B.IA.LEGAL

SCP 0161/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48140-2022-97-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado por la cual mediante Sentencia condenatoria se le impuso una pena de tres años de reclusión, rechazó su petición del beneficio de suspensión condicional de la pena, bajo el fundamento que dicho pronunciamiento carece de la calidad de cosa juzgada material al haber sido objeto de apelación restringida por parte de la víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) De la sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiéndose se celebre la audiencia peticionada en los mismos términos dispuestos por la precitada Jueza y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. De la sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2024-S1 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48140-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 21 vta. a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Stiven Ospina Ocampo contra Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de robo agravado, el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- concedió la salida alternativa de procedimiento abreviado y como consecuencia de ello, recibió una pena privativa de libertad de tres años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento. Posteriormente, en virtud a lo establecido en el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, demandó audiencia para la aplicación del beneficio de suspensión condicional de la pena, habiéndose fijado la misma por proveído de 17 de mayo de 2022, para el 27 del mismo mes y año.

Sin embargo, dicha autoridad judicial procedió a suspender el acto procesal bajo el criterio de que la Sentencia dictada en su contra mediante procedimiento abreviado, no adquirió calidad de cosa juzgada, debido a la existencia de un recurso de apelación restringida formulado por la víctima; por lo que, resultaba necesario que previamente dicha impugnación sea resuelta por el Tribunal de apelación o en su caso, se solicite lo mencionado a la Sala Penal donde se encuentra radicando el recurso, aspecto que no contempla el art. 366 del CPP. Esto en razón, que no resulta imperioso esperar la ejecutoria de una Sentencia, proveniente de la salida alternativa de procedimiento abreviado, para otorgar el beneficio de suspensión condicional de la pena, conforme lo definió la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0069/2018-S3 de 19 de marzo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto, los arts. 23.1, 115.II y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a la autoridad judicial demandada, señale nueva audiencia para considerar su solicitud de suspensión condicional de la pena y sea dentro de un plazo inmediato.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos señaló: a) En relación a la observación efectuada por el Juez demandado, referida a que no se agotó la subsidiariedad, debido a que previamente se tendría que acudir ante el Tribunal de alzada, dicha apreciación no es correcta; puesto que, las Salas Penales solo tienen competencia para conocer los recursos de apelación restringida, las apelaciones incidentales, apelaciones incidentales de medidas cautelares y no así una suspensión condicional de la pena, ni siquiera los jueces de ejecución están facultados para resolver dicha medida; y, b) De manera maliciosa la autoridad ahora demandada, remitió el expediente al Tribunal de apelación, el mismo día que presentó su solicitud de audiencia para que se resuelva su petición de salida alternativa del proceso penal, provocándole indefensión y restringiendo su derecho al acceso inmediato a un medio que le pueda resultar beneficioso.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 16 a 17, y en audiencia señaló: 1) Por providencia de 17 de mayo de 2022, se señaló audiencia de suspensión condicional de la pena para el día 27 del mismo mes y año, esto al amparo del art. 366 del CPP; empero, la misma no se llevó a cabo en razón de que se remitió el expediente original a la Sala Penal respectiva, para que se resuelva la apelación restringida presentada por la víctima; 2) Existen otros medios ordinarios, eficaces e idóneos que tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales, tales como la libertad física o de locomoción que deben ser utilizados previamente, en el presente caso, al estar el expediente radicado en la Sala Penal desde el 27 del citado mes y año, es ante esta instancia que el accionante debió presentar su solicitud; por lo que, no se agotó la vía ordinaria de reclamación; 3) No es correcta la aseveración realizada por el peticionante de tutela, que se hubiera rechazado o suspendido la audiencia por estar pendiente un recurso de apelación; puesto que, el motivo para no llevar adelante dicha audiencia, fue que el expediente ya no se encontraba en su poder, debido a que el mismo se remitió ante la Sala Penal de turno; y, 4) La suspensión condicional del proceso es un beneficio post penitenciario, y, en el caso particular esta se encuentra pendiente de resolución, la apelación restringida formulada por la víctima del ilícito, por lo que existe la posibilidad de que pueda otorgarse este beneficio.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital departamento de Santa Cruz constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 22/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 21 vta. a 25 vta., concedió en parte la tutela solicitada, ordenando “…que la autoridad accionada, señale audiencia para considerar la solicitud de suspensión condicional de la pena solicitada por el accionante Stiven Ospina Ocampo, sin la necesidad de esperar el Auto de Vista que resuelva el recurso de apelación restringida formulado por la víctima, así también indicar a la parte hoy accionante deberá de proveer de los medios necesarios es decir el expediente a la autoridad accionada para que el mismo pueda dar cumplimiento a la presente acción de libertad dentro del plazo prudente la autoridad accionada deberá señalar audiencia para considerar la suspensión condicional de la pena siempre y cuando se remita por parte de los accionados el expediente de la presente”. (sic), bajo los siguientes fundamentos: i) La autoridad judicial demandada al disponer que la Sentencia emitida contra el ahora accionante, no adquirió la calidad de cosa juzgada por estar pendiente el trámite del recurso de apelación restringida, formulado por la víctima debiendo esperarse el pronunciamiento del Tribunal de alzada, debido a que, no se cumplió con los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional como la SCP 0069/2018-S3 de 19 de marzo, que establece que no resulta necesario que la Sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada para conocer y resolver una solicitud de suspensión condicional de la pena; esto debido a la naturaleza de dicho beneficio penitenciario; ii) El razonamiento de la autoridad demandada, referida a que previamente debía ejecutarse el fallo condenatoria, para recién tramitar la solicitud de suspensión condicional de la pena, contraviene los principios de razonabilidad, celeridad y favorabilidad; que si bien, el ofendido por el delito tiene el derecho de presentar su recurso de apelación restringida conforme manda el art. 370 del CPP; empero, ello no justifica de modo alguno que la autoridad judicial no pueda celebrar la mencionada audiencia, más aún cuando la parte contraria no presentó oposición fundamentada al requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado previsto por el art. 373 del CPP; en consecuencia, correspondía aplicar el art. 366 del referido adjetivo penal; y, iv) Sobre la denuncia que justamente el día que presentó su solicitud se remitió el expediente ante el Tribunal de alzada, este argumento resulta subjetivo, además que la autoridad hoy demandada debe cumplir plazos para la consideración de otros recursos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa recurso de apelación restringida presentado el 13 de abril de 2022, por Manfredo Cuellar Mercado en su calidad de víctima, contra la Sentencia 04/22 de 1 de abril, pronunciada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de robo agravado, solicitando se revoque la misma y se imponga una pena de diez años de reclusión (fs. 11 a 14). II.2. Consta proveído de 13 de abril de 2022, emitido por el que el Juez ahora demandado, que dispone el traslado del recurso de apelación contra la citada Sentencia 04/22 al Ministerio Público y a la parte acusada, de conformidad al art. 409 de la Ley 1970 (fs. 15)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado por la cual mediante Sentencia condenatoria se le impuso una pena de tres años de reclusión, rechazó su petición del beneficio de suspensión condicional de la pena, bajo el fundamento que dicho pronunciamiento carece de la calidad de cosa juzgada material al haber sido objeto de apelación restringida por parte de la víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) De la sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: El principio de informalismo que rige la acción de libertad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional y se manifiesta a través de diferentes tópicos; uno de ellos corresponde mencionar, a la posibilidad de tutelar otros derechos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección por medio de esta acción de defensa, así como revisar otros hechos distintos al denunciado. En relación a la temática, en un principio el Tribunal Constitucional a través de la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, admitió la posibilidad de revisar otros hechos y verificar la vulneración de otros derechos, siempre que tengan conexitud con el hecho inicialmente denunciado. Posteriormente, la SC 0345/2011-R de 7 de abril, aplicando la jurisprudencia de la acción de amparo constitucional a la acción de libertad, sostuvo que no es posible modificar hechos ni derechos luego de presentada la acción de libertad, pues esa posibilidad resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales, porque cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, determinaría que el demandado estaría frente a nuevos hechos, situándolo en indefensión. En sentido similar al establecido inicialmente en la referida SC 1204/2003-R, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo en mérito al aludido principio de informalismo contenido en el art. 125 de la CPE y en virtud al cual deben ser interpretadas las normas procedimentales que rigen esta acción tutelar, recondujo la línea jurisprudencial trazada en la SC 0345/2011-R; por lo que, reiteró la posibilidad de modificar los derechos supuestamente vulnerados y ampliar los hechos; así como la posibilidad que la autoridad judicial que conoce la acción de defensa, pueda subsanar aspectos de derecho inobservados por el accionante, con la exigencia, siempre de conexitud, con el hecho inicialmente demandado. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, aplicando en su razonamiento los principios y valores que irradian el orden jurídico del Estado Unitario Social de modificarlos durante su tramitación”. Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0174/2012 y 0175/2012, ambas de 14 de mayo. 3El FJ III.1, señala que al tiempo de referirse a la posibilidad de ampliar los derechos y los hechos en la audiencia de la acción de libertad “… en la substanciación de la acción, existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción y, por otra parte, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, es posible que, inclusive, se analicen hechos conexos al acto demando de ilegal”.

4El FJ III.3, al tiempo de desarrollar la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, indica que: “…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: `Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…´.

Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionen otros derechos que se hallan relacionados con él.

En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. (…) El carácter informal de la acción de libertad, permite que la justicia constitucional pueda proteger de manera eficaz los derechos de los justiciables, concediendo la tutela frente a actos ilegales denunciados expresamente o aún no siéndolo, tengan vinculación con el acto que motivó la presentación de la acción de libertad”.

Derecho Plurinacional Comunitario y en virtud del carácter informal de la acción de libertad y de la interdependencia de los derechos, posibilitó al juez constitucional ampliar su análisis sobre otros derechos vinculados o conexos a los derechos tutelados. Así como la posibilidad de extender su ámbito de protección frente aquellos actos ilegales no denunciados inicialmente, pero conexos con el acto lesivo que motivó la acción tutelar. En consecuencia, a partir de esta sistematización, se concluye que es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad respecto a otros hechos y derechos por conexitud; entendimiento que contiene el estándar de protección jurisprudencial más alto y que guarda armonía con la naturaleza jurídica de este instituto jurídico, regido por el principio de informalismo, que justifica la flexibilización que debe existir en el desarrollo de su procedimiento, a fin de alcanzar la protección inmediata y eficaz de los derechos que tutela, desde una perspectiva diferente a la concepción ius positivista y a las prácticas formalistas que obstaculizan su vigencia.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0630/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre6, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.3. De la sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena

Sobre esta temática, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0727/2019-S2 de 28 de agosto, señaló el siguiente entendimiento: Respecto a la sentencia condenatoria, el CPP dispone:

Artículo 365º.- (Sentencia condenatoria). Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial. Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas. La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho o poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley. La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan. Emitida la sentencia condenatoria y declarada la confiscación de los bienes, una vez ejecutoriada la misma, se apertura la competencia administrativa del CONALTID para determinar el destino de los bienes. (Las negrillas son agregadas) Respecto a la suspensión condicional de la pena, la misma norma adjetiva penal, dispone:

Artículo 366. (Suspensión Condicional de la Pena). La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. De las disposiciones señaladas, se tiene que la suspensión condicional de la pena, es un beneficio que se otorga al condenado, cuando cumple con los requisitos impuestos por el Código de Procedimiento Penal y que perdura durante el tiempo establecido por la autoridad jurisdiccional, siempre que el beneficiario observe las condiciones previstas por la misma; caso contrario, el beneficio puede ser revocado de manera fundamentada y motivada, lo que conlleva la determinación de cumplir la sentencia condenatoria impuesta.

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes glosados, se tiene que la parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado y dictado Sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de tres años de reclusión, rechazó su petición del beneficio de suspensión condicional de la pena, bajo el fundamento que la referida Sentencia carece de la calidad de cosa juzgada material al haber sido objeto de apelación restringida por parte de la víctima. De manera inicial, cabe señalar que conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional; dado que, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Dicha obligación debe ser cumplida durante todo el desarrollo del proceso, así como, con todos los trámites en los que se halle involucrado el derecho a la libertad, tal cual acontece en el presente caso, donde existe una solicitud de suspensión condicional de la pena. Ahora bien, también resulta necesario señalar a fin de la apertura del análisis constitucional correspondiente y en relación al objeto procesal identificado ut supra, que de los actuados cursantes en el expediente constitucional, no se evidencia que se cuente con la Sentencia condenatoria dictada dentro el procedimiento abreviado del caso en particular; sin embargo, no siendo un aspecto negado en cuanto a su verificación por la autoridad judicial en su informe presentado, resulta viable ingresar al análisis de fondo de la problemática presentada en virtud a los parámetros del principio de pro actione.

Así, efectuada esta consideración de orden procesal -formal- y convergiendo la lesividad denunciada por el peticionante de tutela -tal cual se tiene referido- en una presunta negativa de la autoridad judicial demandada de conocer y resolver su solicitud del merituado beneficio penitenciario, bajo el argumento de la existencia de un recurso de apelación restringida interpuesto por la víctima contra la Sentencia condenatoria dictada, la cual se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de alzada. A tal efecto, resulta necesario a fin de resolver la problemática planteada traer a colación que el beneficio de suspensión condicional de la pena, regulado por el procedimiento penal, tiene como propósito teleológico la búsqueda de la reorientación de la conducta del condenado, a fin de su reinserción a la sociedad en ejercicio y goce de libertad, siempre y cuando de manera ineludible y concurrente se cumpla con los requisitos previstos en el art. 366 del CPP; debiéndose también cumplirse las condiciones y reglas que fueran impuestas en goce de su libertad. Ahora bien, bajo este marco de entendimiento, en el caso de examen constitucional, se advierte que la autoridad judicial demandada, luego de señalar audiencia para conocer y resolver la viabilidad del beneficio penitenciario a favor del impetrante de tutela, lo suspendió, bajo el criterio que la Sentencia condenatoria carecía de calidad de cosa juzgada, al haber la víctima activado el mecanismo de impugnación correspondiente, dejando también percibir a partir del informe presentado por el Juez ahora demandado, que otra causa señalada, sería la falta de los antecedentes procesales por su remisión ante el Tribunal de alzada, infiriéndose que el diferimiento y/o negativa de pronunciamiento judicial contenía un efecto suspensivo en tanto se resuelva el recurso de apelación restringida planteado. Determinación que en aplicación del entendimiento contenido en el precitado Fundamento Jurídico III.3., no resulta compatible con las exigencias procesales contenidas en el art. 366 del CPP, cuyo marco legal identifica los parámetros legales que otorgan la posibilidad de aplicación de la suspensión condicional de la pena dentro de un proceso penal en el cual se haya dictado Sentencia condenatoria. Bajo ese entendido, se concluye que el Juez ahora demandado, al suspender la audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena, incurrió en una dilación indebida que repercutió en la situación jurídica del peticionante de tutela y vulneró el derecho al debido proceso vinculado con la libertad del nombrado; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

Finalmente, cabe aclarar que, en el caso en particular la concesión de tutela, conforme lo determinó la Jueza de garantías, tiene únicamente como efecto el asegurar el acceso oportuno a la justicia del solicitante de tutela y no así un pronunciamiento sobre el fondo de su situación jurídica -libertad- pues, esta corresponderá ser considerada por la autoridad jurisdiccional, conforme a los datos del proceso. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiéndose se celebre la audiencia peticionada en los mismos términos dispuestos por la precitada Jueza y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, establece: “Que, en materia de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquéllas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos...”. I.1.1. 2El FJ III.1, refiere que: “…en acciones de amparo constitucional, de manera posterior a su presentación no pueden alegarse nuevos hechos y derechos como vulnerados, alterando de manera relevante los hechos expuestos y que sirvieron de fundamento fáctico del “recurso”. Actuar de esa forma, resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales prefijado en la Ley Fundamental, que impide cualquier forma de sorpresa en los procesos; y de hecho, cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, situación que determinaría que el demandado esté frente a hechos nuevos, situándolo en una virtual indefensión, lesionando su derecho a la defensa y demás normas conexas del sistema de garantías procesales. I.1.2. I.1.3. Razonamiento jurisprudencial que es perfectamente aplicable también a las acciones de libertad, por cuanto como se refirió, su objeto es no dejar en incertidumbre o defensión a la autoridad o persona demandada, la que en conocimiento de la acción planteada en su contra, la asume en base a los argumentos vertidos en ella; no pudiendo

5 La referida SCP 1977/2013, en el marco del constitucionalismo plurinacional y comunitario, en su fundamentación jurídica incorporó los principios pro homine, interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, aplicación directa de los derechos, prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, principio pro actione y justicia material, que sustentan la superación de la concepción formalista del derecho. 6El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

7 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0161_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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