Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de mayo de 2024
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 798 a 806, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto del Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, con relación únicamente al derecho a la libertad vinculado al debido proceso, referido al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP. 2° DENEGAR con relación al Auto de Vista 53/2022 y del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del Auto de Vista 52/2022, ambos de 21 de marzo. 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 52/2022 de 29 de abril, debiendo dicha autoridad dictar uno nuevo conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0159/2024-S3 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47993-2022-96-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 07/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 798 a 806, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Esteban Calderón Gutiérrez contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 710 a 717, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a denuncia de Lourdes Melgar Leigue, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, se dispuso su detención preventiva por seis meses, como medida cautelar de carácter personal, por la supuesta concurrencia de los riesgos procesales de probabilidad de autoría art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), facilidades para abandonar el país o permanecer oculto y de ser un peligro efectivo para la sociedad, víctima o el denunciante previstos en el art. 234.2 y 7 del Código Adjetivo Penal, sin sustento alguno, decisión contra la que plantearon apelación incidental su persona y la víctima, quien incluyó la probabilidad de autoría en los delitos de pornografía y corrupción de menores; instancia en la cual, respecto a su recurso el Tribunal de alzada confirmó el Auto Interlocutorio apelado con relación al riesgo procesal de fuga, mediante el Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, restringiendo su derecho a la libertad por la falta de motivación en la decisión, valoración adecuada de la prueba e interpretación y aplicación incorrecta de la norma. Refirió que en la misma fecha, por Auto de Vista 53/2022, relativo a la apelación de la víctima en cuanto a los tipos penales que deberían calificarse a su conducta, se revocó en parte el fallo impugnado, argumentando que “en cuanto al análisis de la concurrencia o no de estos otros dos delitos, esta labor debería realizarse en el juicio oral y no en esta instancia procesal” (sic), en contra posición de las normas procesales que le obligaban a fundamentar y efectuar el ejercicio de subsunción, para determinar si su conducta se adecuaba o no a esos tipos penales, dejándole en indefensión y restricción de su libertad. En el Auto de Vista 52/2022, que resolvió el recurso de apelación que planteó, la Vocal ahora accionada valoró irregularmente su flujo migratorio relacionándolo con la declaración de la menor o supuesta víctima, como si fueran los únicos actuados que probarían su intención de escapar del país, no obstante que en la audiencia presentó su pasaporte y visa para ingresar a Estados Unidos, que se encuentran vencidos, ni tampoco valoró otros actuados procesales, como su presentación espontánea, su declaración, participación en la audiencia de peritaje de vaciado del teléfono de la víctima, asistencia voluntaria a la audiencia de medidas cautelares, aún a sabiendas que se podría determinar su detención preventiva; lo que ocurrió, su colaboración con los actos investigativos, entrega voluntaria de su celular, actos sobre los que la autoridad judicial no se manifestó, vulnerando el debido proceso. De la misma forma, sobre ser un peligro efectivo para la sociedad, la víctima o denunciante contenido en el art. 234.7 del CPP, la demandada “toma” (sic) la declaración de la víctima como sustento de su decisión, cuando no se puede utilizar las pruebas que fundan la probabilidad de autoría del art. 233, como prueba de los riesgos procesales de los arts. 234 y 235, todos del CPP; sin embargo, la Vocal demandada actuando erróneamente, tomó como prueba válida la declaración de la supuesta víctima para sustentar la probabilidad de autoría en su contra, como también para el riesgo del art. 234.2 y 7 del mismo procedimiento, incurriendo en una ilegalidad que vulneró su derecho a la libertad, debido a que si hubiere aplicado la SC 1250/2006-R de 6 de diciembre, dichos riesgos desaparecerían. Asimismo, dio por ciertas las capturas de los chats, cuando se demostró que las mismas fueron manipuladas por el abogado de la supuesta víctima de forma irregular y que hasta hoy no se tiene el resultado de la pericia que aún está en trámite; por lo que, no podían ser valoradas ya que su introducción no cumplió con la inmediación fiscal en su obtención, tanto de cargo como de descargo conforme al art. 