B.IA.LEGAL

SCP 0157/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 31 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
53556-2023-108-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, en razón a que, el Vocal accionado pronunció el Auto de Vista 03/2023-SP1 -ahora cuestionado-, de forma indebida por los siguientes motivos: a) De oficio concluyó que el agravio reclamado por los recurrentes correspondía a la falta de motivación y fundamentación del Auto Interlocutorio 001/2023, cuando ello no es evidente, pues éstos no establecieron un solo agravio ni el modo en que hubiera sido consumado, siendo obligación del Tribunal de apelación circunscribirse a lo dispuesto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2025-S2 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53556-2023-108-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilbert Orlando Huaquipa Vilacahua contra Jorge Ahmed Julio Alé, ex Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de enero y 2 de febrero, ambos de 2023, cursantes de fs. 65 a 75 vta.; y, 80 a 81, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 31 de diciembre de 2022, su esposa falleció en el domicilio conyugal a consecuencia de una asfixia por atragantamiento. La autopsia legal determinó la existencia de signos de asfixia previos al fallecimiento, así como también restos de comida en la tráquea y la laringe, mordedura de lengua; asimismo, determinó la ruptura del hígado y laceración del vaso, sin presencia de lesiones externas en el área abdominal que den cuenta de alguna agresión con objeto contundente; no obstante ello, Nidia Villarpando Ponce, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) -se entiende del departamento de Tarija-, determinó como causa de muerte, traumatismo abdominal cerrado, laceración hepática esplénica y shock hipovolémico hemorrágico. A consecuencia de la contradictoria y forzada conclusión de la Médico Forense referida, Martha Beatriz Saavedra Urquizu, Fiscal de Materia, dispuso el inicio de investigación en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, procediéndose a su aprehensión e imputándolo formalmente el 1 de enero de 2023, argumentando la existencia de indicios de probabilidad de autoría y solicitando su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija. Luego, el 2 de igual mes y año, la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, instaló audiencia de consideración de medidas cautelares, emitiendo el Auto Interlocutorio 001/2023 de la misma data, disponiendo su libertad irrestricta, ante la inexistencia de elementos de probabilidad de autoría, pues tanto la autopsia y la declaración de su hijo menor de ocho años de edad, daban cuenta que no existía rasgo alguno que hubiera agredido físicamente a su esposa. Sin embargo, recurrido en apelación dicho Auto Interlocutorio 001/2023, tanto por el Ministerio Público, el Servicio Legal Integrado Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 1 del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy accionado-, por Auto de Vista 03/2023-SP1 de 4 de enero, resolvió revocar el Auto Interlocutorio 001/2023 apelado, estableciendo la existencia de suficientes elementos indiciarios para determinar la probabilidad de autoría en su contra, ordenando que el Juzgado de origen ingrese a valorar la solicitud de medidas cautelares, pero el único argumento que cuestiona la resolución de apelación de lo determinado en el Auto Interlocutorio 001/2023, es que “…de buenas a primeras no se puede establecer que no existe probabilidad de autoría, cuando se tiene un ambiente compartiendo bebidas alcohólicas, donde un menor atestigua la existencia de agresiones, más allá que no existen hematomas en el abdomen de la víctima, no serían suficientes para referir que ante ese escenario no exista un solo indicio de convicción o de probabilidad de autoría…” (sic), sin que en dicha conclusión se advierta un proceso de valoración de los supuestos indicios que fundan con suficiencia la probabilidad de autoría, pues no todo hecho de muerte de una mujer al interior del hogar y de una relación sentimental significa feminicidio. El Auto de Vista 03/2023-SP1, es indebido e incumple los estándares mínimos de fundamentación y motivación, pues desde el primer considerando desencadena la transgresión de estas, ya que el Vocal accionado de oficio concluye que el agravio reclamado por los recurrentes fuese la falta de motivación y fundamentación del Auto Interlocutorio recurrido, cuando aquello no es evidente, ya que de la revisión del