B.IA.LEGAL

SCP 0161/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48035-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los demandantes de tutela, denuncian que el Juez accionado lesionó sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que dentro del proceso penal que se les sigue: 1) Se pronunció el Auto de Vista 199/22 de 8 de abril de 2022, que entre otros, modificó el tiempo de su detención preventiva solo por treinta días; y, en ese sentido, también adelantó la fecha de audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de 2022; sin embargo, la misma no fue convocada por el Juez ahora accionado, pues si bien se dispuso feriado para esa data, la audiencia igualmente debió ser llevada a cabo, o en el peor de los casos diferida para el día siguiente; 2) Por otro lado, si la detención preventiva fue modificada a treinta días, ese era el mismo plazo para la presentación de la acusación fiscal, mismo que vencía el 1 de mayo del fijado año; sin embargo, el Juez accionado el 3 de ese mes y año emitió un auto de conminatoria para que el Fiscal asignado presente su requerimiento fiscal, cuando en los hechos el plazo ya se encontraba vencido y lo que correspondía procedimentalmente era operar su libertad; 3) La audiencia que tenía que llevarse a cabo el 2 de mayo fue realizada el 4 de ese mes y año, donde se ordenó mantenerlos con detención preventiva, la cual fue recurrida en apelación; empero, hasta la fecha no fue resuelta porque se habría observado, la mala remisión efectuada por la secretaria coaccionada; 4) El 5 de mayo nuevamente se solicitó cesación a la detención preventiva, pero la misma fue rechazada por Auto de 6 de mayo del referido año, bajo el argumento de que estaría pendien…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 145/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 93 a 95; y, su complementaria a fs. 96 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  3. III.3. Activación simultánea de solicitudes de cesación a la detención preventiva ante la jurisdicción ordinaria
  4. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2024-S3 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48035-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 145/2022 de 9 mayo, cursante de fs. 93 a 95; y, su complementaria a fs. 96 y vta., pronunciadas dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Salamanca Pérez, Elmer Gabriel Quenta Chambilla y Francy Illacutipa Ancachi contra Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez; y, María Marcela Ticona Tito, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de mayo de 2022, cursante de fs. 66 a 70, los accionantes, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se les sigue por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, en audiencia de medidas cautelares, la autoridad ahora accionada, emitió el Auto 53/2022 de 1 de abril donde entre otros, dispuso su detención preventiva por sesenta días, resolución que se consideró citrapetita e incongruente; por lo que, se interpuso el correspondiente recurso de apelación, que una vez radicada la causa, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se pronunció el Auto de Vista 199/22 de 8 de abril de 2022, en el cual, entre otros, se revocó los riesgos procesales y se dispuso su detención preventiva solo por treinta días; y, en ese sentido, modificó la fecha de audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de 2022; sin embargo, la misma no fue convocada por el Juez ahora accionado, pues si bien se dispuso feriado para esa fecha, la audiencia igualmente debió ser llevada a cabo, pues se trataba de la libertad de los accionantes, o en el peor de los casos pudo ser diferida para el día siguiente, más aún si mediante memorial de 26 de abril del mismo año, se hizo conocer a dicha autoridad lo dispuesto en el referido Auto de Vista. Señalan que al haberse modificado el plazo de la detención preventiva a treinta días, se tenía el mismo plazo para la presentación de la acusación fiscal, conforme lo dispuesto por el merituado Auto de Vista, mismo que vencía el 1 de mayo del fijado año; sin embargo, el Juez accionado el 3 de ese mes y año emitió un auto de conminatoria para que el Fiscal asignado presente su requerimiento fiscal, cuando en los hechos el plazo ya se encontraba vencido y lo que correspondía procedimentalmente era operar su libertad sin desvirtuar los riesgos procesales de acuerdo al art. 239.2 de la Ley Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-; sin embargo, en audiencia de 4 de mayo del señalado año, la autoridad accionada ordenó se desvirtúe los riesgos procesales; además de ello, no cedió la palabra al Ministerio Público, para que fundamente respecto a su situación jurídica (la necesidad de mantenerlos detenidos); y, simplemente dio directamente la palabra a la defensa. Por otro lado, señalaron que presentaron una primera acción de libertad por otros argumentos, que fue declarada procedente, pero tampoco fue acatada por el juez ahora accionado. De igual forma, sostuvo que la audiencia que tenía que ser llevada a cabo el 2 de mayo, fue realizada el 4 de igual mes, donde se emitió una resolución que fue recurrida en apelación, “…empero señor magistrado la misma hasta la fecha no fue llevada por ninguna sala porque se habría observado por la mala remisión por la secretaria accionada por lo que se advierte una vulneración mi libertad…” (sic). Asimismo, a fin de poder cesar su ilegal detención, el 5 de mayo del fijado año, presentaron nuevamente un memorial solicitando la cesación de la misma, habiéndose señalado al efecto audiencia para el 6 de igual mes y año; en la cual, sin otorgarles la palabra, el Juez accionado emitió resolución rechazando su requerimiento bajo el argumento de que estaría pendiente un recurso de apelación, olvidando el hecho que en alzada no fue en el efecto suspensivo. En conclusión, la autoridad judicial accionada, actuó de forma negligente pues no realizó el respectivo control jurisdiccional conforme la Ley 1173; es decir, debió llamar de oficio a audiencia de situación jurídica de sus personas y realiza el cómputo correcto; toda vez que, el Ministerio Público presentó la acusación fiscal fuera de los treinta días “…máxime cuando la autoridad fiscal habría sido notificado por la sala tercera de forma oral para la aplicación de procedimiento inmediato y situación jurídica después de que habría dictado mi detención preventiva y habría dispuesto el plazo de 30 días si el Ministerio Público bajo el control que ejerce debió inclusive dictar la extinción de la acción penal a un de oficio…” (sic).

