B.IA.LEGAL

SCP 0158/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49988-2022-100-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la estabilidad Laboral, a un salario o remuneración justa, a la seguridad jurídica, al trabajo digno sin discriminación; toda vez que las autoridades demandadas, desconocieron su condición de persona con discapacidad y su inamovilidad laboral, pretendiendo hacerle firmar un contrato eventual de enero a abril, y ante su negativa a firmar dicho contrato, procedieron a suspender su marcación biométrica y le privaron de sus salarios, sin considerar que su persona tiene una discapacidad auditiva del 50% y contaba con una relación laboral vigente, demostrada con el Memorándum 03/2022 de continuidad de funciones de enero a diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 085/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 184 a 194 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo su reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral en el marco del Memorándum 03/2022 de 3 de enero, así como la habilitación de su marcación biométrica y pago de los salarios y demás derechos sociales que le fueron privados desde su desvinculación, hasta el momento de su efectiva reinserción. Sea en el plazo máximo de cinco días hábiles, computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la estabilidad e inamovilidad laboral de las personas con discapacidad
  2. III.2. De la contratación preferente a personas con discapacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2024-S4 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49988-2022-100-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 085/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 184 a 194 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Katiuska Vaca Heinrich de Godoy contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador, Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas; y Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental de Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) BENI, todos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2022 cursante de fs. 110 a 121, la accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ejerció funciones como dependiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, específicamente, como Analista I Apoyo SIPRUN PCD-CODEPEDIS-BENI, desde el 19 de junio de 2007 hasta la fecha, de manera continua y sin interrupciones de significación, acreditando con diferentes memorándum; es así que por Memorándum 03/2022 de 3 de enero, el Director Departamental de CODEPEDIS- BENI, de acuerdo a Ley General para Personas con discapacidad y Decreto Supremo (DS) Reglamentario 145, 24807 y otras normas sobre discapacidad, le comunicaron que a partir de esa fecha al 31 de diciembre de 2022 quedaba designada como Analista I Apoyo SIPRUN PCD-CODEPEDIS-BENI, formando parte de la planilla de inversión 121 personal eventual. Añadió que forma parte del sector de personas con discapacidad; situación que acreditó con Carnet de Discapacidad legalmente registrado en el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad “SIPRUNPCD”, con el Código 08-19730607KVH, que establece que cuenta con una discapacidad “Auditiva” en un porcentaje de 50%, siendo que conforme al art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) –Ley 223 de 2 de marzo de 2012– , esta calificación se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, requiriendo asistencia de otras personas para algunas actividades. Desde febrero de la gestión 2022, su persona y otras del sector de discapacidad, vienen sufriendo acoso laboral permanente por parte de Rubén Ardaya Chávez, quien es el Director de CODEPEDIS-BENI, pretendiéndoles hacer un contrato de menos de cuatro meses que resulta lesivo a los derechos y garantías constitucionales; es así que en represalia por la negativa de firmar el contrato, se le estaría negando su derecho constitucional a la inamovilidad laboral, impidiéndole percibir un salario que le asegure una vida digna por la prestación de sus funciones, el cual está garantizado por el art. 70.4 de la Constitución Política del Estado (CPE); además de ellos, se le adeudan hasta la fecha, sus salarios correspondientes a dos días de abril y los meses de mayo, junio y julio de esa gestión, pretendiendo el Gobierno Autónomo Departamental de Beni coaccionar su voluntad para firmar ese contrato, chantajeándola en sentido de que si no suscribe el referido contrato no le pagarán los sueldos que le adeudan. Entre una de las medidas asumidas como acoso y violación a su inamovilidad laboral, el 27 de abril de 2022, de manera unilateral y arbitraria, se dispuso por parte del citado gobierno departamental, la suspensión de su marcado biométrico, comunicándole verbalmente que su persona no era parte de los funcionarios de la Gobernación; esto con la finalidad de aducir posteriormente que su persona no trabajó o no fue a trabajar en los días y horas establecidas. Aclara que no existe otro Memorándum o resolución que deje sin efecto el Memorándum 03/2022 que sigue vigente; asimismo y de manera contradictoria a lo señalado en el párrafo que precede, le fueron cancelados sus sueldos de enero, febrero, marzo y 29 días abril, dándole a presumir la continuidad de sus funciones; sin embargo, luego de haberse pagado a todo el personal de la mencionada gobernación por el mes de mayo, no se le canceló a su persona y a otras tres afectadas. En estas circunstancias, mediante nota de 15 de marzo de 2022, interpuso denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, solicitando se ordene el cese del acoso laboral que viene sufriendo por parte de Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental CODEPEDIS BENI, y se levanten todas las medidas de acoso y el pago de sus sueldos, emitiéndose en respuesta la CONMINATORIA J.D.T.B.N./VAL/PAD 003/2022 de 3 de mayo, mediante la cual se constriñe al Director Departamental de CODEPEDIS Beni, el cese inmediato del acoso laboral en contra de Yrma Noe Rodríguez de Banegas, María Ysabel Ylcha Yuco y Katiuska Vaca Henrich de Godoy, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, DDSS 3145, 3106, 29894 y demás normativa conexa; no obstante, dicha determinación fue incumplida, extremo que hizo conocer el 11 de mayo del referido año, solicitando la remisión de antecedentes al Ministerio Público, toda vez que el acoso continuaba y había aumentado, disponiéndose de igual forma la suspensión de su marcado biométrico con la finalidad de argumentar que no asistía a trabajar; empero, es mediante informe de verificación de Incumplimiento a Conminatoria, elaborado por el Inspector del Trabajo, que se concluye que en la verificación in situ, se determinó que no se está dando cumplimiento a la medida mencionada por parte de Rubén Ardaya Chávez. Indicó que al margen de haber presentado reiteradas notas pidiendo regularizar su marcación, sin obtener ninguna respuesta, en ningún momento dejó de reclamar sus derechos vulnerados; sin embargo, su reclamos son objeto de burla, habiéndosele retenido sus salarios correspondientes a tres días de abril, y los meses de mayo, junio y julio, siendo que el contrato que le pretenden hacer firmar es vulneratorio a sus derechos pues únicamente tiene una duración de tres meses, por lo que, presupone que lo que se pretende es ya no extender el periodo de su contratación, además que en su cláusula octava (Duración y carácter definido) el referido contrato establece de manera clara que la entidad podrá determinar la finalización del contrato de manera unilateral, extremo que hace inviable que suscriba el mismo. Finalmente, señaló que la suspensión de su marcación, se traduce en un despido indirecto e injustificado, así como la violación a su derecho constitucional a la inamovilidad laboral como persona con discapacidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la estabilidad Laboral, a un salario o remuneración justa, a la seguridad jurídica, al trabajo digno sin discriminación, citando al efecto los arts. 70 y 71 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene lo siguiente: a) Se declare la vulneración a su derecho constitucional a la inamovilidad laboral; b) El cese inmediato del acoso laboral, disponiendo que se le habilite su marcación biométrica y se ordene el pago de sus salarios adeudados, así como sus salarios futuros; y, c) Que quede firme y subsistente el Memorándum de continuidad 03/2022, disponiendo que si en caso la persona que lo extiende no tenía competencia, sea subsanado con la firma correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 180 a 183, presente el impetrante de tutela asistido de su abogado y la parte codemandada, ausente la parte demandada, se produjeron los siguientes hechos:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela, por intermedio de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de demanda de acción de amparo constitucional, añadiendo que el Memorándum que pretende desconocer el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, tiene el visto bueno del Secretario Departamental de Administración y Finanzas dependiente del señalado ente departamental.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales, Marisol Fernández Arza, Directora de Procedimientos Jurídicos y Valeria Núñez Vela Rivas, Jefe de Unidad II de Procesos Administrativos, por informe cursante de fs. 155 a 157 vta., señaló que: 1) En la gestión 2022, el Director de CODEPEDIS entregó el Memorándum de continuidad de funciones, siendo dicha situación irregular, puesto que por disposición del Gobernador se delegó la atribución de emitir memorándum y contratos al Secretario Departamental de Administración y Finanzas, Lic. Geisel Narcelo Oliva Ruiz, que emitió el contrato conforme al art. 18 del DS. 26115, mismo que la ahora accionante se negó a firmar alegando que se le estaban vulnerando sus derechos; 2) En la administración pública, la única forma de formalizar una relación laboral es a través de un memorándum, contrato de personal eventual y contrato de consultoría en línea, de ninguna manera se puede sostener una relación laboral sin su debida formalización, así lo confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Cite: MEPP/VPCF/DGPGP/UET/ 357/2022 de 8 de abril, que responde a la consulta realizada por su entidad; 3) Respecto a la marcación biométrica, afirma que en abril se le suspendió la marcación, toda vez que no se le puede seguir pagando salarios a una persona que no tiene una relación laboral con la entidad, pues se estaría incurriendo en un daño económico; en tales circunstancias y ante la negativa de firmar el contrato por parte de la impetrante de tutela, no pueden obligarla a suscribir el mismo, situación que libera al Gobierno Autónomo Departamental de Beni de la obligación de pago de salarios; extremo que no puede ser considerado como un despido indirecto; por otro lado, revisado el marcador biométrico de marzo y hasta el 27 de abril, la solicitante de tutela cuenta con solo cinco asistencias y treinta y seis faltas y pretende que se le pague los salarios por un trabajo no realizado; y, 4) En su art. 2.5 de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad –Ley 977 de 26 de septiembre de 2017– dispone que el Estado garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o padre, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; empero, en el presente caso, existe la justificación de la desvinculación, tal como lo establece la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 –Ley de Estatuto del Funcionario Público (EFP)–; en su Capítulo VI Retiro art. 41.F) Causales, “Abandono de funciones por un periodo de 3 días hábiles consecutivos o 6 discontinuos en un mes, no debidamente justificados”; en este marco y tal como se evidencia, no existe justificación de sus ausencias, por lo que la desvinculación fue totalmente legal, no habiéndose incurrido en vulneración de los derechos de la accionante. En dicho contexto, solicitó denegar la tutela impetrada.

Rubén Ardaya Chávez, Director de CODEPEDIS-BENI, presentó informe escrito de 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 178 a 179, señalando que: i) Mediante Decreto Departamental 09/2021 de 27 de julio, se establece que, “Las Secretarias Departamentales deberán prescindir de sus unidades de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público, Cierre de Cargo y Recursos Humanos” (sic); ii) A la vez dispone que, “…Se deja sin efecto las delegaciones de Autoridades Responsables de los procesos de contratación RPA, la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas es la responsable de atender todas las solicitudes de contratación…” (sic); y, iii) Es así que se emitieron los Memorándums que estarían vigentes solo hasta la socialización de los contratos bajo la partida 12100 que deberían ser acordes a la continuidad laboral de las personas con discapacidad; sin embargo de ello, Katiuska Vaca Heinrich de Godoy, presentó una nota a la Jefa Departamental de Trabajo de Beni denunciando acoso laboral, teniendo conocimiento que el mismo no podía firmar más Memorándum y que debía elaborar un contrato eventual a cargo del Secretario del Secretario Departamental Administrativo y Financiero del Gobierno Autónomo Departamental de Beni. Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del referido gobierno departamental, a través de su abogada, se ratificó en el informe presentado, conforme el acta de audiencia.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 085/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 184 a 194 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo restituir todos sus derechos a la accionante, así como su inamovilidad laboral en virtud del Memorándum 03/2022, habilitándole el marcado en el registro biométrico, más el pago de sus salarios desde el día de su desvinculación hasta el día que se regularice su situación laboral, con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se evidenció que la impetrante de tutela, continúa ejerciendo funciones en el citado gobierno departamental, ocupando el cargo de Analista I Apoyo SIPRUN PCD-CODEPEDIS-BENI, en virtud al Memorándum 03/2022 expedido por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental de CODEPEDIS–BENI con Visto Bueno de Luis Alberto Suárez Velarde, Secretario Departamental de Desarrollo Humano dependiente del mencionado ente departamental con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, documento que al no haber sido dejado sin efecto por ninguna autoridad de la entidad demandada, tiene plena validez y vigencia hasta la fecha estipulada, situación que se corrobora cuando en el informe presentado por las representantes del Gobernador, mencionaron que existe un informe legal, que recomienda dejar sin efecto los memorándum emitidos por Rubén Ardaya Chávez en su calidad de Director Departamental de CODEPEDIS-BENI, o alguna otra resolución contradictoria a las Resoluciones de Gobernación, denotándose que hasta la fecha el Memorándum 03/2022 sigue vigente; b) Al no haberse suscrito el contrato eventual, el mismo no merece ninguna consideración, de donde se tiene que independientemente de la inamovilidad laboral alegada por la solicitante de tutela, esta también cuenta con estabilidad por el tiempo establecido en el citado Memorándum03/2022, que al manifestar las autoridades demandadas en los informes presentados, que no existe ninguna relación laboral con la demandada al no haberse suscrito el contrato eventual, lo que en virtud al principio de verdad material denota vulneración del derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de Katiuska Vaca Heinrich de Godoy; c) En cuanto a la inasistencia de la accionante a su fuente laboral en los meses de marzo y abril, alegada por la parte demandada y que ello hubiera sido otro motivo para su desvinculación laboral, se debe considerar que al haberse pagado sus salarios sin descuento alguno, se entiende que las supuestas faltas no son evidentes, siendo lo cierto que la impetrante de tutela continuó prestando sus servicios hasta el mes de julio de 2022; d) En relación a lo denunciado por la solicitante de tutela, sobre el querer hacerle firmar un contrato eventual, haberla sacado del sistema biométrico y haber retenido sus salarios correspondientes a dos días de abril y los meses de mayo, junio y julio, ejercen acoso laboral y discriminación sobre su persona, situación que ha denunciado ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, respecto a la cual se emitió Conminatoria de cese de Acoso Laboral, se debe tener presente que dicha denuncia fue presentada contra Rubén Ardaya Chavez, de donde se concluye que el supuesto incumplimiento a dicha resolución por parte de la autoridad denunciada, de ninguna manera puede constituirse en una exigencia a ser cumplida por la Máxima Autoridad Ejecutiva Departamental y el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; y, e) En relación a la postura de la accionante, en sentido de que producto del acoso laboral se hubiese producido un despido indirecto, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional esta figura jurídica se efectiviza cuando se cambian las condiciones laborales como ser: rebaja de salario o falta de pago que origine la renuncia voluntaria del trabajador; asimismo cuando hay una retención o falta de pago injustificado, pues debe entenderse que si la rebaja de sueldo da lugar a un despido indirecto, con mayor razón se da cuando existe incumplimiento en el pago del mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1 Se tiene copia legalizada del Carnet de Discapacidad de Katiuska Vaca Heinrich de Godoy, emitido el 13 de diciembre de 2019, con vigencia al 13 de diciembre de 2023; por el Ministerio de Salud, por el que se acredita la discapacidad auditiva en un 50% de la prenombrada (fs. 4). II.2. Por Memorándum 03/2022 de 3 de enero, se comunica a Katiuska Vaca Heinrich de Godoy, que a partir del 3 de enero de 2022 al 31 de diciembre de igual año, quedaba designada como Analista I Apoyo SIPRUN PCD-CODEPEDIS-BENI (fs. 9). II.3. Cursan notas presentadas por Katiuska Vaca Heinrich de Godoy, de solicitud de Regularización de Marcado Biométrico de 25 de mayo, 15 de junio y 18 de julio, todos de 2022 respectivamente (fs. 61, 70 y 83).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la estabilidad Laboral, a un salario o remuneración justa, a la seguridad jurídica, al trabajo digno sin discriminación; toda vez que las autoridades demandadas, desconocieron su condición de persona con discapacidad y su inamovilidad laboral, pretendiendo hacerle firmar un contrato eventual de enero a abril, y ante su negativa a firmar dicho contrato, procedieron a suspender su marcación biométrica y le privaron de sus salarios, sin considerar que su persona tiene una discapacidad auditiva del 50% y contaba con una relación laboral vigente, demostrada con el Memorándum 03/2022 de continuidad de funciones de enero a diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la estabilidad e inamovilidad laboral de las personas con discapacidad

La LGPD en su art. 5, definió a la discapacidad como: “…el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales”. En ese entendido, la SCP 0556/2011-R de 29 de abril, estableció en relación a la discapacidad que: “…Partiendo de esa precisión, se entiende que son aquellas personas que por adolecer de una disfuncionalidad psíquica o física no pueden desenvolverse de forma independiente en distintos ámbitos como las demás personas”.

Por su parte, el art. 70.4 de la CPE prevé que toda persona con discapacidad tiene derecho: “A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna”; en ese sentido la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, señaló que: “…la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un 7 amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, empero que por disposición transitoria se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aún aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta el DS 29608, cuando menciona que se modifica el art. 5 del Decreto Supremo 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 5.- (INAMOVILIDAD).I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. (…) de conformidad al Decreto Supremo 28521, precepto que si bien modifica algunos aspectos del DS 27477, no cambia en esencia su finalidad, que es el de garantizar la inamovilidad laboral de las personas que tengan discapacidad, y de aquellas que los tengan bajo su dependencia ya sean tutores o progenitores, salvo existan causales que sean contempladas por ley” (las negrillas son nuestras).

Por su parte, el art. 71 de la CPE, prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Con similar razonamiento, la SCP 1088/2015-S1 de 5 de noviembre, señala que: “El derecho del trabajo está protegido en el art. 46 de la CPE, cuando expresa: ‘I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas’; por su parte el art. 70.1 de la citada Norma Suprema, señala: ‘Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: (…) A ser protegido por su familia y por el Estado’. El art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad, señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido’”.

III.2. De la contratación preferente a personas con discapacidad

La SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento: “El DS 29608 modificó el art. 4 del DS 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 4.- (OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN PREFERENTE). I. El Poder Ejecutivo conformado por sus Entidades, Instituciones, Superintendencias y Empresas Públicas (sean de carácter descentralizado, desconcentrado, autárquico o de cualquier otra naturaleza); las Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Prefecturas de Departamento; así como, los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local; tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo de cuatro por ciento (4%) del total de su personal…’. Así también lo entendió la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que en su art. 2.I estableció la inserción laboral obligatoria al referir que: ‘Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal’. De una interpretación sistemática del art. 4 del DS 29608, y tomando en cuenta los principios de preferencia e integralidad que hacen parte de la normativa, se puede deducir que el fin de esta disposición es otorgar estabilidad laboral a la persona discapacitada, y a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, previendo para tal caso la preferencia de contratación sobre este y las personas que tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas (las negrillas nos pertenecen). Ahora bien, a partir del entendimiento asumido por este Tribunal, se tiene por evidente, que uno de los pilares fundamentales en la protección y resguardo de los derechos de una persona con discapacidad o de quienes tienen a su cargo una o varias personas con esa condición, es la estabilidad laboral, entendida como un derecho fundamental para aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, de cuya realidad se hace exigible una protección reforzada.

En ese marco, considerando que la estabilidad laboral se funda en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, es que se ha establecido que la persona con discapacidad, tiene preferencia de contratación en una u otra entidad; sin embargo, dicho trato privilegiado, en aplicación del principio de favoris debilis, debe traducirse en que dicha contratación no puede quedar sujeta a un tiempo o plazo que imponga el empleador; pues, por una parte, la situación de indefensión manifiesta debida a una discapacidad, al igual que esta, no habrá de desaparecer; por el contrario, más allá de perdurar, corre el riesgo de agravarse y consecuentemente, precisar de mayores atenciones; y, de otro lado, el establecimiento de un término de duración de la relación laboral, en los casos señalados en este acápite, únicamente generarán al trabajador discapacitado una constante angustia e inseguridad sobre su situación laboral cada vez que esté por finalizar el vínculo contractual o en definitiva, concluya el plazo pactado en su contratación. En este espíritu, se hace necesario complementar la referida SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, estableciendo que la estabilidad laboral de una persona con discapacidad, implica que la misma tenga la seguridad de mantener su empleo de manera permanente, continua, a largo plazo y sin discriminación alguna, que le brinde para sí y su entorno familiar la seguridad económica necesaria para su subsistencia. Sin olvidar que la citada estabilidad, no solo incumbe conservar la fuente laboral de la persona con discapacidad, sino también garantizar las condiciones necesarias y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo vulnerable, estableciendo además de la preferencia laboral en razón a la protección constitucional de este sector; la igualdad de la que deben gozar respecto del acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley. No obstante y sin perjuicio de lo señalado, es necesario aclarar que la estabilidad laboral reconocida a una persona con discapacidad, no es un derecho absoluto, en razón a que el empleador tiene la posibilidad de dar por concluida la relación laboral, al estar condicionada la misma a una buena conducta del trabajador o trabajadora en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley, y es determinado al interior de un debido proceso y solo en virtud de una justa causa y de cuyo resultado sea imposible la reincorporación o reubicación del trabajador o trabajadora; situación en la cual se entenderá que el retiro laboral es justificado.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la estabilidad Laboral, a un salario o remuneración justa, a la seguridad jurídica, al trabajo digno sin discriminación; toda vez que las autoridades demandadas, desconocieron su condición de persona con discapacidad y su inamovilidad laboral, pretendiendo hacerle firmar un contrato eventual de enero a abril, y ante su negativa a firmar dicho contrato, procedieron a suspender su marcación biométrica y le privaron de sus salarios, sin considerar que su persona tiene una discapacidad auditiva del 50% y contaba con una relación laboral vigente, demostrada con el Memorándum 03/2022 de continuidad de funciones de enero a diciembre de 2022. Identificada la problemática es necesario precisar que, en el presente caso se denunció la lesión al derecho a la inamovilidad laboral, a la estabilidad laboral, al trabajo digno sin discriminación y otros, de la ahora impetrante de tutela que padece de una discapacidad física (auditiva del 50%) adjuntando Carnet de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud (Conclusión II.1); en tal sentido y a efectos de contrastar si la lesión de derechos denunciada es evidente o no, corresponde señalar que de antecedentes cursantes en el expediente de la presente acción de amparo constitucional, se advierte que la impetrante de tutela fue designada por diferentes memorándum en las gestiones 2007, 2020, 2021 y el ultimo en 2022 como Analista I Apoyo SIPRUN PCD-CODEPEDIS-BENI; sin embargo, posteriormente, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni trató de hacerle firmar un contrato eventual por cuatro meses, desconociendo el último Memorándum de 2022, con vigencia hasta el 31 de diciembre y ante la negativa de firmar dicho contrato alegando su condición de discapacidad e inamovilidad, a partir del 27 de abril el citado ente departamental, procedió a retirar su marcación biométrica, evitando su registro de ingresos y salidas de la entidad; asimismo, no se le pagó los haberes de dos días del mes de abril y de los meses de mayo, junio y julio, pese a que el citado Memorándum 03/2022 (Conclusión II.2) establecía el plazo de vigencia de la relación laboral hasta el 31 de diciembre del señalado año, mismo que no fue dejado sin efecto por ninguna instancia o autoridad de la señalada gobernación, razón por la que interpuso la presente acción de amparo constitucional.

En este antecedente, si bien la ahora accionante denuncia la lesión de sus derechos, en razón a que se suspendió su marcación biométrica y el pago de sus haberes, desconociendo que goza de inamovilidad laboral, pese a que reiteradamente presentó ante el Gobierno Autónomo Departamental de Beni solicitud de habilitación de marcación biométrica (Conclusiones II.3); al respecto se debe señalar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto la normativa como la jurisprudencia constitucional, reconocen a las personas con discapacidad el derecho a ser protegidos por el Estado a través de sus distintas reparticiones, de modo que se procure su desarrollo eficaz; es así que, se les reconoce la inamovilidad laboral que les garantice una remuneración justa que asegure para sí y su familia una vida digna, que a su vez implica la satisfacción de sus necesidades básicas.

En el caso concreto, se advierte la existencia de una relación laboral emergente de un acuerdo a plazo fijo (Memorándum 03/2022), por tal razón el empleador está obligado a mantener el vínculo laboral sin afectar su escala salarial y dignidad, mientras dicho instrumento contractual esté vigente, evitando limitar de alguna forma la posibilidad de procurar su asistencia y manutención; en tal sentido, se debe prever que no exista afectación en su continuidad, dado que la estabilidad laboral tiene la finalidad de garantizar el sustento del trabajador con discapacidad y su entorno familiar, más cuando como se advierte en el caso analizado, la accionante cuenta con un Memorándum de designación vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora bien, con base a lo precedentemente desarrollado, se tiene por evidente que los derechos fundamentales que le asisten a la ahora accionante, quien es una persona con discapacidad auditiva del 50%, fueron transgredidos por la entidad contratante Gobierno Autónomo Departamental de Beni, quienes dejando de lado la observancia estricta de los arts. 70 y 71 de la CPE y de manera arbitraria la retiraron del marcador biométrico, desconociendo su inamovilidad laboral por discapacidad y por ende el respeto de su estabilidad laboral en la entidad durante la vigencia del Memorándum de continuidad de funciones de 3 de enero, pese a que tenían conocimiento de su situación de discapacidad y no obstante a que la misma había solicitado de forma reiterada la rehabilitación de su marcación biométrica, solicitudes que tampoco fueron atendidas por la entidad. En tales circunstancias, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene por evidente que la estabilidad e inamovilidad laboral se fundan en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, por tanto, la persona con discapacidad, tiene preferencia de contratación; estableciéndose claramente que dicha relación contractual no puede estar sujeta a modificaciones en el tiempo o vigencia del mismo, salvo que se encuentre justificada por ley y previo debido proceso que lleve a la desvinculación del beneficiario de la inamovilidad laboral. Consecuentemente, la estabilidad laboral de personas con discapacidad, exige indiscutiblemente que el ejercicio de sus funciones no sea causa o justificativo de discriminación alguna, ni acoso laboral, permanentes y continuas, o de acuerdo a lo establecido en los contratos a plazo fijo, permitiéndoseles acceder –a sí mismos y su entorno familiar– a la seguridad económica necesaria que asegure su subsistencia, garantizándose con ello las condiciones indispensables y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo humano vulnerable. Por otro lado, si el Gobierno Autónomo Departamental de Beni consideró que la autoridad que emitió el Memorándum 03/2022 lo hizo sin competencia, es el mismo referido gobierno departamental el que debió asumir las medidas internas necesarias para subsanar o remplazar dicho acto con un contrato a plazo fijo en los mismos términos del primero, toda vez que la demandante de tutela venía prestando sus servicios en el marco de dicho Memorándum y se pagaron sus haberes por el señalado ente departamental en reconocimiento del mismo. En consonancia con lo antedicho, conviene recordar que esta protección privilegiada del derecho laboral de las personas con discapacidad, no solo pretende generar un marco de igualdad frente a los demás respecto al acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley, sino y por sobre todo, busca materializar y garantizar el acceso eficiente, efectivo y preferente a los servicios médicos y educativos que les permitan acceder a los cuidados especiales que requiere este sector; a fin de consagrar y consolidar la vigencia material de sus derechos fundamentales; por ello, en el caso concreto, al tratarse de una persona con discapacidad, es innegable la obligación del Estado de velar y proteger los derechos fundamentales de ésta por su sola condición de discapacidad, debiendo en consecuencia protegerse el derecho a la inamovilidad y estabilidad laboral de la trabajadora, en el marco de la vigencia del Memorándum 03/2022, que establece un inicio y un final de prestación de servicios. De otro lado, respecto a las acciones asumidas por la entidad demandada que pretende justificar la suspensión de su marcación y pago de haberes de la solicitante de tutela, bajo el argumento de que esta no hubiera asistido por seis días continuos a su fuente laboral; dicho argumento resulta contradictorio con los propios actos de la Gobernación Autónomo del Beni, pues como se tiene establecido, le fueron cancelado íntegramente los sueldos correspondientes a dicho periodo; quedando evidenciado que el Gobierno Autónomo Departamental de Beni no solo entra en una contradicción total, sino que además se aparte de la normativa legal, pues a los efectos de una correcta y legal desvinculación, que no afecte los derechos de la accionante, existen Reglamentos Internos aprobados por los Órganos rectores del Estado y procedimientos aprobados por las máximas instancias de cada entidad que exigen un control de personal adecuado por las mismas y ante cualquier falta o contravención a los citados reglamentos, deben aplicarse procedimientos internos correctivos, desde llamadas de atención, sanciones económicas y en último caso la destitución de funciones, cuando la conducta de la funcionaria se acomodare a faltas gravísimas establecidas en dichos reglamentos internos; disposiciones legales que se advierte no fueron aplicadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Beni que, por el contrario, asumió y ejecutó medidas de forma directa sin un proceso previo. Consiguientemente, mientras no exista una causal de desvinculación y un debido proceso, no se puede desvincular de forma directa a ningún servidor que goce de inamovilidad funcionaria. Por lo que, en resguardo de los derechos de la accionante, se debe restituir a la impetrante de tutela sus derechos vulnerados, reincorporándosela a su fuente laboral en las funciones que venía cumpliendo hasta el 27 de abril de 2022 y gozando de todos los derechos y beneficios sociales que la ley reconoce, así como el pago de los salarios que le fueron privados desde esa fecha, hasta el momento de su efectiva reinserción. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 085/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 184 a 194 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo su reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral en el marco del Memorándum 03/2022 de 3 de enero, así como la habilitación de su marcación biométrica y pago de los salarios y demás derechos sociales que le fueron privados desde su desvinculación, hasta el momento de su efectiva reinserción. Sea en el plazo máximo de cinco días hábiles, computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0158_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4ada2779cb8281a92ead89096d770c18fe2bbe9e2e5e9d0ee870f8f9c167a295

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