; y, 5) Si bien es función de la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz la remisión de antecedentes; empero, dicho Juzgado se encuentra bajo la responsabilidad de la autoridad judicial hoy accionada.
Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: i) El 19 de julio -de 2022-, se concedió el recurso de apelación incidental planteada por la accionante contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P que dispuso su detención preventiva; en consecuencia, se ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo cual se puede advertir del oficio de remisión de “4” -siendo lo correcto 3- de agosto de 2022, no existiendo retardación; ya que, se debe considerar que no contaba con Auxiliar y que evidentemente dicha remisión era de responsabilidad de la Secretaria ahora coaccionada; asimismo, se debe comprender que su autoridad también tenía otras audiencias por celebrar con personas en calidad de aprehendidos considerando que se encuentra a cargo de un juzgado público mixto; ii) La Secretaria hoy coaccionada, renunció el 5 de agosto de ese año; asimismo, no le hizo conocer sobre la dilación ahora denunciada; iii) La demora ocasionada es atribuible a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal del referido departamento, como se advierte en el Libro de Altas y Bajas, dicha Sala devolvió el legajo del recurso de apelación incidental el 26 de igual mes y año; iv) No obstante que el Juzgado que se encontraba a su cargo no cuenta con funcionarios de apoyo jurisdiccional; por lo que, con la ayuda de la pasante logró subsanar las observaciones y remitir el legajo del recurso de apelación incidental el 7 de septiembre del referido año, a las 16:30 horas; es decir, que se extremaron los esfuerzos para remitir ese legajo sin la ayuda de la accionante, sin tomar en cuenta las carencias que sufre dicho Juzgado; v) Se encuentran frente a un caso único; puesto que, no cuenta con funcionarios de apoyo jurisdiccional, en ese sentido, se debió considerar que existe una justificación razonable por las recargadas labores que tiene su autoridad; en consecuencia, se debería aplicar la flexibilización respecto al plazo de remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada conforme establece la SCP 0026/2018 de 18 de febrero; y, vi) Ordenó la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, siendo esta instancia la que determinará si las resoluciones que emitió son acorde a la normativa; por lo que, solicitó que se deniegue la tutela solicitada. María Elva Chino Yana, Secretaría del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 8 septiembre de 2022, cursante a fs. 5 y vta., manifestó que: a) El 19 de julio de igual año, a las 10:00 horas, se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde el abogado de la accionante formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, por las recargadas labores de las que se encargaba al no contar con Auxiliar ni Oficial de Diligencias y tomando en cuenta que dicho Juzgado celebra varias audiencias al día, no pudo realizar la respectiva remisión del citado recurso; b) El 1 de agosto de igual año, se autorizó para que la pasante del mencionado Juzgado prepare y remita el legajo del recurso de apelación incidental planteado previa coordinación con el abogado de la accionante; por consiguiente, su persona únicamente se limitó a legalizar las correspondientes fotocopias. El 3 de ese mes y año, se efectuó la remisión del citado recurso; no obstante, fue observado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo esa observación de entera responsabilidad de la referida pasante al ser quien armó el referido legajo del recurso de apelación sin revisar el orden cronológico del mismo; y, c) Su persona ya no se encuentra ejerciendo el cargo de Secretaria del citado Juzgado, en virtud a que renunció el 2 de agosto de 2022; sin embargo, por motivos de distancia, su renuncia fue aceptada el 8 de ese mes y año, en ese sentido, el citado legajo del recurso de apelación observado por los indicados Vocales de la Sala Penal, llegó días posteriores a la aceptación de su renuncia; en consecuencia, ya no es de su responsabilidad.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 5/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 64 a 66, denegó la tutela solicitada, recomendando al Juez ahora accionado que extreme esfuerzos para el cumplimiento de los plazos procesales más aún cuando se trata de procesos donde se encuentra inmersa la libertad de una persona; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien existió dilación en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental, es concretamente con relación a la devolución con la respectiva subsanación de las observaciones efectuadas por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento respecto al legajo del recurso de apelación incidental formulado por la accionante; y, 2) Conforme a los informes emitidos por el Juez y la Secretaria ahora accionados, se advierte que el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del señalado departamento no cuenta con personal de apoyo jurisdiccional; en consecuencia, si bien existió dilación en la remisión del mencionado legajo del recurso de apelación, no obstante esta se encuentra justificada al no contar con apoyo jurisdiccional y el Juez ahora accionado extrema esfuerzos para el cumplimiento de la labor que desempeña en la localidad de Pucarani.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio de 2022, emitido por Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz -ahora accionado- dispuso la detención preventiva de Dora Gutiérrez -hoy accionante-, por el plazo de noventa días a ser cumplidos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; en consecuencia, la nombrada planteó recurso de apelación incidental contra dicha determinación, que fue concedido, ordenando la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada (fs. 43 a 46 vta.). II.2. Mediante Nota con Cite: Of. 207/2022 de 3 de agosto, dirigida a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remitió fotocopias legalizadas del recurso de apelación incidental planteada por la accionante (fs. 49 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y administración de una justicia pronta y oportuna, a la defensa y a la dignidad; puesto que, ante la formulación del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, que dispuso su detención preventiva, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental referido ante el Tribunal de alzada en el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, una vez que remitieron lo hicieron de manera errada; por consiguiente, fue observado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa no subsanaron la observación efectuada a efectos de remitir nuevamente el legajo del recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, en cuanto al plazo de remisión del recurso de apelación incidental, refirió que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte”’ (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y administración de una justicia pronta y oportuna, a la defensa y a la dignidad; puesto que, ante la formulación del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, que dispuso su detención preventiva, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental referido ante el Tribunal de alzada en el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, una vez que remitieron lo hicieron de manera errada; por consiguiente, fue observado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa no subsanaron la observación efectuada a efectos de remitir nuevamente el legajo del recurso de apelación incidental.