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso y libertad; citando al efecto los arts. 115.I y II, 120.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 2.3.b) y c) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1, 2.2, 3, y, 9.2 y 3 inc. b) de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 6 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; 8.I y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 40.I de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada: a) “…SEÑALE AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA APLIQUE LO QUE ESTABLECE EL ART, 239 NUMERAL 2 EN SU PENÚLTIMA ESTADIO DEBIENDO APLICAR EL ART. 231 BIS DE LA LEY LA 1173 DEBIENDO CUMPLIR LO QUE ESTABLECE LA LEY 11773 Y CONFORME ESTABLECE LA S.C 0491/2021-S4 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021…” (sic); b) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por el incumplimiento de deberes de los accionados; y, c) Se remita al Conejo de la Magistratura para el correspondiente proceso disciplinario.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 9 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 87 a 92, donde se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliando los mismos, señaló: 1) Una vez el Ministerio Público presentó imputación formal contra sus personas, el Juez accionado en audiencia de medidas cautelares dispuso la medida extrema de su detención preventiva; 2) Posteriormente el accionado señaló audiencia para considerar su situación jurídica “… 01 de junio habiendo dispuesto 60 días de detención preventiva señor magistrado, es así que la defensa de los ahora accionantes de conformidad al Art. 251 del C.P.P. habría apelado esta decisión ya que esta decisión no se encontraba debidamente fundamentada ni dentro de los marcos de legalidad…” (sic), que una vez remitida en alzada, se pronunció el Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril; el cual, desvirtuó en parte el art. 234 del CPP en cuanto a la familia y el 234.7 del mismo cuerpo legal, además se dispuso una detención preventiva de solo treinta días y señaló audiencia para resolver su situación jurídica para el 2 de mayo, audiencia que no fue cumplida por el Juez accionado y pese a que por memorial, solicitaron que la audiencia se lleve a cabo el 3 de igual mes y año, pues la fecha fijada constituía feriado, dicho requerimiento tampoco mereció respuesta lesionando así su derecho a la libertad; 3) “…es de conocimiento de su autoridad para ingresar a conocer lo establecido en el Art.233 sobre la ampliación de detención preventiva quien debe de fundamentar la necesidad esta detención preventiva y la proporcionalidad de la misma es el señor representante del Ministerio Público en primera instancia el debería de haber participado de esta audiencia de situación jurídica (…) cual era la necesidad si existiera una necesidad y una proporcionalidad de ampliar este…” (sic); 4) Por otro lado, se emitió una Resolución Constitucional que ordenó al Juez accionado, convoque inmediatamente a audiencia para considerar su situación jurídica máximo dentro de las veinticuatro horas, siendo que hasta el 9 de mayo dicha audiencia no fue programada, lo que estaría provocando una retardación de justicia y una probable obtención de libertad; y, 5) De igual forma, el art. 239.2 de la Ley 1173 en cuanto a la cesación a la detención preventiva, dispone que al cumplimiento del plazo de la misma y siempre y cuando el Ministerio Público no hubiere solicitado su ampliación, procede la cesación a dicha detención (norma que el accionado estaría desconociendo); por ello, se habría aperturado un proceso contra dicha autoridad por prevaricato; de lo mencionado se tiene que se estaría vulnerando sus derechos al no haberse convocado a audiencia.

