Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 21 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
Las impetrantes de tutela a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la CPS, interpusieron excepción de incompetencia ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; instancia que de forma arbitraria la rechazó mediante Auto Interlocutorio 801/2022 de 9 de septiembre, sin aplicar el enfoque interseccional, ni considerar que son mujeres de la tercera edad con enfermedades crónicas que les imposibilitan concurrir a la ciudad de La Paz para asumir defensa en su proceso; ante lo cual, presentaron recurso de apelación incidental de forma verbal; sin embargo, hasta la fecha los antecedentes de la causa no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de dos semanas sin que puedan recurrir dicha Resolución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) Para la activación de la acción de libertad, ante posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas, reales y directas; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución “09/2021” de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por existir dilación indebida en la tramitación de la excepción planteada por las accionantes, conforme a los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional;
2° Disponer que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en caso de no haberlo realizado, proceda a la remisión inmediata de los antecedentes de la apelación interpuesta por la parte accionante, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR respecto a la vulneración de los derechos a la vida y a la defensa al no haberse acreditado su vulneración.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2025-S1 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50532-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución “09/2021” de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros en representación sin mandato de Marta Eid Lit y Mercy Salses Ayala contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; y, María José Bilbao La Vieja Flores, Auxiliar; ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1 a 3, las accionantes a través de su representante, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que, sus representadas están siendo procesadas dentro de la causa con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012201208, proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la Caja Petrolera de Salud (CPS), por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, denuncia que versa sobre hechos imaginaros que habrían ocurrido en la ciudad de Santa Cruz; empero, el proceso es en La Paz, por lo que habrían interpuesto distintos recursos, entre ellos la excepción de incompetencia ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, que de forma completamente arbitraria emitió el Auto Interlocutorio 801/2022 de 9 de septiembre, rechazando las excepciones, sobreponiendo los derechos de terceros, pese a que son mujeres de la tercera edad y convalecientes de múltiples enfermedades. Por ello, interpusieron recurso de apelación incidental de forma verbal; sin embargo, hasta la fecha los antecedentes de la causa no fueron remitidos para su respectiva resolución, habiendo transcurrido más de dos semanas sin que puedan recurrir dicha Resolución; por lo que la omisión del Juez y el Auxiliar del mencionado Juzgado, implican una vulneración directa a los derechos de sus representadas, concretamente el derecho a la vida, toda vez que las mismas padecen de enfermedades crónicas, las cuales se han complicado a raíz del proceso y la retardación que están sufriendo.
La parte accionante considera lesionado su derecho a la vida, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Ordene al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, aplique el principio de interseccionalidad, celeridad y favorabilidad a la causa, tratándose de mujeres de la tercera edad; y, b) Ordene a su “auxiliatura”, la remisión inmediata de los antecedentes.
Efectuada la audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, el 20 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) Que sus representadas son personas que pertenecen al sector vulnerable por ser mujeres de la tercera edad, que están siendo procesadas por delitos de carácter público, habiéndose interpuesto una excepción de incompetencia que fue respondida mediante Auto Interlocutorio 801/2022 que ha rechazado la misma, sobreponiendo los derechos de otros sindicados, cuando debió efectuarse una valoración de acuerdo a los principios de interseccionalidad y criterio favorable; “…una vez emitida la resolución donde se presentó este certificado médico donde se puede evidenciar que la sindicada padece de enfermedades crónicas como una hipertensión arterial de grado 2, ambas tienen padecimientos que afectan a su salud y atentan su derecho a la vida al estar procesadas en la ciudad de La Paz, donde no pueden concurrir por existir esos impedimentos médicos y ese fue el criterio para que se pueda demostrar esta excepción…” (sic); en consecuencia al no poder concurrir a la ciudad de La Paz para asumir defensa, se está restringiendo su derecho a la defensa; y, 2) Dicha Resolución hasta la fecha no ha sido remitida al Tribunal de alzada, pese a que la jurisprudencia se ha pronunciado respecto a cuánto tiempo debe demorar, dándole un límite máximo de una semana para que remitan estos recursos, y en el presente caso han pasado más de diez días que no se ha remitido dicha apelación.
Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe cursante a fs. 9, señaló lo siguiente: i) En el presente caso las ahora peticionantes de tutela estarían sometidas a un proceso penal seguido por el Ministerio Público, habiéndose desarrollado la audiencia de consideración de excepción de incompetencia el día 9 de septiembre de 2022, y que a la fecha no habría sido remitida ante la Sala Penal correspondiente; extremo totalmente alejado de la realidad, toda vez que de la documentación que adjunta, se evidencia que el proceso se encuentra en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ii) En consecuencia, al no existir materia constitucional de protección en el presente caso, no existiendo derecho alguno que tutelar, no habiéndose violado derecho o garantía constitucional alguno dentro de la presente acción de libertad, y siendo que lo vertido en la misma no corresponde a los antecedentes de la causa, corresponde rechazar la presente acción tutelar, con costas en favor del Estado. María José Bilbao La Vieja Flores, Auxiliar del referido Juzgado, mediante informe cursante de fs. 7 a 8, hizo conocer que: a) El 9 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de excepción de incompetencia, pronunciándose el Auto Interlocutorio 801/2022, contra el cual se planteó recurso de apelación incidental; y, b) Asimismo, el despacho judicial ha estado en traslado de ambientes desde la anterior semana, aspecto por el cual se ha estado embalando los cuadernos de control jurisdiccional, según instructivo, lo que ha imposibilitado la inmediata remisión del mismo, además que las partes no han proporcionado las fotocopias correspondientes, por lo que se remitió dicho proceso en originales ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Juez de Sentencia Penal, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución “09/2021” de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 y vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Conforme a la SCP 0043/2018-S1, se ha establecido que los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demandas, estableciéndose que en este caso el tema que se dilucida es la falta de remisión en el tiempo que establece el procedimiento, y para ello es pertinente establecer que el derecho de impugnación es un derecho consagrado en el art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, siendo que en este caso como ha manifestado la parte demandante, se ha expuesto de manera verbal los fundamentos que hacen a su recurso de apelación; 2) Se acaba de mencionar que el Juzgado acaba de remitir el oficio, y se aclara que se remitió la constancia de recepción, aspectos que hacen que tenga que darse valor a lo señalado por los funcionarios, pese a que no se tiene conocimiento de la fecha de remisión, puesto que de haber sido así, de haberse remitido en otra oportunidad, se tendría que desarrollar la acción de libertad, para que a futuro no se repitan esta clase de lesiones a los derechos ligados a la libertad, vida y locomoción, pero también se advierte que los aspectos administrativos no pueden retrasar la pronta resolución de una apelación incidental, más aun considerando la vulnerabilidad y protección de la interseccionalidad; y, 3) En contraste con lo informado por el Juzgado, se debe tomar de buena fe lo manifestado por los demandados quienes señalaron que el caso fue remitido y que incluso se tiene constancia, aspecto que no se puede verificar a los fines procesales, y dicha declaración se la tiene por válida puesto que son funcionarios públicos, por lo que al no poder establecer una fecha concreta de remisión por falta de pruebas, no se puede considerar como una acción innovativa; recomendado al Juez demandado la observancia de los plazos procesales en las causas de su conocimiento.
Las partes no presentaron ningún documento vinculado a sus petitorios, tomándose en cuenta esencialmente en la presente resolución: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la CPS contra Marta Eid Lit y Mercy Salses Ayala -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, tramitado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; conforme al memorial de la acción de libertad y audiencia tutelar, se tiene que las prenombradas plantearon excepción de incompetencia que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 801/2022, contra la cual plantearon recurso de apelación de manera verbal en audiencia, sin que hasta la fecha haya sido remitida al Tribunal de alzada; además indican que a tiempo de pronunciar el fallo mencionado, el Juez ahora demandado no consideró que son personas adultas mayores con enfermedades crónicas como hipertensión arterial de grado dos, situación que impide que puedan acudir a la ciudad de La Paz para asumir defensa, debiendo aplicarse en su caso el principio de interseccionalidad (fs. 2 a 3; y, 10 y vta.).