acta de audiencia puede comprobarse que éstos en ningún momento establecieron un solo agravio ni el modo en que hubiera sido consumado. Por otro lado, a partir del Considerando II, el indicado Auto de Vista se centró en realizar un resumen de lo considerado por la Jueza a quo, inclinándose por la fundamentación del Ministerio Público, apartándose de sus planteamientos, y no se observa un trabajo intelectivo, pues no identifica los elementos indiciarios en los cuales sustenta su decisión, no describe ni valora los elementos de prueba, siendo sus fundamentos retóricos, no explica cuál el aspecto suficiente para considerar que hubiera sido el causante de la muerte de su esposa, tampoco justifica, más allá de su criterio personal, por qué concluye que por el solo hecho de haber estado en el deceso de su cónyuge lo pone en una situación de autor, máxime cuando existe la declaración del menor de edad que afirma que no vio agresión alguna de su parte hacia su esposa, del mismo modo tampoco justifica por qué se aparta del examen de autopsia que establece la inexistencia de lesiones en la región abdominal, lo que implica la inexistencia de agresión alguna. Finalmente, no establece el nexo causal, entre el hecho, la prueba y la norma aplicada, es decir que, el señalado Auto de Vista cuestionado no establece de manera clara, concreta y específica por qué su persona sería el autor del delito de feminicidio, no existe un mínimo de credibilidad y razonabilidad en el Auto de Vista referido.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela alega la lesión del derecho al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, por consiguiente, se anule el Auto de Vista 03/2023-SP1, disponiéndose la emisión de uno nuevo, sobre la base del fallo a dictarse en la presente acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 97 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de sus abogados ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar; agregando en audiencia, que el hecho de que la autoridad accionada, ya no se encuentre desempeñando labores al momento de realizada la audiencia de la acción de defensa, no constituye óbice para su trámite y su eventual concesión.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Jorge Ahmed Julio Alé, ex Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 93 a 94 vta., refirió que: a) El fallo objeto de la acción de amparo constitucional, resolvió el recurso de apelación interpuesto, circunscribiéndose a la fundamentación y prueba presentada, expresando los motivos de hecho y de derecho sobre los que se basó la determinación previa valoración de los medios de prueba; b) “En el análisis del caso en concreto el juez de mérito no encuentra probabilidad de autoría, está debidamente fundamentada, en el sentido que la probabilidad de autoría si existe por el cual se devuelve al ad-quo, lo que es la solicitud de los riesgos procesales que fue activada por el Ministerio Público, en consecuencia no se evidencia el agravio conforme ha sido reclamando por el accionante…” (sic); y, c) Declarar con lugar la apelación planteada, en modo alguno vulnera el derecho a la libertad del accionante, por cuanto de conformidad con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es una potestad legal de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, considerar y resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Phamela Anabel Obando Loayza, en representación del Ministerio Público en audiencia de garantías afirmó que: 1) No era evidente una fundamentación arbitraria en el Auto de Vista 03/2023-SP1, emitido por el Vocal ahora accionado. Además subrayó que no hubo omisión en la valoración de la prueba; ya que, al ratificar la probable autoría, se hizo referencia no solo a la imputación formal, sino también a la relación fáctica de los hechos descritos en la misma; 2) Esta relación es clara respecto a cuál de los supuestos del art. “252” -lo correcto es 252 bis- del Código Penal (CP), se atribuyen al imputado, específicamente en relación “…al numeral 1) y al numeral 6), respecto al numeral 1)…” (sic); y, 3) Se destacó la relación entre la víctima y el imputado, quien era su cónyuge y con quien tenía un hijo en común. Por otro lado, enfatizó la importancia del “…Acta de Reconocimiento del Cadáver y la Autopsia o el Protocolo de Autopsia…” (sic); este último documento, permite determinar científicamente la causa de la muerte de la víctima. Por lo tanto, solicitó se deniegue la tutela impetrada y se ratifique el citado Auto de Vista cuestionado.