I.2.2. Informe de los accionados

Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, a través de informe escrito -no consta fecha de presentación-, cursante de fs. 75 a 76; y en audiencia, señaló: i) El 1 de abril de 2022 se realizó la audiencia de medidas cautelares ante el inicio de investigación contra los solicitantes de tutela y donde se solicitó la aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, que concluyó con la emisión de la Resolución 53/2022 que ordenó la detención preventiva de los accionantes por haber advertido la presencia de los arts. 233.1 del CPP (La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible); 234.1, 2 y 7 del mismo cuerpo normativo (1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país; 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante); y, 235.2 de la citada norma legal (Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente), determinación que fue objeto de apelación y que en alzada se pronunció el Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril; por el cual, la Sala Penal Tercera, confirmó en parte el Auto 53/2022 disponiendo desvirtuar en lo que refería al art. 234.1 en su vertiente de familia y 235.2 solo en relación a la frase “estar presente hasta la sentencia ejecutoriada”, quedando firme el resto de dicha determinación; para finalmente, fijar audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de ese año; ii) Los impetrantes de tutela, el 26 de abril de dicho año, solicitaron cesación a la detención preventiva, audiencia que fue llevada a cabo el 26 del mismo mes y año, en la que a solicitud de los propios abogados de los ahora solicitantes de tutela, requirieron suspensión de la misma y su diferimiento para que se lleve a cabo juntamente con la audiencia de situación jurídica (2 de mayo), señalándose nueva audiencia (tanto de la solicitada cesación a la detención preventiva como para la situación jurídica) para el 4 de mayo del señalado año, esto con el consentimiento de los abogados de los peticionantes de tutela; sin embargo, y extrañamente el 29 de abril de 2022, los accionantes presentaron un memorial solicitando que la audiencia se lleve a cabo el 3 de mayo, requerimiento que fue denegado en virtud a que ya se tenía señalada la merituada audiencia con el consentimiento de sus abogados; a ello, sorpresivamente el sábado 30 de abril de ese año, fue notificado con una acción de libertad interpuesta por los impetrantes de tutela, audiencia señalada para el día domingo 1 de mayo misma que fue aplazada para el lunes 2 de mayo, a la cual no se hizo presente porque no había recibido el link correspondiente, como tampoco fue notificado con el resultado de la misma, sino hasta el 4 de mayo, día de la audiencia programada con la asistencia legal de la parte impetrante de tutela; en la cual, después de declarar un cuarto intermedio, recién se le notificó con el resultado de la acción de libertad; es decir, que la audiencia debía ser llevada a cabo el 3 de mayo; iii) En la audiencia de cesación a la detención preventiva y situación jurídica que se estaba realizando el 4 de mayo del fijado año, luego de instalada la audiencia, se concedió la palabra a los sujetos procesales de acuerdo a los dispuesto en el ordenamiento jurídico; y posteriormente se procedió a resolver la cesación a la detención preventiva, se concedió la palabra a quien solicitó la misma y luego al Ministerio Público, mediante Auto 66/2022, se determinó desvirtuar los riegos procesales del art. 234.1 (trabajo) de Francy Illacutipa Ancachi y Freddy Salamanca Pérez y art. 234.7 (Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante) para Freddy Salamanca Pérez, Elmer Gabriel Quenta Chambilla y Francy Illacutipa Ancachi, quedando subsistentes los arts. 233.1 (La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible) y 234.1 en su elemento domicilio “…y en el domicilio y trabajo para Elmer Quenta Chambilla, Art. 234 núm. 7) y Art. 235 núm. 2) del CPP, Resolución que fue objeto de APELACIÓN por parte de los tres imputados…” (sic); y, iv) Por otro lado, el 5 de mayo de ese mismo año; es decir, un día después de la audiencia señalada precedentemente, los tres impetrantes de tutela nuevamente solicitaron cesación a la detención preventiva, audiencia fijada para el día siguiente (viernes 6 de mayo), en la cual y mediante Resolución 67/2022 se rechazó el requerimiento, pues existía un recurso apelación interpuesto contra la determinación que dispuso la continuidad de la detención preventiva; v) El 3 de mayo el Ministerio Público, presentó su requerimiento conclusivo de acusación fiscal, previa conminatoria de su parte, siendo notificados los peticionantes de tutela el 6 de igual mes y año; y, vi) Tanto su persona como la Secretaria de su despacho, fueron víctimas de los actos discriminatorios por parte del abogado Ferreira. María Marcela Ticona Tito, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, en audiencia sostuvo que: a) Los abogados de la parte accionante en audiencia de 29 de abril de 2022, refirieron que estaban de acuerdo con reprogramar la audiencia el 4 de mayo de ese año; b) La resolución emitida en dicho acto procesal, fue apelada por los impetrantes de tutela y con relación a que la remisión de la apelación que según ellos hubiera sido observada, no era cierto pues “…yo he hablado con el auxiliar de dicha Sala Penal Primera en la cual ha referido hoy en la tarde a horas 3 de la tarde recién iban a sacar los decretos ya que esto ha sido remitido el viernes y entraría hoy despacho el día lunes y hoy están sacan a final de la tarde ya que no tienen personal secretario titular…” (sic); y, c) Los abogados de los solicitantes de tutela, trabajaron en copatrocinio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 145/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 93 a 95; y, su complementaria a fs. 96 y vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que: 1) En cuanto a la Secretaria coaccionada en un plazo no mayor a veinticuatro horas, señale audiencia de consideración de situación jurídica conforme lo establecido en la Ley 1173, elaborando las notificaciones aplicando el principio de celeridad, bajo responsabilidad de la oficina gestora, auxiliar u oficial de diligencias de su despacho; 2) Con relación al Juez accionado, el mismo debía instalar y llevar a cabo la audiencia dispuesta a momento de emitir resolución, tomando en cuenta las directrices, recomendaciones y lineamientos jurisprudenciales que se dio; 