Las impetrantes de tutela a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la CPS, interpusieron excepción de incompetencia ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; instancia que de forma arbitraria la rechazó mediante Auto Interlocutorio 801/2022 de 9 de septiembre, sin aplicar el enfoque interseccional, ni considerar que son mujeres de la tercera edad con enfermedades crónicas que les imposibilitan concurrir a la ciudad de La Paz para asumir defensa en su proceso; ante lo cual, presentaron recurso de apelación incidental de forma verbal; sin embargo, hasta la fecha los antecedentes de la causa no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de dos semanas sin que puedan recurrir dicha Resolución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) Para la activación de la acción de libertad, ante posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas, reales y directas; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0102/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
En este mismo marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio refiere que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Siguiendo esa línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febreroresolvió un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año y concluyó que ese actuar se constituye en una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad.
Sobre el particular, también cabe hacer referencia al art. 8.I de la CPE, que en su Capítulo Segundo denominado “Principios, Valores y Fines del Estado”, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias conforme precisó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo. El principio del ama quilla -no seas flojo-, no tiene aplicación exclusiva en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sino también en la jurisdicción ordinaria, siendo de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, de las cuales dependen la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; evitando toda actitud dilatoria que no condice con los principios de la Constitución Política del Estado y la adecuada administración de justicia a la que aspira. En 1El FJ III.4, señala que: “hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.5, establece: “Dicha omisión de la autoridad judicial demandada, traducida en una falta de resolución de las excepciones que opuso la accionante, implica una indiscutible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad; toda vez que el demandado actúo con desidia y falta de diligencia, sin considerar que las excepciones son medios intra procesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta oportuna y célere por las implicaciones que conllevan en el proceso; no siendo fundamento valedero que no resolvió por no constar las notificaciones -cuestión que se advirtió no es cierta-, por cuanto no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable, que detenida preventivamente, esperaba lógicamente cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. Siendo la autoridad judicial como director funcional del proceso quien debe supervisar las funciones de sus dependientes y las diligencias que éstos efectúan, compeliéndole hacer seguimiento de la causa a objeto de llevarla en el marco de un debido proceso que no transgreda los derechos fundamentales de los imputados”. 3El FJ III.2.1, refiere que: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: ‘ama qhilla, ama llulla y ama suwa’, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
consecuencia, el ama quilla es un principio ético-moral ancestral, cuya aplicación resulta ineludible en tiempos en los que se pretende descolonizar la justicia, propendiendo a eliminar toda práctica jurídica tardía, formalista y por ende, colonial, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, un proceder diligente, acucioso y responsable, con la finalidad de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, desarrolló el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0235/2021-S1 de 19 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a la vida fue comprendido inicialmente, como el origen de donde emergen todos los demás derechos (SC 0411/2000-R); el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, el derecho de toda persona al ser y a la existencia, que obliga al Estado a su respeto y su protección (SC 0687/2000-R). No obstante, a la luz de un nuevo espíritu constitucional, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, precisó que al derecho a la vida, se le asignó tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado); lo que quiere decir, que el derecho a la vida, ya no puede ser conceptualizado de manera unívoca, como la interdicción de la muerte arbitraria, sino como la obligación que tiene el Estado de crear condiciones de vida adecuadas y dignas, con el objeto de consolidar el principio ético moral del vivir bien En el mismo sentido, la SCP 0272/2018-S2 de 25 de junio, luego de analizar los mandatos constitucionales e internacionales de derechos humanos, concluyó que:
…el derecho a la vida no solo abarca el hecho de prohibir que a una persona se le prive arbitrariamente la vida, sino que incluye el derecho que se garantice el acceso a las condiciones que le aseguren una existencia digna; motivo por el que, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la vida del privado de libertad cuando exista una amenaza justificada al citado derecho. Ahora bien, respecto al mecanismo procesal por el cual se tutelará este derecho, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, indicó que podrá ser conocida por la acción de amparo constitucional o la acción de libertad indistintamente, sin requerir en este último caso, su vinculación con el derecho a la libertad, por el carácter primordial de su protección. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional desarrolló la acción de libertad en su modalidad instructiva, que tiene por finalidad resguardar el derecho a la vida, ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el mismo, por parte de servidores públicos o personas particulares (SCP 1889/2013). No obstante, para que la acción de libertad proteja el derecho a la vida, debe existir un peligro real y directo a éste, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, tal como precisó la SCP 1278/2013 de 2 de agosto. Razonamiento que fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional, tal como se advierte de la SCP 223/2020-S4 de 23 de julio, que precisó:
De dicha jurisprudencia se tiene que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, goza de protección especial, mereciendo así la tutela impetrada vía acción de libertad siempre y cuando exista un real peligro para éste, incluso puede ser activada de forma directa de demostrarse dicho peligro real (las negrillas fueron agregadas).
