B.IA.LEGAL

SCP 0158/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
26 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
74059-2025-149-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, y al principio de celeridad procesal; puesto que, presento memorial el 28 de marzo de 2025, mediante el Sistema JL2, ante el Fiscal de Materia hoy accionado, por el cual solicito la emisión de requerimientos fiscales, necesarios para gestionar la solicitud de cesación a su detención preventiva y el traslado a otro centro penitenciario; sin embargo, sostiene que hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar -24 de abril del referido año-, no tuvo respuesta por el citado sistema. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii); La acción de libertad innovativa y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/25 de 22 de abril de 2025, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y el principio a la celeridad procesal, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; no siendo necesario disponer medida alguna, considerando que Marín Alvi Guardia ya tiene conocimiento del decreto de 31 de marzo de 2025. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida y a la salud, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Jaime Daniel Campos Villanueva, Fiscal de Materia, para que en el futuro cumpla con lo establecido por el art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, garantizando la notificación oportuna de sus decisiones.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 74059-2025-149-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/25 de 22 de abril de 2025, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mirtha en representación sin mandato de Marín, ambos de apellidos Alvi Guardia contra Jaime Daniel Campos Villanueva, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 16 de abril de 2025, cursante de fs. 20 a 22, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marín Alvi Guardia -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis con relación al 310 incs. g), h) y m) del Código Penal (CP), modificado por el art. 83 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 7151025162300291, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En ese contexto, mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2025, a través del Sistema Justicia Libre 2 (JL2), pidió al Fiscal de Materia ahora accionado, la emisión de requerimientos fiscales, con la finalidad de obtener documentación necesaria para tramitar la cesación de su detención preventiva y el traslado a otro recinto penitenciario; no obstante, conforme “…la propia plataforma o portafolio digital…” (sic), no cursa pronunciamiento alguno hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al principio a la celeridad procesal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Que el Fiscal de Materia hoy accionado se pronuncie de manera fundamentada y motivada al memorial presentado el 28 de marzo de 2025; y, b) Prescindir del principio de subsidiariedad excepcional se instruya la emisión de los requerimientos dirigidos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sea por la vía de interoperabilidad y cooperación directa, con la finalidad de que se elaboren los informes médico psiquiátrico y biopsicosocial de su persona.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad; y, ampliándolo manifestó que: 1) Debe declararse la ilegalidad de la declinatoria de competencia al Juzgado de turno del departamento de Santa Cruz, por usurpación de funciones y vulneración al derecho al juez natural y la garantía de imparcialidad; además, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento; empero, el domicilio acreditado es donde tiene su núcleo familiar y defensa técnica; 2) La solicitud de emisión de requerimientos fiscales fue presentada el 28 de marzo de 2025; sin embargo, tuvo conocimiento del decreto emitido el 21 de abril del mismo año, circunstancia que evidencia la falta de diligencia en la tramitación de lo solicitado; además, de haberse elaborado los requerimientos fiscales, debieron ser cargados al Sistema JL2; 3) No es evidente que los protocolos del IDIF exijan consignar el “PC” en el requerimiento fiscal, siendo suficiente la identificación del mencionado recinto penitenciario donde se encuentra privado de libertad; y, 4) En resguardo de los derechos vulnerados solicita se ordene al Fiscal de Materia suba los requerimientos al citado sistema.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Jaime Daniel Campos Villanueva, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) El accionante a través del memorial presentado el 28 de marzo de 2025 mediante el Sistema JL2, solicitó la emisión de requerimientos fiscales, el cual fue decretado el 31 del señalado mes y año, disponiendo se otorguen los referidos requerimientos; ii) Con relación a la asistencia del Médico Forense al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, se señaló que previamente establezca en qué “PC” y pabellón se encuentra detenido el accionante, lo cual era un requisito exigido por el mencionado sistema a tiempo de emitir dicho requerimiento fiscal; y, iii) Nadie se apersonó para recoger los requerimientos fiscales hasta el 5 de abril del 2025, considerando que a partir de dicha fecha por el lapso de un mes su persona se encontraba con baja médica; por lo que, no infringió derecho alguno.

I.2.3. Intervención de los terceros intervinientes

Ramón Julio Quiroga Yabeta, Juez del Tribunal de Sentencia Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 32; no obstante, remitió copias del requerimiento conclusivo de Acusación Formal de 6 de noviembre de 2023, presentado por el Fiscal de Materia ahora accionado; y, de la Sentencia 18/2025 de 4 de abril, pronunciada por el mencionado Tribunal; ambos emitidos en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, documentación que fue adjuntada al cuaderno de control jurisdiccional mediante decreto de 22 de igual mes de 2025, cursante a fs. 46 vta. El Director del Centro Penitenciario de Riberalta de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 33.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/25 de 22 de abril de 2025, cursante de fs. 56 a 58, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El memorial presentado el 28 de marzo de 2025, fue decretado por el Fiscal de Materia hoy accionado el 31 del mismo mes y año, disponiendo la emisión de los requerimientos solicitados, no evidenciando omisión o negativa indebida que configure vulneración al derecho a la libertad; por el contrario, se dio respuesta conforme al principio de celeridad previsto por los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, b) La controversia respecto a la declinatoria de competencia atribuida al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, no constituye un aspecto que pueda ser analizado en el marco de la presente acción de defensa, debiendo hacer valer por la vía que correspondan.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas a las cinco Magistraturas cesadas, debiendo realizarse un nuevo sorteo, de manera aleatoria y equitativa, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 28 de marzo de 2025, mediante el Sistema JL2, ante Jaime Daniel Campos Villanueva, Fiscal de Materia -hoy accionado-, Marín Alvi Guardia -ahora accionante-, solicitó la emisión de requerimientos fiscales dirigidos: 1) A la Dirección General de Migración (DIGEMIG) para que emita el certificado de flujo migratorio a su favor; 2) Al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y/o al Director Departamental de Régimen Penitenciario del referido departamento; y, 3) Al médico forense del IDIF para que se constituya al nombrado Centro Penitenciario y realice la valoración médico legal de su estado de salud (fs. 47). II.2. Por decreto de 31 de marzo de 2025, mediante el cual el Fiscal de Materia ahora accionado, en respuesta al memorial de 28 del mismo mes y año, dispuso la emisión los requerimientos fiscales solicitados “…debiendo el impetrante establecer previamente en que pc y pabellón del centro penitenciario de Palmasola se encuentra con detención preventiva, para la correspondiente revisión por el médico forense de turno” (sic [fs. 48]); sin embargo, consta imágenes del Sistema JL2; en las cuales, se advierte que el mencionado decreto fue cargado a la referida plataforma el 21 de abril de dicho año (fs. 49 a 50).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, y al principio de celeridad procesal; puesto que, presento memorial el 28 de marzo de 2025, mediante el Sistema JL2, ante el Fiscal de Materia hoy accionado, por el cual solicito la emisión de requerimientos fiscales, necesarios para gestionar la solicitud de cesación a su detención preventiva y el traslado a otro centro penitenciario; sin embargo, sostiene que hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar -24 de abril del referido año-, no tuvo respuesta por el citado sistema. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii); La acción de libertad innovativa y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: ‘“La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”’ .

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1659/2025-S1 de 31 de diciembre, citando a la SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…)

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” .

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, y al principio de celeridad procesal; puesto que, presento memorial el 28 de marzo de 2025, mediante el Sistema JL2, ante el Fiscal de Materia hoy accionado, por el cual solicito la emisión de requerimientos fiscales, necesarios para gestionar la solicitud de cesación a su detención preventiva y el traslado a otro centro penitenciario; sin embargo, sostiene que hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar -24 de abril del referido año-, no tuvo respuesta por el citado sistema. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene acreditado que el accionante, mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2025, mediante el Sistema JL2, ante el Fiscal de Materia hoy accionado, Marín Alvi Guardia ahora accionante, solicitó la emisión de requerimientos fiscales dirigido a la DIGEMIG, el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, y el Médico Forense del IDIF, a efectos de obtener documentación necesaria para la tramitación de su situación jurídica (Conclusión II.1.); solicitud que, fue atendida mediante decreto de 31 del mismo mes y año, emitido por el Fiscal de Materia ahora accionado; en el cual, dispuso la emisión de los requerimientos fiscales solicitados, condicionando al mencionado Médico Forense, a efectos de que el nombrado señale el número del “PC” y pabellón donde el accionante se encontraba con detención preventiva; no obstante, dicho decreto fue incorporado al Sistema JL2 recién en fecha 21 de abril del mencionado año (Conclusión II.2.).

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la libertad física frente a dilaciones indebidas en la tramitación o atención de solicitudes que incidan en la situación jurídica de personas privadas de libertad; estableciendo que, toda autoridad que conozca una petición vinculada con dicho derecho, tiene el deber de tramitarla y comunicarla con la mayor celeridad posible.

Asimismo, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. la acción de libertad en su modalidad innovativa permite a la jurisdicción constitucional emitir un pronunciamiento aún cuando la actuación cuestionada hubiese sido formalmente cumplida, donde se advierta la existencia de irregularidades que, a pesar de haber cesado, resultan contrarias al orden constitucional, con la finalidad de evitar su reiteración en el futuro.

En el caso concreto, si bien se advierte que el Fiscal de Materia hoy accionado, emitió respuesta al memorial de 28 de marzo de 2025, mediante decreto de 31 de similar mes y año; por lo cual, se tiene acreditado, que el citado decreto recién fue incorporado al Sistema JL2 el 21 de abril del mismo año, dicha fecha coincide con lo referido por el accionante; empero, no cursan antecedentes que acrediten que se realizó la notificación al nombrado con el decreto del 31 de marzo de 2025; considerando que, el art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) señala que: “Las notificaciones que deba realizar el Ministerio Público, se practicarán dentro del siguiente día hábil de emitido el requerimiento o resolución y por cualquier medio legal de comunicación que asegure su conocimiento y/o por el medio que la interesada o el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, incluyendo notificaciones electrónicas, debiendo hacer conocer expresamente la casilla o dirección de correo electrónico. Las providencias y decretos de mero trámite serán notificadas en el tablero de la Fiscalía, o en casillas electrónicas cuando corresponda”; obligación que, no fue observada por el Fiscal de Materia ahora accionado, generando que el accionante permanezca sin conocimiento del decreto del 31 del mismo mes y año, por un lapso de treinta y un días calendario, lo que le impidió activar oportunamente los mecanismos procesales necesarios para la definición de su situación jurídica, particularmente en la obtención de los elementos de prueba requeridos para sustentar una eventual solicitud de cesación de su detención preventiva.

Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que, aún cuando el Fiscal de Materia hoy accionado, emitió respuesta a la solicitud del accionante, la falta de su notificación generó una dilación que incidió en el ejercicio efectivo de sus derechos. En ese sentido, se evidencia un actuar incompatible con el deber de celeridad exigible en actuaciones vinculadas a la libertad personal; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa.

Finalmente, con relación a los derechos a la vida y a la salud, se advierte que el accionante no expuso una fundamentación concreta ni aportó elementos que permitan evidenciar su vulneración. En ese sentido, la SCP 0690/2019-S2 de 12 de agosto, señala que: “…es necesario, para acceder a la tutela, en reclamos de vulneraciones al derecho a la salud, vinculado con el derecho a la vida, el probar, demostrar y acreditar que se está frente a un daño inminente a la vida en los casos en que se alegue que se está restringiendo el derecho a la salud del peticionante de tutela”; por lo que, sobre los mismos corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/25 de 22 de abril de 2025, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y el principio a la celeridad procesal, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; no siendo necesario disponer medida alguna, considerando que Marín Alvi Guardia ya tiene conocimiento del decreto de 31 de marzo de 2025. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida y a la salud, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Jaime Daniel Campos Villanueva, Fiscal de Materia, para que en el futuro cumpla con lo establecido por el art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, garantizando la notificación oportuna de sus decisiones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0158_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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