3) Respecto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para el procesamiento de los accionados, se estaría a las resultas del cumplimiento del presente fallo en consideración a que fuera la segunda vez que se interpone un acción de libertad por el mismo fondo; y, 4) Se exhortó a los sujetos procesales a mantener respeto, serenidad y verdad material. Determinación asumida bajo el fundamento que si bien en la presente causa, se convocó a audiencia para considerar la situación jurídica de la parte accionante, de la revisión de antecedentes se tiene que no se cumplieron los presupuestos y nuevos lineamientos modificados por la Ley 1173 incurriendo así en una omisión y una lesión al debido proceso; además que, la autoridad accionada omitió aplicar el principio de congruencia a fin de que su decisión judicial se apegue a la jurisprudencia que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través Resolución 53/2022 de 1 de abril, la autoridad ahora accionada, dispuso la detención preventiva de Freddy Salamanca Pérez, Elmer Gabriel Quenta Chambilla y Francy Illacutipa Ancachi -hoy impetrantes de tutela- por dos meses, señalando audiencia para consideración de su situación jurídica para el 1 de junio de 2022, teniendo el representante del Ministerio Público, el plazo de treinta días para presentar su requerimiento conclusivo bajo el control jurisdiccional (fs. 11 a 14); seguidamente, los accionantes solicitaron complementación respecto a varios puntos y anunciaron recurso de apelación; y, como la complementación fue rechazada, el recurso de apelación fue concedido (fs. 15 a 16). II.2. Mediante Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril, la Sala Penal Tercera confirmó en parte la Resolución 53/2022 disponiendo que quedó desvirtuado el riego previsto en el art. 234.1 en su vertiente familia, así como lo dispuesto en el art. 235.2 en lo relativo a la frase “estar permanente hasta la sentencia ejecutoriada” y se dispone el plazo de detención preventiva para los tres ahora accionantes de treinta días, señalándose audiencia para resolver su situación jurídica el 2 de mayo (fs. 17 a 20 vta.) II.3. Consta memorial de 26 de abril de 2022; mediante el cual, los peticionante de tutela, solicitaron al Juez ahora accionado, que habiéndose emitido el Auto de Vista 199/2022, que modificó la audiencia para considerar su situación jurídica para el 2 de mayo de ese año, y considerando que dicha data fue declarado feriado por el Ministerio del Trabajo, se señale audiencia para el 3 del señalado mes y año (fs. 21 y vta.). Por otro lado, cursan tres memoriales de igual data; por los cuales, los impetrantes de tutela a su turno, solicitaron que la autoridad accionada señale audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 22 a 24 vta.), aclárese que todos estos memoriales fueron suscritos por el mismo patrocinio legal. II.4. Cursa audiencia pública de solicitud de cesación a la detención preventiva (suspendida) de 29 de abril de 2022, donde se presentaron los abogados Marco Antonio Chambilla, Berty Fernández y Manuel Chambilla como asistencia legal de los accionantes, se produjeron los siguientes actuados: i) En primera instancia, el abogado Chambilla solicitó la presencia del representante del Ministerio Público o del cuaderno de investigaciones pues se tenía elementos probatorios que tenían que ser puestos a conocimiento del Juez; por lo que, no les convendría continuar con dicha audiencia; además que, mediante el Auto de Vista 199/2022, se cambió su detención preventiva de sesenta a treinta días y habiendo cambiando la data para la audiencia a efectos de considerar su situación jurídica para el 2 de mayo de 2022, se sostuvo que dicha fecha fue declarada feriado, se solicitaba que la misma sea recorrida “…para el día lunes o martes…” (sic); es decir, “…difiera el presente acto señor magistrado…” (sic); ii) El Juez accionado a dicha solicitud señaló expresamente que la audiencia de cesación a la detención preventiva que se estaba llevando a cabo, era obligación de los imputados adjuntar aunque en copias el cuaderno procesal, además que no era causal de suspensión la inasistencia del representante del Ministerio Público; iii) A lo mencionado, el abogado de los imputados ahora accionantes (Manuel Chambilla) refirió que de acuerdo al Auto de Vista 199/2022, ya existiría una audiencia programada para considerar la situación jurídica de los imputados, para el 2 de mayo, entonces a efectos de considerar un solo acto procesal, solicitó que la audiencia de cesación a la detención preventiva que se estaba llevando a cabo sea suspendida y nuevamente programada junto a la audiencia de consideración de la situación jurídica de los imputados (2 de mayo) pero como esta fecha fue declarada feriado nacional, se la difiera para el 3 de igual mes y así poder ser remitido el cuaderno procesal; y, iv) A dicho requerimiento, el Juez hoy accionado, señaló que sería atendido lo solicitado, en cuanto a reprogramar la audiencia del 2 de mayo; sin embargo y considerando la carga procesal del despacho a su cargo además de tener programadas audiencias para el 3 de mayo, puso a consideración de la asistencia legal de los imputados ahora impetrantes de tutela, de llevarse a cabo tanto la audiencia de consideración de su situación jurídica como la de cesación a la detención preventiva para el 4 de mayo a horas 10:00, a lo cual el abogado de los imputados respondió “…Está bien Sr. Magistrado…” (sic [fs. 84 a 86 vta.]). II.5. Consta Resolución Constitucional 418/2022 de 2 de mayo, de la primera acción de Libertad interpuesta por los impetrantes de tutela contra el Juez ahora accionado y donde se reclamó que este, en audiencia de medidas cautelares de 1 de abril de ese mismo año, señaló audiencia para considerar su situación jurídica para el 1 de junio, olvidando que se trataba de delitos flagrantes, por lo que una vez apelada, se dispuso en alzada la merituada audiencia para el 2 de mayo, pero dicha autoridad no hubiera dado cumplimiento; al respecto, se señaló también, que “…a solicitud del solicitante de tutela se suspende la audiencia para el día de hoy…” (sic); y, que el Juez accionado no presentó informe “…y no se hace presente a la audiencia señalada” (sic); en la cual, se concedió la tutela disponiéndose que el Juez accionado lleve a cabo la audiencia para considerar la situación jurídica de los ahora accionantes, en el plazo de veinticuatro horas, debiendo la “…Secretaria que a la brevedad posible se notifique vía gestora, vía