Así, como de la SCP 0019/2019-S2 de 15 de marzo, que dijo:
…en el caso de acciones de tutela en las que se denuncien amenazas contra el derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas y de inminente realización, no pudiendo basarse en hechos subjetivos, sino que deberán ser apreciadas de forma integral en elementos de juicio objetivos que permitan verificar, se reitera, que las amenazas demandadas son reales y que el peligro al que se pone al actor es grave. Caso contrario, no se puede otorgar una tutela constitucional, al no ser viable para el órgano de constitucionalidad, sustentar su decisión en hechos no probados o controvertidos (el resaltado fue agregado). En mérito al desarrollo jurisprudencial precedente, es posible concluir que para que se active la acción de libertad ante posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida, éstas deben ser ciertas, reales y directas; para lo cual la parte que pretende su tutela tiene la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca; por cuya razón, no podrán tutelarse simples enunciaciones emergentes de hechos o apreciaciones subjetivas, debido a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, caso contrario se ve imposibilitada de analizar y resolver la problemática planteada.
Las demandantes de tutela a través de su representante denuncian la lesión del derecho a la vida de sus representadas; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público y la CPS, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, interpusieron excepción de incompetencia ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; instancia que de forma arbitraria emitió el Auto Interlocutorio 801/2022 de 9 de septiembre, rechazando las excepciones, sin considerar que son mujeres de la tercera edad con enfermedades crónicas como hipertensión arterial de grado dos, padecimientos que les imposibilitan concurrir a la ciudad de La Paz para asumir defensa en su proceso, debiendo aplicarse en su caso el principio de interseccionalidad; además, refieren que contra dicha determinación interpusieron recurso de apelación incidental de forma verbal; sin embargo, hasta la fecha los antecedentes de la causa no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de dos semanas sin que puedan recurrir dicha Resolución. Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la funcionaria auxiliar del referido Juzgado -ahora demandada-, se tiene que el día 9 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de excepción de incompetencia en donde se interpuso recurso de apelación incidental de forma oral, sin embargo, hizo conocer también que el despacho judicial se encontraba en traslado de ambientes, razón por la cual se ha estado embalando los cuadernos de control jurisdiccional, según instructivo, lo que ha imposibilitado la inmediata remisión del mismo, “…además de que las partes no han proporcionado las fotocopias correspondientes, por lo que se remite el presente proceso en originales ante la Sala Penal 2°…” (sic). En este sentido, el Juez ahora demandado ha coincidido en señalar que el proceso presuntamente se encuentra en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, el Juez de garantías a tiempo de resolver la presente acción de libertad, ha señalado en su Resolución, que si bien se ha mencionado que el Juzgado habría remitido el oficio respectivo, no se tiene conocimiento de la fecha de remisión, aspecto que no puede subsanarse con el simple argumento que “…se debe tomar de buena fe lo manifestado por los demandados quienes señalaron que el caso fue remitido y que incluso se tiene constancia…” (sic), porque dicho aspecto no ha sido posible de verificarse en audiencia y tampoco existe constancia alguna de que se haya cumplido con la remisión de la referida apelación, en el expediente constitucional. En ese marco, del análisis de la demanda tutelar y de obrados, se tiene que los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.1, son aplicables al caso en examen, por cuanto la autoridad judicial demandada no consideró la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la Norma Suprema, que impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las peticiones deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata, en caso de no existir una norma que establezca un plazo; lo que no aconteció en el proceso de referencia, puesto que a pesar de encontrarse establecido el plazo de veinticuatro horas para la remisión de las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia conforme prevé el art. 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP); modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, este no fue cumplido, habiendo transcurrido once días desde el pronunciamiento de la determinación impugnada hasta la interposición de la presente acción; en consecuencia, si bien presuntamente se habrían remitido originales ante la referida Sala Penal, no se ha demostrado que efectivamente se haya cumplido con la remisión de la apelación respectiva ante el Tribunal de alzada, siendo evidente la lesión de los principios de celeridad y ama quilla, que exige de las autoridades judiciales, una actitud ágil en la tramitación de los procesos a su cargo, logrando la materialización de los principios, valores, derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado; por lo que corresponde conceder la tutela impetrada en el marco de la acción de libertad de pronto despacho. De lo referido, también se advierte incumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley del Órgano Judicial por la Auxiliar del Juzgado -ahora demandada-; por cuanto, dicha servidora pública no advirtió el cumplimiento del plazo para la remisión de antecedentes ante el superior en grado, obligación también asignada a dicha funcionaria, quien colabora con las tareas del secretario, conforme prevé el art. 101.I de la referida Ley; evidenciándose descuido y negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que contribuyó a la lesión de derechos alegada, correspondiéndole parte de la responsabilidad en el presente caso, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Finalmente, corresponde referirse a lo siguiente: a) Las accionantes también denunciaron vulneración de su derecho a la vida al existir retardación de justicia en la tramitación del proceso de referencia -por la demora en la remisión de antecedentes-; y, b) En audiencia tutelar hicieron énfasis en que a tiempo de resolver la excepción de incompetencia que plantearon, la autoridad jurisdiccional debió efectuar una valoración de acuerdo a los principios de interseccionalidad y favorabilidad, por cuanto presentaron el certificado médico que acredita su impedimento médico, justificando así la imposibilidad de concurrir a la ciudad de La Paz, por lo que afirman que se estuviera lesionando también su derecho a la defensa. En cuanto a la primera cuestión reclamada, es pertinente señalar que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad es viable únicamente cuando la posible lesión o amenaza al mismo, sea cierta, real y directa; razón por la que la parte interesada, tiene la carga procesal de acreditar su lesión de manera objetiva; puesto que la jurisdicción constitucional, se activará ante la certeza de la lesión de dicho derecho, no siendo por ende factible su procedencia ante las meras enunciaciones subjetivas; en el caso que se examina, no se advierte la afectación directa y cierta del derecho a la vida invocado por las accionantes, toda vez que la actuación realizada por los ahora demandados no constituye un peligro real y efectivo que lesione el derecho aludido; por lo que corresponde denegar la tutela en cuanto a este derecho. En relación al segundo reclamo, dicha cuestión será revisada por la Sala Penal correspondiente, toda vez que se encuentra pendiente de resolución la impugnación planteada contra el Auto Interlocutorio 801/2022, debiendo aguardar que la autoridad superior en grado, resuelva el recurso que fue interpuesto; no correspondiendo su análisis, por cuanto podría generar una disfunción procesal contraria al orden jurídico. No obstante, lo anotado, es necesario recomendar a las autoridades en conocimiento de la causa, el deber que tienen de aplicar el enfoque diferencial e interseccional, en caso de tratarse de personas adultas mayores, máxime si se encuentran con padecimientos médicos, debiendo considerar en todo momento la condición de grupo vulnerable con atención prioritaria a este sector de la sociedad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obrado de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución “09/2021” de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por existir dilación indebida en la tramitación de la excepción planteada por las accionantes, conforme a los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional;
2° Disponer que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en caso de no haberlo realizado, proceda a la remisión inmediata de los antecedentes de la apelación interpuesta por la parte accionante, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR respecto a la vulneración de los derechos a la vida y a la defensa al no haberse acreditado su vulneración. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
9 SC 0411/2000-R de 28 de abril, “…no sólo se trata de conservar un derecho fundamental, cual es el derecho a la vida, sino que dicho derecho, es el origen de donde emergen los demás derechos”.
10 SC 0687/2000-R de 14 de julio de 2000 “… el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución Política del Estado. Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento”.
11 SCP 0033/2013 de 4 de enero: “De estos escenarios descritos se tiene que el derecho a la vida no puede ser conceptualizado de manera unívoca, sin embargo, debe quedar claro que a la luz de un nuevo espíritu constitucional el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”.
12 SCP 1889/2013 de 29 de octubre: “…se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas mediante la justicia constitucional, a través del presente mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado”.
13 SCP 1278/2013 de 2 de agosto: “En ese ámbito, en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a
la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. (…) Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0157_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 838d7e79bcdbf705f11fdb05203d9191c65cfd42f7d8202aa071bbfd8d4410bb
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