B.IA.LEGAL

SCP 0158/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48113-2022-97-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad y seguridad personal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, estando cumpliendo detención preventiva desde el 28 de octubre de 2021, solicitó su cesación adjuntando nuevos elementos para sustituir la media extrema; sin embargo: 1) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, rechazaron tal pedido a través de una resolución carente de fundamentación y contrario a los alcances de los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 003/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 65 vta., a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la sub problemática III.3.2 del presente fallo constitucional, disponiendo que:

a) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de conocer el presente fallo constitucional, emita otra resolución debidamente fundamentada y motivada. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en razón de los argumentos expuestos en la sub problemática III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP)
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2024-S1 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48113-2022-97-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 003/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 65 vta., a 68, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Abel Elías Chavarría Puita contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia; María Isabel Sosa Castellanos y Juan Carlos Tinuco Salazar, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo; todos del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 45 a 47 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, estando cumpliendo detención preventiva desde el 28 de octubre de 2021, solicitó su cesación adjuntando nuevos elementos para sustituir la media extrema; sin embargo: a) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, rechazaron tal pedido a través de una resolución carente de fundamentación y contrario a los alcances de los arts. 1 y 231 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-: b) Situación que la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista “discrecional” confirmó, denegando su recurso, incurriendo en las siguientes irregularidades:

b.1) No consideró que las medidas cautelares preventivas no punitivas, son revisables periódicamente; y, b.2) No valoró las pruebas de descargo que presentó consistente en: Resolución de Rechazo emitida en favor del que lo contrató como chofer; dictamen pericial de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); Informe del investigador asignado al caso; declaración de sus testigos; Certificados de Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y de no violencia (CENVI); Certificación de autoridades originarias; documentación del vehículo que refiere que no es de su propiedad; y, acta de audiencia de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de los derechos a la libertad, dignidad y seguridad personal; citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando que las autoridades demandadas emitan “nueva resolución”, disponiendo se libre mandamiento de libertad en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de junio de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 64 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los extremos planteados en su memorial de acción de libertad, y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) “…en la audiencia de medidas cautelares de fecha 29 de octubre, los motivos para que mi defendido sea detenido han sido que fuera el auto, y que los peligros procesales, elementos procesal en que hay un testigos, empero no menciona testigos, la pericia del laboratorio, se ha presentado un cesación, se han presentado testigos de descargo muestra la indigencia de mi defendido, no se ha demostrado que sea narcotraficante o dueño de la sustancia controlada, activan el numeral 2 del 235 mencionando que hay personas que declarar, violan el Art. 115 de la CPE, el derecho del debido proceso” (sic); y, 2) “la corte inteamericana refiere en suma respecto a la medida cautela, no es medida punitiva, por lo que tomando que esta corte establece de manera clara que la situación procesal no ha sido decidida, conforme requisitos atribuibles a la pena, solo que el Estado de manera objetiva demuestre los peligros procesal, no subjetiva, no mecánica, mediante ideas, como la resolución del tribunal de alzada, que después del juicio oral, es violación al debido proceso, motivación, conforme al Art, 125, esta indebidamente detenido y privado de libertad, ese es el derecho vulnerado” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe escrito de 3 de junio de 2022, cursante de fs. 62 a 63 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada bajo los siguientes argumentos: i) La jurisprudencia constitucional estableció de manera reiterada, que los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro las acciones tutelares; más aún, cuando la medida de coerción personal, al no causar ejecutoria, pueden ser revisadas directamente por los jueces de instancia, inclusive de oficio, mucho más a petición de parte y no pretender que el alto Tribunal Constitucional supla lo que la ley ya prevé; y, ii) La apelación fue denegada, en razón de que el ahora accionante no estableció circunstancia concreta en cuanto a si la decisión se encuentra fundamentada, o respecto a la valoración de los elementos probatorios, lo cual desembocó que ante la inexistencia de agravio, falta de carga argumentativa y fundamentación precisa, no se realice un análisis detallado sobre algún aspecto puntual. María Isabel Sosa Castellanos y Juan Carlos Tinuco Salazar, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; mediante informe escrito de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 55 a 59, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, argumentando que el Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo -ahora cuestionado-, en su numeral I consideró como antecedente la petición de cesación del ahora solicitante de tutela; en su numeral II se realizó una relación fáctica y jurídica de los antecedentes procesales de la causa; en sus numerales III y IV se anunció la revisión y valoración de las documentales presentadas en audiencia, de acuerdo a las reglas de la sana critica racional, lógica, sentido común, donde se anticipó la consulta de disposiciones legales aplicables al caso; en su numeral V se realizó los fundamentos de orden legal que sustentan el decisorio; y, en su numeral VI se efectuó un análisis del caso concreto, con la valoración de cada uno de los elementos de prueba ofrecidos y presentados en audiencia. La resolución ahora cuestionada, fue impugnada vía apelación incidental, misma que mereció el Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo, evacuada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declarando sin lugar el recurso formulado, manteniendo inalterable la resolución inferior.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 003/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 65 vta., a 68, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Los autos emitidos por los Jueces de primera instancia como la Vocal demandada, realizaron una correcta valoración de todos y cada uno de los elementos de prueba presentados por el ahora impetrante de tutela para desvirtuar los riesgos procesales, realizando una debida fundamentación, dándoles el valor correspondiente; b) El Juez de garantías solo puede analizar la prueba si es que ésta no fue valorada, extremo que no se advirtió en el presente caso; c) La mención que realizó el abogado de la parte peticionante de tutela, respecto a sentencias que emitieron instancias internacionales en contra de diferentes Estados, resultan casos muy extremos, que fueron sancionados “por aplicar un debido procesamiento” (sic); d) En el presente caso el imputado fue sometido a un proceso, donde cumple detención preventiva en razón de riesgos procesales y que no cesa porque no se desvirtuó los mismos; y, e) Cuando se mantiene subsistente la detención preventiva, ya no simplemente se debe considerar el plazo para cesarla, sino que se deben desvirtuar los peligros procesales que dieron lugar a la misma.

CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal por transporte de sustancias controladas seguido en contra de Abel Elías Chavarría Puita -ahora accionante-, consta Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva 31/2022 de 3 de mayo, emitido por María Isabel Sosa Castellanos y Juan Carlos Tinuco Salazar, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora demandados-, quienes resolvieron lo siguiente:

(…)

En el caso en concreto recordemos que, Abel Elías Chavarría Puita se encuentra detenido preventivamente por haber concurrido en su momento el elemento de probabilidad de autoría (art. 233-1 del CPP); El riesgo procesal de peligro de fuga previsto por el art. 234-7 del CPP (peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o para el denunciante) y, peligro de obstaculización previsto en el art. 235-2 del CPP (que el imputado amenace o influya negativamente sobre partícipes, víctima, testigos o peritos.

Conforme el inciso 1 del art. 239 del CPP que establece dos supuestos que hacen procedente la cesación de la detención preventiva, el primero relativo a la modificación sustancial de la situación procesal del imputado sometido a prisión provisional, vale decir que, si los motivos que en principio sirvieron de fundamento para la detención preventiva del imputado, han cambiado sustancialmente a su favor, tal el caso de nuevas evidencias que destruyan la inicial tesis de la imputación.

Ahora bien, habiendo la defensa del acusado en esta ocasión presentado prueba documental la cual corresponde a este Tribunal la valoración de la misma de forma individual y conjunta conforme los siguientes términos: En cuanto a la literal Resolución Fiscal de rechazo de denuncia del Ministerio Publico de 20 de diciembre de 2021 con relación al codenunciado de nombre de Gonzalo NN, este documento de ninguna manera disminuye la probabilidad de autoría del acusado (art. 233-1 del CPP) toda vez que el rechazo de denuncia es para el codenunciado de nombre Gonzalo y no así a favor de acusado Abel Elías Chavarría Puita, Con relación a la literal Dictamen Pericial de 21 de febrero de 2022 que concluye que la muestra IDIF-0035-22-CBBA-M-1 objeto de pericia sustancia que fue encontrada al interior del vehículo que conducía el ahora acusado identifica como cocaína en su forma química de CLORIDRATO DE COCAINA diremos que dicho informe si bien fue elaborado de forma posterior a la consideración de la probabilidad de autoría y activación de los riesgos procesales por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares, esta literal no puede ser considerado nuevo elemento que venga a desvirtuar o disminuir la probabilidad de autoría del acusado, más al contrario el resultado de dicha pericia compromete aún más al acusado al haber positivo a cocaína la sustancia encontrada en el vehículo secuestrado al acusado; Con relación a los documentos de propiedad del vehículo automotor (Placa de Control 2930-KDX) secuestrado al acusado que acreditan que dicho motorizado no está registrado a nombre del ahora acusado sino más bien a nombre de Teodoro Quintana Choquevillca, esta condición de no titularidad del motorizado no desvirtúa la probabilidad de autoría ni los riesgos procesales de fuga y obstaculización activados por la autoridad jurisdiccional; Con relación a la Acta de Requisa Personal, si bien dicha acta refiere que el acusado no tenía adherido a su humanidad ninguna sustancia ilícita y/o dineros relacionados con la actividad ilícita, esta literal cursa en el cuaderno de autos y el mismo ya fue considerado por la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares por ende no es un elemento nuevo que desvirtué los riesgos procesales activados, Con relación a los Certificados de Antecedentes Penales y Certificado de no Violencia Ley N° 348 diremos que si bien estas literales acreditan que el acusado no tiene registrado sentencia condenatoria ejecutoriada, rebeldía o suspensión condicional del proceso en el REJAP estos no desvirtúan los riesgos procesales de fuga y obstaculización y probabilidad de autoría del acusado puesto que estos documentos solo informan de la inexistencia de registro de antecedentes penales; Con relación a las Certificaciones del Corregidor y Representante de la OTV de la Comunidad donde radica el acusado que informan sobre el modo de vida del acusado en su comunidad, esta información aportada por las autoridades locales tampoco desvirtúan la probabilidad de autoría del acusado, probabilidad de autoría acreditado tanto por la imputación formal y la acusación fiscal del representante del Ministerio Publico, toda vez que estas certificaciones dan cuenta de la condición social, ocupación laboral habitual y situación familiar del acusado datos que no pueden ser considerados como nuevos elementos que hagan disminuir esa probabilidad de autoría establecida por la autoridad jurisdiccional en la etapa de investigación de la causa; Con relación a las entrevistas informativas policiales realizadas en la etapa investigativa de la causa por el investigador asignado al caso, testimonios que refieren que el acusado efectivamente trabajaba como taxista en la localidad de Yacuiba y que desconocían de la investigación por tráfico de sustancias controladas, declaraciones que no desvirtúan los riesgos procesales de fuga y obstaculización y la concurrencia del elemento de probabilidad de autoría del acusado. De la valoración integral de la prueba documental ofrecida por la defensa en la presente audiencia, los datos cursantes en el cuaderno de autos y la normativa aplicable al presente caso se concluye que el acusado Abel Elías Chavarría Puta no ha demostrado la existencia de nuevos elementos que modifiquen la probabilidad de autoría establecida en el art 233-1 y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos por los artículos 234-7 y 235-2 del CPP respectivamente, consecuencia de ello no corresponde aplicar la cesación de la detención preventiva fundamentada en el art 239-1 del citado cuerpo de leyes.