WhatsApp a la Autoridad accionada…” (se refería a la Secretaria del despacho que conoció la acción de libertad [fs. 25 a 27]). II.6. Por Auto de Conminatoria de Conclusión de la Etapa Preparatoria de 3 de mayo del señalado año, el Juez accionado conminó al Fiscal de Materia, para que formule su requerimiento conclusivo (fs. 28). II.7. Mediante memorial de 5 de mayo de 2022, los accionantes solicitaron que el Juez accionado señale nuevamente audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 29). II.8. A través de Providencia de 5 de mayo de 2022, la autoridad accionada, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 6 de ese mes y año (fs. 30). II.9. Cursa informe de 9 de mayo de 2022; mediante el cual, María Marcela Ticona Tito, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro del departamento de La Paz -ahora coaccionada-, señaló los siguientes puntos de referencia: a) La Comunicación de Inicio de Investigación fue presentada por el Ministerio Público el 1 de abril de ese año, data en la que se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares; b) Habiéndose emitido la Resolución 53/2022, la misma fue recurrida en apelación, pronunciándose el Auto de Vista 199//2022 que dispuso el plazo de detención preventiva de treinta días y la audiencia de consideración de la situación jurídica de los imputados para el 2 de mayo a hrs. 14:00; c) Que el 29 de abril del fijado año, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva; en la cual, “…LOS ABOGADOS SOLICITAN SE SUSPENDA LA PRESENTE AUDIENCIA DE ESTA FECHA 29/04/2022 Y QUE SE LLEVE LA AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA JUNTAS LAS DOS AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA JURIDICA” (sic); empero, el Juez consultó con los abogados de los imputados si podía reprogramarse para el 4 de mayo, señalando que si estaban de acuerdo; y, d) Se llevó a cabo audiencia el 4 de mayo; en la cual, se emitió la Resolución 66/2022 que dispuso que en cuanto a la imputada Francy Illacutipa Ancachi que quedaba desvirtuado el riesgo procesal en su elemento trabajo (fs. 76 vta. a 77). II.10. Mediante Resolución 66/2022 de 4 de mayo, de cesación a la detención preventiva, el Juez accionado declaró improcedente la misma, determinando la continuación de la causa con la detención preventiva de los ahora peticionantes de tutela (fs.101 a 105); de igual forma, consta solicitud de complementación y enmienda solicitada por los accionantes contra la merituada resolución, así como las aclaraciones a la misma, sin modificar el fondo de lo ya resuelto pero con una apelación planteada que fue ordenada en su remisión al superior en grado (fs. 106 a 109). II.11. Cursa Resolución 67/2022 de 6 de mayo; mediante la cual, se resolvió una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por los accionantes; y, por la cual, se señaló que no se ingresaría a conocer el fondo de dicho requerimiento, en virtud a que existe un recurso de apelación contra el Auto 66/2022 que dispuso la continuidad de la detención preventiva, misma que aún no había sido resuelta (fs. 110 a 111).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los demandantes de tutela, denuncian que el Juez accionado lesionó sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que dentro del proceso penal que se les sigue: 1) Se pronunció el Auto de Vista 199/22 de 8 de abril de 2022, que entre otros, modificó el tiempo de su detención preventiva solo por treinta días; y, en ese sentido, también adelantó la fecha de audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de 2022; sin embargo, la misma no fue convocada por el Juez ahora accionado, pues si bien se dispuso feriado para esa data, la audiencia igualmente debió ser llevada a cabo, o en el peor de los casos diferida para el día siguiente; 2) Por otro lado, si la detención preventiva fue modificada a treinta días, ese era el mismo plazo para la presentación de la acusación fiscal, mismo que vencía el 1 de mayo del fijado año; sin embargo, el Juez accionado el 3 de ese mes y año emitió un auto de conminatoria para que el Fiscal asignado presente su requerimiento fiscal, cuando en los hechos el plazo ya se encontraba vencido y lo que correspondía procedimentalmente era operar su libertad; 3) La audiencia que tenía que llevarse a cabo el 2 de mayo fue realizada el 4 de ese mes y año, donde se ordenó mantenerlos con detención preventiva, la cual fue recurrida en apelación; empero, hasta la fecha no fue resuelta porque se habría observado, la mala remisión efectuada por la secretaria coaccionada; 4) El 5 de mayo nuevamente se solicitó cesación a la detención preventiva, pero la misma fue rechazada por Auto de 6 de mayo del referido año, bajo el argumento de que estaría pendiente un recurso de apelación sobre el mismo objeto, sin considerar que el recurso fue elevado en el efecto devolutivo; y, 5) Finalmente, señaló que presentó una primera acción de libertad pero por otros argumentos y que fue declarada procedente, pero tampoco fue acatada por el juez ahora accionado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0421/2020-S2 de 14 de septiembre, citando a su vez a la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, a tiempo de realizar la reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la tutela del derecho al debido proceso refirió que: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una compilación jurisprudencial de entendimientos previos que determinaban que, la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad era únicamente posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran directamente vinculadas al derecho a la libertad o que dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción a la libertad física, que se hayan agotado los mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión absoluta y manifiesta, exceptuando los casos en los que se trata de medidas cautelares en los que, no es posible exigir la concurrencia de absoluto estado de indefensión habida cuenta que, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad, y partiendo de la interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPP, efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125 de la CPE que determina que la acción de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se desprenden los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) Procesamiento indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a este nuevo entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’.