De la revisión de antecedentes se advierte que en el proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. “33 inc. m)” -derogado- y 48 Ley 1008, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 74/2022-P, se dispuso su detención preventiva por el plazo de noventa días a ser cumplidos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; motivo por el que planteó recurso de apelación incidental; en consecuencia, el Juez ahora accionado ordenó la remisión de antecedentes en fotocopias legalizadas ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1.). Posteriormente, por Nota con Cite: Of. 207/2022 de 3 de agosto, dicho legajo de apelación incidental fue remitido ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento, de los antecedentes descritos previamente, se tiene que el Juez y la Secretaria ahora accionados, de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP, tenían plazo de veinticuatro horas para remitir el legajo del recurso de apelación incidental interpuesta por la accionante el 19 de julio de 2022, contra el Auto Interlocutorio 74/2022-P; no obstante, dicha remisión recién fue efectivizada el 3 de agosto de igual año, transcurriendo más de diez días, en los que se impidió que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conozca el referido recurso de apelación y resuelva la situación jurídica de la accionante. Asimismo, se advierte que de lo manifestado por las partes procesales en esta acción de libertad el recurso de apelación incidental interpuesta por la accionante fue remitido el 3 de agosto de 2022, de manera desordenada y sin respetar la cronología de los actuados procesales, motivo por el que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, observó esa irregularidad y devolvió los antecedentes al Juzgado de origen el 26 del referido mes y año, y que los mismos fueron subsanados y remitidos nuevamente el 7 de septiembre de igual año, conforme informó el Juez ahora accionado y que no fue refutado por la accionante; denotándose con ello una nueva dilación en la tramitación del citado recurso de apelación y por consiguiente en la resolución de la situación jurídica de la accionante. Ahora bien, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, hace referencia que de manera excepcional en situaciones que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores jurisdiccionales, por suplencias o pluralidad de imputados, se podrá flexibilizar el plazo de veinticuatro horas a tres días previsto por el art. 251 del CPP; pasado este plazo, la omisión de la autoridad judicial se constituye en un acto vulnerador; por consiguiente, se tiene que en el presente caso dicha flexibilización no es aplicable; por cuanto, el Juez ahora accionado sobrepasó el plazo de tres días, remitiendo el legajo de apelación incidental después de aproximadamente diez días, sin que exista un justificativo para esa excesiva demora; puesto que, si bien la labor administrativa de la remisión de antecedentes frente a la formulación de un recurso de apelación incidental ante el Tribunal superior, no es de exclusividad del Juez de la causa; sin embargo, no se debe olvidar que dicha autoridad judicial tiene bajo su dirección y supervisión a los funcionarios de apoyo jurisdiccional del juzgado del cual se encuentra a cargo; en ese sentido, tiene la obligación de impartir instrucciones a su personal; además de realizar el respectivo seguimiento a las órdenes emitidas por su autoridad, procurando valerse de todos los medios posibles para que estás sean cumplidas, caso contrario asume responsabilidad conjuntamente con su personal ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales. En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; puesto que, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento al debido proceso, debiendo hacerse hincapié que en la situación concreta en análisis el Juez ahora accionado asumió una conducta pasiva ante la dilación ocasionada en dos oportunidades respecto a la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado por la accionante ante el Tribunal de alzada; por lo que, al actuar de esa manera, generó una dilación injustificada que en los hechos derivó en incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal de la accionante, más aún si la nombrada se encontraba con detención preventiva; por consiguiente, dicha autoridad judicial, omitió actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, lo cual conlleva la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, de acceso a una justicia pronta y oportuna y a la defensa, vinculados a la libertad de la accionante.
Cabe señalar de la misma manera que conforme a lo informado por el Juez ahora accionado en esta acción de defensa y que no fue refutado por la accionante, el legajo de apelación incidental fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 7 de septiembre de 2022; es decir, el mismo día de la interposición de esta acción de defensa; sin embargo, lo mencionado no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la remisión de los respectivos antecedentes ante el Tribunal de alzada conforme se demostró anteriormente; en consecuencia, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad; exhortando al Juez ahora accionado a que no vuelva a incurrir en dilaciones indebidas que impidan tramitar y resolver los recursos de apelación incidental suscitados dentro de solicitudes de medidas cautelares que se encuentren relacionadas con el derecho a la libertad. Finalmente, respecto a la denuncia de la vulneración al derecho a la dignidad, la accionante no efectuó una fundamentación adecuada respecto a cómo se produjo su vulneración, limitándose a mencionarlo; asimismo, en cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, no concierne que sea atendida conforme al alcance de la tutela concedida y la regulación normativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad, acceso a la justicia pronta y oportuna y a la defensa, vinculados a la libertad de la accionante, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la dignidad y a la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0161_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6292d081cca5b3fcb57f33357f9f82d309f724b5baec9225ec938a3292f70938
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