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), con relación al art. 172 del CPP, que establecen la legalidad de la prueba, no siendo por ello razonables ni confiables, menos precisas. En lo que respecta al Auto de Vista 53/2022, impugnado también mediante esta acción tutelar, que resolvió la apelación incidental formulada por la víctima sobre la concurrencia o no de los tipos penales de pornografía y corrupción de niño, niña y adolescente, la demandada omitió ejercer el control jurisdiccional del art. 279 del CPP, debido a que el Juez de la causa los desestimó, motivando se plantee el recurso de apelación incidental tanto por su parte como por la víctima; y, en vez de pronunciarse de forma fundamentada analizando si su conducta se subsumía o no a los mismos, concluyó revocando en parte la resolución, ordenando “analizar profundamente la causa concreta” (sic), dejándolo en incertidumbre jurídica y vulnerando el principio de certeza y de seguridad jurídica, sometiéndolo a un indebido proceso que afectó su libertad; puesto que, no tuvo claro cuáles eran los elementos de prueba que subsumían su conducta a los elementos constitutivos de ambos tipos penales; por lo que, mal podría desvirtuarlos en la etapa preparatoria, porque no sabe de qué se va a defender. Es así que, la Vocal –hoy accionada- dejó de lado los argumentos esgrimidos en la audiencia de apelación, como la incongruencia en las declaraciones de la supuesta víctima, quien indicó que las relaciones fueron producto de una relación amorosa y consentida, de igual manera afirmó que la grabación del video fue consensuado y admitido por ella, y en el argumento que atacó la pornografía el hecho de que no tuvo prueba de que el video hubiere sido viralizado por su persona, en consideración a que la propia víctima expresó que “nadie sabe del video”, demostrando de esa forma que su conducta no se subsumía a los tipos penales reclamados por la parte contraria, sin que las haya fundamentado generando su indefensión y restricción de su derecho a la libertad.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) La nulidad de los Autos de Vista 52/2022 y 53/2023, ambos de 21 de marzo; y, b) La Vocal demandada emita nuevos Autos de Vista, siguiendo los lineamientos de la Sentencia Constitucional a ser emitida, tutelando sus derechos y restableciendo su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 792 a 797, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) En el Auto de Vista 53/2023, la Vocal demandada resolvió la apelación formulada por la víctima, incurriendo en contradicción, ya que si bien reconoció que el Ministerio Público debió realizar de manera fundamentada una imputación acorde a derecho, posteriormente indicó que la calificación que efectuó fue provisional y al momento de ingresar al fondo del análisis para verificar si se subsumía o no la conducta del imputado a los tipos penales de pornografía y corrupción de menores, señaló que no era el momento procesal oportuno y que ese análisis debería hacerse en el juicio oral y sin ninguna otra argumentación válida revocó el Auto de Vista impugnado, sin fundamentación alguna; 2) En el caso de autos, con la declaración de la víctima se interpretó la probabilidad de autoría en el delito de violación de niño, niña y adolescente y además los riesgos procesales de fuga, vulnerando el principio de legalidad del art. 233 del CPP; puesto que, no basta con la probabilidad de autoría para detener a una persona sino además que existan elementos de prueba que determinen la existencia de los riesgos procesales de obstaculización; empero, en este caso, en la declaración de la menor se aplicó en primera instancia la probabilidad de autoría y en esa misma prueba los riesgos procesales; 3) Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP, no se efectuó una adecuada valoración, puesto que no se tomó en cuenta que colaboró en la investigación, su presentación espontánea y otras actuaciones que desvirtuaban dicho riesgo, además de que no existió la realización de acto preparatorio de fuga alguno, contrariamente entregó su pasaporte y la visa vencida para Estado Unidos, encontrándose privado de su libertad por un indebido proceso por mala valoración de la prueba, más aún si no tuvo intención de abandonar el país; y, 4) sobre que es un peligro para la víctima y la sociedad no es evidente; sin embargo, lo desvirtuó al presentar certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), que acreditó no tener antecedentes penales con una sentencia ejecutoriada, ni se demostró que amenazó a la víctima; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela y se deje sin efecto los Autos de Vista impugnados, y que la accionada dicte nuevo fallo respetando su derecho a la libertad.
Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 724.
La víctima a través de su abogado en la audiencia virtual, pidió se deniegue la tutela solicitada, expresando para ello que: i) En la audiencia de medidas cautelares solo se determinó la probabilidad de autoría del delito de violación, que fue ratificado por el Auto de Vista en apelación, no así por pornografía y corrupción de menores que es lo que reclamaron. Asimismo, el accionante alegó mala interpretación y aplicación de la norma, sin que señale en qué forma fue mal o erróneamente aplicada y cuál sería el correcto; ii) Los Autos de Vista cuestionados, se encuentran debidamente fundamentados y respondieron a los agravios formulados, especialmente los que expresaron las víctimas respecto a la autoría de los dos ilícitos. De la misma manera, en cuanto al riesgo procesal de facilidad para abandonar el país, las autoridades judiciales actuaron correctamente al determinarlo, además de habérselo manifestado a la menor que lo haría antes de ser detenido preventivamente, como lo manifestó la víctima en su declaración que merece cierta presunción de veracidad; iii) Referente a que es un peligro para la víctima es evidente, conforme el informe policial en el que constan las llamadas telefónicas que efectuó el accionante a la menor a quien la estaba acosando; además que, si la parte imputada consideraba que habían pruebas que no fueron valoradas o incorrectamente ponderadas, tendría que solicitar la exclusión probatoria de las mismas en la etapa preparatoria ante la autoridad jurisdiccional y no a través de esta acción tutelar; iv) El demandante de tutela en su petitorio solicitó una nueva valoración probatoria como también interpretación de la norma; empero, sin señalar cuál sería la interpretación correcta que se debería realizar; es decir, no cumplió con los requisitos que hacen viable ello, y en cuanto a la ponderación de pruebas indicar el apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y, v) La aludida presentación voluntaria del demandante de tutela por sí misma no desvirtuó la aplicación de medidas cautelares. Por otra parte, sobre la entrega de su celular, si lo hizo estaba con clave, por lo que, no pudo ser objeto de pericia, demostrando que no existe voluntad de someterse al proceso.
Javier Pérez Colque, Fiscal de Materia, en audiencia peticionó se deniegue la tutela, arguyendo que: a) Los Autos de Vista 52/2022 y 53/2022, se encuentran debidamente fundamentados, no siendo evidente que la Vocal ahora accionada no hubiere valorado los elementos probatorios, contrariamente actuó correctamente ponderando lo que reclama ahora el accionante sobre su presentación voluntaria, así como los informes psicológicos y las otras actuaciones que alegó; y, b) No es aplicable en este caso la SC 1259/2006-R que señala el demandante de tutela, porque los hechos fácticos son diferentes.
Mediante la Resolución 07/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 798 a 806, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, concedió en parte la tutela impetrada, respecto al Auto de Vista 52/2022, referido al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP, debiendo la autoridad demandada dictar uno nuevo conforme a lo observado y denegó con relación al Auto de Vista 53/2022, con los siguientes fundamentos: 1) Respecto al Auto de Vista 52/2022, del que se impugnó el riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP, el peligro de abandonar el país, la Vocal demandada asumió el mismo en la existencia de un flujo migratorio con anterioridad a la presentación de la denuncia y por el informe psicológico de la víctima, sin referirse sobre los elementos que fueron presentados por el imputado, omitiendo la valoración que debió realizar de los mismos conforme a la conducta o comportamiento del imputado de no someterse al proceso, y no en hechos anteriores, como erróneamente procedió la Vocal demandada; 2) En cuanto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, se debe tener presente el Informe Psicológico de 13 de diciembre de 2021 de la víctima, en el cual relató que la parte procesada la chantajeaba con exhibir videos y fotografías de presuntas relaciones sexuales entre ambas personas, si no le devolvía su perra; además que, se tomó en cuenta la diferencia de edad entre la víctima y el imputado, evidenciándose la concurrencia de este riesgo procesal, y en aplicación de la protección reforzada a la parte que se encuentra en desventaja; no encontrando de esta manera, ser evidente la irracionalidad en cuanto a los fundamentos, motivación y valoración de la prueba realizada por la autoridad jurisdiccional; 3) Con relación al Auto de Vista 53/2022, en el que se determinó la concurrencia de los delitos cuestionados, siendo que el proceso penal en contra del accionante se encuentra en la etapa preparatoria, en la cual la calificación de los delitos son de manera provisional, requiriéndose solo indicios de la probabilidad de autoría, se verificó que la demandada se refirió a los indicios determinando la existencia de los mismos para la concurrencia de dichos ilícitos; lo que, determinó la revocatoria en parte del Auto apelado en cuanto al análisis de la concurrencia o no de esto otros delitos, que merecerán un nuevo análisis y tratamiento, habiendo actuado correctamente la Vocal demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lourdes Melgar Leigue y Rodolfo Alfredo Suárez Ávila, contra José Esteban Calderón Gutiérrez -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de violación de niño, niña y adolescente, pornografía infantil y corrupción de menores, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Beni, por Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2022, dispuso su detención preventiva por cuatro meses, como medida cautelar de carácter personal, al concurrir la probabilidad de autoría en el delito de violación y los riegos procesales de facilidad para abandonar el país y de ser un peligro efectivo para la víctima, previstos en el art. 234.2 y 7 del CPP; y con relación a los ilícitos de corrupción de menor estableció estar absorbido en el de violación y sobre el de pornografía aún no se había configurado, porque los elementos probatorios no lo acreditaron; decisión judicial que fue objeto del recurso de apelación incidental por el imputado y la víctima, en la misma audiencia (fs. 575 a 577 vta.).
II.2. Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -accionada-, al asumir conocimiento del recurso de alzada planteado por el imputado, emitió el Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, por el que confirmó el Auto Interlocutorio apelado (fs. 699 a 702). II.3. Resolviendo la apelación incidental formulada por la víctima, la Vocal demandada por Auto de Vista 53/2022 de 21 de marzo, revocó en parte la decisión del Juez a quo, en cuanto al análisis de la concurrencia o no de estos otros dos delitos, siendo que conforme a los antecedentes era necesario analizar más profundamente la causa concreta, inclusive con relación a los otros tipos penales (fs. 703 a 705).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación a niño, niña y adolescente, pornografía infantil y corrupción de menores, la Vocal demandada en las apelaciones que plantearon su persona y la víctima, contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, emitió: i) El Auto de Vista 52/2022, resolviendo su recurso, confirmó el Auto apelado respecto a los riesgos procesales de facilidad para abandonar el país y de ser un peligro efectivo para la víctima; y, ii) El Auto de Vista 53/2022, por el que revocó en parte la resolución apelada por la víctima; en el cual, en vez de pronunciarse de forma fundamentada analizando si su conducta se subsumía o no a los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, ordenó analizar profundamente la causa concreta. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación a este tópico, el Tribunal constitucional Plurinacional se ha pronunciado, estableciendo en la SCP 377/2019-S2 de 14 de junio, que: “En el presente apartado, concierne referirse al debido proceso y a su tutela mediante la acción de defensa de análisis, tomando en cuenta que, la demanda tutelar versa esencialmente, sobre la vulneración de la garantía del debido proceso -en su elemento de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales- y valoración de la prueba, con relación al derecho a la libertad.
Sobre lo señalado, debe precisarse que en supuestos que el debido proceso es impugnado de transgredido como consecuencia de una cuestión relativa a medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. (…) En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación…´) -SCP 0037/2012 de 26 de mayo-“.
La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales como administrativas señaló: “Al denunciar en el caso de examen, el accionante, en lo fundamental, la vulneración del debido proceso -en su elemento de una debida fundamentación, motivación y congruencia y a la valoración integral y razonable de la prueba-, vinculados con la libertad; compele exponer en el presente Fundamento Jurídico, la normativa y jurisprudencia relativas al mismo, con el objeto de verificar posteriormente, si efectivamente, el Auto de Vista 67/2018, dictado por las autoridades judiciales codemandadas, fue pronunciado sin la fundamentación exigible como garantía de legalidad que constriñe a toda autoridad a emitir actos motivados, citando los preceptos legales, sustantivos y adjetivos que apoyen su decisión, expresando asimismo los razonamientos lógico jurídicos del por qué se consideró que correspondía confirmar en alzada el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva cursada por el procesado.
En ese marco, el art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, el art. 117.I, establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. Compele resaltar que, uno de los elementos del debido proceso, es la obligación de fundamentación y motivación de los fallos dictados por las autoridades sean éstas judiciales o administrativas; estando los jueces y tribunales constreñidos al cumplimiento de dicha exigencia, no siendo viable omitir un elemento de transcendental importancia al constituir la fundamentación el conjunto de razonamientos de hecho y derecho sobre los cuales se cimenta la determinación asumida, que permite comprender en consecuencia, la parte dispositiva del fallo en relación a la parte considerativa o expositiva. Debe entenderse entonces que, argumentadas las razones fácticas y jurídicas que justifican la resolución, se otorga al justiciable la posibilidad de conocer los motivos por los que se arribó a la decisión, a fin de no dejarlo en incertidumbre ante el desconocimiento de los mismos. Al respecto, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó: “…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…”. Lo expuesto permite afirmar que, la ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas, dan lugar a una falta de respaldo argumentativo o a la carencia parcial del mismo, sin considerar que es deber del juez efectuar un estudio minucioso y sustentado de la causa que explique de manera precisa y coherente las consideraciones por las que asumió su determinación en el marco de un debido proceso en el que se observe además la pertinencia y congruencia entre los hechos, las pretensiones y la decisión, resolviendo todos los agravios expuestos por la parte; aspectos que deben ser observados con mayor acuciosidad en el caso de decisiones vinculadas con la libertad de las personas, como es la imposición de medidas cautelares o la resolución de las solicitudes de cesación de detención preventiva, al estar precisamente involucrado el derecho a la libertad del procesado. Sin embargo, cabe resaltar que, dicha obligación no requiere una explicación abundante, sino una motivación concisa y coherente, que otorgue certeza al justiciable sobre lo decidido, tal como refiere la jurisprudencia desarrollada en el párrafo anterior. En relación a la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones que conocen y resuelven medidas cautelares; la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, estableció que: “Las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP. La norma en último término citada determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios probatorios, no pudiendo ser reemplazada la fundamentación por una simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es así que la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes”.
En el caso de autos, cabe señalar que de la revisión de los antecedentes procesales, se constata que el accionante alega que se vulneraron sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación de niño, niña y adolescente, pornografía infantil y corrupción de menores, se dispuso su detención preventiva por cuatro meses, como medida cautelar de carácter personal, por la supuesta concurrencia de los riesgos procesales de probabilidad de autoría art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), facilidades para abandonar el país o permanecer oculto y de ser un peligro efectivo para la sociedad, víctima o el denunciante previstos en el art. 234.2 y 7 del Código Adjetivo Penal, sin sustento alguno, decisión contra la que plantearon apelación incidental su persona y la víctima, quien incluyó la probabilidad de autoría en los delitos de pornografía y corrupción de menores; instancia en la cual, respecto a su recurso el Tribunal de alzada confirmó el Auto Interlocutorio apelado con relación al riesgo procesal de fuga, mediante el Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, restringiendo su derecho a la libertad por la falta de motivación en la decisión, valoración adecuada de la prueba e interpretación y aplicación incorrecta de la norma; puesto que, no valoró los elementos probatorios presentados como su presentación voluntaria, el pasaporte y visa vencidos y otros aspectos. De la misma forma, sobre ser un peligro efectivo para la víctima o denunciante contenido en el art. 234.7 del CPP, la accionada indebidamente sustentó su decisión en la declaración de la víctima; actuando de la misma manera en el Auto de Vista 53/2022, relativo a la apelación de la víctima en cuanto a los tipos penales que deberían calificarse a su conducta, se revocó en parte el fallo impugnado, argumentando que “en cuanto al análisis de la concurrencia o no de estos otros dos delitos, esta labor debería realizarse en el juicio oral y no en esta instancia procesal” (sic), en contra posición de las normas procesales que le obligaban a fundamentar y efectuar el ejercicio de subsunción, para determinar si su conducta se adecuaba o no a esos tipos peales, dejándole en indefensión y restricción de su libertad. Es así que, dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona en la presente acción tutelar son -como se refirió- las dos Resoluciones emitidas por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dictadas en apelación; en cuyo mérito, se procederá a la revisión de cada una de ellas, por ser las decisiones relacionadas con los actos que se consideran ilegales.
En efecto, se procederá en primer término al análisis del Auto de Vista 52/2022 emitido por la Vocal accionada, a objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción de defensa. Para ello, es necesario remitirse a los puntos expuestos como agravios en el recurso de apelación interpuesto por el accionante, quien alegó: a) Respecto al riesgo procesal previsto en el at. 234.2 del CPP, de facilidad de abandonar el país, el Juez de la causa incurrió en mala valoración de la prueba y aplicación e interpretación de la norma, al no haber considerado la conducta que demostró de someterse al proceso, desde el inicio al haberse presentado espontáneamente, apersonarse a prestar su declaración informativa, a la audiencia de medidas cautelares aún ante la posibilidad de ser detenido preventivamente, como ocurrió, denotando no existir la intención de huir; además de haber presentado su pasaporte y visa vencidos, como tampoco hay antecedente alguno que demuestre su intención de salir del país; y el hecho de haber salido antes por cuestiones de salud, al presente proceso tenga que ser privado de su libertad o porque tiene su carnet de identidad, con el que según la autoridad jurisdiccional podía fugarse a otro país, lo que significaría coartarle el derecho de tener acceso a un documento que acredita su identidad, tergiversando la interpretación de la norma contenida en el art. 234.2 del CPP; y, b) Con relación al segundo riesgo procesal, el Juez de la causa estableció que era un peligro efectiva para la víctima, por la declaración de la misma y los informes presentados el 13 de octubre por el funcionario policial con referencia al flujo de llamadas telefónicas, sin tener presente que la declaración aludida fue valorada para determinar la probabilidad de autoría en los delitos que le fueron imputados; es decir, que dicha autoridad judicial utilizó el elemento por el que estableció la probabilidad de autoría y también para sostener la concurrencia del riesgo procesal, de que los mensajes referidos fueron dejados de todo análisis, teniendo en cuenta que fueron manipulados por el abogado de la víctima al momento de formular la denuncia en su contra; tanto es así, que en corrección de esos actuados ilegales el Ministerio Público solicitó pericia para efectuar el vaciado del teléfono celular para definir qué mensajes existen y el contenido de los mismos, peritaje que no entregó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al Ministerio Público, al momento de la audiencia de medidas cautelares; por lo que, no pueden ser tomados en cuenta a tiempo de definir su situación jurídica, como prueba que sustente su detención preventiva con base a ese riesgo procesal, evidenciándose mala valoración de la prueba; peticionando por esta circunstancia, se revoque el Auto Interlocutorio apelado, disponiendo su libertad, previa imposición de medidas sustitutivas. La Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, al asumir conocimiento del recurso de apelación, concluida la audiencia virtual, pronunció el Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, por el que confirmó el Auto Interlocutorio impugnado por la parte procesada, con los siguientes argumentos: 1) Teniendo presente los elementos con anterioridad y posterioridad a la comisión del delito, se estableció que si los hechos presuntamente sucedieron los primeros meses de 2021, el último flujo migratorio registrado fue el 21 de mayo de igual año; es decir, que existió razonabilidad de encontrar concurrente el riesgo de la facilidad de abandonar el país por la parte procesada, quien en ejercicio de su derecho a la defensa no logró la necesidad de haber salido del país supuestamente por problemas de salud y para la concurrencia de los riesgos procesales deben existir pruebas precisas, circunstancias específicas y no basarse en meras presunciones o generalidades y en este caso la parte acusadora y la víctima cumplieron con la carga procesal para acreditar este riesgo procesal que no se desvirtuó, no encontrando agravio alguno que reparar; y, 2) En cuanto al segundo riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se remitió al informe psicológico preliminar de 13 de diciembre de 2021, en el cual la víctima relató que el procesado la chantajeaba con exhibir fotografías y videos de presuntas relaciones sexuales entre ambos, si no le devolvía la “perra”, que si bien no se lo elaboró mediante un peritaje; sin embargo, de acuerdo al art. 193 de la Ley 548 de 17 de julio de 2014 -Código Niña, Niño y Adolescente-, se presume su veracidad, en sentido que las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de un niño, niña y adolescente como cierto, hasta tanto no se desvirtúe objetivamente; es decir, analizando además el contexto general de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima y a través del citado informe se evidenció que concurrió este riesgo procesal, por la facilidad de acceso a través de los medios tecnológicos del procesado hacia la víctima; y, en aplicación de la protección reforzada que se encuentra en desventaja; por consiguiente, no se encontró irrazonabilidad en cuanto a los fundamentos, motivación y valoración de la prueba que realizó el Juez a quo, no encontrándose agravio alguno que reparar. Por lo expuesto precedentemente y de la revisión del Auto de Vista 52/2022, se constata, que la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ahora accionada; si bien se pronunció correctamente respecto del riesgo procesal de ser un peligro para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP, con la debida fundamentación y motivación, analizando la Resolución apelada emitida por el inferior, concluyendo que actuó correctamente y en aplicación de la presunción de veracidad establecida por el art. 193 inc. c) de la Ley 548, con referencia a lo relatado por la víctima en el informe psicológico preliminar, en el que expresó ser objeto de chantajes y amenazas por parte del imputado de exhibir presuntas fotografías y videos de las supuestas relaciones sexuales que mantuvieron ambos, además del análisis de vulnerabilidad de la víctima; empero, no procedió de la misma forma con relación al riesgo procesal del mismo art. 234.2 del precitado Código Adjetivo Penal de facilidad de abandonar el país; toda vez que, estableció la subsistencia de dicho riesgo sustentando su decisión en el flujo migratorio que daba cuenta de viajes constantes efectuado por el imputado a otros países, sosteniendo que el pasaporte presentado por el imputado no lo desvirtuaba, omitiendo pronunciarse sobre los elementos presentados por la defensa, advirtiéndose la carencia de fundamentación con relación a este riesgo procesal, así como la falta de valoración objetiva de la conducta o comportamiento que denote la voluntad de no someterse al proceso, ni tampoco efectuó un análisis basado en los antecedentes del imputado, la existencia o no de fallos ejecutoriados penales anteriores en su contra; y, en la evaluación integral de las circunstancias del caso, con la debida fundamentación. Respecto al Auto de Vista 53/2022 de 21 de marzo El accionante también impugnó mediante esta acción tutelar, la resolución precitada, que fue dictada resolviendo la apelación incidental planteada por la víctima, quien expuso como agravios: i) La autoridad jurisdiccional no concedió la autoría sobre los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, vulnerando de esta manera no solo la seguridad jurídica, sino el debido proceso referido a la aplicación objetiva de la norma, al señalar que el delito de violación habría absorbido la concurrencia de dichos ilícitos, sin tener presente el concurso real que conforme al art. 47 del Código Penal (CP), quien cometiere dos o más delitos será sancionado con la pena del más grave y en este caso existen informes: forense, psicológico y social, además un peritaje informático para la determinación si los videos y fotografías en el celular del imputado fueron viralizados o pasados a otras personas, que están referidos al ilícito de pornografía; respecto al cual, el Juez señaló que no habría constatación si se pasó o no a otras personas, sin considerar los chats que cursan en obrados, y que fue el imputado quien grabó esos videos, amenazando a la víctima con mandarlos a sus progenitores y a otras personas, lo que hace posible la consumación de dicho delito de pornografía y no como manifiesta la autoridad jurisdiccional, que al no haberse hecho pública la grabaciones el delito no se consumó; y, ii) Sobre el delito de corrupción de menores, se trata de una persona mayor de edad que hubiere inducido a la menor a mandar fotografías, salga de su casa y ante el enamoramiento alegado se tiene que corrompió su desarrollo normal de la adolescente; consiguientemente, el simple argumento que el ilícito de violación absorbió el de corrupción, no es suficiente fundamento para asumir esa decisión, habiendo existido errónea valoración de la prueba, correspondiendo se emita una nueva resolución disponiendo la concurrencia de estos ilícitos. Resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la víctima, la Vocal ahora accionada pronunció el Auto de Vista 53/2022 de 21 de marzo, por el que revocó en parte la decisión del Juez a quo, en cuanto al análisis de la concurrencia o no de estos otros delitos, sino que conforme los antecedentes es necesario analizar más profundamente la causa concreta, inclusive con relación a los otros tipos penales, con los siguientes argumentos: a) De la lectura de la imputación formal y del Auto Interlocutorio recurrido, se advirtió que en la primera se señaló los elementos indiciarios y normativos, señalando con base en las documentales existentes en el cuaderno de investigación, la existencia de la probabilidad de autoría en cuanto a esos delitos (corrupción de menores y pornografía infantil); y, b) No obstante lo expresado por el Juez a quo, con relación a los ilícitos aludidos, siendo que existen los suficientes indicios y de que al contrario es necesario este análisis más profundizado como corresponderá en otro tipo de audiencia y no en esta; sin embargo, le llamó la atención de que al presente no se evidencie un análisis más profundo en esta causa; toda vez que, se estaría hablando de una relación amorosa de dos estudiantes conforme se desprendió de la declaración de la víctima, por lo que, exhortó a las partes procesales incluido el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, víctima y parte procesada imprimir la debida diligencia en el caso concreto por estas irregularidades que al presente se evidencian; empero, no son objeto de esta audiencia; en ese sentido, y siendo que corresponde un análisis más profundo pero en otra etapa del proceso penal, se encuentra agravio que reparar. Por lo relacionado, y del análisis del Auto de Vista 53/2022, se evidencia que la autoridad judicial de alzada demandada, cumplió con las reglas del debido proceso al haber expuesto de manera fundamentada, si bien de forma concreta y no de forma extensa su decisión de revocar en parte el Auto Interlocutorio apelado, al haber verificado que respecto a los ilícitos de corrupción de menores y pornografía infantil, que motivaron la interposición del recurso de apelación incidental y cuya probabilidad de autoría no fue establecida por el Juez a quo, no obstante de la existencia de suficientes indicios; circunstancia por la cual, la Vocal demandada considera que por los antecedentes y los hechos suscitados, se requería un mayor y profundo análisis en etapa de juicio oral -fase que esclarece el hecho-, actuación que de ninguna manera vulneró los derechos fundamentales invocados por el demandante de tutela; toda vez que contrariamente, cumplió con el debido proceso al emitir su resolución debidamente fundamentada, motivada y valorando adecuadamente los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones, correspondiendo por ello la denegatoria de la tutela peticionada. Por consiguiente, conforme a los argumentos expuestos precedentemente, se concluye que corresponde conceder en parte la tutela impetrada únicamente con relación al Auto de Vista 52/2022, referida al riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 798 a 806, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto del Auto de Vista 52/2022 de 21 de marzo, con relación únicamente al derecho a la libertad vinculado al debido proceso, referido al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP. 2° DENEGAR con relación al Auto de Vista 53/2022 y del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del Auto de Vista 52/2022, ambos de 21 de marzo. 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 52/2022 de 29 de abril, debiendo dicha autoridad dictar uno nuevo conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0159_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f6a392a7da9253303e209f6f0e75f70b8191dd99d65768095bc6fee7b8402a0
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