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares”.

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0652/2023-S2 de 5 de julio, sostuvo lo que sigue: “…la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, establece lo siguiente: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 0780/2016-S3 de 18 de julio, que citando la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció el entendimiento jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus ahora acción de libertad, expresando que: “‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. Por su parte la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, remitiéndose a la SC 0160/2005-R estableció que: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional…”.

III.3. Activación simultánea de solicitudes de cesación a la detención preventiva ante la jurisdicción ordinaria

Sobre el tema, la SCP 0145/2020-S2 de 16 de julio, citando a la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, señaló: “De las características de la apelación incidental presentada contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, se establece que tiene un procedimiento ágil y despojado de formalismos, cuyo objeto es revisar si se valoró adecuadamente la concurrencia de los requisitos de validez para determinar su aplicación, modificación o cesación; recurso que una vez activado, por lealtad procesal, deberá tramitarse hasta su conclusión, a no ser que el apelante manifieste expresamente su voluntad de desistimiento; de lo contrario, la jurisdicción ordinaria presupone que éste acudió a esta vía de impugnación porque se encontraba en desacuerdo con la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, porque considera que dicha autoridad no ponderó adecuadamente los elementos de convicción para establecer la procedencia o improcedencia de la aplicación de la medida cautelar y, precisamente por ese motivo, acudió ante el tribunal superior reclamando las supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, en pos de una reparación inmediata. Aplicando el criterio precedente a las medidas cautelares de carácter personal, se debe precisar que cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial.

Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento.”

III.3. Análisis del caso concreto

Como se tiene establecido, el motivo de la presente acción de defensa es la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal que se les sigue: i) Se pronunció el Auto de Vista 199/22 de 8 de abril de 2022, que entre otros, modificó el tiempo de su detención preventiva a solo treinta días; y, en ese sentido, también adelantó la fecha de audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de 2022; sin embargo, la misma no fue convocada por el Juez ahora accionado, pues si bien se dispuso feriado para esa data, la audiencia igualmente debió ser llevada a cabo, o en el peor de los casos diferida para el día siguiente; ii) Si la detención preventiva fue modificada a treinta días, ese era el mismo plazo para la presentación de la acusación fiscal, mismo que vencía el 1 de mayo del fijado año; sin embargo, el Juez accionado el 3 de ese mes y año emitió un auto de conminatoria para que el Fiscal asignado presente su requerimiento fiscal, cuando en los hechos el plazo ya se encontraba vencido y lo que correspondía procedimentalmente era operar su libertad; iii) La audiencia que tenía que llevarse a cabo el 2 de mayo fue realizada el 4 de ese mes y año, donde se ordenó mantenerlos con detención preventiva, la cual fue recurrida en apelación; empero, hasta la fecha no fue resuelta porque se habría observado por la mala remisión por la secretaria coaccionada; iv) El 5 de mayo nuevamente se solicitó cesación a la detención preventiva, pero la misma fue rechazada por Auto de 6 de mayo del referido, bajo el argumento de que estaría pendiente un recurso de apelación sobre el mismo objeto, sin considerar que el recurso fue elevado en el efecto devolutivo; y, v) Se presentó una primera acción de libertad pero por otros argumentos y que fue declarada procedente, pero tampoco fue acatada por el juez ahora accionado.

