B.IA.LEGAL

SCP 0158/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
52683-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada y el derecho derivado de posesión, toda vez que los demandados, ingresaron al inmueble de propiedad signados como lotes N4, N8 y N11, acompañados por cerca de ochenta personas armadas que expulsaron violentamente al personal de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., a través de lanzamiento de piedras, petardos y explosivos contra la humanidad de los guardias y el personal de seguridad presente en el inmueble, desatando la quema de los pastizales así como de una volqueta de su empresa, introduciendo materiales de construcción para erigir “casuchas”, desechando la casa implementada en el lugar como puesto de seguridad y sustrayendo los elementos de resguardo y los letreros de prevención, remplazándolos por otros que designan a la supuesta titularidad de la familia Canedo sobre el inmueble; generando de esta forma, actos de hecho en desmedro del derecho propietario de su empresa, que deben ser calificados como medida de hecho, puesto que, fueron privados del ejercicio de dicha propiedad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 170/2022 de 11 de noviembre, cursante a fs. 499 a 508, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, sin costas ni costos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Protección directa e inmediata, otorgada en forma excepcional por la acción de amparo, ante medidas de hecho
  3. III.3. Sobre el derecho a la propiedad privada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2023-S4 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52683-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 170/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 499 a 508, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Rodrigo Tejada Diez de Medina, en representación de la Empresa Construcciones y Arquitectura CONSARQ Sociedad Anónima (S.A.), y, Edwin Santos Saavedra Toledo contra Raúl Eleuterio Nogales Melgarejo, José Víctor Salazar Solíz, Juan Carlos y Mario ambos García Flores.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 288 a 301 vta.; y, de subsanación el 27 de igual mes y año (fs. 377 a 379 vta.); los accionantes manifestaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 12 de octubre de 2022, Raúl Eleuterio Nogales Melgarejo y José Víctor Salazar Soliz, ingresaron al inmueble de propiedad de su empresa acompañados por cerca alrededor de ochenta personas armadas expulsando violentamente al personal de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), reclamando la titularidad de Adolfo Canedo Fernández sobre dichos predios; personal de seguridad que al reagruparse fueron ahuyentados a través de lanzamiento de piedras y petardos generando la intervención de la fuerza pública; empero, nuevamente el 13 de igual mes y año, los antes mencionados acompañados de más personas, ingresaron nuevamente al inmueble utilizando petardos y explosivos contra la humanidad de los guardias y el personal de seguridad presente que se encontraba en el lugar, desatando la quema de los pastizales así como de una volqueta de su empresa, por lo que se vieron obligados a utilizar recursos a través de cisternas para aplacar el fuego y evitar daños de mayor consideración. Añadieron que, los ingresos violentos siguieron produciéndose el 14 y 16 del mismo mes y año, convocando a más personas, introduciendo materiales constructivos para casuchas y desechando la casa implementada en el lugar como puesto de seguridad, sustrayendo los elementos de resguardo y los letreros de prevención, remplazándolos por otros que designan a la supuesta titularidad de la familia Canedo, utilizando explosivos para perpetrar las medidas de hecho y con más de ochenta personas sostuvieron una reunión amenazando a los funcionarios de seguridad, con el ingreso de más personas si no se tolera la continua invasión. Generando de esta forma los demandados, actos de hecho en desmedro del derecho propietario de su empresa, que deben ser calificados como medidas de hecho por cuanto vulneraron el derecho a la propiedad privada y su derivado derecho de posesión que incluso fueron ministrados judicialmente en su favor a efectos de un mandamiento de desapoderamiento emitido en un proceso judicial donde ya de manera primigenia el inmueble fue adjudicado, siendo en consecuencia que fueron privados del ejercicio de dicha propiedad por las medidas de hecho antes individualizadas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela consideró lesionado su derecho a la propiedad privada y el derecho derivado de posesión; citando al efecto el art. 25.I, 56.I y 310 de la Constitución Política del Estado (CPE), 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y, 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene: a) La restitución y restablecimiento de su propiedad, disponiendo la inmediata desocupación de la superficie avasallada mediante actos de hecho, emitiendo el mandamiento de desapoderamiento pertinente con auxilio de la fuerza pública, en aplicación vinculante de la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero que debe ser ejecutado por el oficial de diligencias del Tribunal de garantías; b) Se condene en costas y daños ocasionados que emergen de la privación del derecho a la propiedad; c) Se determine la responsabilidad civil y penal de los demandados; y, d) El cese de las acciones de hecho generadas por los mismos, bajo conminatoria de remisión de antecedentes al Ministerio Público por desobediencia a Resoluciones constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 493 a 498, presentes la parte solicitante de tutela, los demandados y el tercero interesado, todos asistidos por sus abogados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando los argumento expuestos y ampliando los mismos, señaló que, 1) Describiendo los antecedentes de su derecho propietario, precisaron que el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante Resolución Ejecutiva 85/2016,dispuso el fraccionamiento de la propiedad en la que era copropietaria, misma que fue protocolizada a través del Testimonio de Escritura Pública 1118/2016 de 15 de diciembre, como efecto de la división descrita o fraccionamiento, la empresa ahora impetrante de tutela obtuvo la superficie unificada subdividida en 22 lotes, en relación a los lotes afectados con medidas de hecho se afectó tres lotes de terreno: i) Con Matricula Computarizada 3.09.3.01.0022631, relativa al Lote signado como Manzano N8 de una extensión superficial de 10 732,22 m, cuya titularidad es reflejada en el Asiento A-1 de 16 de diciembre de 2016, ii) Con Matricula Computarizada 3.09.3.01.0022634, relativa al Lote signado como Manzano N11 de una Extensión Superficial de 11 039,16 m, cuya titularidad es reflejada en el Asiento A-1 de 16 de diciembre de 2016; y, iii) Con Matricula Computarizada 3.09.3.01.0022627, relativa al Lote signado como Manzano N4 de una Extensión Superficial de 13 508,87 m, Cuya titularidad es reflejada en el Asiento A-1 de 16 de diciembre de 2016; 2) Sobre el lote signado como N4, junto a Edwin Santos Saavedra Toledo, formularon solicitud administrativa de Subdivisión ante el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, que fue aprobada mediante Resolución Ejecutiva 090/2019 de 11 de Julio de 2019 referente al expediente municipal 245/2019, empero, durante el desarrollo del procedimiento judicial, Adolfo Canedo Fernández y Carmen Zegarra de Canedo, interpusieron Tercería de Dominio Excluyente, misma que fue fundada en dos documentos, una partida literal sobre la exclusión de una supuesta venta, y, la Escritura Pública 267 referente a la adquisición de terrenos laborales, tercería que fue declarada improbada y confirmada por Auto de Vista de 30 de año 2000, por los cual los accionados no pueden alegar en la actualidad de contar con un derecho controvertido, existiendo incluso cosa juzgada en relación a un incidente de nulidad que los ahora demandados presentaron pidiendo la exclusión del predio en cuestión, que fue rechazada y también confirmado en segunda instancia; y, 3) Al tener conocimiento del segundo título obtenido por Adolfo Canedo Fernández, demandaron la nulidad de dicho título ejecutorial; proceso radicado en la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, que emitió la Sentencia Nacional Agroambiental 27/2013 de 26 de Septiembre, que declaró la nulidad del referido título, disponiendo a través de provisión ejecutoria 52014, la cancelación de ese registro bajo las previsiones contenidas en los art. 1557 y 1558 del Código Civil (CC), determinaciones que fueron sujetas a consideración de la justicia Constitucional que, mediante la SCP 122/2012 de 2 de mayo, aprobó la Resolución de 7 de diciembre de 2019, denegando la tutela solicitada por Adolfo Canedo Fernández en relación de la exclusión del inmueble de la venta judicial; decisión que tomó la premisa de cosa juzgada constitucional y la premisa vinculante establecida en el art. 15, encontrándose plenamente ejecutoriada, a su vez la nulidad del título ejecutorial impugnado por Adolfo Canedo Fernández a través de una acción de amparo constitucional fue resuelta a través de la SCP 0001/2014-S1 de 6 de Noviembre, misma que confirmó la Resolución 265/2014 denegando la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de las personas demandadas

Raúl Eleuterio Nogales Melgarejo, José Víctor Salazar Solíz, Juan Carlos García Flores y Mario García Flores, presentaron informe escrito el 11 de noviembre de 2022, cursante de fs. 477 a 486 vta., señalando que: a) Sus personas jamás perpetraron vía y medida de hecho alguna, razón por la que carecen de legitimación pasiva, puesto que nunca existió una posesión ilegal que se haya asumido a través de violencia, sino que fue la misma empresa solicitante de tutela quien propicio actos violentos en el inmueble sobre el que alegan tener derecho propietario y como consecuencia de sus propios actos vandálicos, la volqueta empleada para propiciar la vía y medida de hecho quedó con daños producidos por el fuego, hechos que fueron investigados por el Ministerio Público; b) En relación al inmueble constituido en las manzanas N4, N8 y N11, donde supuestamente acontecieron vías y medidas de hecho, es Adolfo Canedo quien tiene inscrito su derecho propietario en Derechos Reales (DD.HH.), bajo la matricula 3.09.3.01.0027607, asiento A-7, y cuenta con plano de lote aprobado ante el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, que emerge a través de la Resolución municipal 399/1996 y se encuentra vigente, sin que hasta la fecha haya sido cancelada y se tienen pagados los impuestos ante dicho municipio hasta la gestión 2021; c) La parte accionante no aportó ningún elemento objetivo de prueba que genere certeza de que las supuestas vías y medidas de hecho que acusan hayan sido perpetradas por sus personas, de manera forzada y a versión propia sostienen que supuestamente conducirían colectivos de personas que perpetran vías de hecho; siendo la prueba adjunta a la acción de defensa exigua y superflua, no existiendo el mínimo de acreditación objetiva de la existencia de una vía y medida de hecho; d) No existe ningún tipo de elemento objetivo que permita sostener que en el caso presente existe una amenaza potencial, inminente y próxima de lesionar derechos fundamentales, pues en esencia el exiguo, insuficiente y contradictorio informe de la empresa de seguridad TOGA SEGURIDAD S.R.L., no acredita tales aspectos y mucho menos el acta de intervención notarial; e) Sin admitir ni convalidar ningún tipo de vía o media de hecho, para el hipotético caso consentido por su parte, se debe tener en cuenta que en el caso en concreto existe causal reglada de improcedencia, puesto que, las aparentes vías de hecho se suscitaron hasta el 16 de octubre de 2022, extremo acreditado por la misma prueba adjuntada por la parte impetrante de tutela, consistente en el acta de verificación notarial de 20 de octubre de 2022, que fue realizado hasta cuatro días después de los hechos denunciados que solo pudieron corroborar el estado del inmueble, no constatando referencia alguna de que existiera algún tipo de medida de hecho; y, f) No se cumplió con los requisitos exigido por la jurisprudencia constitucional en relación a que no se cumplieron con los supuestos de procedencia de las vías o medidas de hecho, donde se estableció que la carga de la prueba le corresponde a la parte accionante, tampoco se cumplió con la acreditación objetiva y no controvertida de la existencia de la medida de hecho que lesione el derecho a la propiedad privada, puesto que existe un falseamiento grosero de la verdad histórica de los hechos, tampoco se acreditó el derecho propietario debidamente consolidado y no controvertido.

I.2.3. Informe del tercero interesado

Juan Pahuasy Argote, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, representado por Neida Julia Flores Aguilar, mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 451 a 453 vta., señaló que, en el presente caso a decir de los accionantes se estarían vulnerando sus derechos, por afectación, invasión o avasallamiento de áreas municipales, se debe poner en conocimiento que personal de la Dirección de Urbanismo y de la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya se constituyeron en dos oportunidades en el lugar de los hechos a objeto de resguardar y verificar si los bienes municipales estarían siendo ocupados; sin embargo, no se pudo constatar que no existe ocupación alguna por parte de los demandados, empero, si se identificó un grupo de personas asentadas en predios diferentes a las áreas cedidas por la empresa Construcciones y Arquitectura CONSARQ S.A., y Edwin Santos Saavedra Toledo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba, a través de la Resolución de 170/2022 de 11 de noviembre, cursante a fs. 499 a 508, concedió la tutela impetrada, disponiendo la inmediata restitución y restablecimiento de la propiedad por parte de los demandados y terceras personas no identificadas, quienes deberán desocupar el predio al que ingresaron mediante vías o medidas de hecho, sin costas por ser excusable; basando su decisión en los siguientes fundamentos: 1) Además de haber acreditado la parte impetrante de tutela su derecho propietario sobre el inmueble objeto de las medidas de hecho, los demandados hubiesen ejercido posesión sobre los mismos, probando tal extremo con las certificaciones otorgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, verificándose de esa forma que se cumplió con la carga probatorita exigida para acreditar las medidas de hecho; 2) En cuanto a las vías de hecho denunciadas, se tiene que por el Acta Notarial de 20 de octubre de 2022, el Notario de Fe Pública Tercero de Tiquipaya, señaló haberse constituido a la propiedad de empresa Construcciones y Arquitectura CONSARQ S.A., y de Edwin Santos Saavedra Toledo, describiendo la ubicación y características de dicho inmueble, refiriendo haber constatado la ruptura de malla del cerco perimetral en varios lugares; asimismo, dentro del inmueble se verificó la quema de matorrales, pasto, árboles y una volqueta de color blanco que habría sido afectada por el fuego; también se observó un pequeño grupo de personas haciendo vigilia y el armado de pequeñas carpas que les sirve de refugio a quienes se encuentran dentro el inmueble de la parte solicitante de tutela; verificación material de la que se acompaña también muestrario fotográfico que corrobora aquella situación, además del fuego que se habría prendido al interior del inmueble; de igual manera se tiene, en calidad de prueba, la Nota de 20 de octubre del año en curso del señor David Torrelio Pacheco, jefe de seguridad de TOGA SEGURIDAD S.R.L., con suma "INFORME RELATIVO A AVASALLAMIENTO TIQUIPAYA”, en el que expone los hechos ocurridos en la invasión de los terrenos por parte de los demandados y terceras personas, elementos de convicción que acreditan la existencia de las medias de hecho denunciadas; y, 3) Si bien de alguna manera los demandados señalaron que los terrenos en cuestión se encuentran en controversia, habida cuenta que existirá un título que acreditaría la propiedad de la familia Canedo sobre dichos predios, estos no tienen relación con los demandados ni terceras personas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. A través del Folio real con Matricula 3.09.3.01.0022627, se evidencia el registro en Derechos Reales (DD.HH.) del derecho propietario de la parte accionante y Edwin Santos Saavedra Toledo, sobre el Lote N4, distrito VI, de la Zona Aponte Collpapampa La Floresta de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, con una superficie de 13 508,87 m (fs. 147 a 149); que además cuenta con la Resolución Ejecutiva 194/2018 de 28 de diciembre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, de individualización y rectificación de lote signado con el N4, ubicado en área urbana , Distrito 6, zona Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, Manzana RU, urbanización Paraíso de las Flores, y, el plano de rectificación aprobado del referido Lote (fs. 154 y 155). II.2. Cursa Folio real con Matricula 3.09.3.01.0022631, por el que se acredita el registro en DD.HH., del derecho propietario de la parte accionante y Edwin Santos Saavedra Toledo, sobre el Lote N8, distrito VI, de la Zona Aponte Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, con una superficie de 10 735,22 m (fs. 141 a 143); que además cuenta con la Resolución Ejecutiva 203/2018 de 28 de diciembre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, de individualización y rectificación de lote signado con el N8, ubicado en área urbana, distrito 6, zona Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, Manzana RU, urbanización Paraíso de las Flores, y, el plano de rectificación aprobado del referido Lote (fs. 150 y 151).

II.3. Por el Folio real con Matricula 3.09.3.01.0022634, se acredita el registro en DD.HH., del derecho propietario de la parte accionante y Edwin Santos Saavedra Toledo, sobre el Lote N11, distrito VI, de la Zona Aponte Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, con una superficie de 11 039,16 m (fs. 144 a 146); que además cuenta con la Resolución Ejecutiva 199/2018 de 28 de diciembre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, de individualización y rectificación de lote signado con el N11, ubicado en área urbana, distrito 6, zona Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, Manzana RU, urbanización Paraíso de las Flores, y, el plano de rectificación aprobado del referido Lote (fs. 152 y 153). II.4. Cursa Informe relativo a Avasallamiento Tiquipaya Intervalo del 12 a 16 de octubre de 2022, elaborado por David Torrelio Pacheco, jefe de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), acompañado de plano demostrativo y muestrario fotográfico (fs. 265 a 267, 268 y 269 a 282). II.5. Corre en antecedentes Acta de Verificación Notarial 67/2022 de 20 de octubre, elaborado por el Notario de Fe Pública Tercero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, elaborado en la propiedad de la parte ahora solicitante de tutela acompañado de muestrario fotográfico (fs. 303 a 307). II.6. Cursa Informe GAMT/DJ 065/2022 de 8 de noviembre emitido por el Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya (fs. 396 vta.) II.7. Mediante Folio real con matricula 3.09.3.01.0027607, se advierte e registro en DD.HH., de un lote de terreno ubicado en la zona Apote de la Provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, con una superficie de 37 429,37 m a nombre Adolfo Canedo Fernández (fs. 470).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada y el derecho derivado de posesión, toda vez que los demandados, ingresaron al inmueble de propiedad signados como lotes N4, N8 y N11, acompañados por cerca de ochenta personas armadas que expulsaron violentamente al personal de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., a través de lanzamiento de piedras, petardos y explosivos contra la humanidad de los guardias y el personal de seguridad presente en el inmueble, desatando la quema de los pastizales así como de una volqueta de su empresa, introduciendo materiales de construcción para erigir “casuchas”, desechando la casa implementada en el lugar como puesto de seguridad y sustrayendo los elementos de resguardo y los letreros de prevención, remplazándolos por otros que designan a la supuesta titularidad de la familia Canedo sobre el inmueble; generando de esta forma, actos de hecho en desmedro del derecho propietario de su empresa, que deben ser calificados como medida de hecho, puesto que, fueron privados del ejercicio de dicha propiedad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza de la acción de amparo constitucional

El amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional diferente al proceso ordinario, con un objeto específico y diferente, que se materializa en la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, que viene a ser la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; con un marco jurídico procesal propio, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección de derechos y garantías fundamentales, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. Al respecto la SCP 002/2012 de 13 de marzo, ha señalado que: “…la acción de amparo constitucional, encuentra fundamento directo en el artículo 25.1 de la CADH, instrumento que señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". En el marco del citado precepto que forma parte del Bloque de Constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la CPE, se tiene que la dimensión procesal constitucional de la acción de amparo constitucional debe ser estructurada a partir de este marco de disposiciones, siendo evidente que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad”. La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE que establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley‟. A su vez el art. 129.I del referido Texto Constitucional, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en consecuencia, la Constitución Política del Estado instituye esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra vulneración a sus derechos reconocidos en la norma suprema, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.2. Protección directa e inmediata, otorgada en forma excepcional por la acción de amparo, ante medidas de hecho

El principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional se encuentra regulado en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”, de dicho precepto normativo se tiene claramente establecido que la acción de amparo constitucional, se debe plantear una vez agotadas todas las vías legales judiciales o administrativas previstas por ley; pues de no agotarse las mismas, la acción de amparo constitucional será denegada en aplicación al principio de subsidiariedad. Sin embargo, conforme dispone el mismo art. 54.II del CPCo “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”; disposición que denota la existencia de situaciones excepcionales en las que el agotamiento de las vías legales que en su resolución podrían resultar tardías, implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela de la acción de amparo constitucional resulta necesaria. Dichas excepciones, anteriormente ya fueron ampliamente desarrolladas en la jurisprudencia constitucional, en cuyo caso la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció: “…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiaridad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable”. Siguiendo esta línea la SC 0142/2003-R de 6 de febrero, sostuvo: “…no obstante el carácter subsidiario del amparo, solamente en casos excepcionales y a fin de evitar un real, inminente e irreparable daño, procede otorgar la tutela de este recurso, aún en caso que la persona tenga otra vía o recurso legal al que acudir, pero que por las características especiales la lesión resulta irreparable, por no actuar con la inmediatez que la emergencia exige…‟. Caso en el que para que la excepción proceda, el daño inminente debe ser de tal magnitud o características que una tutela tardía otorgada por otro mecanismo ordinario no tendría el mismo efecto en su restablecimiento. Así también, la SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad señaló que: “…la acción de amparo constitucional, no sólo tiene por finalidad reparar la lesión causada por el acto ilegal u omisión indebida en que hubiere incurrido la persona particular o el servidor público, sino, la de prevenir la vulneración a través de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la infracción. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción han sido uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a esta acción, se producirá en cuatro casos específicos, cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz, cuando se trate de grupos de atención prioritaria -niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes- y por medidas de hecho. En el mismo orden y con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, corresponde referirnos a la prescindencia del principio de subsidiariedad en los casos que se advierta la existencia de un daño irreparable e irremediable, que obedece al razonamiento, que no es suficiente un simple reconocimiento formal de derechos en el texto constitucional; sino, que deben materializarse o efectivizarse, es para dicho efecto que el constituyente, impone al Estado como uno de sus fines y funciones esenciales, de garantizar su cumplimiento y el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos” (las negrillas nos pertenecen). En este contexto, la SC 0832/2005-R de 25 de julio, señaló lo siguiente: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias”. En resumen, todo acto o acción de hecho que se adopte sea por una o un grupo de personas u organizaciones, constituye un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales, en razón de que ante las supuestas irregularidades cometidas por un servidor público o particular, se debe acudir en reclamo a las instancias legales competentes y no pretender hacer justicia por mano propia ni arrogarse atribuciones no reconocidas por ley, dado que las acciones de hecho constituyen la negación de: “…un Estado de derecho, en el que todos los habitantes y las organizaciones que los representa deben ceñir su conducta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional, sin que les esté permitido pretender hacerse justicia por mano propia o arrogarse atribuciones que no les están reconocidas por ley…” (SC 0678/2004-R de 4 de mayo). Es así que la SCP 0081/2018-S4 de 27 de marzo, estableció que: “…en la jurisprudencia constitucional, ha sido prevista para evitar un desmedro en el derecho a la dignidad de las personas, puesto que de su protección, sin duda depende la materialización de otros derechos, como son el acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos, logrando la transversalización de la justicia social para constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación para consolidar las identidades plurinacionales. Dichas razones han conllevado a esta jurisdicción, en su ámbito de garantías, en casos de medidas de hecho en las que no se encuentren derechos controvertidos o en pugna, a otorgar una tutela inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario; estableciendo que para la concreción de la tutela judicial efectiva, ante estas medidas, no se exija que previamente, los afectados acudan a las vías jurisdiccionales o administrativas señaladas por ley, para la solución del conflicto; porque comprendió que dicha protección podría ser tardía y poner en serio riesgo el ejercicio del derecho y valor superior de la dignidad humana. Razones por las cuales, esta jurisdicción otorga una protección provisional, sin ingresar a delimitar otro tipo de derechos, como el de propiedad o de los arrendatarios, locatarios, anticresistas y otros; restringiendo su ámbito de ejercicio, únicamente a evitar que se cometan acciones de hecho y que las mismas impliquen una vulneración de los derechos primordiales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, dado que las vías de hecho, al ser actos ilegales graves, atentan contra los pilares propios del Estado de Derecho, de acuerdo al mandato contenido en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual, la acción de amparo constitucional es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales, lesionados como consecuencia de las vías de hecho. En ese entendido, las partes tienen la carga procesal de demostrar, de un lado, la existencia irrefutable de la comisión de una medida, de hecho ejecutada con prescindencia total de las formas legales vigentes, y de otro lado, la vinculación de dicha medida con la vulneración de un derecho fundamental de carácter primario, y que ello requiera una tutela inmediata…”. (lo resaltado nos pertenece) Así por ejemplo, para el caso presente, resulta necesario citar la SCP 0719/2014 de 10 de abril, que señaló: “Uno de los aspectos que caracteriza al Estado Plurinacional de Bolivia, radica en que el mismo se ha constituido en un Estado Constitucional de Derecho, es decir, que se rige no precisamente bajo un gobierno de “hombres” sino por un gobierno de “normas” legítimamente establecidas, no solamente leyes, sino todo un ordenamiento jurídico teniendo como base la Norma Suprema, de tal forma que se hace efectiva no la voluntad del gobernante o gobernantes ocasionales, sino la voluntad del pueblo plasmada en estas normas (Constitución Política del Estado, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Leyes en sus diferentes niveles), de tal forma que se llegue a una convivencia pacífica entre ciudadanos, y entre éstos con sus gobernantes, proscribiéndose toda medida de hecho, entendimiento asumido de acuerdo a la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, misma que ha señalado lo siguiente: “Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas”. En este orden de ideas, se advierte la importancia del régimen normativo, por lo que todo ciudadano, así como servidor o autoridad pública, deben limitar su accionar a lo normativamente dispuesto, toda vez que ante la necesidad de interponer objeción a un determinado acto público o al considerar que las autoridades electas se encuentran realizando una gestión cuestionable, dicho aspecto no los faculta para deponer o promover autoridades, sino por el contrario, es el propio ordenamiento jurídico, desde la Constitución Política del Estado, que les franquea los mecanismos para que dentro del marco legal, se depongan autoridades (v.gr. revocatoria de mandato)”.

III.3. Sobre el derecho a la propiedad privada

Conforme entendió la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, se tiene que el derecho a la propiedad “…se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado vigente, en su art. 56 ʽ(…) en el mismo sentido el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece que: ʽToda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…ʹ, es decir, al derecho de usar, percibir los frutos y disponer del mismo que se hace oponible a terceros, a través de su publicidad, sin otras limitaciones que las establecidas por la ley”, comprendido desde la SC 050/2001 de 21 de junio, al señalar al derecho a la propiedad privada como: “(...)..la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico”; razonamiento asistido por la SC 1912/2004-R de 14 de diciembre, que señala: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa…', el poder de disponer implica en la potestad de enajenar, gravar o transformar la cosa”; asimismo, la SCP 1453/2013, de 19 de agosto: “En consecuencia, dicho derecho se ve perjudicado e impedido, cuando los actos de los particulares demandados impiden que el titular de un bien, haga uso, goce o disponga del bien de su propiedad en la forma que más convenga a su interés personal, en uso a su vez del derecho a la libre determinación de la persona y de sus bienes”; razonamiento de la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que refiere: “III.6. La técnica del contenido esencial. Su aplicación en el derecho a la propiedad

La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos. En el marco de lo indicado, corresponde precisar que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental expresamente reconocido por el bloque de constitucionalidad, así, el art. 56.1 de la CPE, indica que: ʽToda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función socialʹ; asimismo, el art. 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), indica: ʽToda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamenteʹ; de la misma forma, el segundo parágrafo de esta disposición, establece y: ʽ…nadie será privado arbitrariamente de su propiedadʹ; también, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 21.1 y 2 consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo en su primer parágrafo lo siguiente: ʽToda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…ʹ. Además, el segundo numeral de esta disposición dispone que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa…”. A partir de estas disposiciones que forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano de acuerdo al art. 410.I de la Constitución, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: 1) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, 2) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.

A partir de los aspectos precedentemente contemplados, debe señalarse que en el Estado Constitucional de Derecho, en el cual el derecho de propiedad debe estar plenamente asegurado, todo acto o medida de hecho que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada y el derecho derivado de posesión; toda vez que, los demandados, ingresaron al inmueble de propiedad signados como lotes N4, N8 y N11, acompañados por cerca de ochenta personas armadas que expulsaron violentamente al personal de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., a través de lanzamiento de piedras, petardos y explosivos contra la humanidad de los guardias y el personal de seguridad presente en el inmueble, desatando la quema de los pastizales así como de una volqueta de su empresa, introduciendo materiales de construcción para erigir “casuchas”, desechando la casa implementada en el lugar como puesto de seguridad y sustrayendo los elementos de resguardo y los letreros de prevención, remplazándolos por otros que designan a la supuesta titularidad de la familia Canedo sobre el inmueble; generando de esta forma, actos de hecho en desmedro del derecho propietario de su empresa, que deben ser calificados como medida de hecho, puesto que, fueron privados del ejercicio de dicha propiedad.

Al respecto, corresponde precisar que de antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción de amparo constitucional, se advierte que, la parte ahora solicitante de tutela, es propietaria de los Lotes de terreno, signados como N4, N8 y N11 (por los que acusa fueron avasallados), registrada en DD.HH., bajo las matriculas 3.09.3.01.0022627, 3.09.3.01.0022631, 3.09.3.01.0022634, ubicados en la Zona Aponte Collpapampa La Floresta de Tiquipaya, del departamento de Cochabamba, (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Asimismo, según Informe elaborado por David Torrelio Pacheco, jefe de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., acompañado de plano demostrativo y muestrario fotográfico, se hizo referencia a que entre el 12 y 16 de octubre de 2022, aproximadamente a horas 09:45, se hicieron presentes varios vehículos con personas en el inmueble de la empresa Construcciones y Arquitectura CONSARQ S.A., ubicado en la localidad de Tiquipaya, de donde descendieron aproximadamente ochenta y cinco personas armadas con palos, machetes, picotas y elementos explosivos, arremetiendo contras las mallas de seguridad de los lotes ubicados en la zona Noreste del inmueble denominados N4, N8 y N11, cercando al guardia de seguridad y expulsándolo del inmueble y si bien los guardias de seguridad trataron de evitar el hecho fueron amedrentados con piedras cohetes y amenazas de ser quemados vivos, presenciando la destrucción de columnas de hormigón existentes en el lugar y la implementación de letreros con leyendas de propiedad Familia Canedo, habiendo destruido incluso la casa de vigilancia implementada y demás dependencias, situación que ocurrió de manera reiterada generando un incendio de magnitud afectando ciento cincuenta árboles, como bienes de la empresa e inclusive una volqueta que se encontraba en el lugar, turba dirigida por Raúl Nogales y Víctor Salazar, y posteriormente por Mario y Juan Carlos García Flores, intentando incluso abrir boquetes en las mallas de seguridad para avanzar hacia la zona oeste del inmueble, confrontándose con los guardias, empero, el enfrentamiento fue apaciguado por la fuerza pública. De igual, de acuerdo al Acta de Verificación Notarial 67/2022, elaborado por el Notario de Fe Pública Tercero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, se informó que de la verificación a la propiedad de la parte ahora accionante, se evidenció, la ruptura de la malla del cerco perimetral en varios lugares, al interior del inmueble la quema de matorrales, pasto, árboles y una volqueta de color blanco; verificando además, la presencia de un pequeño grupo de personas haciendo vigilia, constatando el armado de pequeñas carpas que les sirve de refugio a dicho grupo, acompañando muestrario fotográfico sobre tales extremos.

En este antecedente, y toda vez que conforme ya se expuso ut supra, en el caso presente la parte impetrante de tutela invoca la existencia de medidas o vías de hecho por ingreso ilegal de los demandados y terceras personas en parte de su inmueble signados como lotes N4, N8 y N11; se debe precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las vías o medidas de hecho se constituyen en uno de los supuestos excepcionales por los que la acción de amparo constitucional ingresa a tutelar de manera directa e inmediata los derechos reclamados, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, cuando existen acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas, particulares o por un grupo de personas que, mediante actos ilegales arbitrarios, que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa o por mano propia, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, incurren en acciones que afectan los derechos como el de propiedad, de otros que se presumen en desventaja; actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda la referida acción.

En este marco y los antecedentes expuestos, resulta evidente el ingreso violento, arbitrario de los demandados y un grupo de personas prescindiendo de los mecanismos legales, en la propiedad debidamente acreditada de la parte ahora solicitante de tutela; ahora, si bien los demandados hicieron referencia a que en el presente caso no se hubiesen cumplido con los elementos de procedencia para acreditar una vía de hecho, tal extremo, no es evidente por cuanto, en obrados y conforme lo expuesto ut supra, se tiene debidamente acreditado el derecho propietario de la parte ahora accionante sobre los lotes signados como N4, N8 y N11, por los que se acusa avasallamiento e ingreso violento mediante medidas de hecho. Extremos debidamente acreditados por el informe del jefe de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., corroborado por el Acta de Verificación Notarial 67/2022, elaborado por el Notario de Fe Pública Tercero de Tiquipaya, en los cuales se describió los actos acaecidos entre el 12 y 16 de octubre, la invasión y actos violentos en las que incurrieron loas ahora demandados –identificados en el informe de la empresa de seguridad– quienes acompañados de terceras personas no identificadas, ingresaron en el inmueble de la parte accionante, causando destrozos y amedrentando a los guardias de seguridad; quedando en dichos bienes un grupo de personas en vigilia para las cuales incluso se construyeron pequeñas carpas que les sirve de refugio, extremos además respaldados por los muestrarios fotográficos adjuntos al informe y el acta de verificación, e incluso a la intervención del representante del Gobierno Autónomo Municipal y en el Informe GAMT/DJ 065/2022 emitido por su Director Jurídico de dicho ente (Conclusiones II.6) que si bien refiere que en las visitas de verificación al lugar de los hechos denunciados en dos oportunidades, no constataron asentamiento u ocupación alguna en las áreas transferidas por la parte ahora accionante al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, se identificó un grupo de personas asentadas en predios diferentes a las áreas cedidas a la entidad municipal; no existiendo prueba en contrario, que conforme refirieron los demandados, evidencie que dichos actos hubiesen cesado.

En tal entendido, siendo evidente el ingreso y el asentamiento ilegal, al advertirse una actuación de vías o medidas de hecho por parte de los demandados, no resulta coherente el criterio de que los actos hubiesen cesado, puesto que, hechos descritos ut supra, claramente configuran la existencia de actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa o por mano propia, al ejecutar los demandados y la turba de personas, de manera violenta, acciones tendientes a amedrentar a los guardias de seguridad, con evidente abuso del poder frente al agraviado dado que se trata de un grupo de personas que actúan conjuntamente a efectos de ingresar, destruir mallas, generar incendios y mantener un ilegal asentamiento de vigilia; no habiendo los ahora demandados, demostrado respaldo legal alguno que justifique su actuar a partir de documentación idónea que les reconozca algún derecho o titularidad sobre sobre los referidos lotes de terreno.

Es preciso en este punto resaltar, que si bien los demandados señalaron que el inmueble constituido en lotes N4, N8 y N11, donde supuestamente acontecieron vías y medidas de hecho, tienen a Adolfo Canedo como propietario quien tiene inscrito su derecho en DD.HH., bajo la matricula 3.09.3.01.0027607, asiento A-7, cuenta con plano de lote aprobado ante el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, y se encuentra vigente y se tienen pagados los impuestos ante dicho municipio hasta la gestión 2021, adjuntando prueba al respecto, tal situación no tienen incidencia en el caso presente ni genera presunción o criterio alguno de la existencia de derechos controvertidos, por cuanto no existe prueba alguna que acredite vínculo alguno de los demandados con el antes referido Adolfo Canedo, para que estos puedan hacer valer tal derecho o la prueba arrimada a dicho efecto, para tratar de justificar sus acciones, que conforme ya se expuso, aun tuviesen derechos sobre dicho inmueble, los actos violentos y arbitrios antes descritos no pueden justificarse en tal derecho, puesto que, existe las vías legales para hacer valer cualquier derecho no siendo correcto ni legal acudir a la justicia por mano propia prescindiendo de las instancias legales.

Finalmente, se debe aclarar que en lo referente a la participación de los demandados y el grupo de personas a las que no se hubiese identificado y serian parte de la comunidad referida ut supra, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “…la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho…”; en tal entendido, si bien en el presente caso, se identificó a los demandados a partir del informe elevado ro el jefe de seguridad de la empresa TOGA SEGURIDAD S.R.L., en relación a las demás personas no identificadas y las que se encontraran asentadas en vigilia en el inmueble en cuestión, la determinación de su participación y su identidad fue imposible; ello no es impedimento para la concesión de la tutela en la presente acción de amparo constitucional, en razón a que la finalidad de las acciones defensa cuando concurren medidas o vías de hecho es la de resguardar derechos y garantías. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales y aplicación de los preceptos constitucionales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 170/2022 de 11 de noviembre, cursante a fs. 499 a 508, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, sin costas ni costos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0158_2023-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5f789afcf63578824fba5dc736924ad3a777c69275e8756e0d707cd1689d552c

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