POR TANTO

Con los fundamentos fácticos y jurídicos que se llevan expuestos, el Tribunal de Sentencia de Bermejo, RESUELVE:

1. Declarar sin lugar la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el acusado Abel Ellas Chavarría Puita. 2. Notificar a las partes con este decisorio por su pronunciamiento. POSIBILIDAD DE RECURSO El presente auto es susceptible de apelación al efecto no suspensivo en el plazo de 72 horas por mandato del art 251 CPP ANOTESE. Con la palabra el abogado de la defensa Oscar Tejerina manifiesta Señores jueces del Tribunal, voy a apelar la resolución interlocutoria y me reservo la fundamentación ante el tribunal de alzada. A continuación, el Tribunal resuelve:

I. Planteado el recurso de apelación incidental contra la resolución interlocutoria N' 31/2022 de fecha 03 de mayo de 2022 que mantiene la medida cautelar de detención preventiva contra el acusado Abel Elías Chavarría Puita, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo resuelve: 1. Remitir obrados en el plazo de 24 horas al Tribunal de Alzada, con la debida nota de cortesia, bajo responsabilidad funcionaria. 2. Conceder et plazo de 24 horas al apelante proporcionar un testimonio para remitir obrados ante el Tribunal de alzada.

3. Tener por notificadas a todas las partes con el presente decisorio. Con lo que termino el presente acto siendo horas 16:50 del día 03 de mayo de 2022, firmando en constancia los señores Jueces y la suscrita Secretaria que certifica (sic [fs. 29 a 31 vta.]).

II.2. Cursa Acta de audiencia de apelación de medidas cautelares de 12

de mayo de 2022; por el que, el ahora impetrante de tutela, a través de su abogado defensor, en audiencia expresó los siguientes agravios:

Con la palabra con la palabra el abogado del imputado Dr. Oscar Tejerina.-

Gracias señora presidenta la audiencia señalada para tal efecto voy a fundamentar los agravios que sufre mi defendido Abel Elías Chavarría Puita que desde fecha 29 de octubre de 2021 viene sufriendo esta pena como una pena anticipada en esta audiencia de 29 de octubre de 2021 se ha fundado la detención preventiva en que mi defendido seria presumiblemente el autor de la droga de la sustancia controlada se ha fundado igual en que falta la pericia de la sustancia controlada no se ha realizado, tercero que hay testigos que declarar y que mi defendido podría influir negativamente u obstaculiza para ello han activado el peligro para la sociedad fundamento por el artículo 234 numeral 7 y 235.2 en cuanto al peligro de obstaculización que con la libertad mi defendido podría influir negativamente en estos actos procesales de investigación otro acto que el autor sería estaría esta en investigación para saber de quién es que presumiblemente en esta audiencia sería de mi defendido Abel Chavarría Puíta, la prueba presentada solicitando la cesación se ha presentado señora presidenta la pericia que ha llegado y donde mi defendido no obstaculizado ni ha obrado negativamente como acto procesal concluido que es un motivo que ha hecho activar la detención preventiva se ha presentado también la investigación que curiosamente lo rechaza el Ministerio Público del señor Gonzalo evidentemente curiosamente digo porque el señor todavía no poderosamente económico tiene un poder económico sin embargo el Ministerio Público curiosamente lo rechaza acto concluido señora presidenta la declaración de testigos que no puede estar con vigente todo el tiempo de la declaración de testigos por lo que se presume que todos los actos investigación que establece el procedimiento han activado la detención preventiva de mi defendido han concluido de manera normal por otro lado de que hasta este momento no se ha determinado que es la sustancia controlada seria mi defendido un pobre ayudante un pobre indigente que vive del día que ha sido utilizado para este ilícito prueba de ello igual como elemento de prueba hay testigos que manifiestan de manera uniforme que mi defendido Sencillamente es un ayudante de albañil trabaja de albañil y de chofer concluyendo también de que me defendido sería un peligro para la sociedad podía ser evidente pero hasta este momento no se ha demostrado con ningún elemento que mi defendido seria dueño de esa sustancia controlada por tanto no podemos presumir o prejuzgar de que mi defendido es dueño para ello se ha presentado un certificado del Rejap a nivel nacional de que mi defendido no tiene ningún antecedente y la certificación también sobre que mi defendido no tiene ningún acto ninguna sentencia ni suspensión condicional del proceso ni violencia a niño a niña, certificado de no violencia Ley 348 y 1153 el Rejap que no tiene ningún antecedente mi defendido la certificación del Rejap no tiene ninguna sentencia ni registra antecedentes penales la culminación de la investigación donde el asignado al caso demuestra que el auto no es de mi defendido en la requisa señora presidenta igual la prueba emitida por el asignado al caso de la requisa no le han encontrado ni un Bs. ni 50 centavos mi defendido ni para presumir por lo menos que sería autor de este hecho también investigación concluida señora presidenta las autoridades de la comunidad y los testigos Rosendo Alandia, Edwin Condori Huallpa, Rosendo Alandia Gutiérrez, de manera uniforme determina igual sembrando de manera creíble la duda de que mi defendido sería dueño de esta mercancía toda vez que en esa comunidad es solamente un simple ayudante que vive del día para sustentar su familia ahora bien señora presidenta la detención preventiva no es punible sencillamente es una detención preventiva para los actos de investigación no podemos tomar la detención preventiva como una sentencia de carácter condenatorio ni tampoco una acusación no tiene un vínculo vinculante como que sería una sentencia condenatoria porque sería una pena anticipada voy a volver a recalcar este artículos 7.5 de la Corte Interamericana que establece de manera clara que aun así haya razones para mantener la detención preventiva esta corte a determinado que le daría la libertad porque el tiempo señora presidenta es ya desproporcional por lo que pido a su autoridad tomando en cuenta que el 231 bis hay 9 reglas que garanticen la presencia del imputado pido su autoridad dicte resolución en favor de mi defendido imponiendo reglas que están establecidas en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal es todo señora presidenta (…)” (sic [fs. 786 a 787 vta. del anexo 4°]). II.3. Por Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo, Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en atención del recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela en contra del Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo, resolvió lo siguiente:

CONSIDERANDO II.- ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.

II.1.- Para poder resolver en derecho el recurso de apelación formulado por el imputado debemos tener en cuenta lo que prevé el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal que a la letra enseña que los Tribunales de Alzada circunscriban sus razones a los aspectos cuestionados de la resolución que en el caso en examen vienen a significar la resolución interlocutoria 31/2022 pronunciada en fecha 3 de mayo del año en curso, por lo Jueces técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la ciudad de Bermejo que ha tiempo de considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva formulado por el imputado tras el análisis detallado de cada uno de los elementos aparejados resuelve declarar sin lugar la solicitud de cesación a la detención preventiva formulado por el imputado tras el análisis detallado de cada uno de los elementos aparejados resuelve declarar sin lugar la solicitud de cesación a la detención preventiva, bajo ese parámetro es que compete al Tribunal de Alzada establecer que a tiempo de examinar o de someter a revisión la resolución impugnada debe tenerse establecido de manera previa cuál es el agravio que habría generado la resolución apelada que en el caso en concreto no se ha logrados identificar por el recurrente toda vez que se ha hecho una síntesis fáctica de la causa los motivos que han determinado la detención preventiva y asimismo se hace referencia a la presentación de una pericia concluida y el rechazo en contra o a favor de Gonzalo NN declaraciones testificales tomadas pero sin embargo no se ha establecido de modo alguno cuál es el agravio, cuál es la lesión, cual es el aspecto que vendría a generar lesión o conculcación a los derechos del imputado.

Si bien se cuestiona el tema de la libertad que no puede prolongarse indefinidamente, empero no se ha establecido ninguna circunstancia concreta para que el Tribunal de Alzada pueda analizar si es que el cuestionamiento respecto a la decisión viene en cuanto al aspecto fundamentativo viene a través de la valoración de los elementos probatorios o en su caso cualquier otra circunstancia que venga conculcar el debido proceso, empero no existe esa identificación y esa precisión lo que conlleva que el Tribunal de Alzada no pueda establecer un análisis detallado sobre aspecto alguno de la decisión impugnada correspondiendo únicamente verificar que a través de la audiencia de cesación a la detención preventiva de la cual emerge el auto interlocutorio hoy impugnado contempla las consideraciones realizadas por las partes en el acto procesal desarrollado asimismo hace referencia a todos y cada uno de los elementos aparejados por el solicitante para la cesación a la detención preventiva y en ese contexto bajo el análisis intelectivo la valoración realizada dentro del marco de razonabilidad asimismo cumpliendo con la parte valorativa preconizada por artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, es decir aplicando las reglas de la sana critica en virtud a los elementos aparejados se ha asumido la decisión de rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva al no haberse acreditado elementos suficientes para variar la situación del mismo.

Consecuentemente se logra advertir que el tribunal ad quo ha ajustado la decisión al procedimiento legalmente establecido para el tratamiento de la cesación a la detención preventiva, consecuentemente bajo aquellos parámetros se puede establecer en prima facie que la resolución cumple con aquel aspecto argumentativo, fundamentativo además observa todos los elementos establecidos por la ley adjetiva penal en el artículo 239, asimismo la Jurisprudencia Constitucional en relación a los aspectos que deben dilucidarse dentro de lo que significa una audiencia de cesación a la detención preventiva consecuentemente al no existir carga argumentativa y fundamentación concreta y precisa de algún aspecto lesivo de la determinación, conlleva a tenerse por inexistente agravio alguno.

POR TANTO

.- EL Tribunal, de Alzada debe necesariamente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación incidental y en su caso mantener la inalterable la determinación asumida dejando constancia expresa que únicamente se ha hecho relación fáctica empero no se ha identificado agravio alguno dentro del recurso de formulado por la defensa (…). (sic [fs. 60 a 61 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad y seguridad personal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, estando cumpliendo detención preventiva desde el 28 de octubre de 2021, solicitó su cesación adjuntando nuevos elementos para sustituir la media extrema; sin embargo: 1) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, rechazaron tal pedido a través de una resolución carente de fundamentación y contrario a los alcances de los arts. 1 y 231 bis de la Ley 1173; 2) Situación que la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista “discrecional” confirmó denegando su recurso, incurriendo en las siguientes irregularidades: 2.i) No consideró que las medidas cautelares preventivas no punitivas, son revisables periódicamente; y, 2.ii) No valoró las pruebas de descargo que presentó consistente en: Resolución de Rechazo emitida en favor del que lo contrató como chofer; dictamen pericial de laboratorio del IDIF; Informe del investigador asignado al caso; declaración de sus testigos; Certificados de REJAP y CENVI; Certificación de autoridades originarias; documentación del vehículo que refiere que no es de su propiedad; y, acta de audiencia de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP)

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0249/2020-S1 de 4 de agosto, 0841/2022-S1 de 25 de agosto, 0106/2023-S1 de 28 de marzo, 1312/2023-S1 de 20 de diciembre entre otros; mismos que describen lo siguiente:

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto; en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SCP 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’ (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del mencionado artículo, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’ (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización;

ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad y seguridad personal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, estando cumpliendo detención preventiva desde el 28 de octubre de 2021, solicitó su cesación adjuntando nuevos elementos para sustituir la media extrema; sin embargo: a) Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, rechazaron tal pedido a través de una resolución carente de fundamentación y contrario a los alcances de los arts. 1 y 231 bis de la Ley 1173; b) Situación que la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista “discrecional” confirmó denegando su recurso, incurriendo en las siguientes irregularidades: b.1) No consideró que las medidas cautelares preventivas no punitivas, son revisables periódicamente; y, b.2) No valoró las pruebas de descargo que presentó consistente en: Resolución de Rechazo emitida en favor del que lo contrató como chofer; dictamen pericial de laboratorio del IDIF; Informe del investigador asignado al caso; declaración de sus testigos; Certificados de REJAP y CENVI; Certificación de autoridades originarias; documentación del vehículo que refiere que no es de su propiedad; y, acta de audiencia de medidas cautelares.

Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así se tiene que dentro el proceso penal por transporte de sustancias controladas seguido en contra del ahora impetrante de tutela, consta Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva 31/2022 de 3 de mayo; por el cual, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora demandados-, resolvieron declarar sin lugar la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el peticionante de tutela, bajo el argumento que con la prueba presentada no se demostró la existencia de nuevos elementos que modifiquen la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1 del CPP, y los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 de la citada norma procesal penal (Conclusión II.1).

En audiencia de apelación de medidas cautelares de 12 de mayo de 2022, el ahora solicitante de tutela a través de su abogado defensor expresó como agravios que en razón de las documentales que presentó corresponde se disponga su libertad. En atención a tal argumento, la Vocal ahora demandada, mediante el Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación incidental y en su caso mantuvo subsistente la determinación del inferior, en razón de que no se identificó agravio alguno para ser considerado (Conclusiones II.2 y II.3).

Con esos antecedentes, corresponde examinar si los argumentos expuestos por el accionante son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme la delimitación de las problemáticas identificadas, se tiene que:

III.3.1.El impetrante de tutela denunció que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitó su cesación adjuntando nuevos elementos para sustituir la media extrema;

sin embargo, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, rechazaron tal pedido a través de una resolución carente de fundamentación y contrario a los alcances de los arts. 1 y 231 bis de la Ley 1173

A efectos de contrastar en examen la presente problemática, en sintonía con las Conclusiones arribadas dentro el presente fallo constitucional, inicialmente corresponde señalar que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, a través del Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo, respecto de la solicitud de cesación a la detención preventiva requerida por el ahora peticionante de tutela (Conclusión II.1), dispusieron resolver lo siguiente:

…habiendo la defensa del acusado en esta ocasión presentado prueba documental la cual corresponde a este Tribunal la valoración de la misma de forma individual y conjunta conforme los siguientes términos: En cuanto a la literal Resolución Fiscal de rechazo de denuncia del Ministerio Público de 20 de diciembre de 2021 con relación al codenunciado de nombre de Gonzalo NN, este documento de ninguna manera disminuye la probabilidad de autoría del acusado (art. 233-1 del CPP) toda vez que el rechazo de denuncia es para el codenunciado de nombre Gonzalo y no así a favor de acusado Abel Elías Chavarría Puita, Con relación a la literal Dictamen Pericial de 21 de febrero de 2022 que concluye que la muestra IDIF-0035-22-CBBA-M-1 objeto de pericia sustancia que fue encontrada al interior del vehículo que conducía el ahora acusado identifica como cocaína en su forma química de CLORIDRATO DE COCAINA diremos que dicho informe si bien fue elaborado de forma posterior a la consideración de la probabilidad de autoría y activación de los riesgos procesales por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares, esta literal no puede ser considerado nuevo elemento que venga a desvirtuar o disminuir la probabilidad de autoría del acusado, más al contrario el resultado de dicha pericia compromete aún más al acusado al haber positivo a cocaína la sustancia encontrada en el vehículo secuestrado al acusado; Con relación a los documentos de propiedad del vehículo automotor (Placa de Control 2930-KDX) secuestrado al acusado que acreditan que dicho motorizado no está registrado a nombre del ahora acusado sino más bien a nombre de Teodoro Quintana Choquevillca, esta condición de no titularidad del motorizado no desvirtúa la probabilidad de autoría ni los riesgos procesales de fuga y obstaculización activados por la autoridad jurisdiccional; Con relación a la Acta de Requisa Personal, si bien dicha acta refiere que el acusado no tenía adherido a su humanidad ninguna sustancia ilícita y/o dineros relacionados con la actividad ilícita, esta literal cursa en el cuaderno de autos y el mismo ya fue considerado por la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares por ende no es un elemento nuevo que desvirtué los riesgos procesales activados, Con relación a los Certificados de Antecedentes Penales y Certificado de no Violencia Ley N° 348 diremos que si bien estas literales acreditan que el acusado no tiene registrado sentencia condenatoria ejecutoriada, rebeldía o suspensión condicional del proceso en el REJAP estos no desvirtúan los riesgos procesales de fuga y obstaculización y probabilidad de autoría del acusado puesto que estos documentos solo informan de la inexistencia de registro de antecedentes penales; Con relación a las Certificaciones del Corregidor y Representante de la OTV de la Comunidad donde radica el acusado que informan sobre el modo de vida del acusado en su comunidad, esta información aportada por las autoridades locales tampoco desvirtúan la probabilidad de autoría del acusado, probabilidad de autoría acreditado tanto por la imputación formal y la acusación fiscal del representante del Ministerio Publico, toda vez que estas certificaciones dan cuenta de la condición social, ocupación laboral habitual y situación familiar del acusado datos que no pueden ser considerados como nuevos elementos que hagan disminuir esa probabilidad de autoría establecida por la autoridad jurisdiccional en la etapa de investigación de la causa; Con relación a las entrevistas informativas policiales realizadas en la etapa investigativa de la causa por el investigador asignado al caso, testimonios que refieren que el acusado efectivamente trabajaba como taxista en la localidad de Yacuiba y que desconocían de la investigación por tráfico de sustancias controladas, declaraciones que no desvirtúan los riesgos procesales de fuga y obstaculización y la concurrencia del elemento de probabilidad de autoría del acusado. De la valoración integral de la prueba documental ofrecida por la defensa en la presente audiencia, los datos cursantes en el cuaderno de autos y la normativa aplicable al presente caso se concluye que el acusado Abel Elías Chavarría Puta no ha demostrado la existencia de nuevos elementos que modifiquen la probabilidad de autoría establecida en el art 233-1 y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos por los artículos 234-7 y 235-2 del CPP respectivamente, consecuencia de ello no corresponde aplicar la cesación de la detención preventiva fundamentada en el art 239-1 del citado cuerpo de leyes.

Ahora bien, establecidos los elementos fácticos de esta problemática, en examen bajo la premisa normativa, y denunciados como se tiene, la emisión de una resolución carente de fundamentación, corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que con referencia al debido proceso precisó que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto; en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica; en la cual, se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

En ese efecto, compulsados los elementos arrimados a la presente causa, se tiene que el Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo (Conclusión II.1) evacuado por los Jueces ahora demandados, al momento de considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva requerida por el ahora solicitante de tutela en razón de las pruebas que éste aportó, en su punto “IV”, se evidencia procedieron a desglosar individualmente cada una de las documentales presentadas en audiencia de cesación, señalando que tanto la Resolución de Rechazo; dictamen pericial; documentos de propiedad de vehículo automotor; Acta de requisa personal; Certificados REJAP y CENVI; Certificados del Corregidor; y, entrevistas policiales, no se constituían como suficientes para desvirtuar la probabilidad de autoría del referido, y por ende la subsistencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.

A partir de dicha descripción, se comprende que lo denunciado por el accionante en sentido que la resolución ahora cuestionada carecería de fundamentación, el mismo no resulta evidente; toda vez que, los citados jueces a quo, en dicho fallo, se remitieron a desglosar una por una las pruebas que presentó el impetrante de tutela, otorgándoseles individualmente un valor a cada una de ellas para establecer que ninguna fuera suficiente para desvirtuar la probabilidad de autoría y por ende los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

Por otra parte, si bien en la presente acción de defensa se cuestionó que la resolución objetada resultaría contraria a los alcances establecidos en los arts. 1 y 231 bis del CPP; sin embargo, remitiéndonos al contenido de la acción de libertad y lo señalado en audiencia por parte del abogado del peticionante de tutela, no se evidencia un despliegue claro, argumentando de qué manera el citado fallo cuestionado resultaría contrario a los alcances de dichos artículos, o de qué modo estos atentarían contra algún derecho como tal; extremos que derivan, en que esta instancia constitucional no pueda emitir pronunciamiento, ya que el petitorio por sí, resulta ambiguo, escueto y breve en exposición.

En tal sentido, en conclusión podemos establecer, que el Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo (Conclusión II.1), cuenta con la debida fundamentación y motivación, ya que, los argumentos expuestos por los jueces ahora demandados para denegar la cesación a la detención preventiva invocada por el solicitante de tutela, resultan lógicos, coherentes y encuentran justificación en la decisión asumida; además, para llegar a tal conclusión precisaron y determinaron los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, para concluir que los mismos no resultaban suficientes para disponer la libertad provisional del imputado; denotando así que existe coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita en dicha resolución cuestionada. En tal razón, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.3.2.El accionante denunció que la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto

1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación;

2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal;

4. Prohibición de concurrir a determinados lugares;

5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas;

6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, o constitución de prenda o hipoteca;

7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física, sin costo para éste;

8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes;

9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; y,

10. Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este Código.

II. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente.

III. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar.

IV. A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo I del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva, cuando ésta sea permitida por este Código.

V. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad.

de Vista “discrecional” confirmó el Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo: i) Sin considerar que las medidas cautelares preventivas no punitivas, son revisables periódicamente; y, ii) Sin valorar las pruebas de descargo que presentó consistente en: Resolución de Rechazo emitida en favor del que lo contrató como chofer; dictamen pericial de laboratorio del IDIF; Informe del investigador asignado al caso; declaración de sus testigos; Certificados REJAP y CENVI; Certificación de autoridades originarias; Documentación del vehículo que refiere que no es de su propiedad; y, Acta de Audiencia de medidas cautelares

A fines de contrastar los hechos descritos y su correspondencia, con la normativa legal, con referencia a las problemáticas establecidas, previamente debemos remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señaló que en caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado. Bajo ese parámetro, a efecto de realizar un debido contraste entre lo cuestionado por el impetrante de tutela y lo resuelto por la Vocal ahora demandada, corresponde inicialmente describir los agravios formulados por el peticionante de tutela en audiencia de apelación (Conclusión II.2), así se tiene que el mismo refirió:

…voy a fundamentar los agravios que sufre mi defendido Abel Elías Chavarría Puita que desde fecha 29 de octubre de 2021 viene sufriendo esta pena como una pena anticipada en esta audiencia de 29 de octubre de 2021 se ha fundado la detención preventiva en que mi defendido seria presumiblemente el autor de la droga de la sustancia controlada se ha fundado igual en que falta la pericia de la sustancia controlada no se ha realizado, tercero que hay testigos que declarar y que mi defendido podría influir negativamente u obstaculiza para ello han activado el peligro para la sociedad fundamento por el artículo 234 numeral 7 y 235.2 en cuanto al peligro de obstaculización que con la libertad mi defendido podría influir negativamente en estos actos procesales de investigación otro acto que el autor sería estaría esta en investigación para saber de quién es que presumiblemente en esta audiencia sería de mi defendido Abel Chavarría Puita, la prueba presentada solicitando la cesación se ha presentado señora presidenta la pericia que ha llegado y donde mi defendido no obstaculizado ni ha obrado negativamente como acto procesal concluido que es un motivo que ha hecho activar la detención preventiva se ha presentado también la investigación que curiosamente lo rechaza el Ministerio Público del señor Gonzalo evidentemente curiosamente digo porque el señor todavía no poderosamente económico tiene un poder económico sin embargo el Ministerio Público curiosamente lo rechaza acto concluido señora presidenta la declaración de testigos que no puede estar con vigente todo el tiempo de la declaración de testigos por lo que se presume que todos los actos investigación que establece el procedimiento han activado la detención preventiva de mi defendido han concluido de manera normal por otro lado de que hasta este momento no se ha determinado que es la sustancia controlada seria mi defendido un pobre ayudante un pobre indigente que vive del día que ha sido utilizado para este ilícito prueba de ello igual como elemento de prueba hay testigos que manifiestan de manera uniforme que mi defendido Sencillamente es un ayudante de albañil trabaja de albañil y de chofer concluyendo también de que me defendido sería un peligro para la sociedad podía ser evidente pero hasta este momento no se ha demostrado con ningún elemento que mi defendido seria dueño de esa sustancia controlada por tanto no podemos presumir o prejuzgar de que mi defendido es dueño para ello se ha presentado un certificado del Rejap a nivel nacional de que mi defendido no tiene ningún antecedente y la certificación también sobre que mi defendido no tiene ningún acto ninguna sentencia ni suspensión condicional del proceso ni violencia a niño a niña, certificado de no violencia Ley 348 y 1153 el Rejap que no tiene ningún antecedente mi defendido la certificación del Rejap no tiene ninguna sentencia ni registra antecedentes penales la culminación de la investigación donde el asignado al caso demuestra que el auto no es de mi defendido en la requisa señora presidenta igual la prueba emitida por el asignado al caso de la requisa no le han encontrado ni un Bs. ni 50 centavos mi defendido ni para presumir por lo menos que sería autor de este hecho también investigación concluida señora presidenta las autoridades de la comunidad y los testigos Rosendo Alandia, Edwin Condori Huallpa, Rosendo Alandia Gutiérrez, de manera uniforme determina igual sembrando de manera creíble la duda de que mi defendido sería dueño de esta mercancía toda vez que en esa comunidad es solamente un simple ayudante que vive del día para sustentar su familia ahora bien señora presidenta la detención preventiva no es punible sencillamente es una detención preventiva para los actos de investigación no podemos tomar la detención preventiva como una sentencia de carácter condenatorio ni tampoco una acusación no tiene un vínculo vinculante como que sería una sentencia condenatoria porque sería una pena anticipada voy a volver a recalcar este artículos 7.5 de la Corte Interamericana que establece de manera clara que aun así haya razones para mantener la detención preventiva esta corte a determinado que le daría la libertad porque el tiempo señora presidenta es ya desproporcional por lo que pido a su autoridad tomando en cuenta que el 231 bis hay 9 reglas que garanticen la presencia del imputado pido su autoridad dicte resolución en favor de mi defendido imponiendo reglas que están establecidas en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal…

Seguidamente, la autoridad judicial ahora demandada a través del Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo (Conclusión II.3), refiriéndose a lo cuestionado por el solicitante de tutela, resolvió que:

…compete al Tribunal de Alzada establecer que a tiempo de examinar o de someter a revisión la resolución impugnada debe tenerse establecido de manera previa cuál es el agravio que habría generado la resolución apelada que en el caso en concreto no se ha logrados identificar por el recurrente toda vez que se ha hecho una síntesis fáctica de la causa los motivos que han determinado la detención preventiva y asimismo se hace referencia a la presentación de una pericia concluida y el rechazo en contra o a favor de Gonzalo NN declaraciones testificales tomadas pero sin embargo no se ha establecido de modo alguno cuál es el agravio, cuál es la lesión, cual es el aspecto que vendría a generar lesión o conculcación a los derechos del imputado.

Si bien se cuestiona el tema de la libertad que no puede prolongarse indefinidamente, empero no se ha establecido ninguna circunstancia concreta para que el Tribunal de Alzada pueda analizar si es que el cuestionamiento respecto a la decisión viene en cuanto al aspecto fundamentativo viene a través de la valoración de los elementos probatorios o en su caso cualquier otra circunstancia que venga conculcar el debido proceso, empero no existe esa identificación y esa precisión lo que conlleva que el Tribunal de Alzada no pueda establecer un análisis detallado sobre aspecto alguno de la decisión impugnada…

Compulsados los antecedentes precitados, se tiene que la Vocal ahora demandada, en el Considerando II del Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo (Conclusión II.3), señaló que la parte imputada -ahora accionante-, al momento de intervenir en audiencia de apelación solo realizó una reminiscencia de los motivos que dieron lugar inicialmente a su detención preventiva y la prueba que se generó, sin establecer de manera concreta si el agravio que sufrió estuviera relacionado a la falta de fundamentación o valoración probatoria de la resolución impugnada -compréndase Auto Interlocutorio 31/2022 de 3 de mayo-.

Al respecto, remitiéndonos al contenido del Acta de audiencia de apelación de medidas cautelares de 12 de mayo de 2022 (Conclusión II.2), se tiene que al momento de tomar la palabra el abogado de la parte impetrante de tutela y fundamentar los agravios sufridos por éste, en síntesis refirió que su defendido Abel Elías Chavarría Puita, desde el 29 de octubre de 2021 viene cumpliendo detención preventiva al habérselo declarado presumible autor del ilícito de tráfico de sustancias controladas, concurriendo los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; que habiendo presentado prueba para cesar su detención preventiva consistente en rechazo de denuncia en favor de otro coimputado, declaración de testigos, REJAP, CENVI, informe del investigador entre otros, correspondería determinar su libertad conforme determina el art. 231 bis del CPP.

En conclusión, podemos establecer que la autoridad judicial demandada, si bien argumentó no poder emitir pronunciamiento porque el peticionante de tutela al momento de fundamentar su recurso de apelación no logró identificar agravio alguno; sin embargo, dicha Vocal, constituyéndose en tribunal de apelación, en razón de lo establecido por el art. 398 del CPP, no consideró que, independientemente si la parte imputada fundamentó o no su agravio, tenía la obligación de realizar una interpretación integral y sistémica de la resolución cuestionada, tal y se razonó en la SCP 077/2012 de 17 de julio; extremo que no concurre en el presente caso; toda vez que, se evidencia que dicha autoridad ad quem, para declarar sin lugar el recurso de apelación incidental del ahora solicitante de tutela, tan solo se remitió a establecer la falta de identificación de agravio para no ingresar a compulsar integralmente los elementos de convicción arrimados a la causa, y concluir en la necesidad de mantener inalterable la resolución a quo impugnada; tampoco existe análisis en cuanto a la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal. En tal situación, la denuncia formulada por el ahora impetrante de tutela en sentido de que la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través del Auto de Vista 106/2022-SP1 de 12 de mayo: 1) No consideró que las medidas cautelares preventivas no punitivas, son revisables periódicamente; y, 2) Falta de valoración de las pruebas de descargo que presentó; las mismas resultan evidentes; puesto que, como se describió líneas arriba, dicha autoridad judicial obvió considerar íntegramente el contenido de la resolución cuestionada, y simplemente se encuentra una descripción llana y arbitraria, carente de fundamentación y motivación; ya que, la Vocal demandada, aun con conocimiento del caso concreto, obvió desplegar una labor argumentativa lógico-jurídica, citando todas las disposiciones legales y desarrollando los motivos y razones sobre las cuales justifica su decisión, con cita de los hechos fácticos y los medios probatorios aportados por las partes;

situación por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 003/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 65 vta., a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la sub problemática III.3.2 del presente fallo constitucional, disponiendo que:

a) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de conocer el presente fallo constitucional, emita otra resolución debidamente fundamentada y motivada. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en razón de los argumentos expuestos en la sub problemática III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el

estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las

razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

4 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

5 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa;

2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

6 ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, “Código de Procedimiento Penal”, y disposiciones conexas.

7 Artículo 231 bis. (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes:

8 Artículo 398. (Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.

9 Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0158_2024-S1.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): 56d12731b85e3415cb3cb659d0cd55399cd346c56d0b769b6f27a5d54973f091

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →