Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida y una vida libre de violencia; puesto que, la menor de edad AA se encuentra en un delicado estado de salud emocional, por el constante daño psicológico que sufre por parte de la ahora accionada, quien la insulta, amenaza y ahuyenta de los lugares de juego que acude en el Mercado 8 de diciembre de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -donde permanece porque su abuela tiene una caseta en dicho Mercado-, situación que genera intranquilidad en la citada menor de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad contra particulares; ii) El derecho a la vida, a la integridad personal y la acción de libertad; iii) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2025 de 17 de octubre, cursante de fs. 72 y 74 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
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1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho a una vida digna relacionada a la integridad psicológica de la menor de edad AA.
a) Disponer que Lucía Guadalupe Salvatierra Reas, cese en todo acto de hostigamiento y amedrentamiento hacia la menor de edad AA, sea en el Mercado 8 de diciembre del municipio San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, como en otro lugar, además de no promover comunicación por ningún medio con la citada menor de edad. b) Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, a realizar el correspondiente seguimiento del presente caso e intervenir de verificarse alguna vulneración a los derechos de la menor de edad AA, en cumplimiento a sus funciones, a cuyo fin se dispone su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al pedido de eliminación de fotografías de la menor de edad AA de las redes sociales de Lucía Guadalupe Salvatierra Reas y la remisión de antecedentes Ministerio Público, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0160/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 79637-2025-160-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/2025 de 17 de octubre, cursante de fs. 72 y 74 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por PP, NN y OO en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Lucia Guadalupe Salvatierra Reas.
El parte accionante, por memorial presentado el 14 de octubre de 2025, cursante de fs. 10 a 23, manifestó lo siguiente:
Mediante Informe Psicológico de 29 de septiembre de 2025, realizado a la menor de edad AA, se determinó que la situación de la mencionada fue de riesgo, por la existencia de indicadores de amenaza, intranquilidad y sobre todo inseguridad, temor y preocupación en su ámbito social y falta de defensas; es decir, que existía daño psicológico constante por el acoso emocional y psicológico que sufría; siendo por ello, la conclusión del profesional especialista que, al momento de la entrevista a la citada menor de edad demostró nerviosismo, habló rápido, refirió sentir miedo a la ahora accionada por el daño que podría sufrir, llegando al resultado que la menor de edad AA sufría violencia psicológica porque la hoy accionada la “verbaliza” a ella y su primo, refiriendo calumnias contra su familia, la ahuyenta de sus lugares de juego en el Mercado 8 de diciembre del municipio de San Ignacio Velasco del departamento de Santa Cruz -donde permanece por el trabajo de su abuela- y la amenaza; por lo que, huye ante su presencia, lo que le genera intranquilidad, concluyendo el Informe que se debe brindar a la citada menor de edad medidas de protección; además, de orientación y terapia psicológica .
para ayudar a mejorar su estrategia de afrontación, técnicas de contención emocional y gestión de crisis, manejo de la agresividad, técnicas de relajación y otros. Del citado Informe Psicológico, se observa el delicado estado de salud emocional de la menor de edad AA, por el escenario de crisis que sufre, lo que le causa un daño irreparable a su salud mental, lo que pone en peligro su vida, por los hechos suscitados, ante la falta de protección y garantías. Los hechos referidos, se presentan porque la ahora accionada frecuenta el Mercado 8 de diciembre de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, caseta 29, donde la abuela de la menor de edad AA tiene su tienda comercial. Además, dicha situación derivó en otros actos, como el de subir imágenes de la menor de edad AA en la red social de Tik Tok, con fines ilícitos.
El parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida y una vida libre de violencia; citando al efecto el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se ordene a la ahora accionada que, de manera inmediata cese el hostigamiento y amedrentamiento hacia la menor de edad AA; así mismo, se le prohíba concurrir o frecuentar el lugar donde se encuentra la nombrada y no se acerque a su familia cercana; b) Se ordene la eliminación inmediata de las imágenes en las que aparezca la menor de edad AA, en publicaciones de la red social de Tik Tok u otras plataformas digitales; c) Se remitan antecedentes al Ministerio Público a efectos de iniciar proceso penal contra la hoy accionada, en virtud al Informe Psicológico de 29 de septiembre de 2025, donde se establece el daño irremediable que se realizó a la mencionada menor de edad; y, d) En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con relación a la aplicación de medidas de protección y a los arts. 389, 389 bis y 389 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP) se determine medidas de protección en favor de la menor de edad AA.
Celebrada la audiencia pública el 17 de octubre de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 67 a 71, se produjeron los siguientes actuados.
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La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El art. 125 de la CPE, protege el derecho a la vida vinculada al resguardo de la integridad psicológica de la menor de edad AA, conforme al art. 60 de la Norma Fundamental, que claramente establece que es deber del Estado la sociedad y la familia garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que comprende la prevalencia de sus derechos, la prioridad en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; 2) La ahora accionada va al Mercado “10” -siendo lo correcto 8-de diciembre, ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, donde tiene su puesto de venta de comida la abuela de la menor de edad AA, que guarda y cuida a la citada menor de edad; empero, la hoy accionada realizó seguimiento y amedrentamiento psicológico a la nombrada, con palabras irreproducibles y denigrantes, señalándole que se cuide, la ahora accionada persigue a menor de edad AA, quien se va a refugiar a la caseta de su abuela, poniéndola nerviosa; por lo que, empieza a llorar; y, 3) La mencionada menor de edad se encuentra gravemente afectada emocional y psicológicamente. La abuela de la menor de edad AA, manifestó que desde el año pasado -se entiende 2024- se llevan mal con la hoy accionada, en el Mercado 8 de diciembre del municipio de San Ignacio de Velazco del departamento de Santa Cruz, la agrede verbalmente; por lo que, acudieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de dicho municipio, instancia que elaboró un informe de la menor de edad AA, donde se describe que la nombrada agrede a la citada menor de edad, además la ahora accionada no trabaja en el referido Mercado, solo se dedica a cuidar a sus hijos y grabar a los niños, incluso la Policía Boliviana no puede hacer nada porque ella es muy agresiva.
Lucía Guadalupe Salvatierra Reas, en audiencia manifestó que: i) No se demostró con algún video lo relatado por la parte accionante, como tampoco se realizó una relación fáctica de los hechos, como ser de dónde y cuándo se suscitaron los presuntos hechos; ii) Es madre soltera de dos hijos, a quienes cuida y cubre su manutención, siendo por ello que le sorprende que la parte accionante pretenda prohibirle ganarse el pan de cada día, al no permitirle ingresar al Mercado 8 de diciembre del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, donde tiene su caseta la abuela de la menor de edad AA, lo que afecta la salud y manutención de sus hijos; y, iii) El Informe Psicológico de 29 de septiembre de 2025, no demuestra la verdad histórica de los hechos; consecuentemente, pide se deniegue la tutela solicitada
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de .
Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 15/2025 de 17 de octubre, cursante de fs. 72 y 74 vta., “otorgó” -siendo lo correcto concedió- la tutela solicitada, disponiendo: a) Prohibir a la ahora accionada de pedir, solicitar, o querer tener algún tipo de relación con la menor de edad AA y con su entorno familiar, tampoco debe tener comunicación por ningún medio, y no podrá acercarse a la citada menor de edad ni en su establecimiento educativo; b) Que la hoy accionada borre y elimine inmediatamente de sus redes sociales las fotografías de la citada menor de edad, y que se abstenga en delante de publicar o difundir fotografías de la misma por cualquier medio digital; c) En cuanto a la petición, referida a que la ahora accionada no concurra a su lugar de trabajo no puede disponerse porque se estaría vulnerando el derecho al trabajo de la misma, si bien la asociación del Mercado 8 de diciembre del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, señala que la nombrada no es socia y la hora accionada afirma que si lo es, dicha situación debe ser puesta a consideración del Juez ordinario; d) La remisión de antecedentes al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes; y, e) Se otorgue medidas de protección en favor de la menor de edad AA, que ya fueron referidas precedentemente, para que sean cumplidas conforme establece el art. 389 del CPP, ante su incumplimiento se pasarán directamente los antecedentes al Ministerio Público en su unidad de protección de menores de edad víctimas de violencia; bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP 489/2018-S2 de 27 de agosto, establece que la presentación de la acción de libertad es directa cuando el caso se trata de protección de la vida de niñas, niños y adolescentes, por tener carácter urgente; 2) La menor de edad AA se encuentra al cuidado de su abuela en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; 3) Existe un Informe Psicológico de 29 de septiembre de 2025, elaborado por la Psicóloga del Consultorio Psicológico “APRENDIENDO JUNTOS” donde se observa la conducta que demuestra la menor de edad AA, quien relata contextos que nos llevan a entender que la situación pone en peligro la vida de la citada menor de edad, por el daño psicológico que le causa, lo que puede incidir en futuros problemas psicosociales, incluso de intentar quitarse la vida o llegar al consumo de drogas; 4) Estudios científicos demuestran que los niños, niñas y adolescentes hasta sus cinco años de edad reciben información, hasta los diez años, comienzan a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, la menor de edad AA al tener seis años percibe y distingue los gestos que realizan las personas; por lo que, se aleja y tiene miedo a personas que se muestran hostiles; y, 5) A través de la presente acción de libertad no se condenará a la hoy accionada, únicamente lo que se pretende es proteger la vida de una menor de edad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante solicitó, en vista que se ordenó que la hoy accionada pueda seguir en su puesto de trabajo, que la misma se someta a terapia psicológica por seis meses, siendo su cumplimiento controlado cada mes, para que así cambie su conducta con relación a la menor de edad AA y no ponga en peligro la vida de las personas que la rodean.
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En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías declaró ha lugar a la aclaración, complementación y enmienda, ordenando que la ahora accionada acuda a un Psicólogo a objeto de realizar terapia psicológica conductual y emocional por el lapso de seis meses, debiendo ser informado por el Psicólogo a dicho Juez, cada mes, aquello para no ser un peligro para la sociedad, ni mucho menos para el entorno familiar al tener dos hijos, quienes presencian las situaciones denunciadas.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe de Atención Psicológica realizado a la menor AA el 29 de septiembre de 2025, por la Jimena Bruno Yovetty Psicóloga del Consultorio Psicológico “APRENDIENDO JUNTOS” (fs. 5 a 7). II.2. Se adjunta Cédula de Identidad de la menor de edad AA -hoy accionante-, donde se consigna que la misma nació 28 de agosto de 2018 (fs. 1).
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida y una vida libre de violencia; puesto que, la menor de edad AA se encuentra en un delicado estado de salud emocional, por el constante daño psicológico que sufre por parte de la ahora accionada, quien la insulta, amenaza y ahuyenta de los lugares de juego que acude en el Mercado 8 de diciembre de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -donde permanece porque su abuela tiene una caseta en dicho Mercado-, situación que genera intranquilidad en la citada menor de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad contra particulares; ii) El derecho a la vida, a la integridad personal y la acción de libertad; iii) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; y, iv) Análisis del caso concreto.
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La SCP 0292/2012 de 8 de junio, al respecto establece que: “De acuerdo a la nueva configuración constitucional, la acción de libertad procede no sólo contra autoridades, sino también contra particulares, conforme se desprende del art. 126 de la CPE, lo que representa un significativo avance respecto al reconocimiento de la eficacia horizontal de los derechos humanos, que implica que éstos deben ser respetados tanto por el poder público como por los particulares. (…) Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.
En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares (…) que se encuentren debidamente acreditadas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0239/2021-S1 de 19 de julio, reiterando el entendimiento de la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señala que: “La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está .
obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento. El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: ‘El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento’. (…) En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del ‘vivir bien’ previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado). Así en el citado fallo constitucional se señaló:
(…)
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.
(…)
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…Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes’. El segundo parágrafo señala que: ‘Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, y finalmente el parágrafo tercero: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual.
Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual;
(…)
Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’.
En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con .
la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, se tiene que la SCP 0023/2019-S2 de 15 de marzo, establece que: «“…la Comisión Internacional de Derechos Humanos, manifestó que ‘el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna’ (Sentencia de 19 de noviembre de 1999; caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala)”.
Más adelante la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, determinó que en los casos que se denuncie la lesión del derecho a la vida, el accionante puede decidir plantear una acción de libertad o de amparo constitucional para la protección del enunciado derecho fundamental, habida cuenta que: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva (…)’.
Por otra parte, la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, respecto a la posibilidad de tutelar vía acción de libertad otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentren dentro de su esfera de protección indicó que: “…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: ‘Los derechos reconocidos por .
esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…’.
Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionen otros derechos que se hallan relacionados con él”» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, señala que: “El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, .
reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ʽLos Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niñoʼ. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas.
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Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
psicológica y sexual. (…)
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas .
de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las .
prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, .
tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ʽlos y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concretoʼ. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ʽ…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña perteneceʼ. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. En ese sentido, ʽhan de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechosʼ. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la .
vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: ʽLa niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexualʼ Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ʽ…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescenteʼ. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) II. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
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11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ʽ…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujerʼ. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial (….) (…) En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas nos corresponden).
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida y una vida libre de violencia; puesto que, la menor de edad AA se encuentra en un delicado estado de salud emocional, por el constante daño psicológico .
que sufre por parte de la ahora accionada, quien la insulta, amenaza y ahuyenta de los lugares de juego que acude en el Mercado 8 de diciembre de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -donde permanece porque su abuela tiene una caseta en dicho Mercado-, situación que genera intranquilidad en la citada menor de edad.
Con carácter previo, es necesario aclarar que la acción de libertad pudo ser interpuesta, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, contra una persona particular, siendo que la misma tiene el deber de respetar y abstenerse de perjudicar el ejercicio pleno de los derechos de terceros.
Ahora bien, ingresando al fondo de la problemática planteada, se adjuntó Cédula de Identidad de la menor de edad AA accionante, donde se consigna que la misma nació el 28 de agosto de 2018 (Conclusión II.2.); puesto que, al momento que suscitaron los hechos denunciados, contaba con siete años de edad, quien al ser sometida a una consulta Psicológica en el Consultorio Psicológico “APRENDIENDO JUNTOS” el 29 de septiembre de 2025, se emitió Informe de Atención Psicológica por una profesional del área, donde señala que la menor de edad AA sufre violencia psicológica que le afecta a nivel psicológico y emocional; siendo que, la ahora accionada la agrede verbalmente, la atemoriza de sus lugares de juego y la amenaza, lo que genera ansiedad en la citada menor de edad; por lo que, recomienda por la situación de riesgo, se brinde a la referida menor de edad medidas de protección respecto a la hoy accionada, para el resguardo de su integridad física, psicológica y moral, además de terapia psicológica.
Asimismo, se colige de dicho antecedente y lo vertido por las partes de la presente acción de defensa, que la situación que afecta a la menor de edad AA, surgió a causa de altercados entre la ahora accionada y la abuela de la mencionada menor de edad, quien cuenta con una caseta en el Mercado 8 de diciembre del municipio San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, donde la menor se encuentra a su cuidado, lugar donde concurre también la ahora accionada, incluso meses antes la citada abuela denunció a la hoy accionada por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, donde también estuvo implicado un menor de edad (fs. 62 a 66). En ese contexto, se evidencia que la referida situación de tensión que existe entre la abuela de la menor de edad AA y la hoy accionada, viene afectando a la indicada menor de edad, en su integridad psicológica; ya que, se puede asumir con meridiana claridad que la ahora accionada hubiese tomado una actitud de amedrentamiento contra la menor de edad AA que la lleva a sentir temor y ansiedad ante su presencia, incidiendo aquello en su desenvolvimiento normal especialmente cuando se encuentra en la actividad laboral de su abuela.
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Es así que, dicha situación vulnera el derecho de la menor de edad AA a una vida digna vinculada a su integridad psicológica, que por el carácter de informal de esta acción de libertad puede ser tutelada al estar relacionada al derecho a la vida, que se encuentren bajo su tutela, considerando que la afecta en su salud emocional, en el presente caso es una menor de edad, quien por sus características particulares de dependencia, desarrollo físico y mental, se le debe aplicar un tratamiento con enfoque interseccional, en atención a sus múltiples indicadores de vulnerabilidad, que exige una protección jurídica reforzada.
Asimismo, cuando se trata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los miembros de este grupo etario, en consideración al principio de interés superior del niño que implica la preeminencia de sus derechos y el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna, por formar parte de un grupo vulnerable que cuenta con un tratamiento jurídico proteccionista, impele al Estado a aplicar un grado especial de diligencia y cuidado al momento de adoptar decisiones que les afecten; consecuentemente, se debe conceder la tutela solicitada con relación únicamente a la menor de edad AA, con la finalidad de precautelar su integridad psicológica, así poder evitar mayor daño, que pueda llegar a constituirse en irreparable.
Finalmente, si bien se adjuntó un Disco Compacto (CD) donde se observa que en las cuentas de la red social de Tik Tok correspondiente a “luca.guadalupe.sal” y “Lucia Guadalupe Salvatierrarea” se reproduce un video, no se puede visualizar en la misma la presencia de una niña de la edad de la menor AA de forma específica; además, de que el video no cuenta con audio, y en cuanto a que se remitan los antecedentes al Ministerio Público a efectos de iniciar proceso penal contra la hoy accionada, la parte accionante puede acudir directamente a la instancia que considere pertinente. En consecuencia, el Juez de garantías, al “otorgar” -siendo lo correcto conceder- la tutela solicitada, aunque con términos incorrectos, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2025 de 17 de octubre, cursante de fs. 72 y 74 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
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1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho a una vida digna relacionada a la integridad psicológica de la menor de edad AA.
a) Disponer que Lucía Guadalupe Salvatierra Reas, cese en todo acto de hostigamiento y amedrentamiento hacia la menor de edad AA, sea en el Mercado 8 de diciembre del municipio San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, como en otro lugar, además de no promover comunicación por ningún medio con la citada menor de edad. b) Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, a realizar el correspondiente seguimiento del presente caso e intervenir de verificarse alguna vulneración a los derechos de la menor de edad AA, en cumplimiento a sus funciones, a cuyo fin se dispone su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al pedido de eliminación de fotografías de la menor de edad AA de las redes sociales de Lucía Guadalupe Salvatierra Reas y la remisión de antecedentes Ministerio Público, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0160_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): a9d0545157ed442ecdea7c6a5898689947359a69b80d8a033f89c0ce1fb5dbed
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