I.2.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Víctor Bladimir Quintana Castro, en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 1 del GAM de Tarija, en audiencia hizo reserva de realizar algún comentario, no advirtiéndose su participación en el desarrollo de la audiencia.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 98 a 102 vta., denegó la tutela impetrada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) En la estructura del Auto de Vista 03/2023-SP1, suscrito por la autoridad accionada, se precisó el objeto de impugnación, conjuntamente los fundamentos sostenidos por el Ministerio Publico, el SLIM y también por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 1 del GAM de Tarija, la intervención de la defensa del encausado y todos los actuados de la investigación que fueron remitidos al efecto. Por otra parte, en la argumentación del análisis del caso concreto, el Vocal hoy accionado consignó los alcances normativos del art. 398 del CPP, cumpliéndose de tal forma uno de los presupuestos exigidos para tener una resolución debidamente fundamentada; ii) Asimismo, en dicho Auto de Vista, se analizó los argumentos de la Jueza de primera instancia respecto a la probabilidad de autoría señalando el Vocal accionado que según la investigación se tenía de manera objetiva la declaración del menor de edad que refirió la existencia de violencia entre el imputado y la víctima; además del informe de autopsia por el que se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado abdominal que ocasionó el desangramiento interno y muerte de la víctima; entonces, de acuerdo al presupuesto que establece el art. 233.1 del CPP, no se podría dejar de lado la probabilidad de autoría en calidad de indicio, señalando al efecto que la existencia o no de los elementos de convicción en relación a la probabilidad de autoría, desde un punto de vista jurídico, conciernen -principalmente- a una valoración integral de todos los elementos presentes en la causa, tales como, la existencia de una víctima pasible a protección reforzada, el principio de informalidad y el enfoque de perspectiva de género; iii) En cuanto a los reclamos de la parte accionante que cuestiona que el Auto de Vista 03/2023-SP1 no estuviera debidamente fundamentado, no basta argüir que no hay fundamentación para que se tenga por cierto ese agravio, en el presente caso la fundamentación y motivación tienen relación a los elementos que se tiene, “…y evidentemente cuando se dice que no se ha valorado las circunstancias de que se tratase de una muerte por atragantamiento y que no se tenía al momento de la audiencia el Protocolo de la Autopsia, pero si, conforme acredita el propio ahora accionante, si a la celebración de la Audiencia de consideración de medidas de coerción personal, si, se tenía el Acta de la Autopsia donde efectivamente el Médico Forense señala como causa de la muerte ‘Traumatismo Abdominal Cerrado, Laceración Hepática Esplénica y Shock Hipovolémico Hemorrágico’, pretender desconocer esa Acta y ese Informe del Médico Forense, es un total desacierto, rayando en una insensatez argüir que al no visibilizarse lesiones externas en el cuerpo de la víctima, no pueda atribuirse que fue una muerte violenta…” (sic); iv) Así, pretender que la causa del deceso fue por atragantamiento, cuando en el “Acta de Autopsia” se indica de manera categórica que fue por la pérdida grave de sangre a raíz de un shock hipovolémico, hace que no exista argumento válido para cuestionar la decisión del Vocal accionado, y menos a través de esta acción tutelar alegando una supuesta falta de fundamentación y motivación; y, v) En las decisiones jurisdiccionales al margen de las exigencias formales, es imperioso, “…buscar el valor justicia y el valor justicia está dado por la resolución que asume el Vocal demandado, al emitir ese criterio de percibir con claridad la no valoración adecuada y apropiada del Acta de Autopsia por parte de la jueza a quo, que es el documento idóneo que amerita en la presente circunstancia la revocatoria de la decisión inicial de la juzgadora, que efectivamente fue un total desacierto dejar al margen de su valoración probatoria el Acta de Autopsia que está exponiendo con precisión, las causas de la muerte” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial de 1 de enero de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de Tarija, el Ministerio Público informó el inicio de investigaciones, imputó formalmente y solicitó la aplicación de medidas cautelares personales contra Wilbert Orlando Huaquipa Vilacahua -hoy accionante-, por la -presunta- comisión del delito de feminicidio (fs. 2 a 6). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 001/2023 de 2 de enero, de consideración de medidas cautelares, por el que la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, resolvió declarar la libertad pura y simple del imputado ahora impetrante de tutela, fundamentando que no se dio cumplimiento al requisito sustancial previsto en el art. 233.1 del CPP (fs. 7 a 9 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 03/2023-SP1 de 4 de enero, Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy accionado-, resolvió declarar con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 1 y el SLIM ambos del GAM de Tarija; al determinar que: “…en el caso concreto se establece la existencia de los elementos de convicción sobre probabilidad de autoría del encausado en el hecho. En tal sentido se dispone que la Juez de mérito analice la solicitud de medidas cautelares planteadas por el Ministerio Publico en el caso en concreto; acto que deberá ser cumplido de manera inmediata; una vez recibido el cuaderno de apelación” (sic).