Por su parte, la autoridad judicial ahora accionada, en su defensa sostuvo entre otros que en audiencia de medidas cautelares de 1 de abril de 2022, su autoridad emitió la Resolución 53/2022 y dispuso la detención preventiva de los accionantes por haber advertido la presencia de una serie de riesgos procesales, que una vez recurrida en alzada, mediante Auto de Vista 199/2022 de 8 de abril, la Sala Penal Tercera, confirmó en parte el Auto 53/2022, disponiendo desvirtuar el art. 234.1 en su vertiente de familia y 235.2 solo en relación a la frase “estar presente hasta la sentencia ejecutoriada”, quedando firme el resto de dicha determinación; para finalmente, señalar audiencia de situación jurídica para el 2 de mayo de ese año; a ello, los impetrantes de tutela, el 26 de abril, solicitaron cesación a la detención preventiva, audiencia que fue llevada a cabo el 29 del mismo mes y año, donde los propios abogados de los ahora peticionantes de tutela, fueron quienes solicitaron que dicha audiencia sea suspendida y llevada a cabo juntamente con la audiencia de situación jurídica; por ello, se estableció nueva fecha para 4 de mayo del señalado año, sin embargo, y extrañamente el sábado 30 de abril de ese año, fue notificado con una acción de libertad interpuesta por los accionantes, audiencia fijada para el día domingo 1 de mayo misma que fue suspendida para el lunes 2 de referido mes, a la cual no se hizo presente porque no había recibido el link correspondiente, como tampoco fue notificado con el resultado de la misma, sino hasta el 4 de mayo, día de la audiencia programada, y donde después de declarar un cuarto intermedio a esta, recién fue notificado con la resolución de la acción de libertad. Por otro lado, en audiencia de cesación a la detención preventiva y situación jurídica de 4 de mayo, se determinó desvirtuar algunos riegos procesales y mantener su detención preventiva, resolución que fue objeto de apelación por los tres imputados. Por otro lado, el 5 de mayo; es decir, un día después de la audiencia señalada precedentemente, los impetrantes de tutela nuevamente solicitaron cesación a la detención preventiva; a lo cual, se rechazó el requerimiento, pues existía un recurso pendiente de resolución contra la determinación que dispuso la continuidad de la detención preventiva. Finalmente, el 3 de mayo -todos de 2022-, el Ministerio Público, presentó su requerimiento conclusivo de acusación fiscal, previa conminatoria de su parte. De los datos del proceso, y de lo señalado por las partes, se tiene que la problemática traída en revisión versan sobre cuatro puntos que se los pasa a detallar: a) No se habría dado cumplimiento al Auto de Vista 199/2022 con relación a llevar a cabo la audiencia para resolver su situación jurídica el 2 de mayo de ese año, tal cual fue señalado por la merituada resolución de alzada o máximo un día después a esta fecha, tomando en cuenta que el 2 de mayo fue declarado feriado nacional; b) No se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 239.2 de la Ley 1173, respecto a que si se tenía vencido el plazo de su detención preventiva el 1 de abril del fijado año y hasta ese día el Ministerio Público no había presentado su requerimiento fiscal, correspondía procedimentalmente su libertad; c) Hubo una errónea remisión de antecedentes de la apelación interpuesta por sus personas contra la Resolución de 4 de mayo que dispuso rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva; por ende, hasta la fecha no existe resolución al respecto; en cuya razón el 5 de mayo nuevamente solicitaron cesación a la detención preventiva, pero la misma fue rechazada por Auto de 6 de mayo del referido año, bajo el argumento de que estaría pendiente un recurso de apelación sobre el mismo objeto, sin considerar que el recurso fue elevado en el efecto devolutivo; y, d) Se presentó una primera acción de libertad pero con otros argumentos, la misma que fue declarada procedente, pero tampoco fue acatada por el juez ahora accionado. Ahora bien, ingresando ya al análisis de los actuados señalados como lesivos, y con relación a la primera problemática planteada, se debe tener presente que el debido proceso como tal, resulta ser una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso; derecho que a consideración de la parte peticionantes de tutela fue quebrantado porque el Juez hoy accionado, no dio cumplimiento a la orden emanada por el superior en grado a momento en que se emitió el Auto de Vista 199/2022 y que dispuso como nueva fecha para considerar su situación jurídica, el 2 de mayo de 2022, y que pese a que esa data fue declarada feriado nacional, igualmente la audiencia debió ser llevada a cabo o en el peor de los casos, ser diferida para el día siguiente; al respecto, y habiendo revisado los antecedentes adjuntos al presente caso, se pudo evidenciar el Acta Audiencia Pública de Solicitud de Cesación a la Detención Preventiva de 29 de abril del mismo año (Conclusión II.4.), en la cual, Marco Antonio Chambilla y Manuel Chambilla como asistencia legal de los ahora accionantes, fueron quienes solicitaron que esa audiencia sea suspendida y se la programe junto a la del 2 mayo (es decir, conocer en una misma audiencia tanto la solicitud de cesación a la detención preventiva como la de consideración de su situación jurídica), añadiendo además que como ese día fue declarado feriado, se la recorra para el 3 de igual mes y año; a ello, el Juez accionado refirió que en esa fecha tenía ya programada audiencias, y puso a consideración de los imputados que se la lleve a cabo el 4 de mayo, fecha que fue aceptada expresamente por la representación legal de los ahora impetrantes de tutela, “Está bien Sr. Magistrado” (sic); entonces, mal se puede alegar que el Juez ahora accionado, actuó de forma contraria al debido proceso, pues esta autoridad, de inicio no quería suspender la audiencia que se estaba llevando a cabo; además que consultó a las partes sobre diferir las señaladas audiencias para que se lleven en un solo acto procesal el 4 de mayo, teniendo la aceptación de las mismas; dicho ello, no resulta cierto lo alegado por los solicitantes de tutela respecto a un actuar indebido del Juez accionando, debiendo en cuanto a esta denuncia, denegar la tutela pretendida, al no haberse percatado la lesión alegada. Por otro lado, respecto a la segunda problemática trazada, referida a que el Juez accionado, no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 239.2 de la Ley 1173 que señala que cesarán las medidas cautelares personales “2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención…” (sic), y que en la causa, el plazo de treinta días dispuesto, ya se encontraba vencido, entonces no tenía razón de ser la conminatoria emitida por el Juez accionado para que el Ministerio Público presente su requerimiento fiscal; y, que en todo caso, correspondía que la autoridad judicial, disponga directamente su libertad. Sobre este punto, vale la pena señalar lo dispuesto en el mencionado precepto legal, que luego de los casos en los que procede la cesación de las medidas cautelares personales, refiere expresamente: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1,2,5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48) horas…” (sic); esto significa, que para lograr el cese de la medida cautelar en el caso establecido en el punto 2 del merituado artículo, previamente la parte imputada debe realizar una solicitud explícita a la autoridad judicial, acto que no ocurrió en el caso y obviando este requisito, acudió directamente con su requerimiento a la jurisdicción constitucional, la cual no puede suplir las vías legales que en su momento se omitió; por lo tanto, y con relación a este punto, debe denegarse la tutela, al no haberse agotado las instancias previas. Continuando y en cuanto a la tercera problemática planteada, se denunció que hubo una errónea remisión de antecedentes de la apelación interpuesta contra la Resolución de 4 de mayo del señalado año que dispuso rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva; y, que por ende, hasta la fecha no existe resolución al respecto; en cuya razón el 5 de mayo nuevamente solicitaron cesación a la detención preventiva, pero la misma fue rechazada por Auto de 6 de mayo del referido año, bajo el argumento de que estaría pendiente un recurso de apelación sobre el mismo objeto, sin considerar que el recurso fue elevado en el efecto devolutivo. Con relación a estas denuncias, se debe señalar que la parte peticionante de tutela solo hizo una simple mención de un supuesto error en la remisión de antecedentes; empero, no explicó con argumentación jurídica y sustento factico, de qué manera la Secretaria coaccionada lesionó sus derechos; por lo que, esta jurisdicción constitucional se inhibe de ingresar en su analítica; toda vez que, en el planteamiento de la presente acción simplemente se la hizo mención; por otro lado, y respecto a que por Auto de 6 de mayo se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que estaría pendiente de resolución un recurso de apelación sobre el mismo objeto, en una primera instancia, corresponde señalar que conforme prevé el art. 250 del CPP, por el carácter provisional de las medidas cautelares, el Auto que imponga una medida cautelar o la rechace, es revocable o modificable, aun de oficio, pudiendo al efecto el imputado o acusado pedir su modificación o cesación cuantas veces considere necesario con la finalidad de obtener su libertad; empero, a fin de evitar una disfunción procesal innecesaria, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, si contra la Resolución de aplicación de una medida cautelar de carácter personal, se interpone el recurso de apelación incidental por el propio detenido preventivo y este se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; y, si en ese ínterin el imputado o acusado presenta una nueva petición de cesación de la detención preventiva ante el Juez a quo, éste se encontrará imposibilitado de resolverla, pues de hacerlo se daría un trámite paralelo a dos solicitudes realizadas por una misma persona y que persiguen un mismo fin, provocando una disfunción procesal y generando inseguridad jurídica no permitida por la Constitución Política del Estado; considerando que, el Tribunal de alzada en el ejercicio de su competencia, determinará la revocatoria, modificación o, en su defecto la confirmación del primigenio fallo apelado, circunstancia que en los hechos incide en la medida cautelar y trastoca la cesación y lo que eventualmente podría resolverse al respecto; entendimiento jurisprudencial que es aplicable en el caso concreto; ya que, conforme se tiene advertido, los accionantes al requerir nueva solicitud de cesación de la medida extrema, activó un trámite paralelo a dos solicitudes con idéntico fin (cese de la detención preventiva), pues se encuentra pendiente de resolución y pronunciamiento la apelación incidental de medida cautelar que interpuso contra una resolución anterior que dilucidó su situación jurídica, no pudiendo advertirse tampoco que los prenombrados hubiesen desistido del recurso formulado a objeto de que dicha solicitud de cesación de la medida extrema sea considerada; bajo ese entendido, si el Juez accionado, de forma paralela a la apelación incidental interpuesta por el prenombrado y que se encuentra pendiente de resolución, resolviera la nueva petición de cesación de la detención preventiva, se corre el riesgo de que se emitan resoluciones contradictorias respecto al mismo objeto (detención preventiva), lo que ocasionaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento, aspecto que no está permitido conforme el citado entendimiento jurisprudencial, por lo que también, con relación a esta denuncia, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 145/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 93 a 95; y, su complementaria a fs. 96 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0161_2024-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): eac0005a51e3d7a423e05b441ba825010cb782c25b0968cdcad70202de9b56a6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →