Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de marzo de 2023
Deniega la tutela
Las impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, desempeñaban sus actividades laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sin embargo el 11 de noviembre se inició un proceso sumario interno en su contra por incumplimiento de jornada laboral, que concluyó con la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, proceso en el que no se consideró sus descargos, emitiéndose los memorándums DTH - MRBC/SUM/0116/2020; y, DTH -MRBC/SUM/0117/2020, por los que se procedió a su destitución; es así que, acudieron ante la Jefatura Departamental del Trabajo de El Alto, denunciando su desvinculación ilegal. En consecuencia dicha entidad emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS - VMTEPS -J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021, empero, el GAM de El Alto, fuera de plazo presentó recurso revocatorio, por lo cual se revocó totalmente dicha conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; ii) Sobre el principio de inmediatez; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2021 de 2 de agosto, cursante de fs. 325 a 329, emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 160/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 43168-2021-87-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 102/2021 de 2 de agosto, cursante de fs. 325 a 329, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano, ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM); y, Vivian Marleny Mayta Limachi, Jefa Regional de Trabajo; todos de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memoriales presentados el 1 y 15 de julio de 2021, cursantes de fs. 160 a 167 y 170 a 173, las accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
María Lucana Arismendi, fue incorporada al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por Memorándum DRH/1274/2002 con el ítem 54310, en el cargo de Administrativo II, para cumplir funciones como obrera de la Unidad del Matadero Municipal, posteriormente mediante Memorándum CITE: DTH-JCTCH/DF/0507/2019 fue designada a la Unidad de Administración de Servicios Municipales (mingitorios); mientras que Agustina Ramírez Ninachoque, fue incorporada al referido Gobierno edil por Memorándum DGCH/1132/2007 con el ítem 331105, en el cargo de Auxiliar I en el Matadero Municipal, hasta que le designaron nuevas funciones en la Dirección de Obras Municipales para el acomodado de adoquines.
Mediante Resolución inicial de apertura de sumario administrativo interno GAMEA/SUM.55/19 de 7 de mayo de 2019, se adujo que María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque, dependientes del Matadero Municipal “Los Andes”, probablemente no asistieron a su fuente laboral los días sábados en los cuales debían cubrir dos horas con treinta minutos que no se trabajan por semana por rotación de turnos; inasistencia computada desde el 6 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2019, por lo que se tenía como resultado una alta cantidad de horas no trabajadas y que además habrían percibido salarios completos. Ante lo cual, las ahora impetrantes de tutela, respondieron en tiempo y forma oportuna con argumentos y fundamentos jurídicos señalando que no se consideró la Resolución Suprema de 31 de marzo de 1944 que señala que todas las mujeres y menores de edad deben cumplir cuarenta (40) horas de trabajo semanal diurno, y no así ocho (8) horas diarias; no se les pagó por horas extras y horarios nocturnos; no se justificó sus descuentos sobre los haberes mensuales; no se consideró los horarios abusivos de los días sábados y de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana; no se les otorgó vacaciones a pesar de haberlas solicitado; son personas de tercera edad, sufrieron actos de discriminación y acoso laboral; no se valoró los accidentes de trabajo y bajas médicas; y, se vulneró el debido proceso y derecho a la defensa al no cumplir con los plazos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública –Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992- A pesar de ello, se emitió la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/80/19 de 11 de julio de 2019; Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM/35/19 de 21 de octubre de 2019; y, Resolución Administrativa a Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre de 2020, en las que se mantuvo firme el argumento de que las ahora peticionantes de tutela, incurrieron en abandono a sus fuentes laborales, consecuentemente, la autoridad sumariante así como la Alcaldesa al momento de firmar las resoluciones no cumplieron con art. 21 inc. d) del DS 23318-A, que consiste en acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2020 fueron notificadas con los memorándums DTH-MRBC/SUM/0116/2020 y DTH-MRBC/SUM/0117/2020, ambos de 06 de noviembre de 2020, por los que se procedió a su destitución. En procura de hacer valer sus derechos sociales y constitucionales, presentaron una acción de amparo constitucional, habiéndose pronunciado la Resolución 020/2021 de 17 de febrero por la que se les denegó la tutela. Finalmente, presentaron una denuncia ante la Jefatura Regional del Ministerio de Trabajo de El Alto, habiéndose emitido la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021, notificada al GAM de El Alto (G.A.M.E.A.) el 29 de marzo de 2021; sin embargo, el 5 de abril de 2021 el apoderado legal de la alcaldía solicitó la aclaración y complementación de la conminatoria, que al ser rechazada, presentó un recurso revocatorio, el cual, a pesar de encontrarse fuera de plazo, se emitió la Resolución Administrativa JRTEA/VMML/006/2021 de 13 de marzo “lo correcto mayo”, por parte de la Jefa Regional de Trabajo de El Alto, revocando totalmente la Conminatoria de reincorporación.
Las accionantes alegaron como vulnerados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, al debido proceso y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15, 46.I, 48.II, 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 23.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) La anulación de los memorándums de destitución sujetos a Resolución Jerárquica DAM/SUM/10/2020; y, b) Su reincorporación al mismo puesto de trabajo y nivel salarial, más salarios devengados.
Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2021, según se tiene el acta de audiencia cursante de fs. 320 a 324, se produjeron los siguientes actuados:
Las impetrantes de tutela por intermedio de su abogado en audiencia ratificaron los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando la misma, agregaron que: 1) La Resolución 020/2021 de 27 de febrero, dentro de una Acción de Amparo Constitucional señaló que con carácter previo a conocer la presente acción de tutela, se cumpla con la Resolución Ministerial 868/2010 referida a un procedimiento administrativo y de tutela que tiene conocimiento la Jefatura de Trabajo de la ciudad de El Alto; 2) Las peticionantes de tutela se hicieron presentes ante la Jefatura de Trabajo de la ciudad de El Alto, a una audiencia de conciliación conjuntamente el GAM de El Alto, en la cual se expuso ampliamente cómo la institución las forzó a trabajos muy discriminativos para personas de tercera edad; 3) La Jefa Regional del Ministerio de Trabajo emitió la Conminatoria de 17 de marzo de 2021 ordenando al GAM de El Alto la reincorporación de las ahora accionantes, con el mismo nivel salarial y al mismo puesto de trabajo; 4) “…a partir del conocimiento de la notificación de la conminatoria al GAMEA, el representante que no ha asistido a la audiencia de conciliación y habiendo escuchado todos los argumentos plantea una complementación y enmienda fuera de procedimiento administrativo, ni siquiera se encuentra previsto en la ley 2341, pero a partir de esta evasión a la conminatoria cuando únicamente podía impugnar en la vía judicial y no habiendo ningún recurso ulterior a la conminatoria, dicho extremo plantea además un complementación y enmienda, la misma que fue recepcionado por la Encargada del Ministerio de Trabajo y emite un auto complementario de fecha 12 de abril de 2021 y en su parte dispositiva dice, se rechaza la aclaración y complementación toda vez que no existe algún recurso ulterior a la norma, no debe suspender en el cumplimiento de la conminatoria, pero después, a pesar de esta aclaraciones que hace el Ministerio de Trabajo en base a esta resolución ministerial 868 vuelve el GAMEA a través de su representante legal a evadir nuevamente a la conminatoria planteando recurso de revocatoria nuevamente fuera de plazo” (sic); 5) La Jefa Regional de El Alto contrariamente a lo dispuesto en la conminatoria, así como el auto de complementación, emitió la Resolución Administrativa 006/2021 de 13 de mayo de 2021, en la cual extrañamente refiere que la entidad edil habría iniciado procesos sumarios internos a los funcionarios públicos, lo que se extrañaba, revocando totalmente la conminatoria de reincorporación; 6) El informe con el cual se motivó el proceso sumario, tiene poca objetividad, toda vez que refiere informes compulsados por la unidad del matadero municipal, donde supuestamente las ahora impetrantes de tutela no hubieran asistido, no existiendo certeza al respecto, además no se valoró que son personas de la tercera edad, que su trabajo comenzaba a las 5:30 de la mañana con una hora de descanso, y la situación de salud del matadero municipal; y, 7) Solicitaron “el cumplimiento inmediato de la conminatoria del reincorporación emanada por la Jefatura Regional del Ministerio de Trabajo toda vez de que existe recurso ulterior para poder cumplir este mandato emitido por la Jefatura ya referida y (…) la reincorporación con el mismo nivel salarial y en sus mismos puestos de trabajo” (sic). Ante la pregunta efectuada al abogado de la parte peticionante de tutela por el Vocal Presidente de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, sobre cuál era su petitorio de manera concreta y qué acto o qué omisión es ilegal o indebido en criterio de sus patrocinadas; el referido defensor refirió que: “…voy a realizar una complementación a la presente acción de amparo constitucional, bajo este razonamiento evidentemente existen cambios en la parte petitoria, que evidentemente también ingresan las resoluciones de las autoridades sumariantes, ya que los mismos han sido considerados en la primera acción de amparo constitucional, pero a partir de la determinación en la parte dispositiva de la resolución 020/21, ha llevado a que mi persona y los accionantes, asistamos a una audiencia de conciliación del Ministerio de Trabajo, a partir de este extremo y a partir de la presente acción de amparo constitucional la petición concreta es el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emanada por la Jefatura” (sic).
Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante memorial presentado el 29 de julio de 2021, cursante a fs. 299 vta., y en audiencia a través de sus representantes legales solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestó que: i) El art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; en el presente caso, la parte accionante señala que la firma de la Resolución DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre vulneró su derecho, acto que fue hace más de 6 meses; ii) Por otra parte, el 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia de amparo constitucional interpuesto por las ahora impetrantes de tutela, bajo los mismos argumentos que mereció la emisión de la Resolución 020/2021 denegando la tutela; iii) El abogado de la parte peticionante de tutela mencionó que no existe la Resolución 020/2021 emitida por su despacho como consecuencia de una acción de amparo constitucional interpuesta por las ahora accionantes, pretendiendo presentar una nueva acción de defensa constitucional sobre los mismos elementos; iv) Como consecuencia de la emisión de una conminatoria, se planteó el recurso de revocatoria en mérito a lo establecido en el art. 64 y 65 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002 -Ley de Procedimiento Administrativo-, asimismo se solicitó aclaración y complementación a la resolución de conminatoria. La autoridad laboral emitió la resolución por la que dejó sin efecto la conminatoria de reincorporación; v) Las ahora impetrantes de tutela, fueron alejadas de sus cargos a consecuencia de un proceso sumario que tiene la calidad de cosa juzgada, elementos que fueron homologados por la autoridad laboral; vi) En el caso de autos no se tiene una reincorporación, toda vez que la misma quedó sin efecto mediante la Resolución Administrativa JRDA/DMM/0006/2021; vii) Dentro de lo referido por las peticionante de tutela, se estableció una serie de elementos en los que no se puede entender o establecer cuál es su petición, ya que refieren que fueron despedidas injustificadamente, y a su vez aluden a una serie de situaciones como el haber dejado sin efecto una conminatoria de reincorporación; viii) En el mismo memorial de amparo refieren respecto al principio de inmediatez la resolución que revoca la conminatoria de reincorporación. En cuanto a la subsidiariedad hacen referencia que aún falta por presentar un recurso jerárquico, pero a su vez también establecen que el GAM de El Alto hubiera efectuado una serie de actos que vulnerarían los derechos de las ahora accionantes, contradicciones que hacen ver que no existe un fundamento coherente; y, ix) Solicita se deniegue la tutela solicitada, debido a que existe una falta de lealtad procesal, y sea con costas. Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 28 de julio de 2021, cursante de fs. 179 a 185, a través de sus representantes legales solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) La Dirección de Servicios Municipales e Iniciativas Económicas a la que pertenecían las impetrantes de tutela, emitió el Informe CITE: DSMIE/MMLA 008/19 de 20 de marzo de 2019, juntamente el detalle de asistencia denunciando irregularidades en la labor funcionaria de las nombradas, es así qué la Dirección de Talento Humano a través de la Unidad de Asesoría Legal emitió el Informe GAMEA/DTH/UAL/YAVC/100/19 de 10 de abril, que dispuso la remisión de antecedentes ante la Autoridad Sumariante para el inicio de Proceso Sumario y determine la responsabilidad de las nombradas, todo de conformidad al Reglamento Interno y en respeto a la garantía del debido proceso; b) La finalización del proceso sumario instaurado, fue comunicado a la Dirección de Talento Humano por la autoridad sumariante mediante nota GAMEA/AUT-SUM/0419/20 de fecha 23 de octubre de 2020, a la que se adjuntan las resoluciones finales de procesos administrativos internos, resoluciones de recurso de revocatoria, resoluciones jerárquicas y autos de ejecutoria para su cumplimiento, por las cuales se impuso la sanción administrativa de destitución del cargo. Por lo que conforme estos antecedentes, al presente en ambos casos se cuenta con procesos sumarios concluidos en todas sus instancias y con declaratorias de ejecutoria, en cumplimiento de lo cual la Dirección de Talento Humano emitió los memorándums de destitución por proceso sumario CITE: DTH-MRBC/SUM/0116/2020 y CITE: DTH- MRBC/SUM/0117/2020, ambos de 6 de noviembre de 2020; c) La actuación de la Dirección de Talento Humano, se circunscribió únicamente a operativizar la emisión de los memorándums solicitados de conformidad a las funciones y atribuciones que le confiere el Manual de Organización y Funciones, que dispone que a la Dirección de Talento Humano le corresponde "emitir, suscribir memorándums de nombramiento, designación, retiro, agradecimiento de servicios, reasignación de funciones, llamadas de atención, sanciones y otros relativos a la administración y manejo de personal del Órgano Ejecutivo del GAMEA", habiéndose dado aplicación a dicha normativa en mérito a la nota remitida por la Autoridad Sumariante, lo cual no constituye un acto ejecutado de manera unilateral o a iniciativa propia de la citada Dirección; d) Las peticionante de tutela presentaron una nota a través del Sindicato al cual se encuentran afiliadas, buscando la anulación de los memorándums de destitución, solicitud que fue rechazada mediante Informe GAMEA/DTH/UAL/AJTJ/082/20 de 19 de noviembre de 2020; sin embargo, ante este actuado administrativo no interpusieron ningún recurso de impugnación a efectos de agotar la vía administrativa, demostrando su conformidad; por lo cual, no se tiene por agotada la vía administrativa, que constituye incumplimiento por el principio de subsidiaridad; e) Las accionantes interpusieron una acción de amparo constitucional con el mismo objeto, que concluyó con la Resolución 020/2021 de 17 de febrero de 2021 que denegó la tutela solicitada, resultando un contrasentido intentar nuevamente una acción constitucional con variación únicamente en adherir a una autoridad demandada más, sin tener un enfoque diferente y sin esperar el resultado de la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional; f) Las impetrantes de tutela señalaron el Auto 006/2021 de 13 de mayo, emitido por la Jefatura Regional del Ministerio de Trabajo El Alto, lo cual desmarca cualquier nexo con actuaciones que habría realizado el GAM de El Alto; g) La Resolución 020/2021 no dispuso en su parte dispositiva que las peticionante de tutela deban acudir al Ministerio de Trabajo a efecto de hacer valer sus reclamos, siendo únicamente una parte del análisis y no una disposición del amparo constitucional para su cumplimiento, toda vez que la tutela fue denegada; h) Las accionantes señalaron que no existe la figura de aclaración y complementación. Al respecto el art. 36 del Reglamento de Ley 2341, establece claramente la figura de aclaración y complementación de los actos administrativos, la cual faculta a los administrados a presentar la solicitud de aclaración y complementación contra un acto administrativo; i) Sobre las supuestas irregularidades de los procesos sumarios internos y la Ley 321, al respecto se informa que la desvinculación de las impetrantes de tutela fue debido a la instauración de procesos sumarios, en los cuales han tenido participación activa en el desarrollo de los procesos ejerciendo su defensa, llegando incluso a interponer recurso jerárquico; j) Sobre el nexo causal de derechos y garantías vulneradas, señalaron que éstos son los memorándums de destitución, siendo que en un principio mencionaron que el acto vulneratorio es el Auto 006/2021 emitido por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto existe imprecisión, al igual que la identificación de los derechos y garantías vulneradas; k) El DS 28699, la Resolución Ministerial 868/10 y la jurisprudencia constitucional aplicable, señalan que debe acudirse a la Acción de Amparo Constitucional, cuando el trabajador obtuvo una resolución favorable en el Ministerio de Trabajo y esta no estaría siendo cumplida por el empleador; en el caso presente las peticionante de tutela obtuvieron un rechazo a la denuncia, y el GAM de El Alto no se encuentra obligado a ningún cumplimiento; l) El petitorio no señala qué correspondería a cada autoridad tanto como vulneración como cumplimiento; m) Las accionantes señalaron que los actos vulneratorios, serían las notificaciones con los memorándums de destitución y ya no la emisión de los mismos, también mencionaron la firma de la Resolución DAM/SUM/10/2020, como un nuevo acto vulneratorio no mencionado en el memorial principal, y finalmente el Auto 006/2021 emitido por el Ministerio de Trabajo, de lo cual se establece, que si bien se identifica estos actos, los mismos no guardan un orden de prelación para ser considerados como tales; n) Si bien las impetrantes de tutela señalaron haber cumplido con el requisito de subsidiariedad, habiendo acudido al Ministerio de Trabajo, esta Cartera de Estado rechazó la denuncia presentada mediante Auto 006/2021, acto contra el cual no presentaron los recursos de impugnación correspondientes, demostrando su conformidad con esa determinación, pretendiendo de forma subjetiva y forzada dar por concluida la instancia