En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Ministerio Público solicitó se complemente y enmiende el Auto de Vista 03/2023-SP1, pidiendo emita el mandamiento de detención preventiva contra el imputado -ahora accionante-, al determinarse la existencia de indicios suficientes sobre probabilidad de autoría habiendo sido demostrados los riesgos procesales en la audiencia de medidas cautelares. Mediante Auto de Complementación y Enmienda de 4 de enero de 2023, el Vocal accionado, dispuso no ha lugar a lo solicitado, toda vez que el Tribunal de apelación está regido por el mandato del art. 398 del CPP, limitando su análisis al motivo de la apelación vinculado a la probabilidad de autoría, uno de los requisitos para disponer la detención preventiva.

Por otra parte, el abogado del accionante también en la vía de aclaración, complementación y enmienda solicitó se aclare la afirmación de que la Jueza a quo no valoró uno de los elementos indiciarios, especificando cuál es ese elemento indiciario. Por Auto de Complementación y Enmienda de la misma fecha, la autoridad judicial accionada aclaró que lo que se observó es que no se realizó una valoración integral por parte de la Jueza de la causa (fs. 19 vta. a 24 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, en razón a que, el Vocal accionado pronunció el Auto de Vista 03/2023-SP1 -ahora cuestionado-, de forma indebida por los siguientes motivos: a) De oficio concluyó que el agravio reclamado por los recurrentes correspondía a la falta de motivación y fundamentación del Auto Interlocutorio 001/2023, cuando ello no es evidente, pues éstos no establecieron un solo agravio ni el modo en que hubiera sido consumado, siendo obligación del Tribunal de apelación circunscribirse a lo dispuesto por el art. 398 del CPP; b) El Auto de Vista 03/2023-SP1 es retórico, no describe ni valora los elementos de prueba, realiza apreciaciones subjetivas respecto a la información contenida en el acta de autopsia -médico legal-; tampoco explica por qué considera a su persona como causante de la muerte de su cónyuge, por el solo hecho de haber estado en su deceso, no justifica por qué se apartó del examen de autopsia que establece la inexistencia de lesiones en la región abdominal, lo que implica la inexistencia de agresión alguna; y, c) Finalmente, no establece el nexo causal, entre el hecho, la prueba y la norma aplicada. La autoridad judicial accionada en su informe escrito, señaló que el Auto de Vista cuestionado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado sobre la base de la prueba presentada; en cuanto a la probable autoría, determinó que la misma es concurrente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso

Al respecto, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, invocando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, desarrolló los presupuestos de cumplimiento de dichos elementos constitutivos del debido proceso, sosteniendo que: [Bajo este mismo tópico constitucional relacionado con la fundamentación y motivación, debe considerarse que estos son elementos que forman parte del derecho al debido proceso anteriormente referido, sobre cuyos componentes la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, acogió los siguientes fundamentos: «La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, refiriéndose a la debida fundamentación que debe cumplir toda resolución judicial o administrativa, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado.

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”»] (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Precisado como se tiene precedentemente el objeto procesal que motiva la activación de este mecanismo de protección tutelar y a fin de su resolución corresponde conocer los antecedentes esenciales inherentes a los cuestionamientos ahora realizados; así se tiene que el Ministerio Público presentó imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares personales contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de feminicidio, señalando en lo sustancial, que conforme a autopsia practicada “…la muerte no fue accidental, sino que existen signos de violencia y quien los infringió fue el concubino, motivo por el cual es aprehendido de manera inmediata” (sic). Respecto a la aplicación de la medida cautelar solicitada, sustentó la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233.1 y 2 del CPP, precisando además al efecto los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1, 2 y 7 del citado Código, invocando a su vez la vulnerabilidad de los hijos de la víctima, un menor de ocho años y un bebé de tres meses. La Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 001/2023 de 2 de enero, de consideración de medidas cautelares, resolvió declarar la libertad pura y simple del imputado, “…por cuanto no se cumple en cuanto al requisito sustancial” (sic), refiriéndose al requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, entendiendo que la hipótesis fáctica aseverada por el Ministerio Público, no era afín con los elementos de convicción presentados, sino más bien éstos guardaban relación con la tesis planteada por la defensa, que afirmó que la muerte de la víctima tenía que ver directamente con un proceso de atragantamiento empeorado por un estado de embriaguez, lo cual, según se señaló en aquella oportunidad, habría también generado las lesiones internas que condujeron al desangramiento en la víctima. Que la causa de la muerte conforme el acta de autopsia estaba referida a traumatismo abdominal cerrado, laceración hepática esplénica, shock hipovolémico hemorrágico, lo cual no presentaba coincidencia respecto a un golpe en proximidad del rostro o cráneo; enfatizando que “…debe considerarse que la muerte de una mujer genera una necesidad del desarrollo de actos investigativos por cuánto se trata de un bien jurídico protegido que tiene una alta relevancia en nuestro ordenamiento jurídico como el de los estados que se encuentran afiliados a la convención Belem do Para, sin embargo, debe considerarse que para la subsunción al delito de feminicidio, no basta con que se trate de una pareja afectiva y que haya estado en el lugar, sino que debe existir una relación entre las acciones dadas por parte del imputado que haya producido la muerte de la víctima y de acuerdo a la teoría presentada por parte del ministerio público es respecto a los golpes que haya producido el Señor imputado, de acuerdo a la declaración del menor de edad, a la autopsia desarrollada el examen interno y el examen externo, no muestra signos de lesiones en los lugares en los que se habría producido las hemorragias, lo cual merece de otros actuados a ser identificado en relación al caso en concreto” (sic). Esa decisión, fue apelada por el Ministerio Público, el SLIM y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 1 del GAM de Tarija, cuestionando su falta de fundamentación y motivación, al haber determinado la inexistencia de la probabilidad de autoría en cuanto al delito de feminicidio imputado por el Ministerio Público, recurso que fue resuelto por el Auto de Vista 03/2023-SP1 de 4 de enero, pronunciado por el Vocal accionado, que resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, alegando que “…en el caso concreto se establece la existencia de los elementos de convicción sobre probabilidad de autoría del encausado en el hecho…” (sic), disponiendo acto seguido que “…la Juez de mérito analice la solicitud de medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público…” (sic); con los siguientes argumentos: 1) La Jueza de la causa tomó en cuenta el acta de autopsia donde se señala que de acuerdo al examen físico externo, traumatológico se establece la existencia de un edema en región frontal (en la cabeza de la víctima) pero que en cuanto a lo que es la parte del tórax anterior, se establece la inexistencia de lesiones o hematomas, ni en el abdomen, ni en los miembros superiores, o en ambas manos, para concluir que no se podía tener por cierto y evidente que el imputado haya sido el causante del daño interno que ocasionó el fallecimiento de la víctima. En la misma línea consideró la declaración del menor de edad que refiere que solo pudo observar un sopapo, o un lapo, o una agresión en la parte del rostro de la víctima por parte del encausado, por lo que no existe relación entre ese lugar y el abdomen de la víctima, por cuanto existe coincidencia entre lo que relata el menor y la propia autopsia que establece la inexistencia de estos hematomas, concluyendo con ello en la falta de elementos de convicción de la probabilidad de autoría como requisito sustancial; 2) La norma del art. 233 del CPP, establece que el Juez de la causa debe analizar la probabilidad de autoría, basándose en elementos de convicción que estén cimentados en indicios, y esos indicios sobre probabilidades de autoría o de participación de un hecho, ni siquiera de un delito porque el Ministerio Público puede imputar por el delito que crea conveniente, pero el juez debe analizar los hechos; en el caso, el hecho concreto es el fallecimiento de la víctima, calificado por el Ministerio Público en forma provisional como feminicidio, lo que no quiere decir que podría tratarse de otro tipo penal en el caso de que existieren otros elementos. Sin embargo, aquí viene el tema de objetividad del juez sobre la existencia o no de elementos de convicción de la probabilidad de la autoría para lo que debe realizarse una valoración integral de todos los elementos partiendo de la consideración de que la víctima goza de protección reforzada, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, por lo que el análisis debe realizarse con una perspectiva de género para determinar la necesidad de la aplicación de medidas cautelares que tiene por único objeto garantizar la presencia del imputado en la sustanciación del proceso, siendo que la investigación que se inició a través de la imputación formal, tiene un plazo de hasta de seis meses a fin de verificarse tanto la teoría que plantea el encausado, como la que plantea el Ministerio Público, es a partir de ese momento en que entraríamos en lo que es la investigación propiamente dicha “Pero de buenas a primeras establecer que no existen elementos de la probabilidad de autoría, cuando tenemos en un sitio o ambiente compartiendo bebidas alcohólicas al encausado con la victima; bajo el efecto de las mismas y donde existe un menor que atestigua agresiones no solamente de parte del encausado hacia la víctima, sino también la intención de la víctima de haber querido golpear con un ladrillo al encausado; y luego frente a eso tenemos el fallecimiento de la víctima por un desangramiento interno, más allá de que no hayan hematomas externos en el abdomen de la víctima, pero si en su cabeza (…) no sería suficiente para referir que frente a todo este escenario no exista ni un solo indicio de convicción, o de probabilidad de autoría del encausado en relación al hecho. No nos olvidemos que eran las dos únicas personas que se encontraban en este lugar; y más allá de que el Ministerio Público refiera o no otra circunstancia que tampoco está acreditado…” (sic); y, 3) No nos vamos a pronunciar sobre si existió o no injerencia de la familia en la declaración del menor de edad, pues esta es una circunstancia que en todo caso no se podría analizar, primero porque no fue analizada por la Jueza de primera instancia y segundo porque no corresponde a estas circunstancias; pero de manera objetiva se cuenta con la declaración del menor de edad que refiere la existencia de violencia entre el encausado y la víctima, además del informe de autopsia que la causa de muerte es un trauma cerrado abdominal que ocasionó el desangramiento interno y muerte de esta persona. Entonces de acuerdo al presupuesto que establece el art. 233.1 del CPP, no podría dejarse de lado la probabilidad de autoría en calidad de indicios en relación al hecho, al haber circunstancias que son concomitantes habiéndose realizado una valoración integral, pues no se podía dejar de lado la existencia de tales elementos de convicción que en todo caso fueron correctamente valorados por la Jueza de la causa. En ese sentido, resulta evidente el agravio que expone la parte recurrente, por cuanto no realizó una valoración integral como para establecer la inexistencia de elementos de la probabilidad de autoría. A partir de esos antecedentes, y en lo esencial del contenido del Auto de Vista 03/2023-SP1, en correspondencia además con los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se concluye que el citado Auto de Vista contiene razonamientos suficientes y necesarios en la esfera tanto de derecho como de hecho en coherencia con los antecedentes del caso que fueron descritos líneas arriba; al efecto, debe tenerse en cuenta que el objeto de impugnación asumido por el entonces Vocal, ahora accionado, se restringió únicamente a la revisión de los argumentos por los que la Jueza de origen desestimó la existencia del requisito procesal previsto en el art. 233.1 del CPP, que es, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.

Así, centrando su análisis en esa delimitación, la autoridad judicial hoy accionada, expuso las razones que a su criterio evidenciaban que los indicios colectados daban cuenta de manera suficiente y razonable de la posibilidad de una supuesta autoría del imputado en el hecho, indicios que en esa perspectiva atribuían tanto la presencia del encausado en tiempo y lugar coetáneos al deceso de la víctima, como también daban información sobre presuntos actos de violencia, a más, de referirse el consumo de bebidas alcohólicas que tanto el accionante como la víctima mantenían el día del hecho, a más de las declaraciones del menor de edad hijo de esta última. Asimismo, debe relievarse el hecho que efectivamente el agravio de la apelación obligaba a la autoridad accionada a abordar el análisis del caso desde un punto de vista integral y no limitativo, en cuanto se trata de la protección reforzada que el Estado garantiza sobre la violencia contra las mujeres, protección que no solamente emana de medidas de prevención, sino también en todos aquellos supuestos sobre investigación y procesamiento de ese tipo de hechos.

En esa línea de análisis, tampoco puede soslayarse que la autoridad judicial accionada, hizo hincapié en que -como regla- corresponde a la Jueza de la causa -cautelar- basarse en elementos de convicción que están cimentados en indicios sobre la probabilidad de autoría al momento de analizar ésta, dado que lo que analiza es dicha probabilidad o participación en el hecho, ni siquiera en un delito pues el Ministerio público puede imputar el mismo a su criterio, pero es el juez quien debe analizar los hechos y bajo esa visión determinar los elementos que hacen al requisito previsto por el art. 233.1 del CPP, fundamentación suficiente expuesta por dicho Vocal que luego subsume motivando su determinación y en función a los elementos de convicción, a señalar que la probabilidad de autoría debió ser analizada por la Jueza cautelar, a partir de la existencia de un hecho y la probabilidad de participación en el mismo del imputado, y no así respecto a un delito en específico que además tiene calificación provisional, refiriendo sobre el particular que existían seis meses a fin de verificarse tanto la teoría que planteaba el encausado como la planteada por el Ministerio Público respecto al delito en sí; vinculando todo ese razonamiento, a aseverar que siendo que existían elementos como el estar en un sitio determinado compartiendo bebidas alcohólicas, un menor que atestigua agresiones entre el encausado y la víctima y la evidencia del fallecimiento de esta última por un desangramiento interno, no podría sustentarse -como lo hizo la Jueza cautelar- que no existía ni un solo indicio de convicción o de probabilidad de autoría del imputado en relación al hecho. De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista 03/2023-SP1, expuso de manera motivada y fundamentada, las razones de hecho y de derecho, que en el caso llevaban a determinar la procedencia de los recursos de apelación interpuestos, al establecerse la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la probabilidad de autoría del encausado en el hecho, exposición argumentativa que además en su fundamento relevante muestra que las diferencias de valoración en la apreciación de un elemento de prueba no constituyen errores procesales en sí mismos ya que, frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. Por todo lo expuesto, no es posible evidenciar la denunciada vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debiéndose denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Las autoridades judiciales bolivianas por mandato constitucional y normativo nos hallamos vinculadas a invocar la jurisprudencia de los tribunales internacionales cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los Derechos Humanos, en virtud de que el Estado boliviano asumió un compromiso internacional al ratificar tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno por los mecanismos reconocidos por norma. En tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Digna Ochoa y Familiares vs. México, Sentencia de 25 de noviembre de 2021, en lo relevante al caso de autos, concluyó que, a más de la elaboración de peritajes psicológicos con base en estereotipos de género, existió una deficiente investigación y falta de debida diligencia en la investigación de los hechos atribuibles en responsabilidad al Estado: “142. Al respecto, la Corte ha señalado reiteradamente que el Estado tiene el deber jurídico de ´prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación´. Lo anterior incluye, entre otras medidas, ´establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares´. 143. Asimismo, este Tribunal resaltó que investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado y que esa obligación se desprende de la garantía del artículo 1.1 de la Convención y si se llegare a comprobar cualquier carencia o defecto en la investigación que

perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida. En ese mismo sentido, el Tribunal indicó que la ausencia de mecanismos efectivos de investigación de violaciones del derecho a la vida y la debilidad de los sistemas de justicia para afrontar dichas violaciones pueden propiciar, en los Estados, un clima de impunidad respecto de las mismas, y, en ciertos contextos y circunstancias, pueden llegar a configurar situaciones generalizadas o graves esquemas de impunidad, estimulando y perpetuando, así, la repetición de las violaciones (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0157_2025-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a36a92b8ac2dacaae9c48ca935be861fec238e316b426845def1ac36736bf596

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