administrativa, por lo tanto, no existiendo una conminatoria a favor de las peticionantes de tutela que haya sido incumplida, no abre la competencia de la jurisdicción constitucional; o) Las accionantes identificaron en el caso del GAM de El Alto, que el acto vulneratorio es la emisión y notificación de los memorándums de destitución, que tienen fecha de 6 de noviembre de 2020, de lo que se establece que desde su emisión hasta la interposición de la acción de amparo constitucional transcurrieron más de seis meses, lo que hace que la presente acción sea totalmente improcedente; p) El objeto de la presente acción es muy difuso; y, q) La Dirección de Talento Humano únicamente dio cumplimiento a la emisión de los memorándums de destitución como consecuencia de los procesos llevados adelante. Mirna Victoria Huanca Méndez, Jefa Regional de Trabajo de El Alto a.i. del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, mediante informe escrito presentado el 29 de julio de 2021, cursante de fs. 313 a 315, manifestó que: 1) El 19 de febrero de 2021 se presentaron en instalaciones de la Jefatura Regional de Trabajo El Alto las trabajadoras María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque solicitando su reincorporación en contra de Soledad Chapeton Tancara en su condición de Alcaldesa del GAM de El Alto; 2) Señalada la audiencia para el 26 de febrero de 2021, se hicieron presentes las denunciantes y el representante de la demandada, emitiéndose la CONMINATORIA MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005-2021 de 17 de marzo, disponiendo conminar al GAM de El Alto representado por Carmen Soledad Chapetón Tancara a la reincorporación de las ahora impetrantes de tutela, ambas a la Unidad de Administración de Servicios Municipales, con el mismo nivel salarial, debiendo pagarse sueldos devengados hasta el día de su reincorporación dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles a partir de su legal notificación con la resolución, siendo notificadas las partes el 29 de igual mes y año; 3) El 5 de abril de 2021, el GAM de El Alto presentó ante la Jefatura Regional de Trabajo, aclaración y complementación a la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005-2021 de 17 de marzo, mismo que fue resuelto a través del Auto JRTEA-VMML-006/2021 de 12 de abril, declarándose la improcedencia de la misma; 4) El 15 de abril de 2021, el GAM de El Alto presentó ante Jefatura Regional de Trabajo un recurso de revocatoria a la Conminatoria MTEPS-VMTEPS- J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005-2021 de 17 de marzo, que fue resuelto por Resolución Administrativa JRTEA-VMML- 006/2021 de 13 de mayo, que revocó totalmente dicha Conminatoria; y, 5) La Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, se ratificó en revocar totalmente la Conminatoria MTEPS-VMTEPS- J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005-2021, sin perjuicio que las partes puedan acudir a las instancias llamadas por ley.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 102/2021 de 2 de agosto, cursante de fs. 325 a 329, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Las peticionante de tutela de manera confusa solicitaron que se dé cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral; sin embargo, omitieron considerar que mediante Resolución Administrativa 006/2021 se dejó sin efecto dicha conminatoria, por lo que, no se advierte que la autoridad demandada con el incumplimiento de la conminatoria que de manera posterior fue dejada sin efecto a mérito de un recurso de orden administrativo, hubiese generado alguna afectación de derechos y/o garantías fundamentales, concurriendo para la presente petición de tutela la substracción del objeto procesal; ii) Respecto al proceso administrativo interno instaurado en contra de las ahora accionantes, conforme al Decreto de 30 de septiembre del 2020, fueron notificadas el 25 de igual mes y año con la Resolución del Recurso Jerárquico 10/2020 de 22 de septiembre, en consecuencia, desde el 25 de citado mes y año, hasta la presentación de acción de amparo constitucional que data del 1 de Julio de 2021, se concluye que las señaladas impetrantes de tutela no observaron el principio de inmediatez; y, iii) En relación a la Jefatura Regional de Trabajo de la ciudad de El Alto, la petición postulada decanta en el hecho de que esta decisión de esta unidad administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con la emisión de la Resolución 006/2021 de 13 de mayo del 2021 hubiese revocado de manera ilegal la Conminatoria 005/2021 y entienden las peticionante de tutela que este acto también vulneró sus derechos y garantías fundamentales; sin embargo, conforme al diseño establecido en la Ley 2341, las citadas accionantes tras ser notificadas con la Resolución Administrativa 006/2021, se encontraban facultadas y/o habilitadas de interponer el Recurso Jerárquico, que conforme así anunciaron en su acción de amparo constitucional fue interpuesto y debe estar en trámite ante la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, de donde emerge la inobservancia del principio de subsidiariedad, por lo que no corresponde acoger la tutela solicitada. En vía de complementación, aclaración y enmienda, las impetrantes de tutela, a través de su abogado refirieron que: a) Cuál sería la interpretación del art. 2 parágrafo I de la Resolución Ministerial 868/2010; b) Quién tendría que plantear un Recurso Jerárquico; y, c) Sobre el principio de inmediatez, en este caso la acción de amparo constitucional se motivó en el último acto administrativo que es la resolución que revocó la Conminatoria, consecuentemente las peticionantes de tutela estarían dentro del plazo de los seis meses a partir de este Auto Administrativo A lo cual la Sala Constitucional, mantuvo su decisión desestimando el pedido de complementación, bajo los siguientes argumentos: 1) En relación al primer cuestionamiento, indicó que para el 2 de agosto 2021, en cuanto a la petición del cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral existió sustracción del objeto procesal; en consecuencia, no se puede obligar al Municipio de El Alto a dar cumplimiento a una conminatoria que fue revocada a mérito de la Resolución Administrativa 006/2020; 2) En relación al segundo problema, todo lo vinculado al proceso administrativo interno no puede ser objeto de análisis, porque el último acto con el que se notificó a la parte accionante, fue en septiembre del 2020 con la Resolución Ejecutiva dictada por la máxima autoridad ejecutiva del Municipio Alteño, y desde el 25 de septiembre hasta el 1 de Julio de 2021 que fue activada esta acción de tutela, emergió el principio de inmediatez; y, 3) En relación al tercer acápite, en el marco de la Ley 2341, las involucradas en el trámite de reincorporación laboral son las denunciantes, a quienes les asistía la legitimación para plantear el recurso jerárquico.
Por Decreto Constitucional de 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 339, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de marzo de 2023 (fs. 360); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Memorándum DRH/1274/02 de 9 de septiembre de 2002, por el cual José Luis Paredes Muñoz, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, designó a María Lucana “Quispe” (sic) en el cargo administrativo II, con el ítem 54310 como Obrera de la Unidad de Matadero Municipal dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Económico (fs. 30). II.2. Consta Memorándum DGCH/1132/07 de 14 de febrero de 2007, por el cual Fanor Nava Santiesteban, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo de El Alto del departamento de La Paz, designó a Agustina Ramírez Ninachoque para desempeñar funciones en el Matadero Municipal dependiente de la Dirección de Promoción Agropecuaria (fs. 33). II.3. Se evidencia Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. Nº 55/19 de 7 de mayo de 2019, que señala:
“Disponer el INICIO DE PROCESO SUMARIO INTERNO ADMINISTRATIVO, contra las ex y/o Servidoras Públicas: MARIA LUCANA de QUISPE, AGUSTINA RAMIREZ NINACHOQUE, ante la presunta contravención de las siguientes disposiciones administrativas: Constitución Política del Estado, Artículo 232, Artículo 235 numeral: 1, 2 y 4. - Ley N° 1178 (SAFCO), Artículo 28 Inc. a) y Inc. b), Artículo 29. - Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público, Art. 8 Inc. a) y Inc. b), Art. 12, Art. 16. -Decreto Supremo N° 23318- A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, Art. 3 parágrafos: I y II Inc. a), Art. 5 Inc. a), Art. 13, Art. 15. - El Reglamento Interno Vigente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Art. 28,104 Inc. a), Inc. c), Inc. d), Inc. f), y Inc. g), Art. 105, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 125, Art. 129 Inc. b), Art. 130 Inc. b), Art. 131 Inc. f), Art. 145.” (sic [fs. 349 a 353]).
GAMEA/SUM/80/19 de 11 de julio de 2019 emitido por Sarandy Encinas Fernández, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, determinó declarar la existencia de responsabilidad administrativa de María Lucana Quispe y Agustina Ramírez Ninachoque “por acción y omisión de sus específicas funciones” (sic) ante la vulneración de lo previsto en los arts. 232 y 235 1, 2 y 4 de la CPE; 28 incs. a) y b) de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG); 8 incs. a) y b), 12 y 16 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 3.I y II. inc. a), 5 inc. a), 13 y 15 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y, 28, 104 incs. a), c), d), f), y g), 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 129 inc. b), 130 inc. b), 131 inc. f); y, 145 del Reglamento Interno del mencionado Municipio. Correspondiendo en sujeción del art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, la imposición de sanción administrativa de destitución (fs. 53 a 61). II.5. Se observan recursos revocatorios presentados el 5 de septiembre de 2019, interpuestos por Agustina Ramírez Ninachoque y María Lucana Arismendi respectivamente, contra la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/80/19 de 11 de julio de 2019, en cuyo mérito solicitaron que se deje sin efecto la misma y se archive obrados “por la notificación fuera de plazo y no adecuarse al debido proceso y por la flagrante violación a la Ley” (sic [fs. 80 a 82 vta.]).
GAMEA/SUM 35/19 de 21 de octubre de 2019, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, ratificó íntegramente la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM 80/19 de 11 de julio de 2019, manteniendo firme y subsistente la declaración de existencia de responsabilidad administrativa de las sumariadas, por sus acciones y omisiones cometidas como servidoras públicas municipales. (fs. 47 a 52). II.7. A través de Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, Carmen Soledad Chapeton Tancara, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, confirmó en su integridad la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 35/19 de 21 de octubre de 2019, al estar la sanción enmarcada en lo previsto en el art. 29 de la Ley 1178 (fs. 38 a 46); dicha determinación fue ejecutoriada mediante proveído de 30 de septiembre de 2020 que señala lo siguiente:
Conforme a los datos del presente proceso administrativo, consta la diligencia de fecha 25 de septiembre de 2020, mediante la cual fue notificada legalmente las ciudadanas MARÍA LUCANA ARISMENDI con C.I. 2300489 L.P. y AGUSTINA RAMIREZ NINACHOQUE con C.I. 436435 L.P. con la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 10/2020 de 22 de septiembre de 2020
Se DECLARA LA EJECUTORIA de la Resolución de Recurso Jerárquico, debiéndose remitir obrados ante la instancia de origen para el cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Resolución (sic [fs. 37]). II.8. Conforme Nota GAMEA/AUT-SUM/0419/20 de 23 de octubre de 2020, emitida por Sarandy Encinas Fernández, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, dirigida a Fiorela Quispe Chambi, Directora de Talento Humano de la misma entidad, por la que remite resolución ejecutoriada, señalando lo siguiente:
“En atención al ARTÍCULO QUINTO de la RESOLUCION FINAL GAMEA/ SUM/N0 80/19 de fecha 11 de Julio de 2019, RESOLUCION RECURSO DE REVOCATORIA GAMEA/ SUM/N0 35/19 de fecha 21 de octubre de 2019, RESOLUCION RECURSO DE JERARQUICO DAM/ SUM/N0 10/20 de fecha 22 de septiembre de 2020, y Auto de EJECUTORIA, remito a su autoridad en fotostática debidamente legalizada de la mencionada resolución, con referencia al proceso sumario interno (Expediente Administrativo Nº 55/19) en contra del ex y/o funcionario (s) RICARDO JIMENEZ FLORES,MARIA LUCANA DE QUISPE Y AGUSTINA RAMIREZ NINACHOQUE, habiéndose ejecutoriada para los sumariados MARIA LUCANA DE QUISPE Y AGUSTINA RAMIREZ NINACHOQUE, ya que los mismos presentaron Recurso de Revocatoria y Recurso Jerárquico, para su atención de la mencionada resolución debiendo remitir copia del memorándum de sanción de las sumariadas MARIA LUCANA DE QUISPE Y AGUSTINA RAMIREZ NINACHOQUE, en el plazo de 48 horas.“ (sic [fs. 36]).
noviembre a través del cual Fiorela Quispe Chambi, entonces Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, comunicó a María Lucana Arismendi su destitución por proceso sumario bajo los siguientes términos:
“En estricto cumplimiento a RESOLUCION FINAL DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INTERNO GAMEA/SUM.Nº 80/19 de fecha 11 de julio de 2019 ratificada por RESOLUCION SUMARIAL DE RECURSO DE REVOCATORIA ADMINISTRATIVA GAMEA/SUM Nro 35/19 de fecha 21 de octubre de 2019 y confirmada por DAM/SUM/Nº 10/2020 de fecha de 22 de septiembre de 2020, ejecutoriada mediante AUTO de fecha 30 de septiembre de 2020, contra MARIA LUCANA DE QUISPE, por acción y omisión de sus especificas funciones al haberse demostrado la vulneración de las siguientes normas administrativas: Constitución Política del Estado: Art. 232, Art. 235 numerales 1, 2, 4-----Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamentales, Art. 28 inc. a), b), Art. 29-----Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público Art. 8 inc. a), b), Art. 12, Art. 16-----Decreto Supremo Nº 23318-A Art. 3 parágrafo l y II inc. a), Art. 5 inc. a), Art. 13, Art. 15-----Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto: Art. 28, Art. 104 inc. a), c), d), f) g) Art 105, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 125, Art. 129 inc. b), Art 130 inc. b), Art. 131 inc. f), Art. 145. Correspondiendo en estricta sujeción del Artículo 29 de la Ley Nº 1178, la imposición de la SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE DESTITUCIÓN DEL CARGO” (sic [fs. 31]).
noviembre a través del cual Fiorela Quispe Chambi entonces Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, comunicó a Agustina Ramírez Ninachoque su destitución por proceso sumario bajo los siguientes términos:
“En estricto cumplimiento a RESOLUCIÓN FINAL DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INTERNO GAMEA/SUM.Nº 80/19 de fecha 11 de julio de 2019 ratificada por RESOLUCIÓN SUMARIAL DE RECURSO DE REVOCATORIA ADMINISTRATIVA GAMEA/SUM Nro 35/19 de fecha 21 de octubre de 2019 y confirmada por DAM/SUM/Nº 10/2020 de fecha de 22 de septiembre de 2020, ejecutoriada mediante AUTO de fecha 30 de septiembre de 2020, contra AGUSTINA RAMÍREZ NINACHOQUE, por acción y omisión de sus especificas funciones al haberse demostrado la vulneración de las siguientes normas administrativas: Constitución Política del Estado: Art. 232, Art. 235 numerales 1, 2, 4-----Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamentales, Art. 28 inc. a), b), Art. 29-----Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público Art. 8 inc. a), b), Art. 12, Art. 16-----Decreto Supremo Nº 23318-A Art. 3 parágrafo l y II inc. a), Art. 5 inc. a), Art. 13, Art. 15-----Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto: Art. 28, Art. 104 inc. a), c), d), f) g) Art 105, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 125, Art. 129 inc. b), Art 130 inc. b), Art. 131 inc. f), Art. 145. Correspondiendo en estricta sujeción del Artículo 29 de la Ley Nº 1178, la imposición de la SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE DESTITUCIÓN DEL CARGO” (sic [fs. 34]).
J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo, emitida por Vivian M. Mayta Limachi, Jefe Regional de Trabajo de El Alto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; se conminó al GAM de El Alto, representado por Carmen Soledad Chapetón Tancara, a la reincorporación laboral de María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque a la Unidad de Administración de Servicios Municipales, con el mismo nivel salarial, debiendo pagar sueldos devengados hasta el día de su reincorporación, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su legal notificación (fs. 13 a 16). II.12. A través de Memorial presentado el 5 de abril de 2021, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por medio de su apoderado legal, solicitó aclaración y complementación de la Conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo (fs. 17 a 18), que fue rechazada por Auto J.R.T.E.A.-VMML-006/2021 de 12 de abril, emitido por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto (fs. 19 y vta.). II.13. Se evidencia Memorial presentado el 15 de abril de 2021 por el que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto interpuso Recurso de Revocatoria contra la conminatoria de reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo (fs. 20 a 24), que fue resuelto por Resolución Administrativa JRTA/VMML/006/2021 de 13 de mayo, por la cual, la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto revocó totalmente dicha conminatoria (fs. 20 a 27 vta.). II.14. Conforme CITE: MTEPS-JDT LP-JRTA-MVHM-0372-CAR/21 de 14 de junio, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, a solicitud de María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque, informó que:
“En atención a la nota signada con Hoja de Ruta Externa 2021-23308 a través del cual refirió: “Pide Certificación de la existencia o no de RECURSO JERÁRQUICO”, al respecto debo informarle que la Jefatura Regional de Trabajo El Alto no tiene conocimiento de la interposición de Recurso Jerárquico a la conminatoria MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./ CONMIN/005/2021.” (sic [fs. 29]).
Las impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, desempeñaban sus actividades laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sin embargo el 11 de noviembre se inició un proceso sumario interno en su contra por incumplimiento de jornada laboral, que concluyó con la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, proceso en el que no se consideró sus descargos, emitiéndose los memorándums DTH - MRBC/SUM/0116/2020; y, DTH -MRBC/SUM/0117/2020, por los que se procedió a su destitución; es así que, acudieron ante la Jefatura Departamental del Trabajo de El Alto, denunciando su desvinculación ilegal. En consecuencia dicha entidad emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS - VMTEPS -J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021, empero, el GAM de El Alto, fuera de plazo presentó recurso revocatorio, por lo cual se revocó totalmente dicha conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; ii) Sobre el principio de inmediatez; y, iii) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; asimismo, en su art. 129.I, señala:
La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras).
Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas y el subrayado son nuestros). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
Las impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, desempeñaban sus actividades laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sin embargo el 11 de noviembre se inició un proceso sumario interno en su contra por incumplimiento de jornada laboral, que concluyó con la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, proceso en el que no se consideró sus descargos, emitiéndose los memorándums DTH - MRBC/SUM/0116/2020; y, DTH - MRBC/SUM/0117/2020, por los que se procedió a su destitución; es así que, acudieron ante la Jefatura Departamental del Trabajo de El Alto, denunciando su desvinculación ilegal. En consecuencia dicha entidad emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS - VMTEPS -J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021, empero, el GAM de El Alto, fuera de plazo presentó recurso revocatorio, por lo cual se revocó totalmente dicha conminatoria. De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que las ahora peticionantes de tutela María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque, desempeñaban funciones en el GAM de El Alto, en mérito a los Memorándums de designación DRH/1274/02 de 9 de septiembre de 2002 y DGCH/1132/07 de 14 de febrero de 2007 (Conclusiones II.1 y II.2), sin embargo como consecuencia de la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. 55/19 de 7 de mayo de 2019, se les inició un Proceso Sumario Interno Administrativo, que derivó en la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/80/19 de 11 de julio de 2019, por la que se les impuso la sanción administrativa de destitución; ante la cual interpusieron recursos de revocatoria el 5 de septiembre de 2019, los cuales fueron resueltos por la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 35/19 de 21 de octubre de 2019, que mantuvo firme y subsistente la declaración de existencia de responsabilidad administrativa de las sumariadas por sus acciones y omisiones cometidas como servidoras públicas municipales; que posteriormente fue confirmada a través de la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, determinación ejecutoriada mediante proveído de 30 de septiembre de 2020; antecedentes que fueron remitidos a la Dirección de Talento Humano del GAM de El Alto, mediante Nota GAMEA/AUT-SUM/0419/20 de 23 de octubre de 2020, a fin de que se remita copia del memorándum de sanción a las sumariadas; en consecuencia, mediante dicha Dirección, se procedió a emitir los Memorándums CITE: DTH-MRBC/SUM/0116/2020 y CITE: DTH-MRBC/SUM/0117/2020 ambos de 6 de noviembre (Conclusiones II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9 y II.10). Posteriormente la Jefatura Regional de Trabajo El Alto emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS - VMTEPS -J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo, conminando al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que proceda a la reincorporación laboral de María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque, con el mismo nivel salarial, debiendo pagar sueldos devengados hasta el día de su reincorporación dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su legal notificación (Conclusión II.11); de la cual, el citado municipio, solicitó aclaración y complementación, que fue rechazada por Auto J.R.T.E.A.-VMML-006/2021 de 12 de abril (Conclusión II.12); de otra parte, el GAM de El Alto, interpuso el Recurso de Revocatoria, resuelto por Resolución Administrativa JRTA/VMML/006/2021 de 13 de mayo, por el que la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, revocó totalmente dicha conminatoria (Conclusión II.13); resolución ante la cual no se interpuso recurso jerárquico alguno (Conclusión II.14).
Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, es preciso aclarar previamente, que en audiencia de la presente acción tutelar, ante la pregunta efectuada al abogado de la parte accionante, por el Vocal Presidente de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, sobre cuál era su petitorio de manera concreta y cuál es el acto u omisión ilegal o indebido en criterio de sus patrocinadas, el defensor de las referidas señaló que la petición concreta estaba relacionada al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emanada por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto; en consecuencia, siendo que el reclamo formulado por la parte impetrante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo; así como la emisión de los memorándums de destitución emergentes del sumario administrativo interno que concluyo con la emisión de la Resolución Jerárquica DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre; en consecuencia, corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración a los derechos demandados por la parte peticionante de tutela.
En ese sentido, se ingresará al análisis respecto a la Alcaldesa y el Director de la Dirección de Talento Humano, ambos del GAM de El Alto del departamento de La Paz; y, la Jefa Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz.
Conforme a la Conclusión II.7 de esta Resolución Constitucional, se tiene la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, emitida por Carmen Soledad Chapeton Tancara, entonces Alcaldesa del GAM de El Alto, que confirmó en su integridad la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 35/19 de 21 de octubre de 2019, al estar la sanción enmarcada en lo previsto en el art. 29 de la Ley 1178, fue notificada a las ahora accionantes el 25 de septiembre de 2020 y ejecutoriada por proveído de 30 de septiembre de 2020; por lo que, el cuestionamiento a dicha determinación para el cómputo del plazo de presentación de la presente acción de amparo constitucional, se debe realizar desde la fecha de ejecutoria de la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, y que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que:
… la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa
Por lo que aplicando dicho razonamiento, se tiene denunciado como acto lesivo el acto administrativo materializado en la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/SUM/10/2020 de 22 de septiembre, ejecutoriada por proveído de 30 de septiembre de 2020; y, computando los seis meses en los cuales debe interponerse la presente acción de defensa, se tiene que el plazo fenecía el 30 de marzo de 2021 tiempo en que las impetrantes de tutela tenían la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar su tutela; empero, se tiene que la presente acción de defensa fue interpuesta el 1 de julio de 2021, resultando por ende extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona, por cuanto de manera expresa las peticionante de tutela reconocieron en el petitorio de su acción tutelar, que el acto que impugnan son los memorándums de destitución, extremo que mantiene inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, puesto que la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 1 de julio de 2021; por lo que, esta instancia constitucional no puede salvar su desidia o negligencia con la interposición de la presente acción de amparo constitucional denunciando la lesión de sus derechos fundamentales por parte de la entidad demandada, puesto que dejó pasar el término para interponer la presente acción de defensa, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez para la interposición de la presente acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada, por el vencimiento del término de la inmediatez.
Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz
Conforme a las Conclusiones II.9 y II.10 de esta Resolución Constitucional, se tiene los memorándums con CITE: DTH-MRBC/SUM/0116/2020 y DTH- MRBC/SUM/0117/2020, ambos de 6 de noviembre, por los que la entonces Directora de Talento Humano del GAM de El Alto, comunicó a María Lucana Arismendi y Agustina Ramírez Ninachoque respectivamente, su destitución por proceso sumario, cuya notificación conforme se desprende del memorial de la presente acción tutelar, se efectuó a ambas accionantes, el 11 de noviembre de 2020; por lo que, el cómputo del plazo de presentación de la acción de amparo constitucional se realizará desde dicha fecha, y que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que:
… la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa
Por lo que aplicando dicho razonamiento, se tiene denunciado como acto lesivo el acto administrativo materializado en los memorándums con CITE: DTH-MRBC/SUM/0116/2020 y DTH- MRBC/SUM/0117/2020, ambos de 6 de noviembre, notificados el 11 de noviembre de 2020, conforme lo aseveraron las propias impetrantes de tutela a momento de interponer la presente acción de amparo constitucional; y computando los seis meses en los cuales debe formularse la presente acción de defensa, se tiene que el plazo fenecía el 11 de mayo de 2021 tiempo en que las peticionantes de tutela tenían la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar su tutela; empero, se tiene que la presente acción tutelar fue interpuesta el 1 de julio de 2021, resultando por ende extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona, por cuanto de manera expresa las accionantes reconocieron en el petitorio de su acción tutelar, que el acto que impugnan son los memorándums de destitución, extremo que mantiene inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; por lo que, esta instancia constitucional no puede salvar su desidia o negligencia con la interposición de la presente acción de amparo constitucional, denunciando la lesión de sus derechos fundamentales por parte de la entidad demandada, puesto que dejó pasar el término para interponer la presente acción de defensa, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez para la interposición de la presente acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada por el vencimiento del término de la inmediatez.
Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, es preciso aclarar previamente, que en audiencia de la presente acción tutelar, ante la pregunta efectuada al abogado de la parte impetrante de tutela por el Vocal Presidente de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, sobre cuál era su petitorio de manera concreta y cuál es el acto u omisión ilegal o indebido en criterio de sus patrocinadas, el abogado de las accionantes refirió que la petición concreta estaba relacionada al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emanada por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto; en consecuencia, siendo que el reclamo formulado por la parte impetrante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo; en consecuencia, corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración a los derechos demandados por la parte peticionante de tutela.
Ahora bien, a efectos de la verificación constitucional de esta denuncia, corresponde previamente remitirnos a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que a través de la Sentencia Constitucional (SC) 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Para ello, se estableció las siguientes reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: a) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: 1) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y 2) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y b) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: 1) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y 2) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución
De los datos del proceso se evidencia que las accionantes interpusieron la acción de amparo constitucional el 1 de julio de 2021, subsanada el 15 del mismo mes y año, alegando en la audiencia de la presente acción tutelar, que el GAM de El Alto, de cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo, dispuesta por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto; empero, de los antecedentes del expediente, se tiene que la entidad edil el 15 de abril de 2021 interpuso el Recurso de Revocatoria contra la citada Conminatoria, por lo que se emitió la Resolución Administrativa JRTA/VMML/006/2021 de 13 de mayo de 2021, que determinó revocar totalmente dicha conminatoria de reincorporación. Asimismo conforme se desprende de la Conclusión II.14 de este fallo constitucional, no se identificó la interposición de ningún recurso jerárquico posterior, toda vez que, fueron las mismas impetrantes de tutela, quienes solicitaron a la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto que se les informe sobre la existencia o no de algún Recurso Jerárquico, al respecto, dicha jefatura mediante CITE: MTEPS-JDT LP-JRTA-MVHM-0372-CAR/21 de 14 de junio, informó que no se tenía conocimiento de la interposición de Recurso Jerárquico alguno.
En vista de lo señalado, las peticionantes de tutela, no agotaron los mecanismos intraprocesales administrativos, ya que al haber sido revocada la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS-J.D.T.L.P./J.R.T.E.A./CONMIN/005/2021 de 17 de marzo, correspondía activar el Recurso Jerárquico, previsto en el art. 66 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.
Lo señalado precedentemente, hace aplicable en el caso de análisis la improcedencia por subsidiariedad de la presente acción de amparo constitucional, al haber incurrido la parte accionante en la subregla primera de improcedencia glosada en la SC 1337/2003–R, toda vez que las accionantes en su oportunidad y en plazo legal no plantearon un recurso o medio de impugnación; por lo que deviene en la imposibilidad de conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2021 de 2 de agosto, cursante de fs. 325 a 329, emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0160_2023-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5ccd09c37e4cfd53bf4b021a91b0ef8502119443cfefc9dbda82242e66f04432
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